De nada valieron los intentos de último momento del gobierno de México, de la Casa Blanca y de organismos internacionales para salvar la vida del mexicano Édgar Tamayo, condenado a la pena capital por el asesinato del agente de la policía Guy Gaddis. Tamayo recibió la inyección letal el miércoles 22. Con ello, el estado de Texas incumplió el fallo de la Corte Internacional de Justicia que, desde 2004, ordenó suspender las ejecuciones en Estados Unidos de mexicanos que no recibieron asistencia consular inmediatamente después de su detención.
HUNTSVILLE, TEXAS.– Édgar Tamayo guardó silencio. Apenas musitó una negativa cuando el guardia de la Unidad de las Paredes le ofreció decir unas últimas palabras, cuando ya había comenzado a fluir la inyección que lo mataría. Estaba tendido y amarrado en la camilla de la Cámara de la Muerte. Sus ojos permanecieron cerrados durante todo el proceso; sin un gesto, sin siquiera un parpadeo.
Su tía Socorro narra que Tamayo cruzó ilegalmente a Estados Unidos a los 18 años para trabajar como jornalero en California. En 1993 se mudó a Austin, Texas, y después vivió una temporada en Houston, hasta que fue detenido por el asesinato del policía Guy Gaddis.
Fue ejecutado el miércoles 22 con una dosis letal de pentobarbital, en cumplimiento a la sentencia que le fue dictada en 1994, después de que un jurado de 12 personas lo encontrara culpable de haber asesinado al agente policiaco Guy Gaddis, que tenía 24 años de edad.
De acuerdo con el expediente del caso, la madrugada del 31 de enero de 1994, Gaddis patrullaba el este del centro de Houston cuando un ciudadano le hizo señales para detenerse. Le informó que había sido asaltado por dos personas dentro del salón de baile Topaz Night Club.
El policía detuvo en una calle aledaña a Tamayo y al también hispano Jesús Zarco Mendoza, cuyas características físicas se correspondían con las descritas por la víctima del asalto. Durante la inspección corporal, el agente encontró un reloj robado en las bolsas de Tamayo. Sin embargo, le pasó inadvertida una pistola que el mexicano originario de Miacatlán, Morelos, llevaba dentro del pantalón, fajada en la cintura.
Según el reporte oficial, al encontrar el reloj “muy probablemente” Gaddis puso fin a la revisión de Tamayo antes de tiempo, para proceder a esposarlo con las manos a la espalda. El agente apenas comenzaba su carrera, tras haberse graduado de la academia de policía un año antes.
Gaddis metió a la patrulla a los dos hombres y, en un momento dado, bajó del vehículo a realizar una llamada telefónica. Mientras estaba fuera, Tamayo, ayudado por Mendoza, sacó de sus ropas la pistola. El patrullero regresó y mientras arrancaba la unidad, Tamayo se viró y jaló el gatillo tres veces. Hizo blanco en la espalda y en la cabeza del policía, y provocó que la patrulla chocara contra una barda.
El arma con la que se hicieron los disparos fue encontrada en los asientos posteriores de la patrulla, pero sin huellas dactilares de Tamayo o Mendoza.
A Tamayo Arias se le realizó la “prueba de Harrison”, también conocida como “rodizonato de sodio”, que detecta residuos de pólvora o bario en las manos de quien haya detonado una pistola. Resultó negativa.
Las autoridades sólo determinaron que el mexicano había comprado el arma días antes del ataque.
Los documentos en las cortes aseveran que Mendoza perdió el sentido tras el impacto del vehículo, pero Tamayo logró romper con el pie una ventana del auto, por la que escapó esposado. El mexicano fue detenido más tarde a unas pocas cuadras. Su ropa estaba manchada con la sangre del oficial. Tenía consigo el reloj y una cadena que había robado en el asalto.
Al morir, Gaddis dejó a su esposa, embarazada de una niña.
Durante la investigación del asesinato, Tamayo dijo haber disparado “porque el oficial de policía no le dio tiempo de entregarle las llaves a su esposa”. Posteriormente sostuvo no recordar lo que ocurrió ni su papel en el asesinato.
Aquella noche, James Kares –amigo de Gaddis y también policía– estaba de guardia cuando escuchó por la radio que le habían disparado a su amigo. “Me dirigí al hospital para estar con él y para acompañar a su familia. Al llegar estaba todavía vivo, pero poco después los médicos nos informaron que no habían podido hacer nada por él. Los impactos de bala habían sido mortales”.
Tamayo fue juzgado a mediados de 1994 en Houston. Le fue asignado un abogado de oficio y desde el primer momento se supo que la fiscalía buscaba la pena de muerte.
