La agresión de la que fue objeto el profesor Moisés Guerrero, integrante de la CNTE, pone en entredicho una vez más a las autoridades. Los tres golpeadores fueron reconocidos por policías tapatíos como agentes estatales, lo que hace pensar a muchos activistas que se trata de una represalia e intimidación más, con la que las autoridades intentan acallar a los maestros que se oponen a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
El 22 de septiembre, el dirigente de Movimiento de Bases Magisteriales e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Moisés Guerrero Rincón, fue agredido frente a su familia por policías ministeriales, justo cuando la organización se manifiesta contra la reforma educativa del gobierno priista.
Este semanario entrevistó a Guerrero cuando salía del área de Psicología de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), acompañado por su esposa y sus dos hijos, ambos menores.
Preocupado y con una cicatriz en el labio superior, relata que el domingo 22 por la tarde regresaba de una fiesta infantil acompañado de su familia y de otras tres personas, entre ellas un niño de siete años.
Circulaban por la avenida San Rafael de Guadalajara. “Al llegar a la glorieta de El Charro, un vehículo Toyota me dio un cerrón. Pareció un simple incidente, pero al cruzar la avenida Revolución se vuelve a emparejar el mismo vehículo. Entonces le dije: ‘¿Qué pasó?’ Me hicieron señas pero no les entendí porque tenía el cristal arriba”.
Fue entonces cuando comenzó el ataque: “Decidí adelantarme y en la siguiente esquina (la camioneta Toyota) impactó mi vehículo por la parte de atrás, mi hija se golpeó la cabeza”.
El profesor se bajó para verificar los daños y de manera simultánea lo hizo el otro conductor con dos sujetos. El chofer de la Toyota comenzó a insultar a Guerrero, quien le dijo que lo mejor era llamar a sus aseguradoras.
“Sin embargo –continúa el profesor–, él comenzó a maltratarme; mi hija estaba a un lado mío. Entonces me mentó la madre, alejé a mi hija y me aventó un golpe en la boca y me la reventó. Nos liamos a golpes. Mi hija se asustó mucho cuando empecé a sangrar y corrió. Mi hijo, quien también se bajó del auto, fue sujetado del cuello por otro de los sujetos; éste le dijo que se pusiera en paz, si no, iba a sacar la pistola.”
Cuando la esposa de Guerrero vio que el sujeto –ahora identificado como Carlos Israel Chavarín Morales– tomó del cuello a su hijo, le suplicó que lo soltara porque sólo tiene 14 años. Otro conductor que iba pasando detuvo su auto para calmar los ánimos.
Uno de los agresores se subió a la camioneta y la puso en marcha para huir. Guerrero quiso impedirlo al abrir la puerta. “Vi que tenía cervezas y uno de los vecinos que salió a ver la situación nos comentó: ‘Cuidado porque traen pistolas’”.
El profesor le pidió a su hijo que le tomara una fotografía a las placas de la camioneta, pero no tenía. No obstante, observó que tenía pegado un permiso de circulación en el parabrisas, al que su hijo fotografió y que luego Guerrero consiguió arrancar antes que los agresores huyeran. “Por eso nos enteremos quiénes eran”, precisa.
El permiso de circulación DVM/135704 del vehículo Toyota FJ Crussier modelo 2008, gris plateado, fue emitido el 13 de septiembre por la Secretaría de Movilidad y vencía nueve días después. Está a nombre Roberto Carlos Flores Franco, golpeador del profesor.
Cuando los sujetos ya se habían ido, llegaron al lugar unos policías municipales de Guadalajara, a quienes Guerrero les narró lo sucedido. “En eso estaba –narra–, cuando veo que venían caminando dos de los tres que iban en la camioneta. Le dije a los policías que eran ellos, y uno de los elementos se les acercó. Hablaron algo”.
Agrega que uno de los sujetos se le acercó y lo volvió a insultar frente a los policías. Uno de éstos le pidió al profesor que hablaran en privado y le comentó: “¿Sabes qué? Los compas estos son de Base 14 (de la Policía Ministerial). Te recomiendo que no te metas con ellos, porque si se los llevan detenidos, ellos salen inmediatamente y tú te vas a quedar ahí, por lo menos toda la noche”.
