MADRID.- En el proceso abierto en Argentina contra la dictadura franquista sale a la luz uno de los pasajes más oscuros de ese periodo: El sometimiento de hasta 100 mil presos republicanos a trabajos forzados en obras de infraestructura –la mayoría de ellos a disposición de las constructoras consentidas del régimen, algunas de las cuales hoy cotizan en la bolsa de valores– y también como esclavos de la Iglesia católica, indisolublemente ligada a Francisco Franco.
El Valle de los Caídos –dedicado a “perpetuar la memoria de los caídos” en la “gloriosa cruzada” de Francisco Franco, según su decreto de creación– es el monumento simbólico de la dictadura y fue levantado con el “trabajo esclavo” de los republicanos derrotados.
Pero hay otra obra, de mayor calado, el Canal del Bajo Guadalquivir, en Sevilla
–llamado el Canal de los Presos– que con el trabajo de 5 mil prisioneros convirtió más de 80 mil hectáreas en zonas de regadío, dice a Proceso Cecilio Gordillo.
Este dirigente del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de la Confederación General de Trabajadores (CGT), ha pugnado durante más de una década para que el Estado español y algunas empresas reconozcan que perpetraron “una sistemática y gigantesca explotación” de los presos políticos.
La CGT se sumó a la querella interpuesta en Argentina mediante esta labor de investigación e incluyó un cúmulo de trabajos académicos y artículos que sobre el tema se han presentado en congresos internacionales, dice Gordillo.
El historiador José Luis Gutiérrez Molina (cuya investigación se incluye en la querella) sostiene en su ensayo Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, que “uno de los elementos que caracterizan al régimen de los vencedores en 1939 es el uso masivo y duradero del trabajo esclavo.
“Se convirtió en instrumento central de su política penitenciaria y, avanzados los años sesenta, casi 30 años después, continuaba practicándolo. No se trataba sólo de un recurso económico, sino también de una forma más, añadida a la eliminación física y al internamiento, de la reeducación de los ‘rojos’”.
Señala en su texto: “Al franquismo no le bastaba “reducir a los derrotados a la condición de esclavos para su explotación económica, sino también necesitaba su humillación moral. Como afirmó el delegado a Andalucía de la Inspección de Campos de Concentración, tan importantes como los ‘beneficios pecuniarios que iban a producir’ los prisioneros era liberarles de su ‘miseria moral’ limpiándoles de la propaganda ‘satánica’ que les había embrutecido”.
El historiador sostiene que en la primavera de 1937 se creó el Patronato Nacional de Redención de Penas por el Trabajo, convertido en el principal administrador de la “explotación sistemática prevista por la jerarquía franquista”.
En 1939 la dictadura tenía 70 mil presos, aunque el estudio no precisa cuántos de ellos trabajaron, pero refiere que fueron clasificados en 600 oficios “a disposición de quienes lo demandaran”. A comienzos de los cuarenta había 100 mil presos y a mediados de la década llegaban a medio millón, “de los cuales más de 100 mil terminaron trabajando” reconstruyendo el país, haciendo carreteras, presas, aeropuertos, infraestructura ferroviaria, obras hidráulicas y en la minería, señala en su ensayo.
Añade que la “justificación teórica” del organismo es obra del jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, y el desarrollo institucional lo dirigió el coronel Máximo Cuervo Radigales, al frente de la Dirección General de Prisiones franquistas entre 1938 y 1942. “Una muestra más de la unión de la cruz y la espada que cristalizó en el régimen nacional-católico”, escribe Gutiérrez Molina.
Empresas de la dictadura
En el mismo ensayo el historiador refiere que 89 empresas públicas y privadas –la mayoría desaparecidas, otras sólo transformadas–, la Iglesia y organismos oficiales tuvieron trabajando presos republicanos bajo el concepto de “redención de penas por trabajo”, como lo denominó el franquismo.
En noviembre del año pasado el diario digital Público dio a conocer un reportaje (Del Valle de los Caídos al Ibex-35) en el cual cita una entrevista que José María Calleja (de El País) le hizo a Nicolás Sánchez Albornoz, director del Instituto Cervantes de 1991 a 1996, condenado a trabajos forzados por el franquismo en 1947.
Sánchez Albornoz reconoció haber trabajado como preso en la construcción del Valle de Los Caídos, “alquilado” a las empresas que hacían la obra, las constructoras Huarte y Compañía y Banus, las cuales le pagaban al Estado 10.50 pesetas al día, de las que ellos recibían 50 centavos cada uno.
En mayo pasado Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL explicó al juez Pablo Ruz cómo conformó este grupo constructor: “Sí, soy presidente desde que compré Obrascón, que es la O de OHL, que estaba en práctica suspensión de pagos en el año 87. Compré luego (la constructora) Huarte cuando estaba en suspensión de pagos en los juzgados de Pamplona, en el año 98. Y en el 99 Laín, la L de OHL. Con el conjunto de las tres sociedades y a partir de un proceso de fusiones se llega a OHL” (Proceso 1921).
Aunque Villar Mir no era accionista de Huarte cuando ésta participó en la edificación del Valle de los Caídos, la constructora “está cruzada por ese origen, ser una de las empresas consentidas del franquismo”, dice Gordillo.
Presencia en México
Proceso ha dado cuenta del buen trato que OHL recibió en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto en el Estado de México y Marcelo Ebrard en el Distrito Federal para participar en obras de infraestructura.
El vínculo de Franco con el banquero Juan March es otra de las referencias destacadas en el reportaje de Público. Apunta que “en agosto de 1936 el diario británico The Sunday Express publicó: ‘Franco se mantiene en la lucha. Pero, ¿cuál es el poder que lo dirige desde detrás de las sombras? Cuando un hombre levanta la mano, Franco obedece. Ese hombre es Juan March’”.
Citando a diversos autores e investigadores, el diario digital lo ubica como el “mecenas de la cruzada” de Franco, al grado de que “financió los aviones que trasladaron a Franco al norte de África”.
Además de asegurarse de que Franco no nacionalizaría la banca, March fundó, al amparo de la dictadura, Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA), empresa con la que controló la producción eléctrica de esa comunidad autónoma, construyó centrales termoeléctricas y se introdujo en la energía nuclear.
El diario sigue la huella de esas sociedades: aunque March murió en 1962, sus descendientes retomaron su emporio. FECSA entró a cotizar a la Bolsa de Valores y en 1996 el Grupo Endesa (la mayor multinacional eléctrica privada en México y Latinoamérica) entró con 75% de las acciones y obtuvo el control absoluto de la compañía.
Entre las empresas que tienen a los March como accionistas están Acerinox (24%), la empresa de seguridad Prosegur (10%) y la constructora ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, lo es también del Real Madrid.
Pérez fue recibido el pasado 9 de julio en México por Enrique Peña Nieto, a quien le anunció nuevas inversiones de la empresa en sectores que desarrollará el gobierno, además de que constituirá un grupo industrial en el país.
Filiales de ACS, como Dragados y Construcciones, señala Cecilio Gordillo, fueron otras de las empresas consentidas del franquismo, involucradas en obras hidráulicas.
