En España no fue posible. En Argentina sí. El país suda-mericano retomó las exigencias de justicia de las víctimas de la dictadura franquista, opositores al régimen sometidos a lo peor del repertorio de la tortura y a quienes Baltasar Garzón intentó representar, sin éxito. Ahora una juez argentina –basándose en principios universales que consideran esos delitos como crímenes de lesa humanidad– pidió en extradición a cuatro de los más conspicuos torturadores de ese régimen que, a cuatro décadas de desaparecido, sigue siendo una llaga.
MADRID.- “No es alto ni fuerte. Como persona se ve muy poca cosa. Su cara tiene un aspecto infantil (resaltan sus ojos saltones, bolsas bajo los ojos, cejas pobladas, el labio superior caído, boca pequeña y cabello ondulado); sin embargo es un tipo siniestro y retorcido que disfrutaba martirizando a los detenidos, cobijado por la impunidad” de la dictadura, dice María Rumín, quien fue torturada durante el régimen de Francisco Franco.
A petición de Proceso, Rumín y Jesús Rodríguez Barrio –otra víctima de la dictadura franquista (1939-1975)– describen a Juan Antonio González Pacheco, uno de los agentes de la Brigada Político Social (BPS), la policía política de Francisco Franco, como un torturador brutal, llamado por sus víctimas Billy el Niño, en alusión a Billy the Kid.
A 40 años de haber sido sometida a golpes e interrogada en las mazmorras de la Dirección General de Seguridad siendo una estudiante de 17 años, Rumín añade: “Era un hombre con profundos complejos y los reflejaba en su desmedida violencia, al igual que toda la policía política, responsable de la represión y del trabajo sucio desapareciendo, torturando y asesinando a cualquiera que mostrara la más mínima oposición al régimen.
“Para ellos (la BPS), nosotros no éramos antifascistas, éramos putas y maricones, escoria social, y ellos podían hacer con nosotros lo que quisieran. A Enrique Ruano (estudiante de Derecho, la BPS) lo tiró por la ventana (de un séptimo piso). Éramos menos que nada, antipatriotas”, añade.
Rodríguez Barrio, hoy profesor universitario de economía, explica que Billy el Niño “era un tipo pequeño, desagradable, pero muy histriónico, con una personalidad retorcida; gritaba agresivamente y continuamente utilizaba su pistola para amenazar y golpear”.
El entrevistado tuvo esa arma en la cabeza varias ocasiones en los interrogatorios a los que fue sometido las tres veces que lo detuvieron –en 1972, 1974 y 1975– por participar en manifestaciones de protesta. “Realmente Billy el Niño disfrutaba haciendo sufrir a la gente, se le veía en el rostro esa expresión burlona, de satisfacción”, recuerda.
“(Entre los sectores de la oposición a Franco) todo mundo lo conocía o sabía de él; se hizo célebre como torturador e infiltrándose en el movimiento estudiantil. Era ostentoso en sus formas y hacía daño más allá de lo ‘necesario’”, dice a este semanario.
Los testimonios de Rumín y Rodríguez Barrio forman parte del proceso penal que la justicia argentina inició contra los crímenes del franquismo, perpetrados desde 1936 y hasta el 15 de junio de 1977, 19 meses después de la muerte del dictador.
La querella
La querella presentada el 10 de abril de 2010 se basa en los principios de justicia universal y documenta delitos tipificados como crímenes de lesa humanidad. Prosperó en Argentina lo que la justicia en España obstaculiza: todo intento de investigar y castigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco.
En la capital española el juez Baltasar Garzón, quien abrió la causa contra el franquismo, fue perseguido, acusado de prevaricación e inhabilitado de la carrera judicial, si bien su condena fue por otro caso, el Gürtel (Proceso 1839).
Hasta hoy, a la querella formulada en Buenos Aires por Darío Rivas Cando, Inés García Holgado, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España y las Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, se suman 231 querellantes en 160 denuncias individuales y colectivas y se agrega el apoyo, entre otros, de diversos ayuntamientos españoles, ONG de ambos países y el Congreso argentino.
Se incluyen la mayoría de los más de 114 mil casos de desaparecidos –que investigó Garzón– y la acusación por “trabajo esclavo” de los presos republicanos en empresas españolas –algunas de las cuales hoy cotizan en bolsa– que fueron beneficiadas por el régimen.
El pasado 18 de septiembre la juez argentina María Servini de Cubría ruborizó a España al emitir una resolución en la que pide la imputación y la orden internacional de detención con fines de extradición de cuatro torturadores de la policía política de Franco.
