La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la queja que presentó Aníbal Riera Escalante, exagente de los servicios de inteligencia de Cuba, contra el Estado mexicano. En su demanda argumenta que funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo –algunos de los cuales tienen cargos importantes en la administración de Enrique Peña Nieto– le negaron con engaños la solicitud de asilo político, lo secuestraron y lo deportaron ilegalmente a la isla, donde pasó tres años en prisión.
En su afán de mantener ocultas sus redes de espionaje, México y Cuba quedaron exhibidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual analiza la queja de un desertor del servicio de inteligencia cubano a quien las autoridades mexicanas secuestraron y entregaron en 2000 al régimen de La Habana.
Pedro Aníbal Riera Escalante, exoficial de inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba y quien estuvo a cargo de infiltrar a la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), tiene en vilo a los dos gobiernos a pesar de los 13 años transcurridos desde su deportación ilegal de México y los tres que estuvo en la cárcel, dos de ellos en Villa Marista, la prisión cubana para los acusados de delitos contra la seguridad del Estado.
Radicado en España desde 2012, el cubano de 62 años busca que el Estado mexicano responda por la violación a sus derechos humanos, la cual atribuye entre otras autoridades al actual subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González.
Apenas en octubre pasado la CIDH pidió a Riera información detallada sobre la actuación de los funcionarios mexicanos que lo detuvieron sin orden judicial, lo retuvieron en una estación migratoria y lo enviaron a Cuba, donde lo entregaron a las autoridades de ese país con, asegura, documentación falsa.
Aunque Cuba no reconoce ni a la CIDH ni a cualquier otra instancia del sistema interamericano, en su demanda Riera Escalante expone que al ser entregado a su país pasó tres meses aislado en la cárcel de Villa Marista y sometido a juicio en un tribunal militar.
Sostiene que durante 126 días estuvo confinado en un espacio de dos por tres metros y con la luz prendida las 24 horas, de donde lo sacaban sólo diez minutos cada 20 días o más para tomar el sol o para una visita vigilada con cámaras y por un instructor.
Luego pasó un año en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el occidente de Cuba. Afirma que aun sin condena fue sometido de nuevo al aislamiento en un “área especial”, la misma donde en 1991 falleció el exministro del Interior de Cuba, José Abrantes Fernández, a quien la versión oficial dio por muerto a causa de un infarto.
“Juegos operativos”
Atrás había quedado el servicio de Riera Escalante al régimen de Castro en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Durante 21 años estuvo a cargo del trabajo de contrainteligencia para infiltrar a la CIA. De ese tiempo, 16 años los dedicó a operaciones en La Habana y en la Ciudad de México.
Uno de sus primeros logros fue en 1975, cuando consiguió que el exagente de la CIA Philip Agee escribiera el libro Inside The Company, en el cual el desertor estadunidense que se fue a vivir a Cuba relató algunas de las operaciones ilegales de la agencia.
Después de desarrollar y poner en práctica la primera metodología de los agentes dobles o “juegos operativos” de inteligencia contra la CIA y de encabezar en La Habana el “Grupo México”, Riera llegó al Distrito Federal en 1986 como jefe del consulado de Cuba en México, cargo que ocupó durante cinco años y medio.
Además de hacer trabajo consular, en México fue el oficial responsable de las acciones contra la CIA y de la coordinación con el entonces KGB, servicio de inteligencia de la Unión Soviética.
En 1991 regresó a La Habana al “Grupo México” con el propósito de actualizar la metodología para el reclutamiento del personal de la CIA. Pero sus críticas a la política migratoria del régimen le costaron no sólo su trabajo en los servicios de inteligencia, sino una investigación interna y la persecución.
Intentó regresar a México para seguir un tratamiento médico de su esposa, la mexicana Marta Bosch, pero el consulado de México en La Habana le negó la visa. El entonces embajador de México en Cuba, Mario Moya Palencia, había sido requerido por la seguridad cubana para que Riera no pudiera salir. Al final el embajador del gobierno de Carlos Salinas desatendió la petición y facilitó el visado.
En México, Riera recibió el apoyo de cubanos que para el régimen eran desafectos. Su esposa murió en el Hospital General La Raza, del IMSS. A su regreso a Cuba, en junio de 1993, fue separado del Partido Comunista y del Ministerio del Interior por haber entrado en contacto con la disidencia. En 1999, después de que le negaron el permiso de salida para viajar a México, escapó de la isla con un pasaporte mexicano falso.
