Pese a los insistentes señalamientos de que Salvador Uribe se enriqueció durante los seis años que dirigió el CAPECE y no obstante las pruebas documentales reunidas por el diputado Juan Carlos Márquez, la Contraloría estatal no ha denunciado penalmente al exfuncionario. Esto contradice el rimbombante anuncio que hicieron en marzo pasado el gobernador Aristóteles Sandoval y el contralor Juan José Bañuelos, sobre que iban a limpiar las dependencias más cuestionadas durante la administración de Emilio González.
A pesar de que existen evidencias de las millonarias corruptelas del extitular del Comité Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, todavía no se interpone denuncia penal alguna en su contra, sólo una incoación de juicio político.
El 28 de agosto de 2013, Uribe Avín solicitó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de lo Penal para protegerse de una posible orden de aprehensión girada por jueces del estado, en caso de que las autoridades jaliscienses procedieran penalmente.
En la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal quedó registrado que el 4 de julio se le concedió al exfuncionario, de manera provisional, dicho recurso (expediente 1336/2013) y se pidió a las autoridades correspondientes un informe justificado sobre el asunto. Sin embargo, el pasado miércoles 2 el juzgado decidió sobreseer el amparo que solicitó Uribe Avín porque no existe denuncia en su contra.
No es la primera vez que el exdirector del organismo público se ve en esta situación. En julio de 2012 José María de Alba Cerna, entonces delegado del sindicato Stop CAPECE, interpuso una denuncia penal (178/2012) en la Procuraduría General de Justicia estatal, en la que acusó a Uribe Avín de haberlo amenazado de muerte luego de que fue testigo de una extorsión a empresarios.
Además, De Alba declaró que por la misma causa fue objeto de intimidaciones del exdirector de Obra, Francisco José Ontiveros (quien benefició a sus familiares con contratos del CAPECE) y del extitular de Administración, Daniel Hernández Aguirre.
Como la denuncia no fue ratificada por De Alba, se desechó el amparo incidental 776/2012 que habían solicitado Uribe Avín y sus exdirectores, según se publicó en la lista de acuerdo del 13 de septiembre de 2012 del Juzgado Sexto de lo Penal.
Proceso Jalisco pidió una entrevista con el contralor estatal, Juan José Bañuelos Guardado, para conocer el resultado de la revisión de cuentas del CAPECE que realiza en la Contraloría, y las causas de que no se haya presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito, asignaciones de obra irregulares y otras anomalías atribuibles a Uribe Avín.
El director de Comunicación Social de la dependencia, Óscar Cárdenas Ruiz, informó que se necesita la autorización del gobernador Aristóteles Sandoval. Según el vocero, el contralor se reuniría con Sandoval “después del 8 de octubre” y en dos semanas más Bañuelos Guardado hablaría con este semanario sobre los resultados de la auditoría y de las acciones de la Contraloría.
Se buscó al contralor de manera directa, pero al cierre de la presente edición no dio respuesta; su oficina volvió a remitir la solicitud a Comunicación Social.
En marzo pasado, Bañuelos Guardado declaró que la Contraloría iba a auditar las dependencias más cuestionadas durante el gobierno del panista Emilio González Márquez (Proceso Jalisco 437), entre ellas las secretarías de Desarrollo Humano, Salud y Desarrollo Rural, así como al Consejo Estatal de Fomento Deportivo (Code).
El 20 de aquel mes, Sandoval Díaz declaró a los medios que antes de abril interpondría tres denuncias penales contra exfuncionarios de la pasada administración, anuncio que Bañuelos Guardado ratificó ante este semanario, pero no entró en detalles.
No obstante, personal del área jurídica de la Contraloría estatal informó que en su sistema no está registrada ninguna denuncia contra Uribe Avín por enriquecimiento ilícito o por irregularidades administrativas. Una abogada de la dirección jurídica explicó que la dependencia se divide en las áreas de responsabilidad, quejas y técnica; y refirió que sólo hay una queja contra Uribe Avín, relativa a la compra de un sistema de cómputo.