El morelense fue encontrado culpable de asesinato con agravantes. Y el fiscal obtuvo lo que buscaba. De eso hace ya 19 años.
Tamayo tuvo el derecho a una apelación, que se dio de forma automática después de su sentencia. También la perdió, y su proceso permaneció congelado hasta que en septiembre pasado se fijó la fecha de ejecución: 22 de enero de 2014.
La defensa de Tamayo estuvo, en su última fase, a cargo de la abogada Maurie Levin y de Sandra Babcock, profesora de leyes de la Universidad Northwestern de Chicago, quien representó a México en 1994 en un litigio en contra de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Las representantes de Tamayo alegaron desde un principio que el mexicano no hablaba ni entendía el inglés, porque tenía muy poco tiempo de haber llegado al país. El punto central del alegato, sin embargo, era que el consulado mexicano no había sido informado de la aprehensión. Esto constituía una violación frontal a la Convención de Viena (Covi) de 1963, de la que Estados Unidos es firmante.
Ya en 2003 se había ventilado en la CIJ la costumbre de Estados Unidos de “olvidar” notificar a los consulados mexicanos cuando un mexicano era detenido. Fue el llamado “Caso Avena”, que México ganó un año después. El tribunal internacional determinó que Estados Unidos había violado la Covi y que, por lo tanto, debía revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte y establecer de qué manera habían sido afectados al no recibir la asesoría consular.
Babcock argumentó que la ausencia de la notificación consular fue especialmente grave en el caso de Tamayo, ya que la intervención de la diplomacia mexicana pudo haber ayudado a reunir elementos de descargo, que significaran la diferencia entre la muerte y una cadena perpetua.
La abogada expuso que su defendido no hablaba inglés y desconocía el sistema judicial de la Unión Americana, lo que de entrada lo sumergía en una situación por demás vulnerable, habida cuenta de que iba a ser juzgado por uno de los crímenes más duramente castigados en Texas: el asesinato de un policía.
Hoy la abogada admite que el veredicto de culpabilidad probablemente hubiese sido el mismo si el consulado hubiera intervenido, pero la sentencia podría haber sido cadena perpetua. Los diplomáticos podrían haber reunido “elementos mitigantes” en México, como testimonios de familiares y amigos que saben que Tamayo padece de retraso mental y daño cerebral desde su adolescencia, amén de que sufrió maltrato infantil a manos de sus padres.
“En su momento los abogados de oficio no tuvieron acceso a estos elementos y, en consecuencia, Tamayo fue condenado a la pena máxima contemplada en el sistema penal estadunidense”, dice Levin.
Después de que se estableciera la fecha de ejecución, tanto el Secretario de Estado, John Kerry, como el gobierno mexicano y organizaciones no gubernamentales (Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados y la comunidad Evangélica de Estados Unidos, entre otros) pidieron la suspensión de la sentencia.
Las litigantes recurrieron primero a la Junta de Perdones. El 11 de diciembre de 2013 pidieron clemencia ejecutiva para Tamayo. Solicitaban que se concediera, al menos, una suspensión de 150 días, o bien que se le conmutara la pena. Las cortes ya les habían rechazado una apelación basada en el argumento de la notificación consular.
La Junta de Perdones, integrada por siete miembros que residen en diversas ciudades de Texas, dilató la decisión. De acuerdo con Babcock se negaron a entregar a la defensa los argumentos de la fiscalía para impedir que se otorgara la clemencia.
Las abogadas entonces interpusieron un recurso ante la Suprema Corte, para solicitar que se ordenara a la Junta de Perdones organizar un proceso justo y abierto antes de que decidiera la petición de perdón. Temían que si su solicitud se votaba en ese momento la Junta deliberaría con base en un proceso arbitrario y desfavorable para su cliente.
En una carta fechada el 14 de enero, Tamayo decía tener esperanza en la decisión de la Junta de Perdones, aunque aseguraba que, de cualquier forma, estaba preparado para morir si no obtenía el indulto. “Veinte años ya son muchos años. No vas a creer cómo paso mi tiempo (…) leyendo mucho y escribiendo y en mi fecha mejor ni pienso; para qué, si estar dándole vueltas en la mente no sirve de nada”.
Tamayo se quejaba de haber tenido poca ayuda del consulado de México en Houston. No le contestaban las llamadas ni a su madre ni a su tía cuando éstas solicitaban asesoría y apoyo.
El martes 20, la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas negó el recurso a las abogadas luego de una audiencia que duró casi todo el día. Inmediatamente después, la Junta de Perdones daba a conocer su fallo, negando la clemencia.
El anuncio fue devastador para la familia del condenado, que se había reunido en Houston para acompañar a Édgar en la lucha por su vida. Esperaban celebrar una suspensión, y quizá más adelante, verlo salir del Pabellón de la Muerte para purgar una cadena perpetua.