Pasó casi un año clandestino en México. Pidió asilo político, pero sostiene que el gobierno de Ernesto Zedillo lo engañó: le dijo que aceptaría su solicitud, para después deportarlo en contubernio con la embajada de Cuba en México.
Ambos gobiernos tenían sobradas razones para deshacerse del exfuncionario de inteligencia cubano. Como pocos, conoce a detalle la red de espionaje que el régimen de Castro construyó en México para infiltrar a la CIA y que él había ayudado a tejer durante más de tres lustros a través de reclutamientos y operaciones de contraespionaje. De otorgarle asilo político, el gobierno de Zedillo habría enfrentado un conflicto diplomático con La Habana.
Castigado por el régimen de Castro –como en su momento ocurrió con su tío, Aníbal Escalante, uno de los jefes históricos de la Revolución– Riera era una amenaza para los servicios de inteligencia de los dos países. Estaba dispuesto a revelar nombres de los colaboradores mexicanos con el régimen cubano, a menos que México le diera asilo.
Para el gobierno de Zedillo la presencia de Riera en México también era incómoda pues había entrado en contacto con su antiguo objeto de infiltración: la embajada de Estados Unidos en México.
Pero los estadunidenses no quisieron entenderse con él a pesar de haberles entregado información. Sospecharon que se trataba de una operación encubierta del régimen cubano en su contra. “Es claro que no hicieron bien su trabajo de contraespionaje”, dice Riera Escalante en entrevista telefónica.
El engaño
Sin respaldo estadunidense, para el gobierno de Zedillo fue fácil deshacerse de él. Mediante una treta se lo entregó al régimen cubano (Proceso 1249). Riera demandó ante la CIDH al propio Zedillo y varios de sus funcionarios: su secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green; el subsecretario para América Latina y el Caribe, Carlos de Icaza y el subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la secretaría de Gobernación, José Ángel Pescador Osuna. Además al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alejandro Alegre y al agente José Luis Valles López.
Entre los señalados figuran actuales funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Uno es el ahora subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. Riera dice que fuera de sus facultades, fue quien le advirtió que México no le daría asilo: “Fue el responsable de mi secuestro. Llamó al secretario de Gobernación para entregarme y traicionar mi solicitud de asilo”.
Otro de los señalados, a quien acusa de haberle tendido una trampa, es el exagente del Cisen José Luis Valles López, actual coordinador de delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) y artífice en 2004 de los videoescándalos contra Andrés Manuel López Obrador.
El 3 de octubre de 2000, después de una reunión con Valles –quien le había dicho que su asilo ya había sido autorizado, pero que se anduviera con cuidado– Riera fue detenido sin orden judicial por hombres armados que no se identificaron. Sometido lo llevaron a la estación Las Agujas, del INM, en Iztapalapa. Al día siguiente, sin haberle permitido comer durante 18 horas ni entrar en contacto con algún abogado, lo subieron con trato de prisionero en un vuelo comercial hacia La Habana. Nunca supo qué autoridad mexicana lo detuvo y lo entregó a Cuba.
En el aeropuerto de La Habana uno de los hombres que participó en su detención y que se identificó como Ángel Ramírez, lo entregó a las autoridades cubanas junto con un documento de identidad y viaje apócrifo.
Estaba expedido el día de su detención: el 3 de octubre de 2000, a su nombre, pero sin foto. Tenía estampado un permiso de entrada a Cuba que se vencía el día 4, cuando fue entregado por México.
El documento tenía fe notarial de que el portador del documento era Riera Escalante, pero no estaba protocolizado ante las secretaría de Relaciones Exteriores ni de Gobernación. Fue firmado por el entonces cónsul de Cuba en México, Manuel Calvo.
Entre sus pertenencias, sus captores mexicanos dejaron a la vista de los funcionaros cubanos una tarjeta de presentación de Barry Thein, el oficial de la CIA al cual Riera había contactado en la embajada de Estados Unidos en México en busca de asilo.
“Admití que había hablado con él. En Cuba eso significa espionaje y una condena de muerte o 30 años de prisión, sobre todo teniendo presente que había sido oficial de la inteligencia cubana durante 25 años y mi trabajo había sido enfrentar las acciones de la CIA contra el gobierno cubano”, explica.
