Las secuelas del flamazo del miércoles 16 en una tubería de gas natural de Zapopan son inusuales. Las autoridades, habitualmente sordas a los reclamos de ciudadanos, desplegaron un vistoso operativo para evacuar a los vecinos y se anunció que no se otorgarán más licencias a la empresa responsable. A su vez, los representantes de la compañía afirman que ésta es regulada permanentemente por varias instancias de los tres niveles de gobierno y advierten que su suspensión le vendrá de perlas a la industria del gas LP, controlada en el estado por el Grupo Imperial, de la familia de Angélica Fuentes, esposa del magnate Jorge Vergara.
Aun sin saber cuál fue la causa exacta de la falla que el miércoles 16 ocasionó un flamazo en una tubería de gas natural, el alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, pretende revocar la concesión a la empresa Maxigas ante la Comisión Reguladora de Energía para que no vuelva a operar en el municipio.
Esta decisión satisfaría los deseos de muchos vecinos, asustados por la vistosa evacuación posterior, pero también abonaría a los intereses del Grupo Zaragoza o Z-Gas, que acapara el mercado regional de gas LP, nada contento con la operación de los distribuidores de gas natural.
Felipe de Jesús Hernández, jefe de Relaciones Públicas y Permisos de Maxigas, afirma que hasta el momento la autoridad estatal no les ha notificado cuál fue el resultado del peritaje, pese a que el viernes 18, en rueda de prensa, funcionarios difundieron que la empresa tenía conocimiento de la fuga en la colonia Loma Bonita.
Reitera que buscarán a un perito especializado en gas natural para conocer la causa de la falla, pues no había motivo aparente para tal fuga. Hernández explica que a estas tuberías se les realizan todas las pruebas y que hace aproximadamente una década, cuando se instaló la averiada, no se detectaron anomalías. Por ello, dice, “insistimos que a pesar de las fallas de los materiales, el gas natural ofrece mayor seguridad que el gas LP”.
La empresa Tractebel o Maxigas, filial de GDF Suez Energy Internacional, es concesionaria del servicio de gas natural para empresas y domicilios en algunas colonias de Zapopan, afirma que la fuga y el flamazo no afectaron a ninguna persona alguna y que opera con todos los lineamientos de seguridad
En entrevista, Trinidad López Rivas, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, calificó como “una situación delicada” el flamazo que se produjo en la confluencia de Cruz del Sur y Monte Morelos, en la colonia Loma Bonita.
Aclara que la reparación de la fuga se hizo el mismo día y que se extrajo la tierra en un área de 20 metros por 1.80 de profundidad “para que no queden los olores a metano o a gas, ya que había una buena superficie impregnada por este olor; ya no era el riesgo de un flamazo o de una explosión; el olor inquieta a cualquier persona por no saber la magnitud del problema”.
–¿La empresa está obligada a pasar un reporte a Protección Civil sobre el mantenimiento que le da a la red? –pregunta la reportera.
–Hay que recordar que son los municipios los primeros en otorgar la licencia, pero hay una ley del estado que prevé la comunicación, la información de parte de la empresa, y sí lo ha estado haciendo. Sin embargo, en esta ocasión ninguna autoridad se dio cuenta de la presencia de una fuga, de acuerdo con la investigación que se hizo, y al ver la superficie impactada por el gas quiere decir que ya tenía varios días y no había sido detectada o no había sido reportada por la empresa a Protección Civil. Al parecer ellos sí sabían, pero nosotros no.
–¿Entonces debieron reportar primero al municipio?
–La ley dice que deben reportar de manera inmediata al municipio y a la Unidad de Protección Civil del estado de Jalisco, y esto no sucedió.
El viernes 18, el gobierno del estado dio a conocer en rueda de prensa los dictámenes periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en los que afirman que la empresa conocía de la fuga al menos 14 días antes del flamazo pero no informó a la autoridad, en lo que calificó de negligencia.
Gustavo Quezada Esparza, jefe de peritos en siniestros y explosivos del IJCF, indicó que en la zona de la fuga se encontraron perforaciones que “dejan en evidencia que la empresa ya estaba enterada de este problema, es decir, de la fuga de gas, y actuó parcialmente”.
El dictamen pericial fue enviado a la delegación de la Procuraduría General de la República para que se acumule a la averiguación previa por daño al medio ambiente. El Ejecutivo estatal conminó también al procurador federal del medio ambiente a presentar una querella por esa misma razón.
Por lo pronto, López Rivas anunció que se coordinará con los municipios donde Maxigas tiene ductos –Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá– para supervisar dichas instalaciones.
–¿Se van a revisar los reportes de mantenimiento que la empresa da a la red?
–Sí, se va a revisar la bitácora de servicios en cuanto a instalación y mantenimiento para ver sus condiciones y saber con qué han cumplido. Naturalmente, tenemos que fortalecer el trabajo de revisión de manera constante a las instalaciones y estaremos platicando con los municipios para hacerlo de manera coordinada.
