MÉRIDA, YUC.- Cuando los visitantes nacionales llegan a zonas arqueológicas del estado de Yucatán, como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún o Ek Balam, se sorprenden y hasta indignan por tener que pagar dos entradas: Una al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la segunda al gobierno de Yucatán por hacer uso de los servicios de los paradores turísticos colindantes.
Cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo en la cuenta pública de 2010 diversas observaciones al INAH, por haber permitido la construcción de esos paradores que obligan al doble pago.
En el caso de Chichén Itzá, por ejemplo, actualmente el INAH cobra 57 pesos y el parador 71 en tarifa para adulto nacional, pero es obligatorio además presentar credencial de elector para no pagar tarifa de extranjero.
Al hablar del tema con Proceso, Jorge Esma, director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, se confunde: Dice primero que es el INAH quien exige la credencial de elector, luego acepta que es el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur). Expone entonces:
“Para empezar, con todo respeto a la federación, hemos vivido en un país muy centralista, con opiniones centralistas y en muchas ocasiones muy desinformadas, y en otras poco solidarias con una visión integral de un pacto federal, de una república. Soy, he sido y seré un combatiente del centralismo y un impulsor de la coordinación de las partes, sin imposición de criterios. Con todo respeto, está equivocada la federación.”
Asevera que se cobra doble porque no se ha resuelto el cobro de un solo boleto y que se divida el ingreso entre cada una de las partes “en esa sociedad del patronato y del INAH”. Pero adelanta que Teresa Franco le ofreció resolver el asunto, pues “esto no puede seguir así, palabras textuales de mi directora y mi amiga, a quien respeto y admiro porque es incansable”.
Luego dice que a él ya no le corresponde negociar (en tanto no dirige más el Cultur), pero lo invitan a las pláticas y por tanto asegura que será en 2014 cuando se tenga ya el boleto único.
–¿Por qué considera que Yucatán tiene derecho.
–No sólo Yucatán, todos los estados tienen derecho.
Sin embargo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos señala que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación, no de cada estado. Y la ASF apela al artículo 9 de la Ley General de Bienes para subrayar que “los bienes sujetos a un régimen de dominio público de la federación estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales”, y quien haga uso o aprovechamiento de ellos está obligado a pagar a la entidad responsable, en este caso al INAH.
No obstante Esma indica que el asunto es más complicado de lo que señala la ASF, pues los terrenos donde se asientan los monumentos eran de un particular “y ahora son del gobierno del estado de Yucatán”, y “la ley te permite en tu tierra desarrollar lo que en tu derecho convenga y legalmente puedas hacer”.
Son varias las zonas arqueológicas con terrenos de propiedad privada o ejidal, “pero no es el tema”, dice, sino la “necesidad” de abrir servicios para los turistas, vislumbrada por el fallecido gobernador Víctor Cervera Pacheco, con quien él se desempeñó como titular de Cultura, quien dijo: “vamos a poner paradores y cobramos por los servicios, no por la visita”.
Y el Cultur, que los administra, “es muy claro” y “tiene una ley muy clara”. Incluso, afirma, invierte parte de lo recaudado en el mantenimiento de las zonas arqueológicas y en su investigación.
