Durante su campaña, el vallartense Ramón Guerrero Martínez –un panista arropado por el partido Movimiento Ciudadano– prometió todo a la comuna: desde sancionar a sus antecesores por el desfalco a las arcas municipales, hasta sacar adelante a este destino turístico. Pero no ha cumplido una sola; lo peor, los propios empleados del ayuntamiento lo critican por el desbarajuste administrativo, los negocios millonarios para beneficiar a empresas extranjeras, la falta de seguridad, las deudas al Ipejal…
VALLARTA.– Apenas lleva 15 meses en el ayuntamiento, pero Ramón Guerrero Martínez, El Mochilas, ya olvidó su principal compromiso de campaña: presentar una denuncia penal contra Salvador González Reséndiz, su antecesor en el cargo, por presuntas malversaciones del erario municipal estimadas en 3 mil 200 millones de pesos.
Y aun cuando llegó arropado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) –incluso habló del lamentable estado en que recibió la ciudad y el descomunal adeudo durante un Foro Agropecuario Internacional, en el que participó la embajadora de Nueva Zelanda, Chistine Bogle, en noviembre de 2012–, Guerrero Martínez no sólo no actuó contra el priista González Reséndiz, sino que unió ya en su contra a los trabajadores del ayuntamiento, entre ellos los policías, quienes le exigen el pago de su aguinaldo.
Varios de los compromisos datan incluso de la administración del priista Javier Bravo Carbajal, quien precedió en el cargo a González Reséndiz, como el préstamo de 400 millones de pesos, que, según los documentos firmados, debe pagarse en 20 años. La administración del Mochilas sólo de dedica a reestructurar el pasivo de ese crédito y él prefiere no abordar el asunto.
Consultados al respecto, algunos empleados del ayuntamiento aseguran que eso es preocupante, toda vez que se corre el riesgo de que los presuntos delitos de malversación de fondos municipales prescriban y los exfuncionarios implicados queden impunes.
Reacios a proporcionar su nombre por temor a represalias, algunos hablan de despidos o cambios de dependencia, así como de las confrontaciones entre el alcalde y los regidores del MC. Tal es la tensión, dicen, que la dirigencia estatal del movimiento envió a este puerto a Enrique Ibarra Pedroza para controlar la situación. Tampoco él pudo, aseguran.
Cambios sin control
El gabinete de Ramón Guerrero, insisten los trabajadores, es un desbarajuste. Comunicación Social, por ejemplo, ha tenido tres titulares y hoy está acéfala.
Su primer titular, Jaime Castillo Copado, fue transferido en enero de 2013 a una oficina fantasma denominada de Proyectos, luego fue nombrado secretario particular del alcalde y hoy es líder del MC en el municipio; Enrique Plascencia Bermúdez, su sustituto, permaneció poco más de ocho meses en el cargo, y María del Rocío Ramos de la Peña, quien llegó a finales de octubre, renunció a principios de diciembre.
En la Dirección de Inspección la situación es similar. El alcalde sustituyó a Salvador Villalobos por Macedonio León Rodríguez, expresidente municipal de Cabo Corrientes. Desde su llegada, López tuvo problemas con los reporteros de los periódicos vallartenses, pues pidió a los inspectores de vía pública decomisar a los voceadores los diarios que se vendían sobre la avenida Medina Asencio porque, dijo, carecían de permiso.
El caso más desconcertante de esa inestabilidad administrativa es el de Héctor Gallegos, quien sin motivo alguno fue despedido de Desarrollo Social. Gallegos fue regidor por el PAN en la administración anterior y uno de los más firmes defensores de Guerrero Martínez, quien militó en ese partido.
En la tesorería y la comisaría también hubo cambios “por motivos personales”, según informó el ayuntamiento.
Sin embargo, el mayor escándalo se suscitó en mayo de 2013, cuando el ayuntamiento otorgó a Citelum de México, una firma francesa con presencia en 15 de las principales ciudades de los cuatro continentes, incluidas Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla y Morelia, la concesión para cambiar las 18 mil luminarias públicas, por lo que recibirá 309 millones por los 10 años, según informó la Unidad Administrativa Municipal (UMA).