Evidencia ignorada
Juan Carlos Márquez Rosas, el diputado panista que preside la Comisión de Responsabilidades del Congreso local y en junio pasado presentó al contralor presuntas pruebas de las corruptelas de Uribe Avín, se dice extrañado de la pasividad de las autoridades.
“Les di todos los elementos que tengo en copia –sostiene el legislador–, y se los entregué en mano. Tenían toda la información. Qué pena, que teniendo todos los elementos para combatir los actos de corrupción en CAPECE, los cuales son muy claros, no hagan absolutamente nada.
“Ratifiqué la denuncia y hablé con el contralor en su despacho una hora y media. Le relaté todo, le estuve explicando documento por documento, lo que les estaba entregando a él y el director jurídico (Avelino Bravo Cacho). Me extraña mucho que me digas que no han hecho nada.”
E insiste: “Tienen todos los elementos, copia de todo lo que les entregué. Incluso tengo forma de volver a reunir todos los elementos si me faltara alguno. Eso no fue un asunto de Juan Carlos Márquez, sino de mucha gente que, siendo proveedor o constructor, se sintió agraviada con todas las irregularidades que cometió esta persona en el CAPECE. Tienen todos los elementos”.
Márquez Rosas expresa su intención de reunirse otra vez con el contralor “para conocer de primera mano lo que sucedió. No siempre tienes la oportunidad que una persona te dé todos los elementos que yo le presenté (…) y vemos que hasta el momento no ha hecho nada”.
Recuerda el diputado panista: “Tenemos una solicitud de juicio político en contra de Salvador Uribe, que ya radicamos. Resolvimos (el 20 de agosto) que se le incoara juicio político y estamos esperando que el pleno vote eso, para pasar a la siguiente etapa del procedimiento que es citarlo a él, además del denunciante, y que se defienda para demostrar que no es culpable”.
Entre los documentos que Márquez Rosas le dio al contralor están los números de escrituras de las propiedades a nombre de Uribe Avín, así como las de la Promotora Dubai, cuyo representante es su hijo, Manuel Uribe Aldana. Según dicha información, la fortuna que el funcionario y su familia amasaron el pasado sexenio sería de aproximadamente 70 millones de pesos.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, el extitular del CAPECE es dueño de dos fracciones del predio que formó parte del potrero La Fresita, del antiguo rancho San José del Bajío, en Tlaquepaque (folios 888676 y 2559693); de un lote en el condominio Bosque Real, en Tlajomulco de Zúñiga; y un departamento en la Torre 4 del edificio Alemania, en el condominio Internacional, colonia Vallarta San Jorge.
Asimismo posee 32 locales comerciales en la plaza Conchitas, en Tlaquepaque, con un valor aproximado de 25.6 millones de pesos. En tanto que su hijo es propietario de 65 locales en la plaza Santiago, de Tonalá, que costarían alrededor de 32.5 millones.
De acuerdo con la escritura 5318, la empresa Promotora Dubai S.A. de C.V (Ibikaciones es su nombre comercial) se constituyó el 7 de julio de 2009 con Erika Elizabeth Gutiérrez Meza y Manuel Uribe Aldana como socios. El segundo tiene la mayoría de las acciones y como gerente general aparece Salvador Uribe Avín.
Gutiérrez Meza es la esposa de Manuel Uribe. El domicilio registrado en el acta constitutiva es avenida López Mateos Sur 2077 interior Z4. Se indica que ambos socios son comerciantes, originarios de Guadalajara y que entonces tenían 33 años.
En el expediente de Dubai consta que el 18 de marzo de 2010 se otorgó un poder judicial a José Rafael Esquer Hernández, Brenda Alicia de la Vega Palafox y a la propia Gutiérrez Meza, y que el 28 de noviembre de 2011 se cambió el objeto de la sociedad.