“Mi hijo está tranquilo; con él no hablamos del fallo en su contra durante nuestra última visita. (…) Platicamos de otras cosas pero no de eso”, dijo a la salida de la prisión Héctor Tamayo, padre de Édgar, visiblemente afectado. Fue el encuentro en el que se despidieron.
Las abogadas interpusieran dos recursos más ante la Corte de Apelaciones, que les fueron negados. Finalmente y como último intento presentaron a las 5:45 de la tarde (15 minutos antes de la hora fijada para la ejecución) una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia.
Las esperanzas no eran muchas. Ya en 2008 se había presentado un recurso igual ante la misma Corte y con el mismo argumento de la violación a la notificación consular y el deber de Estados Unidos de dar cumplimiento al fallo Avena.
En aquella ocasión la Corte indicó que era necesario que el Congreso estadunidense votara una ley que le diera a la Federación los mecanismos para obligar a los estados a realizar las notificaciones consulares.
Así, en junio del 2011 fue presentada ante la Comisión de Justicia del Senado el “Acta de Cumplimiento a la Notificación Consular”, que prevé cumplir con el fallo Avena y obligar a estados como Texas a la revisión de los casos en que están involucrados extranjeros.
En julio de 2011, pese a todo, fue ejecutado el mexicano Humberto Leal. La abogada Sandra Babcock también lo asistía. Recurrió a la Corte Suprema con el argumento de la notificación, y perdió.
Con esos antecedentes, no sorprendió que el mismo 22 de enero, y tres horas después de programada la ejecución, la Corte Suprema emitiera el mismo fallo.
A un lado de la Cárcel de las Paredes, en donde se realizan las ejecuciones, las tías de Tamayo, Margarita y Socorro, dirigieron un rosario, que rezaron aproximadamente 40 personas. Luego entonaron melodías religiosas pidiendo un milagro.
Dentro de la cárcel se habían reunido dos docenas de policías de Houston, muchos de ellos miembros de la Unión de Agentes Policiacos. Dijeron que iban a apoyar a la familia de su compañero.
Cuando el reloj marcó las ocho de la noche (dos horas después del horario anunciado para la ejecución), los uniformados hicieron sonar los motores de sus motocicletas para protestar por el retraso. Y los volvieron a acelerar una hora después, cuando supieron que la Corte había fallado contra el mexicano.
Patricia Estrada fue testigo de la ejecución: “Cuando entramos a través de una serie de puertas de seguridad hasta el cuarto de testigos, Tamayo estaba ya asegurado con bandas amarillas a la camilla. Una de sus manos estaba vendada. La otra no estaba visible.
Édgar estaba boca arriba con los ojos cerrados. Nunca los abrió. Estaba como buscando no ver a quienes le quitarían la vida. Había elegido no tener testigos, así que únicamente era acompañado, cristal de por medio, por la familia del policía al que asesinó en 1994. Sin embargo no la vio. No le dirigió ni una mirada ni un gesto ni una palabra.
Tamayo había sido escoltado a las 9:03 de la noche fuera de la celda en la que pasó sus últimas horas, en espera de que se definiera su suerte. Los guardias lo encaminaron a la Cámara de la Muerte. A las 9:05 comenzó a fluir por su mano derecha la solución letal y, a las 9:10, por la izquierda.
Cuando a las 9:15 le preguntaron si quería decir unas últimas palabras, respondió con un sonido que significaba “no”. Continuó con los ojos cerrados. El silencio era absoluto.
A las 9:32 Édgar Tamayo fue declarado muerto.
Afuera de la prisión habló Gary Gaddis, el hermano mayor de Guy. “(Tamayo) murió como un cobarde, como el cobarde que le quitó la vida a mi hermano”, dijo. Eso sí: le envió su pésame a la familia Tamayo y, luego, sorpresivamente, hizo una declaración en español. Aseguró que la gente debía unirse en la justicia. Aclaró que no fue la familia sino un jurado el que había decidido la muerte de Tamayo, pero que consideraba que el cumplimiento de la condena era justo. Dijo lamentar la violencia que se vive en México. “Espero que esto no haga que se dividan nuestras comunidades”.
Al mismo tiempo, representantes de la cancillería mexicana denunciaban la violación de la legalidad internacional por parte de Estados Unidos, y la representante de la abogada de Tamayo decía que lo que ocurrió fue una falta de respeto para México, para la comunidad internacional, para Estados Unidos y para Texas.
Gale Gaddis, madre del oficial asesinado, dijo al exterior del penal, después de la ejecución que presenció: “Estoy contenta de que esto haya terminado. A partir de hoy mi corazón despedazado se sentirá mejor”.
