Aunque autoridades estatales y municipales, así como académicos, consideran que los atlas de riesgo son “un instrumento muy importante de gestión pública”, no cuentan con ellos y cuando los tienen, están rebasados. Tal parece, dicen los académicos consultados por Proceso Jalisco, que a los ayuntamientos y al propio gobierno estatal poco les interesa diseñar programas de protección civil o, por lo menos, instrumentar medidas de contingencia.
La devastación provocada en septiembre último por el meteoro Manuel en varios municipios de la entidad, así como las contingencias del mes pasado, entre ellas la fuga de gas natural en la colonia Loma Bonita y el derrame de decenas de miles de litros de gasolina en el fraccionamiento Chulavista, ambas en Tlajomulco de Zúñiga, revelan la falta de programas de protección civil por parte de las autoridades tapatías y estatales.
Consultados por Proceso Jalisco, especialistas en el tema sostienen que el atlas de riesgo no está actualizado. Peor aún, los ayuntamientos se rehúsan a elaborar este documento clave en la prevención de catástrofes, ya sea por intereses políticos o económicos.
Hace tres meses, durante el IX Congreso de Información Territorial, Norlang Marcel García Arróliga, subdirector de Estudios Económicos y Sociales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), reveló que menos de 10% de los 2 mil 400 municipios del país cuentan con planes de desarrollo urbano y con un reglamento de construcciones actualizados.
Los desastres, según García Arróliga, “no son naturales, sino son socialmente construidos. Derivan de modelos de desarrollo, muchas veces mal planeados”. En otras palabras, expuso, “los desastres son malas decisiones del pasado”.
Y aun cuando se está construyendo un atlas de riesgo nacional, explica, “los datos no pueden ser tan públicos porque se maneja información muy delicada en materia de seguridad nacional y mencionó el caso de los gasoductos de Pemex. ¡Imagínense si eso se difundiera¡ De por sí hay ordeña por todos lados”.
La Ley General de Protección Civil contempla que los estados y municipios deben de contar con un atlas de riesgo. No obstante, las entidades carecen de la capacidad económica para poder realizarlos, en especial los municipios, admite García Arróliga.
En ese sentido, la coordinadora de Operación y Seguimiento del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IITEJ), Rosa Olivia Contreras Uribe, lamentó que la federación disminuyera el presupuesto para realizar un atlas de riesgo en comparación con el año pasado al pasar de 150 millones de pesos en 2012 a sólo 11 millones este año.
En tanto, el secretario ejecutivo técnico de la Dirección de Geomática del IITEJ, Maximiano Bautista Andalón, refiere que actualmente en Jalisco, de los 125 municipios, sólo ocho cuentan con el documento: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Zapotlán El Grande, Tlajomulco, Ameca, Zapotlanejo y Chapala.
“Los atlas de riesgo son un instrumento muy importante de gestión. En ellos se identifica el peligro, la infraestructura, personas, bienes expuestos a ese peligro e, incluso, los montos económicos de lo que está en riesgo. Además, se identifican las obras y proyectos prioritarios para reducir el peligro y aminorar la vulnerabilidad de las personas y de la infraestructura”, explica Bautista.
Añade que a partir de los atlas los municipios pueden hacer sus programas de prevención e, incluso, instrumentar políticas. “Por ejemplo, si es una zona sísmica, pueden desarrollarse los reglamentos de construcción, y modificar los permisos; además, se identifican las partes urbanizables y las que no lo son”.
También, dice, son una herramienta que permite definir el uso de suelo “que no quede con cierto nivel de discrecionalidad de los funcionarios”.
Considera que no sólo el factor económico impide que los estados y municipios elaboren su atlas de riesgo, sino que faltan especialistas técnicos como geólogos.
El de Jalisco, dice, data de 2006, así como un inventario de los 7 mil puntos de peligro de los fenómenos hidrometeorológicos, químicos, geológicos, socio-organizativos. “Esa es una base de datos que está publicada por la Unidad Estatal de Protección Civil y por el IITEJ en internet. Lo que faltaría, insiste, es medir; ese es un buen insumo para los municipios. Por ejemplo, si sabemos dónde está un punto de inundación, faltaría saber cuáles son las casas que se inundan, cuánta gente vive ahí, cuánta infraestructura está expuesta, faltaría lo que llamamos la vulnerabilidad”, comenta Bautista.
Por su parte, el investigador de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Gómez Reyna, refiere que es evidente que los atlas de riesgo no se actualizan y que ello obedece a una maraña de intereses políticos y económicos. Precisa que un documento de esa magnitud debe incluir las áreas sísmicas del estado, los riesgos de deslave o posibles fractura en cerros y volcanes.
Al mismo tiempo, añade, deben contener información de líneas de drenaje, gasoductos, carreteras y todo tipo de industrias o fábricas que representen riesgos para la población.
Especialista en ingeniería mecánica, Gómez Reyna resalta que los atlas de riesgo tienen que ir de la mano de sistemas de protección civil y de los planes de uso de suelo que elaboran los municipios para alejar las fábricas de los asentamientos humanos, lo cual casi nunca se cumple.
Refiere que, por ejemplo, la zona de Santa Lucía, al norte de Zapopan, es conocida por la inestabilidad de su suelo debido a las grietas que existen en el Valle de Tesistán:
“Yo puedo tener una población, pero una simple acción como viene siendo la deforestación, tarde o temprano vas a tener un desprendimiento, o en una zona donde sabemos que tenemos un suelo sobrepuesto como viene siendo la zona de Santa Lucía; tarde o temprano vamos a tener grietas.
–¿Existe la información para que la gente tome sus precauciones? –se le pregunta.
