La historia de Alicia Mendoza Abud puede ser una simple comedia de equivocaciones, pero en el fondo es una cadena de complicidades entre un restaurantero uruguayo, un banco, un agente ministerial y la misma Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios Financieros. Todo empezó el 26 de abril último, dice la afectada, cuando fue a comer a La Parrilla del Uruguay, en la colonia Prados Tepeyac. Pagó su cuenta, pero después el negocio alegó que había un segundo vaucher por más de 35 mil pesos de consumo y pretende que ella lo pague.
Tiene 65 años y está indignada porque un banco le quiere cobrar más de 35 mil pesos por el consumo de alimentos en un restaurante sudamericano ubicado en Prado de los Olivos 1141, esquina con la avenida Tepeyac, en la colonia Prados Tepeyac, en Zapopan.
Se llama Alicia Mendoza Abud y cuenta que el pasado 26 de abril acudió a la Parrilla del Uruguay a comer. Pagó 525 pesos con su tarjeta BBV-Bancomer y se retiró con su recibo de consumo. Sin embargo, el banco pretende cobrarle 35 mil pesos, según varias facturas expedidas un minuto después de la que le entregaron la suya; tienen domicilios y razones sociales diferentes a las que aparecen en el pagaré. Lo único que coincide es el Registro Federal de Contribuyentes.
Al firmar su vaucher le llamó la atención la razón social del negocio: Venta de Abarrotes y Pieles, con domicilio en Quintanar de Rioja 458, en Tlajomulco de Zúñiga, pese a que ella estaba en el restaurante uruguayo.
“Como en muchos lugares tienen varios nombres fiscales, firmé y me retiré del lugar”, relata.
No obstante, considera probable que el restaurante actúe en contubernio con el banco, con el agente del Ministerio Público federal y con la delegación de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios Financieros (Condusef), pues, dice, el establecimiento le hizo doble cargo con apenas un minuto de diferencia y los recibos de consumo corresponden a dos establecimientos distantes entre sí.
Buscó ayuda en la Condusef, donde la conciliadora Lizbeth Valdovinos Navarro se inclinó por la parte demandante; es decir, el banco. Decidió ir a la delegación de la Procuraduría General de República en el estado y presentar una denuncia. Hasta ahora, relata, no ha tenido respuesta.
Mendoza Abud se dio cuenta del doble cobro nueve días después, el 5 de mayo, cuando su tarjeta fue rechazada por sobregiro. “Se me hizo raro, ya que siempre llevo el control de mis compras, por eso al día siguiente llamé a Bancomer y me confirmaron el sobregiro por 35 mil 448 pesos en un negocio denominado Rest EPU. De inmediato desconocí esa compra”.
Un asesor del banco le dijo que iba a iniciar una investigación, la cual quedó registrada con el número de folio 6305590913, y le adelantó que en 35 días naturales estaría concluida.
Al vencerse el plazo, el 11 de junio, ella se comunicó a la institución. El asesor le comentó que aún no concluía la investigación, por lo que le recomendó reportar la anomalía a la Condusef. Así lo hizo el 14 de junio. Un mes dos días después la comisión le dio entrada a su escrito para efectuar el procedimiento conciliatorio previsto en el título quinto, capítulo I de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros.
El 15 de agosto de 2013 la Condusef anunció que la audiencia de conciliación con el banco sería el 14 de octubre siguiente y le asignó a Valdovinos Navarro como conciliadora. La queja quedó registrada en el número de expediente 2013/150/17217, según se lee en el oficio de la dependencia DELJA/3991-13, signado por la entonces delegada de la Condusef, Adriana López Romo.
Conciliación sesgada
El día de la audiencia conciliatoria acudió Benigno Tomás Vega Aguayo, quien se presentó como apoderado legal de Bancomer. De acuerdo con Mendoza Abud Valdovinos, Navarro actuó de manera parcial, pues se puso a defender al banco. Incluso cuestionó la fecha de los vauchers, que era diferente, dijo. “Sólo cuando se le mostró el estado de cuenta dejó a un lado ese alegato”, cuenta la afectada.
Según ella, Valdovinos Navarro y Vega Aguayo “llevan una buena relación (pues) se saludaron con mucha familiaridad”. La propuesta que hizo la funcionaria de la Condusef a la afectada y al banco era “que las partes concilien sus intereses en un porcentaje sobre el monto reclamado”.
Mendoza Abud se inconformó. Dijo que la firma del pagaré no es la suya; tampoco acepta haber consumido más de 35 mil pesos.
Por lo anterior, “sigo solicitando la bonificación del cargo más los intereses, ya que la institución bancaria me hizo un retiro de mi pensión para abonar a la deuda por el cargo que no reconozco, situación con la que tampoco estoy de acuerdo”, reitera Mendoza Abud.