Pero en la acusación en su contra sólo le fincaron el delito de haber salido ilegal de Cuba. Lo condenaron a cinco años de prisión, de los cuales pagó tres antes de obtener su libertad anticipada. Sorprendido le preguntó al instructor de la causa en su contra por qué no lo acusaron de espionaje. La respuesta está presente desde entonces como una amenaza: “Me dijo que si cuando saliera de prisión hiciera alguna acción política de oposición mi vida peligraría y sería procesado por espionaje”.
Riera Escalante lleva 14 años con esa advertencia. La primera vez la escuchó en 2000, cuando fue encarcelado. La reiteraron antes de que saliera de prisión. “Pueden pasar cosas peores”, le dijeron. La volvió a escuchar en marzo de 2006, poco después de haber presentado su demanda ante la CIDH, en diciembre de 2005. También, cuando en esa misma fecha solicitó asilo político a la embajada de España en La Habana. El gobierno español le ofreció sólo una visa de visita, siempre y cuando Riera tuviera permiso de salida por parte del régimen.
Hasta España
Después de presentar la demanda, su segunda esposa, Loyda Castilla González fue despedida por el gobierno cubano. Era representante de la Agencia Cubana del Derecho de Autor en la provincia de Camagüey. “Fue un acto premeditado para dejarnos sin medios de vida”, dice el exoficial de inteligencia.
Según la demanda, al traicionar la petición de asilo, México violó la Convención de 1951 sobre Estatus de los Refugiados, reconocida por el gobierno de Zedillo el mismo año de la deportación ilegal.
Riera también argumenta violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1969. Ese instrumento dice que un solicitante de asilo debe ser protegido y no ser expuesto a las autoridades de su país. Se trata de la misma Convención que violó el gobierno de México en el caso de la ciudadana francesa, Florence Cassez, aunque en ese caso por no permitirle asistencia consular en su primera declaración ministerial.
“Al subsecretario de Icaza le pedí que se respetara lo establecido en la Convención de Viena porque no deseaba la protección diplomática de la embajada cubana, por cuanto yo estaba pidiendo asilo en México y obviamente dicha solicitud era incompatible con la intervención y asesoramiento legal del cónsul cubano. Bajo ninguna circunstancia mi deseo era volver a Cuba debido a la persecución política en mi contra desde mi licenciamiento del Ministerio del Interior”, explica Riera Escalante.
Argumenta que el gobierno de Zedillo violó también la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Asilo Territorial, la Convención de Extradición, entre otros acuerdos interamericanos de protección a los derechos humanos reconocidos por México, así como de la Organización de las Naciones Unidas.
Además, “me impidió acudir a los recursos de la legislación mexicana para ejercer mis derechos y solicitar protección para que no fuera entregado a Cuba”, dice en su demanda.
“Las consecuencias de los actos del gobierno mexicano, que actuó como policía extraterritorial al servicio del gobierno cubano, constituyen infracciones al derecho internacional y sus consecuencias las sigo padeciendo”, asegura Riera Escalante, quien se queja por la lentitud con que la CIDH ha tratado su caso.
A ello se añade la actitud contradictoria de Estados Unidos, dice. El entonces embajador de ese país en México, Jeffrey Davidow, se inclinó por defender al desertor cubano ante el riesgo que corría en Cuba, pero el gobierno estadunidense se negó a darles visas de refugiados a él y a su esposa.
En 2010 su esposa obtuvo la nacionalidad española porque su abuelo había sido español. Riera obtuvo la visa como cónyuge. Pero “al llegar a España sufrimos trato discriminatorio por parte de la autoridad migratoria de Gijón, que se negó a considerar nuestra situación para darnos ayuda”, además de que el consulado de España en La Habana ha puesto trabas para que se naturalice español.
Asegura que a su llegada a Oviedo, un coronel al servicio del Ministerio Interior de Cuba le advirtió que repetir actos similares a los que hizo en México, como hacer declaraciones o revelaciones contra el gobierno cubano, tendría consecuencias. “Entiéndase otro secuestro hacia Cuba o la muerte”, dice.
No obstante las advertencias dice estar decidido a publicar sus memorias, que ha titulado Mis 25 años en la inteligencia cubana contra la CIA. El poder secreto de Fidel Castro.