Son los agentes Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño; el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar –quien años después, el 23 de febrero de 1981, fue uno de los instigadores del fallido golpe de Estado de Antonio Tejero–; Celso Galván Abascal, exescolta de Franco y exguardia de la Casa Real, y el excomisario José Ignacio Giralte González, acusados de innumerables torturas y actos de represión en los últimos años del régimen.
La resolución argentina molestó al gobierno de Mariano Rajoy, pues se cree que esto empeorará la ya tirante relación bilateral entre España y Argentina, originada en la expropiación de la petrolera YPF.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, respondió evasivo sobre la querella argentina. Dijo: las fuerzas y cuerpos de seguridad “trasladarán a la Audiencia Nacional” la petición para que sea la fiscalía de ésta la que resuelva.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, notoriamente molesto, dijo que ese tema corresponde al poder judicial. “Vamos a resolver los problemas que tenemos nosotros”, alegó ante periodistas.
Por lo pronto la petición argentina recayó en el Juzgado Quinto de la Audiencia Nacional, el cual tendrá que resolver sobre la extradición, aunque el Consejo de Ministros del gobierno tiene la última palabra por sus facultades para eventualmente negarla.
Asimismo, el juez Pablo Ruz confirmó que dos de los pedidos en extradición ya murieron: Galván, en 2007, y Giralte, en 2009. Sin embargo Billy el Niño y Muñecas viven; el primero está por cumplir 67 años y es jefe de seguridad de una empresa de transporte de valores; Galván está por cumplir 74 años.
La denuncia argentina coincidió con la visita a España del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que se reunió con víctimas y autoridades y emitió algunas conclusiones preliminares, como que el Estado debe asumir la desaparición de las víctimas, elaborar un “plan nacional de búsqueda” y derogar la Ley de Amnistía para juzgar aquí las desapariciones.
Los integrantes de este grupo mostraron su preocupación por que no se hubiera realizado ninguna investigación ni se haya castigado a ningún responsable, y opinaron que el Estado español debe colaborar con la justicia argentina.
El terror
Aunque la juez Servini emitió esta primera resolución, los acusadores piden que también se impute a otros responsables, entre ellos a los ministros de Franco, Rodolfo Martín Villa –actualmente consejero de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)–, José Utrera Molina –suegro del ministro Ruiz Gallardón– y Fernando Suárez González, por “su corresponsabilidad del último decreto firmado por el Consejo de Ministros por el cual se condenó a pena de muerte en 1974 a cinco opositores al régimen franquista, posteriormente ejecutados”, dice la querella.
Por ese decreto, el 27 de septiembre de 1975 –dos meses antes de morir Franco– fueron fusilados José Luis Sánchez Bravo, Humberto Baena y Ramón García Sanz, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y los militantes de la ETA Juan Paredes y Ángel Otaegui.
Silvia Carretero testificó en la querella, en nombre de su marido fusilado, José Luis Sánchez Bravo, y también en el suyo, pues fue detenida el 9 de septiembre de 1975 y torturada en la comandancia de la Guardia Civil en Badajoz y luego en la DGS. “Sabemos que estás embarazada porque tienes los pechos muy grandes. Nos importa tres cojones si abortas”, le decían sus interrogadores, entre ellos Billy el Niño.
Relata: “Me amenazaron con traerme al perro (una tortura inventada por la Gestapo: consistía en hacer a un macho copular con la mujer y, cuando ésta estuviera penetrada, forzar al animal a sacarla arrastrándola del útero)”. Añade que le aplicaron la “técnica de los palillos”, con los cuales le fracturaron los dedos de la mano. “Durante tres o cuatro años esa mano perdió fuerza y todo objeto que tomaba se me caía”, dice en su testimonio.
Los policías la interrogaron “haciendo gala de la violencia, la agresividad y sangre fría con la que torturaban”. Le colocaron una soga al cuello simulando que la ahorcarían, la amenazaban con la pistola y le golpeaban las esposas para provocarle lesiones en las muñecas. Carretero luego huyó de España y en Francia pidió asilo político.
La querella contiene el testimonio de Carlos Villán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quien acusa al extinto expresidente Carlos Arias Navarro, a su ministro Manuel Fraga (a la postre presidente del Partido Popular y también fallecido) y a Rodolfo Martín Villa de ordenar “la represión brutal” contra trabajadores que se manifestaban en la ciudad de Vitoria” en enero de 1976.