Esta plática fue interrumpida por el ajustador de la aseguradora de Guerrero, quien preguntó dónde estaba la camioneta. “Le estaba explicando al valuador los hechos –prosigue el maestro– cuando de repente llegó una Ford Lobo que se estacionó delante de nosotros. Se bajó un sujeto –que luego fue identificado como Pedro, hermano de Carlos Flores Franco–, quien nos dijo: ‘Necesito que me regresen el permiso ahorita’. Yo no le contesté, pero el ajustador le preguntó cuál permiso. Y nos respondió que no nos hiciéramos pendejos. Me dio cinco minutos para que se lo diera y amenazó que si no, me atuviera a las consecuencias. Arrancó y se fue”.
Pedro Flores regresó después de unos minutos. Para no empeorar el problema Guerrero le devolvió el permiso. “La amenaza fue directa, tomaron mis datos y los del auto, entonces mi esposa se asustó, al igual que mis hijos”, explica.
Moisés Guerrero y su familia interpusieron una queja ante la CEDHJ, pero descartan proceder penalmente contra los policías ministeriales: “Judicialmente hay mucho riesgo, porque ir a un Ministerio Público, cuando son policías, no tiene caso: serían juez y parte. Hablamos con los compañeros del Movimiento de Bases Magisteriales, ellos nos echaron la mano, porque el riesgo está latente”, enfatiza el profesor.
“Represalia”
En vista del contexto político y gremial en que ocurrió el ataque, se le plantea a Guerrero Rincón si lo atribuye directamente a su participación en el repudio a la reforma educativa.
–Da qué pensar –contesta – el hecho de que estemos manifestándonos y de repente sean policías ministeriales (los que nos agerdan). Puede ser una coincidencia; así nos lo querían hacer sentir en el Palacio de Gobierno. Hablamos con Javier Lechuga, encargado de asuntos del interior del Movimiento de Bases Magisteriales, pero puede haber algo más ahí para asustarnos y decirnos: le bajas o le bajas.
Por eso, dice Guerrero, “pedimos seguridad. Nosotros esperamos que no nos ocurra nada, porque haremos responsables a la autoridad estatal de cualquier situación que nos ocurra a cualquiera de mis hijos, a mí, o a integrantes del movimiento”.
Pero además de eso considera que la autoridad estatal “debe sancionar a los servidores públicos agresores y que se hagan responsables de lo que provocaron, tanto el daño moral, psicológico de mi familia, como el material”.
También anuncia que seguirá tomando parte en las manifestaciones en contra de la reforma educativa, que modificó los artículos 3 y 73 constitucional, y añade que su lucha no se detendrá hasta que la abroguen.
Por su parte, las organizaciones Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante, Colectivo de Corrientes Alternativas, Movimiento por una Vivienda Digna para Todos y Movimiento Independiente de Trabajadores de la Educación firmaron un comunicado en el que comparten los temores del sindicalista:
“Es muy difícil que la agresión contra Moisés Guerrero sea causalidad (…) ya que este hecho se suma a un sinúmero de represalias a dirigentes o maestros que han participado en la lucha magisterial como efecto de la defensa de la educación y los derechos de los trabajadores de este gremio.”
En el documento, dichas organizaciones reconocen que Guerrero es “un luchador social ampliamente conocido desde hace varios años por distintas organizaciones políticas y sociales, es miembro de las secciones 16 y 47 del SNTE, y participa en la disidencia magisterial desde hace más de una década en oposición a los cacicazgos de Elba Esther Gordillo Morales y de su hijastro Juan Díaz de la Torre”.
Asimismo exigieron que la CEDHJ dicte medidas cautelares inmediatas para “preservar la integridad física y psicológica del profesor y de su familia” y se suman a la exigencia de que “el gobierno estatal y el federal esclarezcan los hechos del 22 de septiembre”.
Proceso Jalisco buscó en la página de transparencia del gobierno del estado los nombres de los tres presuntos agresores, pero no encontró registro alguno.