–La población debe conocerla. El ejemplo más sencillo está en el volcán de Colima. Ahí hay semáforos que te indican las condiciones y características singulares. Las poblaciones aledañas tienen que conocer perfectamente cuál es su mapa de riesgo y sus rutas de evacuación, así como las condiciones en que se encuentran.
De acuerdo con Gómez Reyna, algunos centros comerciales ya instalaron su señalética para fijar puntos de reunión en caso de un sismo. El gobierno del estado no está haciendo lo propio en las zonas catalogadas como de “alto riesgo”.
Siempre que se hace un proyecto inmobiliario o industrial, dice, debe incluirse el atlas de riesgo, pero no se hace.
“En algunos municipios no se hace por falta de fondos; en otros la elaboración de documentos demora seis, ocho meses, cuando ya perdió actualidad. La modificación del uso de suelo debe ir acorde con el atlas de riesgo.
“Te doy un ejemplo: en Europa, el primer plano que te dan viene siendo la zona de recarga hidrológica, la velocidad del viento y su dirección; todas las condiciones naturales, y luego te dicen en cuáles zonas puedes construir y qué puedes construir”.
En comparación con otros países, México está atrasado en materia de protección civil. Gómez Reyna resalta que en la costa de Hawaii se colocaron letreros y el personal que atiende a los visitantes les brinda asesoría sobre cómo actuar ante una emergencia. Eso no ocurre en la costa jalisciense.
Dependencias federales hacen mutis
Proceso Jalisco solicitó una entrevista con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Salazar Díez de Sollano, para conocer sobre las revisiones que hace la dependencia federal a los ductos de gas LP y natural instalados en el estado.
La directora de Comunicación Social de la dependencia, Emma Noemí Vázquez, se rehusó a que Díez de Sollano fuera interrogado porque, dijo, la información pedida “está en la página de internet”. Sin embargo, los datos solicitados no se encuentran en ese sitio electrónico.
El 19 de octubre de 2012 se registró una explosión en un gasoducto de Pemex en Zapotlanejo, lo que provocó el desalojo de 2 mil personas. Uno año y 11 días después, la ordeña de un ducto de Pemex en la colonia Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga, provocó una fuga de gasolina, por lo que alrededor de 6 mil personas fueran evacuadas.
Proceso Jalisco buscó al representante regional de Comunicación Social de Pemex en Guadalajara, José Luis Moreno Martínez, para saber su opinión sobre esas contingencias. El funcionario ni siquiera quiso tomar la llamada.
Asimismo, este semanario solicitó una entrevista al delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Gerardo Octavio Solís Gómez, para preguntarle cuántas denuncias ha recibido la dependencia por el robo de combustible y saber si hay algún detenido. A través de su titular de Comunicación Social, Ulises Enríquez Camacho, respondió que su jefe tiene la instrucción de no conceder entrevistas.
No obstante, informó que las denuncias presentadas ante la PGR relacionadas con el robo de hidrocarburos se incrementaron este año con respecto a 2012, al pasar de 88 a 244 averiguaciones previas.
En 2012, dijo, personal de Pemex denunció la existencia de 22 tomas clandestinas y en este año van 60 querellas presentadas por el mismo señalamiento.
El resto de las denuncias son contra personas que llevan el combustible en pipas, tráileres o garrafones. Hasta el momento han sido consignados 18 “burreros” que, en opinión de Enríquez Camacho, son el último eslabón de la red de robo de combustible.
Las razones del mayor
Por un acuerdo de confidencialidad, es imposible conocer la ubicación exacta de los poliductos de Pemex que atraviesan la zona metropolitana de Guadalajara, afirma el mayor Trinidad López Rivas, titular de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Implicado en las explosiones del 22 de abril de 1992 –que azotaron al sector Reforma de Guadalajara–, el funcionario se niega a entrar en detalles.
En el caso de los gasoductos, refiere, “le dejamos el compromiso a Pemex para que sean sus técnicos quienes den la información. Es un acuerdo tomado en la Ciudad de México hace meses; no quisiéramos relajar ese acuerdo porque no quisiera entrar en ese tema”.
Un día antes de la entrevista, López Rivas prometió a Proceso Jalisco una explicación sobre el atlas de riesgo estatal, incluso dijo que el técnico Fernando Rodríguez se encargaría de ello, pero no cumplió.
El mayor señala que algunos ductos de la paraestatal quedaron fuera de servicio, entre ellos uno localizado en la zona industrial de Guadalajara.
A diferencia de los académicos entrevistados, López Rivas asegura que el atlas de riesgo se actualiza cada año. No obstante, admite que cada vez que concluye una administración municipal tienen que empezar de cero porque las autoridades se van sin dejar la información.
Entre los municipios donde corren poliductos de Pemex están Tlajomulco, Ameca, Amatitán, Tequila, “pero en la zona metropolitana dudo que lo haya, porque no se presta para ello”, asevera el mayor. En cambio, aclara, constantemente se revisan los reportes de mantenimiento a los gasoductos que les pasa Pemex, porque ellos no tienen acceso a su agenda de trabajo, ni a las bitácoras de mantenimiento. Esos son procesos que sólo ellos los tienen”.
El subdirector de Estudios Económicos y Sociales de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos de Cenapred, Norlang Marcel García, comenta que los atlas de riesgo “requieren siempre de una constante actualización (…) Depende de los cambios del entorno, de las necesidades que se tengan para tomar las decisiones, pero creo que una actualización cada año sería factible”.
También informa que en la dependencia federal no se cuenta con registro de que Jalisco ha accedido al fondo de prevención de desastres naturales para elaborar su atlas de riesgo.
“Esto puede tener dos componentes: uno, que el estado realmente sea autosuficiente financieramente hablando para elaborar su atlas: dos, porque han encontrado otras formas de financiamiento.”
