Inquietan las denuncias públicas de los trabajadores de ayuntamientos por malos tratos laborales. Si los funcionarios violan las leyes y los reglamentos en perjuicio de los empleados municipales, ¿qué debe esperar el ciudadano común? Además, las anomalías administrativas hacen presumir a los afectados que ahí existen nepotismo y corrupción.
Empleados de distintos ayuntamientos, principalmente los de Gómez Farías y Sayula, en el sur, y en Tequila, en el centro del estado, denuncian que además de sus malas condiciones laborales y el nepotismo de sus jefes, ahora son víctimas de abusos de autoridad porque formaron un nuevo sindicato.
El pasado 1 de agosto, el delegado sindical de la región sur de la Federación Plural de Trabajadores del Estado, Fernando García Alcaraz, pidió información vía la ley de transparencia al presidente municipal de Gómez Farías, el priista Francisco de Paul Jiménez Mejía, acerca del “estatus laboral de 24 personas que laboran en el ayuntamiento, incluyendo puesto, cargo, área de adscripción, salario quincenal, nombramiento y fecha de ingreso”.
Entre esos 24 empleados estaban Aureliano López Villa, José de Jesús Chávez Sosa, Mateo Luis Juan Mercado, Samuel Vicente Evangelista, Elpidio Francisco Eusebio, Ramón Jiménez Guzmán y Víctor Rosales Cruz.
El 6 de agosto, el titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, Jaime Fernando Espíritu Rodríguez comunicó al peticionario mediante el oficio UTIM0016/2013 que la contestación a su solicitud es “procedente parcialmente, ya que parte de la información solicitada es inexistente”.
Espíritu Rodríguez anexó el oficio GF 028/2013, signado por el oficial mayor, Miguel Ascencio Rojas, en el que informa sobre el área de adscripción y el sueldo de 18 personas, pero omitió decir su cargo, fecha de ingreso y nombramiento.
De seis afirmó que no existía ningún dato: Aureliano Ramiro López Villa, Samuel Vicente Evangelista, Juan José López Mayo, Efraín Anastasio Álvarez, Felipe González Jiménez y Juan Fermín Ramírez.
No obstante, el viernes 20 de septiembre el oficial mayor administrativo despidió a tres personas, dos de las cuales no laboraban en el ayuntamiento, según la respuesta que dio Ascencio Rojas a la solicitud de transparencia del delegado sindical García Alcaraz. Se trata de Ramiro López Villa y Juan José López Mayo.
Con ellos fue despedido también Juan Mercado. Los tres pertenecen al Sindicato Plural de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Gómez Farías, constituido hace dos meses, y afirman que la razón de su despido es que han cuestionado al presidente municipal.
En entrevista, el secretario general del Sindicato Plural, López Villa, dice que no se abrió ningún procedimiento administrativo contra ellos:
“Me mandó llamar el alcalde. Llegué a su oficina, pero la secretaria me comentó que se fue a Guadalajara y que dejó recado de que hablara con Miguel (Ascencio); cuando fui con éste me dijo: ‘Hasta hoy trabajaste. Son órdenes del señor presidente, estás despedido’. Cuándo pregunté el motivo me dijo: ‘Simplemente no te queremos’.”
Tras el despido injustificado, el lunes 23, los afectados y 30 afiliados a la Federación Plural de Trabajadores del Estado se manifestaron afuera de la presidencia municipal. Tras unas horas fueron recibidos por el alcalde Jiménez Mejía y la síndico, Ariana Barajas Gálvez, pero no obtuvieron una respuesta positiva, pues –comenta López Villa– la funcionaria “no quiso entrar en razón”.
Por su parte, García Alcaraz señala que la síndico Barajas Gálvez incumple con el perfil del puesto, ya que estudió medicina e incluso tiene una farmacia que se encuentra en la calle Obregón 34, del propio municipio. “Se pone en manifiesto que no es digna de ostentar el cargo de síndico municipal, ya que debe ser un abogado. Se supone que es la defensora del ayuntamiento y es evidente que no sabe de leyes”, comenta.
El delegado recuerda que el Sindicato Plural de Servidores Públicos se creó precisamente por la constante violación de los derechos de los 130 trabajadores del ayuntamiento.
Además, refiere que el presidente municipal de Gómez Farías muestra una clara preferencia por el otro sindicato, la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, cuyo delegado es Antonio Rosales Reyes, un incondicional del secretario general, Juan Pelayo Ruelas, y a quien se le otorgan todas las facilidades.
A su vez, el presidente municipal de Gómez Farías dice que a los tres trabajadores despedidos se les levantaron varias actas administrativas, por lo que el cese fue justificado y se les va a liquidar conforme a la ley. Respecto de la creación del Sindicato Plural, comenta que al recibir la autorización como organización gremial tendrá que ajustarse al actual contrato colectivo de trabajo que el ayuntamiento tiene con el otro sindicato.
Sayula y Tequila
Otro ayuntamiento del sur que trata mal a sus empleados es Sayula. La administración del priista Jorge González Figueroa “no cumple las condiciones generales de trabajo y maneja que el presupuesto no le ajusta”, refiere el líder del Sindicato Democrático de Trabajadores, Vicente Hernández Cornelio.
Entre los incumplimientos señalados están la falta de uniformes, que debieron entregarse en enero al personal de Parques y Jardines y el de Aseo Público. Agrega al respecto: “El martes pasado (17 de septiembre) tuvimos una reunión con el secretario general del ayuntamiento, Paulino Villalobos Arroyo, y con el oficial mayor, Carlos Fabián Hernández González. Nos dijeron que a más tardar el día 30 de este mes los tendrían”.
También comenta que hay un retraso en la entrega de despensas, que valen aproximadamente 150 pesos.
Hernández Cornelio indica que González Figueroa autoriza “quién se afilia y quién no al sindicato blanco, y a los que no están sindicalizados los trata con la punta del pie”.
También menciona que en el municipio existe una partida de gastos de representación, de la cual salen los recursos para la compra de gasolina. Sin embargo, mientras que a los funcionarios de primer nivel no se les limita el combustible, al resto de los vehículos oficiales se les autoriza únicamente 40 litros.
Y en Tequila, empleados inconformes de ese municipio señalan que el alcalde panista Gilberto Arellano Sánchez permite que la hermana de su síndico Fabiola Castañeda Ortega, Liliana, funja como juez. De acuerdo con la página de transparencia, Liliana Castañeda gana 5 mil 788 pesos a la quincena en la dirección jurídica.
“Según el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del estado de Jalisco y sus municipios, Liliana Castañeda no puede estar trabajando de juez municipal, pues depende directamente de su hermana Fabiola y esto es un delito que se paga con cárcel y multa por abuso de autoridad”, señalan.
Recuerdan que dicho reglamento, en su capítulo XIII, artículo 97, fracción VI, menciona que a la sindicatura le corresponde “supervisar e instruir el área correspondiente al juez municipal y a dicho servidor público, el cual será nombrado por el ayuntamiento”, por lo que existe un conflicto de intereses.
Asimismo observan que Fabiola Castañeda viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco, cuyo título Quinto, de responsabilidades administrativas, Capítulo I, disposiciones generales, artículo 61, fracción XV, estipula que todo funcionario deberá “abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación o promoción, por sí o por conducto de otro servidor público, a personas que tengan parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, para ocupar algún cargo público de los señalados en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco”.
Igualmente, remarcan, la síndico no respeta la fracción IX del mismo capítulo y artículo, por la cual los funcionarios deberán “excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”.