Dado que se negó a pagar el monto indebido, el 11 de octubre pasado el banco retiró casi 5 mil pesos de la cuenta de Mendoza, correspondiente la pensión que le deposita el ISSSTE.
Y cuando reclamó, la conciliadora de la Condusef, le respondió que sí era válido el retiro por parte del banco. El argumento fue que en el contrato bancario se especifica que cuando una persona es acreedora, la institución puede tomar los fondos de la cuentahabiente.
Le comentó que su queja por pagos indebidos no era la única que se presentaba por cargos indebidos en el restaurante; incluso le explicó que había cambiado de nombre en varias ocasiones. Primero se llamó Charrúa; después El Uruguayo, luego la Parrilla del Uruguay, como se denomina actualmente.
Por su parte, Vega Aguayo declinó el arbitraje de la Condusef e insistió en que Mendoza Abud debía pagar los 35 mil pesos. “El consumo –argumentó– queda bajo su responsabilidad (de la cliente) en virtud que hubo presencia del plástico (de Bancomer) y lectura del mismo, que son los elementos únicos y válidos para este acto jurídico bancario no reconocido, toda vez que no se puede tratar como un pago de un cheque para objetar la firma, toda vez que el comercio únicamente está obligado a verificar la presencia física del plástico que es bajo su responsabilidad, e identificar al cliente…”
En su alegato, el representante de Bancomer también expuso: “En este caso en particular así aconteció, todo esto se ratifica que de la lectura del plástico que se utiliza como medio de autentificación y/o firma electrónica del tarjetahabiente, por lo que al existir la misma, se confirma la autenticidad en la identificación de la reclamante”.
La quejosa insiste: “A simple vista pude observar que la firma del vaucher por más de 35 mil pesos y la mía no son iguales. Además, en todos los establecimientos, luego de signar el pagaré, se compara con la firma de la tarjeta”.
Al finalizar la audiencia, Valdovinos Navarro, quien fue asistida por la también conciliadora, María Fernanda de Dios Apodaca, le comentó a Mendoza Abud y a su esposo. “(Sé que) no están de acuerdo con los cargos, pero es su responsabilidad; voy a levantar el acta”.
La versión de Mendoza Abud
El 16 de julio último, semanas antes de la audiencia, Mendoza Abud presentó un escrito de inconformidad en el banco. En su relación de hechos sostiene que el 26 de abril cuando pagó con su tarjeta de crédito el consumo en el restaurante, que fue de 525 pesos, con el número de referencia 1922. Refiere también que en el vaucher apareció como razón social Abarrotes y Pieles, cuyo RFC es GAJT910608IVA, con domicilio Quintanar de Rioja 458, Tlajomulco de Zúñiga. La hora de emisión fue las 16:08:16 de 26 de abril de 2013.
Sin embargo, “dolosamente el mismo local (el restaurante Parrilla del Uruguay) emitió otro vaucher con una firma que no es la mía y aunque el RFC es igual, la razón social es Rest EPU, con domicilio en Prado de los Olivos 1141, Zapopan, por 35 mil 448 pesos. La fecha es la misma: 26 de abril), sólo cambiaron la hora: 16:06:02 y el número de referencia, que es el 4682”, expone Mendoza Abud en su escrito.
Ella señala que en el estado de cuenta emitido por BBVA Bancomer se refleja que ambos negocios tienen el mismo RFC. Y reitera que el segundo vaucher es fraudulento: “Es imposible que en un minuto me traslade de Tlajomulco a Zapopan”, independientemente de la disparidad de firmas.
Mendoza Abud presentó una denuncia el 19 de junio ante la delegación de la PGR en Jalisco (AP/PGR/JAL/ZAP/MII/2783/2013) en la que pide abrir una investigación.
La querella de Mendoza Abud se canalizó a la mesa II de la agencia investigadora del Ministerio Público de la federación, subsede Zapopan, a través del oficio 3209/2013 y se le pidió al banco que acudiera su representante legal a declarar. Pero cuando fue, a principios de octubre, dice la denunciante, el MP no acudió. “Desde entonces “sólo nos han dado largas”.
En la cuenta de Facebook de La Parrilla del Uruguay, el exfutbolista uruguayo Horacio Troche Herrera, presunto dueño del establecimiento, recomienda ampliamente el lugar.
Asimismo, Horacio Troche hijo invita a los visitantes a hacer sus pedidos de lechón para Navidad a dos números telefónicos: 33-1582-4469 y 33-3647-9066.
Troche Herrera fue entrenador del club Guadalajara en la temporada 1975-76. También dirigió al Laguna, al Tampico y al Irapuato en algunos partidos.