–¿Cuándo se hará?
–Cuando se termine la obra (de reparación) se convocará a una reunión para hacer el plan de trabajo y la revisión de las instalaciones y, sobre todo, en los programas que la empresa tengan para instalar esa red, para estar al pendiente desde el principio.
La reparación concluyó la noche del lunes 21. La reportera buscó al titular de Protección Civil de Zapopan, Javier Alejandro Nápoles Pérez, pero la secretaria informó que la solicitud de entrevista debía dirigirse al jefe de prensa de la Dirección de Seguridad Pública, José Antonio Mortera.
Éste respondió que Nápoles Pérez no podía conceder la entrevista porque estaba ocupado, pero que la daría el presidente municipal, Héctor Robles Peiro. No obstante, se buscaba la opinión de una persona con conocimientos técnicos.
Los supervisores
El vocero de Maxigas, Felipe de Jesús Hernández, asegura que no pudo haber negligencia antes ni después del flamazo, ya que diversas instancias supervisan constantemente el buen funcionamiento de la red.
–¿Quiénes los supervisan?
–Todos. La Comisión Reguladora de Energía (dependiente de la Secretaría de Energía) nos da un permiso. Nosotros tenemos obligación de informarle todo lo que sucede con la red de gas: lo que construimos, lo que estamos operando, los permisos, los clientes; cuántos reportes de fugas tenemos, cuántos fueron reales o no (…) También se reporta el plan de mantenimiento a la comisión, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Es un proceso normal, son reportes cuatrimestrales, anuales y la revisión del plan de mantenimiento del año en curso y del año anterior.
Cuando se le pregunta su opinión sobre la clausura del perímetro donde se registró la fuga por el alcalde Robles Peiro, Hernández precisa que a los municipios sólo les corresponde emitir licencias para la construcción de la línea de gas.
Y explica que antes de comenzar a surtir de gas a los usuarios, intervienen otras autoridades, como “Protección Civil, que revisa toda la documentación: la federal, la vigencia del dictamen de impacto ambiental, y nos autoriza los reportes básicos de cómo operamos, de cuánto es la presión, cómo es el mantenimiento, la revisión de los ductos… Y antes de que opere la red hay una prueba hermeticidad”.
Ésta consiste en “que se le mete aire o nitrógeno a una presión al doble de la que va a operar durante cierto tiempo, con registros gráficos. Si en determinado tiempo no cae la presión, quiere decir que no hay fuga”.
Añade que el proceso previo a la apertura del ducto es supervisado por una unidad externa autorizada por la Comisión Reguladora de Energía: “Son peritos en la materia y certifican que la línea es hermética y segura, le notificamos a Protección Civil a nivel municipal. Si no la entregamos, Protección Civil puede llegar a clausurarnos por cuestión de seguridad. Está demostrado que la red, antes de entrar a operar debe estar autorizada”.
Por su parte, Robles Peiro declaró ante diversos medios que no existe garantía de que la red subterránea de gas natural sea segura y anunció que mantendrá la clausura en tanto se comprueba que la población ya no corre peligro. La medida se aplica no sólo en el polígono que se evacuó al darse la alarma, sino también en el ducto industrial sobre la avenida Aviación.
El presidente municipal de Zapopan advirtió que rechazaría cualquier solicitud de la empresa para perforar el pavimento con el fin de instalar más líneas.
Política y mercado
Fue entre 2007 y 2009, durante la administración del panista Juan Sánchez Aldana, cuando se le entregaron a Maxigas los permisos para instalar los ductos de gas. Robles Peiro, priista, subrayó que se investigaría si fue correcta la entrega de los permisos o si hubo inconsistencias.
Maxigas, que primero se presentó en el mercado como Tractebel, llegó a la zona metropolitana de Guadalajara en 2000, con una concesión exclusiva por 12 años. Hasta hoy es la única distribuidora de gas natural. Su gerente de Relaciones Externas y Gubernamentales, Manuel Garibay, manifestó que la decisión de no otorgarles licencias de construcción no sólo dejará pérdidas económicas a su empresa, sino también para otras.
Detalló que su proyecto para surtir gas en el municipio a 28 compañías de las industrias electrónica, metalmecánica, refresquera, embutidos, de látex y vidriera, entre otras, implicaría un ahorro anual de aproximadamente 120 millones de pesos al sustituir el gas LP por el natural.
Según dicho plan, las empresas implicadas “desincorporarían todos los contenedores de diesel, combustóleo o gas LP, y con un solo tubo tendrían el combustible las 24 horas, más controlable y económico”, dice.
Agregó que “cuando se lleva esto a temas políticos, se complica más que nos dejen demostrar que hacemos lo correcto. Guadalajara tiene presencia de gas natural desde 1965 y propiamente Zapopan”.
