Con el título “El derecho a la cultura”, el escultor Miguel Peraza y el pintor Fernando Leal Audirac pidieron en una carta a Maria Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hacer un llamado a la sociedad civil y no mantener una actitud cerrada para salvaguardar una de las herencias de la nación: la escultura llamada El Caballito, de Manuel Tolsá.
La carta, firmada el 12 de diciembre por los artistas, tiene un sello de recibido de la oficialía de partes del instituto con fecha 17 de ese mes. Ahí exponen:
“Las instituciones gubernamentales se ocultan bajo cargos burocráticos, evadiendo las respuestas abiertas y los foros de discusión que ayuden a reparar daños tan profundos como los que ha recibido el pueblo mexicano al afectarse un símbolo fundamental de nuestra identidad, rica en su multiplicidad de expresiones.”
Después explican que tras una reunión coincidieron en la importancia del rescate de la estatua de Carlos IV en hacer un llamado a la sociedad civil, y en específico a las autoridades para salvaguardar la herencia de la nación evitando que se desfigure aún más el rostro dañado.
“En torno a este tema se habla de la opinión vertida en diferentes medios de comunicación y de la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes en este asunto.”
Y después sugieren que se cuente con la orientación de expertos como Manuel Serrano, Alejandro Velasco y Agustín Espinoza.
Se transcriben asimismo algunos párrafos del manuscrito “El derecho a la cultura”, de la autoría de Fernando Leal de 1952, donde describe la escultura de Carlos IV, de Tolsá, como una obra artística que obedeció a la emoción del escultor más que a cualquier interés material y político.
“Sólo en casos verdaderamente extraordinarios, el artista, a pesar de haber aceptado el compromiso de servir a algún interés material, ajeno a la cultura, logra elevarse por encima de la aridez y de la mezquindad del tema obligado y realiza una obra en la cual lo que prevalece es la perfección de la forma y de las proporciones, así como el estilo y el hálito vital que la anima. En México, justamente, tenemos un ejemplo magnífico para ilustrar este caso: me refiero a El Caballito, o sea la estatua ecuestre de Carlos IV, que ejecutó Tolsá, por encargo del virrey marqués Branciforte…
“Con su perfil de águila, ese rostro enérgico me ha llevado, a través de una serie de asociaciones de ideas, a descifrar su más profundo mensaje. Su perfil es un perfil romano. ¿Sugiere acaso –me he preguntado– la presencia en nuestras leyes del Derecho Romano, base y modelo de toda jurisprudencia? El Derecho Romano es el Derecho culto; pero, no …NO puede ser el Derecho culto lo que esa figura simboliza para nosotros… Simboliza el espíritu de México… ¡El Derecho de la Cultura!
“Efectivamente, en esa obra maestra quedó plasmada, desde hace cien años, la esencia del Derecho de la Cultura y fueron los hombres que habían de proclamar como doctrina ‘el respecto al derecho ajeno’, los que, en el umbral de la Independencia, enunciaron también el respeto a la cultura, cual si quisieran insinuarnos la obligación de elevar estos principios a la categoría de ordenamientos constitucionales, no derogables…”
Y concluyen con un manifiesto:
“Estamos seguros los autores de esta declaración que los funcionarios deben actuar como los primeros hombres de la patria, no con la actitud cerrada, sino con la mira interior que desea verdaderamente construir una nación.
“Los artistas e intelectuales de México son la voz que se une a su pueblo, por lo que deben ser escuchados y atendidos con el fin de contribuir de manera directa y contundente en la preservación de los bienes patrimoniales.
“Creemos en la política porque pensamos que los ciudadanos merecen el respeto de las instituciones, se nos han acabado las palabras, sean de bronce nuestras ideas.”
Al texto le precede una queja de los investigadores Carlos Lara y José Manuel Hermosillo presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que el contrato de restauración y rehabilitación de la escultura transgredió los derechos culturales del artículo 4 de la Constitución Política. Por lo cual, lamentaron que el propio Gobierno del Distrito Federal no haya hecho pública la investigación sobre el caso, según se informó en Proceso (1932).
La emblemática escultura fue intervenida el pasado 19 de septiembre por la empresa Marina, Restauración de Monumentos, a su vez contratada por el Fideicomiso del Centro Histórico. Su trabajo dañó la pátina original en 50% de su superficie a causa del uso de ácido nítrico al 30%. Los perjuicios, se calcula, ascienden a un millón 415 mil 723 pesos, según el dictamen que ofreció el INAH en octubre pasado, historia seguida por este semanario en diversos números (1926, 1927, 1928, 1932 y 1935).