En este caso (registrado en el documental La revolta permanet, de Lluís Danés) los agentes de policía desalojaron a los manifestantes de la catedral de Vitoria utilizando gas lacrimógeno y durante el operativo ametrallaron a los trabajadores, con saldo de cinco muertos y más de 100 heridos.
Andoni Arrizabalaga Basterreachea fue detenido dos veces, la última el 18 de agosto de 1968, cuando permaneció 22 días incomunicado y fue condenado a muerte, aunque esa pena le fue conmutada. La tortura le dejó las manos paralizadas y las muñecas desechas, pues permaneció varios días colgado de las esposas.
Arrizabalaga relató a su hermano Jon –el querellante– que los “momentos y días más crueles” fueron los pasados en el cuartel de Zarautz a merced “del capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar”, quien en abril de 1976 también torturó a sus otros hermanos, José y Mikel.
Arrizabalaga sufrió, entre otras torturas, simulacros de ahorcamiento y de aplicación de la “ley fuga”. Lo acusaban de “utilizar el euskera (idioma vasco) en sus comunicaciones con su familia”.
En su testimonio se describe que en su primera estancia en la prisión de Puerto de Santa María, en el País Vasco, los encargados de la prisión lo maltrataban por su origen vasco; la mayoría de esos funcionarios “eran guardias civiles retirados, miembros de la División Azul que colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial”.
En su testimonio, Jon Arrizabalaga relata que participó con su padre en la búsqueda de su hermano Andoni y en el cuartel de Zarautz se reunieron con el capitán Muñecas, quien les mostró a Andoni, siendo “claras y palpables las atrocidades” a que lo sometieron. “No daba imagen alguna de ser humano”, dice. Y “con una sonrisa cínica, el capitán Jesús Muñecas añadió: ‘Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar’”.
El ‘guarura’ de Franco
Celso Galván Abascal, guardaespaldas de Franco y guardia de la Casa Real, está acusado de torturar a José María Galante Serrano, detenido el 5 de octubre de 1969 y puesto en libertad dos días después sin haber sido juzgado. También por ser “diseñador de estrategias de los sufrimientos” que infligieron a Acacio Puig Mediavilla, en cuya denuncia destaca que el propósito de las torturas era “quebrar la resistencia y la autoestima” de los detenidos.
El primero de los torturados se querelló en la causa argentina y de su información se desprende que esa vez fue detenido por Galván y otro agente apodado El Gitano, y que en el edificio de la DGS fue recibido con “el pasillo”: lo obligaron a caminar entre dos filas de agentes de la BPS y funcionarios de la Policía Armada, quienes lo golpearon con toletes, a patadas y puñetazos.
Por ser hijo de un militar de graduación fue interrogado por Saturnino Yagüe, comisario jefe y “eminencia gris” de la BPS, quien ordenó que le dieran “un repasito” porque se negaba a declarar.
La resolución judicial del pasado 18 de septiembre en Argentina fue una catarsis para los denunciantes, quienes vieron plasmados los nombres de sus torturadores y atestiguaron la difusión en los medios de la imagen de uno de los principales: Billy el Niño.
En las cadenas de televisión Telecinco y Antena 6 entrevistaron al periodista Francisco Lobatón, quien recordó que en 1972, siendo estudiante de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, fue detenido por la policía política de Franco cuando pretendía participar en una asamblea de maestros.
“Me detuvieron en la puerta de entrada porque descubrieron que no era profesor sino estudiante, intenté zafarme de mis captores pero me sometieron, y Billy el Niño me puso la pistola en la cabeza.”
Recordó que, de camino a la DGS, Billy el Niño lo golpeaba en el pecho “con una porra extensible que alardeaba le habían regalado sus amigos nazis italianos (…) Cuando íbamos por la calle Bailén, frente al Palacio Real, este hombre le pidió al chofer que detuviera el coche porque me iba a matar”.
El 1 de julio de 1977 el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, condecoró a Billy el Niño con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”.
Rodríguez Barrio profundiza en la personalidad torcida de los torturadores: “El problema no es la maldad individual de unos psicópatas, sino que el sistema estaba corrupto, la policía política en una dictadura es el hábitat perfecto para los peores canallas y tienen el terreno abonado para hacer todo lo que quieren; esas personas en una democracia son perseguidas porque cometen delitos, y en una dictadura son recompensadas porque actúan al servicio del poder”.
