Para propios y extraños, la labor del priista Ramiro Hernández al frente del ayuntamiento de Guadalajara deja mucho que desear. Sus simpatizantes y correligionarios esperaban que, dado su largo recorrido en el servicio público y sus buenas credenciales personales que lo presentan como un político decente, se conduciría de manera eficaz, e incluso sobresaliente en beneficio de los tapatíos.
Tenía todo para hacerlo, máxime cuando los panistas terminaron con una calificación demasiado baja en la administración municipal; lo mismo que los priistas que lo precedieron –Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Francisco Ayón López–, quienes tampoco fueron ejemplo de competencia gubernamental, pues en tres años realizaron la hazaña equívoca de convertir a Guadalajara en el municipio más endeudado del país.
En otras palabras, Ramiro Hernández parecía tener la mesa puesta para lucirse como alcalde de la capital jalisciense. Sin embargo, cuando se va acercando ya a la mitad de su trienio, el saldo no lo favorece. No se recuerda, en generaciones, que las calles del municipio estuvieran tan llenas de baches; no se diga de la ausente limpieza en las plazas públicas, o el desaliño que desde hace tiempo hace deslucir a los parques y jardines de la comuna. Por lo que atañe al trabajo de los magros cuerpos policiacos, éstos no han logrado bajar los altos índices de inseguridad en los 14 meses que van de la gestión de Ramiro.
Y si se piensa en el caso del expansivo y desordenado comercio informal, las cosas están todavía peor. Es verdad que este problema, al igual que la comprometida situación financiera del municipio, lo recibió Ramiro de sus correligionarios Sandoval Díaz y Ayón López, con quienes el ambulantaje volvió a atiborrar con sus géneros el primer cuadro de Guadalajara, pues chueco o derecho, las últimas administraciones panistas habían conseguido retirarlos, en el entendido de que en dicha zona está prohibida esa clase de comercio.
Cabe una pregunta: ¿qué interés tuvo la administración municipal de Sandoval Díaz y Ayón López para permitir el regreso del comercio informal al centro tapatío?
La respuesta es casi obvia: desde hace tiempo grupos de ambulantes han formado parte de las clientelas políticas del PRI, cuyos dirigentes y otra clase de funcionarios afines al tricolor han utilizado esas clientelas en su provecho, ya sea para el acarreo, para abultar manifestaciones o promover el voto priista para cobrarles “mochadas” y hasta para utilizarlos como cuerpos de choque, como sucedió hace cosa de mes y medio con el grupo de “espontáneos” que se apersonó en el palacio municipal para impedir que los regidores de Movimiento Ciudadano hicieran su anunciado “contrainforme” como respuesta al primer informe oficial de Ramiro Hernández.
Por lo general, este tipo de “servicios” han sido recompensados por las autoridades priistas de la entidad, comenzando por la zona metropolitana de Guadalajara, con concesiones y permisos, aun cuando éstos sean violatorios de los reglamentos municipales. De esta manera, cuando Ramiro Hernández llegó a la alcaldía de Guadalajara y aun cuando su propósito hubiese sido despejar el centro tapatío de ambulantes, se encontró atado de manos por los compromisos adquiridos por sus antecesores en el cargo y también por su partido.
En el seno del ayuntamiento de Guadalajara, esta anomalía fue denunciada por regidores de oposición, lo que provocó el primer cisma en la administración de Ramiro Hernández: el primer director de Inspección y Vigilancia, Salvador Orozco, declaró públicamente que era imposible despejar el centro tapatío de ambulantes cuando su jefe inmediato (Tomás Vázquez, que por entonces ocupaba la secretaría general del ayuntamiento) daba órdenes de no actuar contra los comerciantes informales.
Ante tal denuncia, el alcalde tapatío actuó a la inversa: despidió al funcionario que ventiló una ostensible anomalía e inicialmente trató de mantener en su cargo a quien era señalado como protector de los ambulantes. Sin embargo, como la presión de comerciantes establecidos, regidores de oposición y medios no cesaba, el primer edil tapatío no tubo más salida que despedir a quien era su segundo de a bordo en el área administrativa.
Y si bien se fue Tomás Vázquez y llegó Jesús Lomelí, en materia de ambulantaje las situaciones anómalas se mantienen (los vendedores ambulantes ofrecen aun sus géneros muy cerca del Palacio Municipal), incluso empeoró, como se vino a demostrar con el caso de la regidora priista con licencia, Elisa Ayón, quien en una de las comprometedoras grabaciones difundidas hace un par de semanas, reconoció que funcionarios municipales, comenzando por ella misma, hacían cobros indebidos a los ambulantes, y que si los comerciantes establecidos querían que aquellos se retiraran de tres zonas de la ciudad, debían desembolsar 2.5 millones de pesos para que le llegara algo “al patrón”.
Y a las corruptelas con el comercio informal se vinieron a sumar las trapacerías descubiertas en la Dirección de Cementerios y otras áreas de la administración municipal. Vale decir que estas anomalías fueron denunciadas por regidores de oposición. Lejos de reconocer este servicio a la comuna tapatía, Ramiro Hernández lo tomó como un gesto de hostilidad hacia su gobierno y como parte de una presunta campaña de desprestigio en su contra, pues no de otra forma puede entenderse su declaración de que “hay una oposición muy interesada en hacer una campaña negativa contra el municipio tapatío”, según publicó el diario Mural en su edición del jueves 14.
Lo que el alcalde no parece advertir es que, en todo caso, ese desprestigio no sería para el municipio, sino para el gobierno que él encabeza, y que el verdadero agente de tal desprestigio son los funcionarios corruptos que ni él ni la oficina anticorrupción del ayuntamiento –una especie de carabina de Ambrosio– han sido capaces de atajar.
El problema de la administración de Ramiro Hernández parece tener también otras causas: su poca experiencia en tareas ejecutivas, ya que donde ha hecho huesos viejos es en tareas legislativas; el haber aceptado imposiciones tanto a la hora de alinear a sus compañeros de fórmula electoral como en el momento de elegir a su muy disparejo equipo de colaboradores. En ambos casos se vio forzado a admitir gente “recomendada”, lo mismo por la dirigencia del PRI que por el grupo político de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, por el mismo Aristóteles Sandoval, desde el momento en que éste apenas era gobernador electo.
Sobra decir, pues todo apunta en ese sentido, que esos “recomendados” no le responden a quien teóricamente es jefe, sino a sus verdaderos padrinos políticos. Por ello mismo, el alcalde de Guadalajara no tiene control sobre muchos de sus “colaboradores”. Y ante este panorama tan poco alentador, ¿a quién sorprende que Ramiro Hernández haya sido reprobado por los tapatíos, según una encuesta encargada desde el gobierno del estado, y que muy resignadamente aparezca como una nueva versión del aprendiz de brujo?