Aparte, a nombre de Manuel Uribe aparece un lote ubicado en bosques de Santa Anita, condominio Teka; y al de su hermano Juan Pablo, tres lotes en el mismo condominio y un predio en San Juan Cosalá, en la ribera de Chapala.
Ante la Asociación Mexicana de Franquicias Uribe Avín y su hijo Manuel se presentaban como desarrolladores y administradores de centros comerciales, entre ellos de Parabien, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit; Plaza Hacienda Real, en Tonalá, y la Plaza del Valle, en Tesistán.
Negocios legales y otros
Uribe Avín llegó a la dirección del CAPECE en marzo de 2007 por imposición de Emilio González. Fuentes panistas señalan que consiguió el puesto porque fue profesor de González en la facultad de Contaduría Pública.
La primera empresa que Uribe Avín constituyó a su nombre fue Lanzacreto de México, S.A. de C.V., el 18 de diciembre de 2007, según la escritura 5130. Los socios son el exfuncionario y su hijo Juan Pablo Uribe, quienes aportaron cada uno 25 mil pesos como capital.
Para el 30 de julio de 2010, la empresa aumentó su capital a 7 millones de pesos (escritura 6305). Se estipuló entonces que el gerente de la empresa sería Juan Pablo, que manifestó ser publicista y residir en la calle Arcos 846, colonia Jardines del Bosque. Lanzacreto de México está registrada en el padrón de proveedores de los municipios de Guadalajara y de Zapopan.
En octubre de 2012 la empresa recibió del SIAPA los cheques 267 y 268 de Banamex (cuenta 3766) por un total de 129 mil 926 pesos.
Aunque hasta el momento no se conocen evidencias de que alguna empresa de Uribe Avín fuera beneficiada con asignación de obra pública, en 2010 algunos constructores denunciaron favoritismos, violación a la Ley de Obra Pública y cobro de comisiones por recibir proyectos (Milenio Jalisco 20 de octubre de 2012). En seis años, el director adjudicó directamente obras de la dependencia por mil 538 millones de pesos, según se desprende de la información entregada por el diputado Márquez.
Otras pruebas que entregó el legislador panista al contralor estatal demuestran compras a sobreprecio, como una que hizo a la empresa Américas & Sao Paulo, a la cual el 20 de diciembre de 2012, mediante el concurso A.D. 019/2012, se le adjudicó el contrato 14-ADQ-0301/2012 para la compra de 30 computadoras de escritorio y 20 portátiles por un total de 1 millón 261 mil 411 pesos.
La empresa ofreció los dos tipos de computadoras en 24 mil 898 y en 17 mil 22 pesos, cuando el precio de mayoreo en el mercado es de 13 mil 457 pesos por la de escritorio y de 10 mil 637 por la portátil.
Lo mismo sucedió con el proveedor Francisco Demetrio Flores Lozano, quien firmó tres contratos: dos el 24 de febrero de 2012 y otro en agosto del mismo año por un total de 11 millones 639 mil 757 pesos, correspondientes a la compra de computadoras all in one para alumnos y maestros.
La cotización del equipo con las mismas características al mayoreo es de 4 mil 920 pesos; sin embargo, Flores Lozano vendió aparatos para maestros en 9 mil 917 pesos y para alumnos en 5 mil 519.
Otra irregularidad documentada es que, de acuerdo con el sitio del CAPECE en internet, la empresa Lan Wan Asesoría recibió un cheque por casi 6 millones de pesos (contrato 14-ADQ-0293/2012) para equipar cuatro laboratorios de cómputo.
Sin embargo, cuando un particular solicitó copia del contrato a la unidad de transparencia (oficio DGC/CJ/F-002/2013), el CAPECE respondió que “la jefatura de adquisiciones dependiente de la Dirección Administrativa de este sujeto obligado, informó que la orden de compra número 0293/2012 no fue adjudicada a ningún proveedor, sino que únicamente se registró por error en la página web”.