Insiste: “Un ducto de gas natural no explota. Si tú rompes un ducto sólo se va a fugar el gas”. Añade que en caso de una conflagración de la red subterránea de gas natural, que corre paralela a la de gasolina, sólo se va a “mantener encendido el gas empacado, pero nunca va a explotar”.
Explica que “factores externos” pueden provocar la ruptura de los ductos, por ejemplo, que el material para unir los tubos no se aplique bien; igualmente, una excavación “puede llegar a dañar un tubo de polietileno y esto provocar la fuga (…); ninguna ciudad en el mundo está ajena a este tipo de situaciones”.
En 2004 un oleoducto administrado por Fluxys, propiedad de Royal Dutch/Shell –la empresa francesa subsidiaria de Grupo Suez–, explotó en la zona industrial belga de Ghislenghien tras registrarse una fuga de gas y dejó un saldo de 24 muertos y 132 heridos.
De acuerdo con el portal de internet World Socialist Web Site, 37 minutos antes de la explosión se informó a los bomberos de una fuga en la tubería que va del puerto belga de Zeebrugge, al norte de Francia, hacia la población de Ghislenghien.
No obstante, Garibay sostiene que no han ocurrido accidentes en el suministro de gas natural para uso doméstico, y en comparación “hemos visto tragedias muy lamentables cuando un tanque de 30 kilos de gas LP llega a explotar en la azotea o en la cochera; el daño es mucho más grave que con gas natural. El gas LP tiene una repercusión de 20 veces más que el gas natural”.
El día del flamazo, recuerda, “estuvimos trabajando encima de la línea, abrimos (el pavimento) con máquinas. Pudimos llegar hasta el gasoducto y estaba operando; esa es una forma de demostrar que podemos convivir en estas situaciones con la operación del gas natural”.
Aunque en la evacuación de alrededor de 6 mil personas participó hasta el ejército, Garibay opina que las autoridades no exageraron: “Extremaron precauciones, es mejor”.
En cuanto a la competencia, la situación es más seria. El principal competidor de Maxigas es el monopolio Grupo Imperial, que encabeza la empresaria Angélica Fuentes, esposa del dueño de Omnilife y del equipo de futbol Chivas, Jorge Vergara.
Este consorcio forma parte del Grupo Zaragoza o Grupo Zeta, encabezado por la familia Zaragoza Fuentes, que controlan cerca de 80 empresas agroindustriales, energéticas, tiendas de autoservicio y concesiones cerveceras.
El Grupo Zaragoza ha sido señalado de una presunta implicación en casos de tráfico de influencia, corrupción y narcotráfico. Durantes las campañas presidenciales de Vicente Fox y de Felipe Calderón estos empresarios aportaron grandes sumas de dinero a cambio de prebendas en Pemex (como lo reveló el periodista Miguel Badillo en la revista Contralínea, según el resumen que publicó el 21 de enero de 2009 el Colectivo 2 de Julio en su página de internet).
–¿Habrá un complot en su contra por parte de los distribuidores de gas LP? –se le plantea.
–Esperemos que no. Ya nos han hecho muchas. Tuvimos que elevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado una controversia en contra de los jueces locales del séptimo, noveno y onceavo de lo civil, ya que estaban incurriendo en prácticas irregulares. Ellos hacían interdictos por supuesta obra mal hecha en las calles.
“Localmente querían detenernos para no avanzar en las obras. Sin embargo, no es de su competencia, sino competencia federal porque el permiso para distribución nos lo otorga la federación. Los ministros de la Suprema Corte dicen que esta misma situación se presentó en Guadalajara, Puebla, Hermosillo y Ensenada, y que no entendían por qué los jueces se meten en estos asuntos.”
El mismo criterio tuvo el Consejo de la Judicatura de Jalisco. “También les enfadaba ese tipo de acciones y decían: ‘No es de nuestra competencia’, y dictaminaron que no deben de llevar el caso los jueces locales. En ese momento la competencia desleal del gas LP se replegó y ya no tuvo manera de meter estos pleitos que nos afectaba tanto”, señala Garibay.
En cuanto a la negativa de la Semarnat para autorizar a Maxigas la instalación de 530 kilómetros de gaseoducto en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto –por “no presentar suficiente información”, como publicó el diario Mural–, el vocero de la compañía, Felipe Hernández, comenta que “en cada proyecto presentamos nuestra manifestación de impacto ambiental y riesgo, y cada proyecto es evaluado. Ese de 2010 es posterior al que estamos operando; se trata de un proyecto de ampliación del que originalmente fue autorizado”.
Incluso, apunta, “tenemos un dictamen aprobado por la Semarnat para el proyecto que estamos haciendo. En 2010 intentamos ampliar la zona y solicitamos una autorización, que está en trámite. Nuestra operación actual tiene un dictamen de impacto ambiental autorizado por la dependencia federal”.
Actualmente cerca de 30 mil usuarios están conectados a 1 millón de metros lineales de ductos de gas natural, lo cual equivale sólo a 10% de quienes utilizan gas LP.
