La actual legislatura pasará a la historia como la más contraria a los intereses de quienes dice representar. No solamente hace oídos sordos a los legítimos reclamos de la población atrincherándose como en un búnker en las instalaciones del Senado, tras vallas metálicas y filas de policías, sino que incumple los compromisos adquiridos en otras materias como las telecomunicaciones, con el fin de hacer espacio para aprobar a todo vapor la desnacionalización de los recursos energéticos, radioeléctricos y mineros del país.
El día 9 se cumplió el plazo para que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones fueran presentadas, pero las cámaras estaban muy ocupadas realizando los trámites necesarios para vender el petróleo, el gas y la electricidad a las trasnacionales, todo lo demás pasó a un segundo plano. A un movimiento ilegal le sigue otra violación a la legalidad.
La reforma de telecomunicaciones de inicio fue elaborada dejando fuera la idea de un reparto equitativo del espectro, de una visión a largo plazo tomando en cuenta la convergencia digital, los nuevos sistemas con internet como centro, la necesidad de mantener y ampliar el servicio público. Para supuestamente frenar la concentración inventaron la figura de la dominancia que implica que ninguna empresa puede poseer más allá de 50% del mercado, éste dividido en subsectores. Si lo tiene deberá desincorporar activos. Para las grandes compañías como Telmex o Televisa eso no representa un problema, ambas están dispuestas a soltar aquella parte del negocio que ya no es negocio, por ejemplo la telefonía fija, especialmente en áreas rurales, o bien los canales de televisión aéreos de alcance local. Al hacerlo así dejarán de ser dominantes en ese sector pero se mantendrán como consorcios dominantes en su conjunto. Y eso sigue siendo legal.
Por su parte el Estado no se hará cargo ni de la telefonía rural, ni del internet de bajo costo, ni de la radiodifusión pública, con lo cual los habitantes del país sólo tendrán esos bienes si los pueden pagar. Especialmente grave es que los servicios no sean asegurados de manera universal, ello contraviene los planteamientos de los derechos humanos. También que el Estado se desentienda de proporcionar a los pobladores servicios que son fundamentales.
Las consecuencias de hacer cambios a la Constitución sin respetar la ley resulta en modificaciones ilegales; el resultado de hacerlo sin lograr consensos es la ilegitimidad.
Tanto en materia de hidrocarburos como en las telecomunicaciones se busca únicamente dar la apariencia de actuar dentro de ordenamientos jurídicos, cuando lo que ha estado pasando desde 2000 son violaciones expresas a lo establecido constitucionalmente. Esa ilegalidad hoy se acompaña de una ilegitimidad apabullante.