En septiembre, mediante un despliegue publicitario que incluyó lonas y desplegados en periódicos y promocionales en la radio, la administración de Guerrero Martínez expuso que, en respuesta a las quejas ciudadanas, el ayuntamiento invertiría más de 15 millones de pesos en la reparación de calles y avenidas.
De inmediato, los miembros del Colegio de Ingenieros le respondieron que ese dinero será “tirado a la basura”. Entre otras cosas, le explicaron que mezclar tierra con cemento compactado no es recomendable para las calles; las lluvias registradas a fin de año mostraron la fragilidad de ese material y comenzaron a surgir los baches.
Los pretextos
Otra de las desmesuras del alcalde es la nómina de pagos para los asesores, que va de los 34 mil pesos a los 70 mil por servicios profesionales en juicios y otros rubros.
Más: al inicio de su gestión Guerrero Martínez se comprometió a negociar el adeudo de 268 millones de pesos con el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) –Vallarta le debe 77 quincenas, 26 de las cuales corresponden a la actual administración–. No lo ha hecho, por lo cual los trabajadores no tienen acceso a los créditos del instituto; el propio ayuntamiento enfrenta procesos por el no pago de sus obligaciones.
Guerrero Martínez intenta entregar el edificio de la nueva presidencia municipal –construido durante la administración de González Reséndiz bajo el régimen de condominio– al Ipejal para saldar su deuda. Sin embargo, el instituto no acepta porque, arguye, la planta baja y otros espacios del inmueble y pertenecen a particulares.
Y cuando el alcalde ofreció otros predios para ponerse al corriente, los vecinos del fraccionamiento Fluvial Vallarta lo confrontaron. Su intento tampoco prosperó.
Ramón Guerrero recurre al argumento de que heredó los problemas de sus antecesores, para evitar el cumplimiento de los laudos y pagos a sus proveedores, algunos de los cuales ya presentaron su queja ante instancias federales.
En el ayuntamiento, el regidor Miguel Ángel Yerena Ruiz, del PRD, ha expresado que el alcalde está obligado a cumplir con los mandatos de autoridad y a liquidar los laudos a trabajadores y los adeudos a los proveedores.
La inexperiencia de Guerrero Martínez y sus colaboradores le ha costado millones de pesos a la comuna en gastos inútiles, como la rehabilitación de los camellones de la avenida Medina Asencio, la principal de Vallarta, donde se invirtieron 10 millones de pesos.
El ayuntamiento también habló de la instalación de un sistema de riego y colocar plantar “edémicas” (sic), para dar una mejor vista a los visitantes. De hecho se colocaron helechos, crotos y otras variedades vegetales que requieren limpieza manual periódica.
El sistema de riego no funcionó. Para justificarse, Guerrero Martínez anunció que varias de las empresas ubicadas a lo largo de la avenida adoptaron una fracción de camellón para darle mantenimiento. Y no volvió a hablar de la millonaria inversión.
Con respecto a la seguridad, la dependencia del ramo atraviesa por uno de sus peores momentos. De acuerdo con Salvador de los Santos, funcionario de la Fiscalía General, los delitos patrimoniales se incrementan en Vallarta, mientras que los policías trabajan sin equipo adecuado para enfrentar a los delincuentes; incluso, dijo, hacen sus rondines a pie y sus turnos son de 12 horas.
En la reunión de diciembre, los integrantes de la Coparmex se quejaron por el incremento de robos a negocios y homicidios violentos, como el de los dos abogados en octubre en pleno centro del puerto. Los homicidas huyeron y cuando llegaron los uniformados no tuvieron vehículos para cerrar las tres vías de escape: la carreta a Mismaloya, la entrada norte y el camino a Mascota.
El alcalde trata de acallar las críticas y asegura que pronto llegarán 50 nuevas patrullas procedentes de Brasil para reforzar la seguridad. Pero ni los policías ni los ciudadanos le creen ya, pues eso lo viene diciendo desde agosto pasado.
Lo que sí llegó fueron 20 motocicletas Honda y varias cuatrimotos. Pero el gusto le duró poco a los policías: uno se cayó de la moto y se fracturó el tobillo, mientras cuatro unidades presentan fallas por el sobrecupo, según los mecánicos.
