Luego de que el nombre de Alejandra Sota apareció en la lista de los 10 mexicanos con mayor percepción de corrupción de la revista Forbes, el investigador Carlos Lara envió una carta a Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para exigirle: Bajar de su portal en internet la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales y –por otra parte– asumirse como responsable de la política cultural del país.
Y es que, a decir de Lara, la percepción sobre la exvocera del gobierno de Felipe Calderón está “fuertemente ligada a contratos cedidos de manera irregular a amigos cercanos y ex colaboradores”. Y resulta, sigue, que uno de esos contratos fue el que le asignó el Conaculta, encabezado entonces por Consuelo Sáizar, a la empresa Defoe Experts on Social Reporting –“señalada e investigada por la Secretaría de la Función Pública”– para realizar la encuesta dada a conocer en 2010.
La carta, recibida en el Conaculta, expone que Defoe es propiedad de Rafael Giménez Valdés, exdirector general de Investigación y Análisis Estratégico en Los Pinos, quien era coordinador de Opinión Pública de la Presidencia:
“Lo que hizo Alejandra Sota fue coludirse con un grupo de amigos y colegas universitarios a lo largo del sexenio de Felipe Calderón para beneficiar a la empresa Defoe, que realizó trabajos para la Presidencia de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación y el propio Conaculta, contratos por un monto de alrededor de 38 millones de pesos.”
Y tras cuestionar por qué no se recurrió a instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que desde entonces ha estado trabajando en la llamada cuenta satélite de cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informa que se invirtieron en la encuesta 7 millones y medio de pesos.
De igual forma pone en tela de juicio la metodología y resultados de ese trabajo, y advierte que no puede ser utilizado como marco de referencia de la política cultural del presente sexenio, pese a que ya ha sido la base para el indicador ICACE, elaborado por el economista Ernesto Piedras (Proceso 1897), así como para programas de planeación estatal, como el Plan Estatal de Desarrollo en materia de cultura de Jalisco.
“Estamos a tiempo de detener el uso de esta encuesta, por lo menos hasta que: a) Alejandra Sota deje de ser investigada por la Secretaría de la Función Pública. b) Se demuestre que la metodología utilizada es lo suficientemente válida para ser considerada.”
Adiós conceptos
El otro tema tocado por Lara en su misiva es sobre las declaraciones hechas a la prensa por Tovar y de Teresa el sábado 14 en Cuernavaca, en el sentido de que es momento de olvidar “el gran discurso, el gran concepto de política cultural”, pues el trabajo cultural son las acciones concretas.
Cita el investigador el boletín de prensa 2316, enviado a los medios por el propio Conaculta, donde Tovar señala:
“Hay que olvidarnos ya de que la política cultural solamente es una retórica para unos cuantos estudiosos y culturólogos que encarnan este pensamiento que desvía la atención de lo que tenemos como principal obligación: ofrecer una vida cultural y artística de gran calidad para todos los mexicanos.”
Para Tovar la tarea cultural “es propiciar actos, hechos, eventos culturales que vayan directo a la población”, lo cual, a decir de Lara, muestra que el funcionario se asume como “un administrador de eventos culturales” y “no como el conductor de la política cultural del Estado”.
Con ello “continúa la inercia que nuestro país ha venido siguiendo de la moda estadunidense al concebir el gobierno como mera administración: la ‘administración Bush’… Me apena tener que recordarle que se administran bienes y se gobiernan personas; en ese sentido, lo que requiere el país es un gobierno, no una administración; una política cultural y no un simple calendario de eventos; un político cultural como usted, con su vasta experiencia y conocimiento en la materia, y no un gerente de exposiciones”.
Apela a las funciones establecidas en el decreto de creación del Conaculta para insistirle en que los eventos y toda acción, aun la más mínima, deben estar enmarcados en una política cultural, “nos guste o no”, así como en un diálogo con la comunidad artística e intelectual y con la sociedad en su conjunto:
“En lo personal esperaría que así fuese, pero no sólo por decreto, sino también por voluntad”, puntualiza.
