Aunque por ahora el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval reaccionó más rápido y se desplazó hacia los lugares más afectados por la tormenta tropical Manuel que se abatió sobre la entidad entre los días 15 y 16, los damnificados tienen temor de que a la hora buena los apoyos no lleguen. No es para menos. Cuando el huracán Jova entró a Jalisco hace dos años –11 y 12 de octubre de 2011– y ocasionó daños severos, sobre todo en Cihuatlán, el entonces gobernador Emilio González Márquez actuó tarde y mal, al grado de que a la fecha hay poblaciones y damnificados que no han recibido ayuda alguna, en especial quienes perdieron sus cosechas a causa de las inundaciones o desbordamientos de arroyos y ríos. Los cientos de millones de pesos prometidos llegaron muy mermados; peor aún, Emilio visitó los lugares afectados días después. Por esas fechas su atención estaba centrada en los Juegos Panamericanos y en cumplimentar los caprichos de Mario Vázquez Raña.
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El jueves 12, casi un centenar de vendedores ambulantes irrumpió en el salón de cabildos del ayuntamiento de Guadalajara con la intención de tronar el contrainforme de gobierno de los regidores de María Candelaria Ochoa, Juan Carlos Anguiano y Salvador Caro Cabrera, del Movimiento Ciudadano. Todos ellos, en particular el último, se han distinguido por su lucha en contra del creciente y desordenado número de comerciantes informales o subterráneos que al amparo de varios regidores del PRI invaden cuanto espacio público hay. No sólo omiten pagar impuestos, sino que forman una fuerza bruta dispuesta a todo y una de sus encomiendas es allegarle votos al “renovado” PRI. Las cabezas de ese movimiento de golpeadores son, curiosamente, la regidora Verónica Flores Pérez y la maestra Elisa Ayón Hernández, quien hasta hace poco cobraba como directora de dos escuelas al tiempo que se desempeña como funcionaria; además, hasta el año pasado Ayón Hernández fungió como diputada local. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si el presidente municipal, Ramiro Hernández García, fue víctima colateral o cómplice de estos hechos. Lo destacado del caso es que previamente los policías que tenían que estar cuidando el acceso al Palacio Municipal, desaparecieron en el momento en que llegaron los rijosos. En otras palabras, les dejaron franco el acceso. Todo hace indicar que ambas priistas se manejan en el ayuntamiento por su cuenta, pero no sin el apoyo de alguien más que insiste en hacerle ver el cobre al partido tricolor.
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Tal es la riqueza de minerales –de manera preponderante el hierro– que se extiende a lo largo y ancho del subsuelo de la Sierra de Manantlán, que ha despertado no sólo la avaricia de empresas establecidas ahí desde hace años como la minera Peña Colorada. Además de esa trasnacional –ubicada ente los municipios colimenses de Manzanillo y Minatitlán y parcialmente en el de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco, donde mantiene atosigados a los nativos de Ayotitlán–, otras firmas operan ya en la zona, algunas sin los permisos correspondientes y presumiblemente, según los lugareños, están ligadas a “gente mañosa y armada” (Proceso Jalisco 461). Otras, al parecer, obtuvieron permisos de la Semarnat Jalisco, así como más de un centenar de estudios técnicos justificativos para la exploración de yacimientos y 24 manifestaciones de impacto ambiental (MIA) entre 2011 y 2012 para la explotación de las vetas. En probable, asegura un investigador de la zona, que detrás de esos permisos haya estado Salvador Montes Quintero, quien estuvo al frente de la Dirección de la Reserva de la Biosfera de Manantlán. Recompensado o no, durante su gestión la dependencia avaló los trámites por debajo de la mesa o bien se hizo de la vista gorda. De esta manera, las exploraciones y aun explotaciones mineras se han extendido a otros lugares, esencialmente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera, en el lado norte de la Sierra de Manantlán, cerca de los lugares conocidos como Tecopatlán y Los Ranchos de Afuera, entre los límites de los municipios de Cuautitlán y Autlán. Ahí precisamente se alteró de manera drástica la naturaleza por la apertura de brechas sin cubrir siquiera los debidos permisos y derechos a propietarios y ejidatarios afectados, quienes, aun cuando se quejan, no son escuchados.
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