Tras la salida de prisión de José Antonio Zorrilla Pérez para cumplir en su domicilio el resto de la condena que se le impuso por el crimen del periodista Manuel Buendía, dos personajes cercanos a él por sus funciones –Manuel Bartlett, en aquel entonces secretario de Gobernación– y Jorge Carrillo Olea –a su vez subsecretario– tratan de deslindarse de una relación próxima o personal con el que fue titular de la temida Dirección Federal de Seguridad…
El regreso del PRI al poder ha traído a escena a muchos personajes del pasado. Ahora surgen, entre otros, el periodista Manuel Buendía Tellezgirón, asesinado en 1984 por la policía política, y el autor intelectual de su homicidio, José Antonio Zorrilla Pérez, quien desde el 10 de septiembre vivirá en prisión domiciliaria los próximos cinco años hasta cumplir su condena.
La decisión de la juez de Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez, de concederle ese beneficio debido al “precario” estado de salud del inculpado, de 71 años, revivió también las pugnas entre quienes fueron los superiores de Zorrilla en la Secretaría de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y el exgobernador de Morelos Jorge Carrillo Olea. En entrevista por separado con Proceso, cada uno atribuye al otro la relación con Zorrilla Pérez.
Pero el silencio de quien fuera el jefe de la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS) ha impedido saber con certeza los móviles del homicidio cometido por agentes de la DFS la tarde del 30 de mayo de 1984 en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle de Hamburgo, en la llamada Zona Rosa.
Por años se ha insistido en que fue un asesinato de Estado, por la supuesta información que el periodista poseía sobre actos de corrupción del entonces presidente Miguel de la Madrid, fallecido en abril del año pasado. También, sobre la alegada colaboración de autoridades civiles y militares con el narcotráfico.
A su vez, el régimen que prohijó a Zorrilla Pérez lo tuvo como jefe partidista, lo hizo diputado federal, secretario de Gobierno de su estado (Hidalgo) y titular del órgano de seguridad del régimen, la DFS, mientras que Zorrilla no ha hablado para defenderse, mucho menos para responsabilizar a otros del asesinato de quien era el columnista político de mayor peso en la opinión pública mexicana con su Red Privada.
El trabajo periodístico de Buendía fue una de las líneas de investigación del homicidio, pero fue desechada y la averiguación sólo alcanzó al que fuera penúltimo titular de la DFS, quien inicialmente fue condenado a una pena de 35 años de prisión, luego reducida a 29, como autor intelectual. Fue detenido en 1989, en su domicilio de Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec, luego de oponer resistencia al operativo que encabezó el entonces procurador general de Justicia del DF, Ignacio Morales Lechuga.
Zorrilla pasó 24 años de la condena en distintas cárceles de la Ciudad de México, con un breve paréntesis de cuatro meses en 2009, cuando gozó de libertad anticipada, privilegio que perdió porque se negó a ir cada mes a firmar ante la entonces Dirección de Ejecución de Sanciones del Gobierno del Distrito Federal.
A su desafío se sumó la pertinaz decisión del columnista político y discípulo de Buendía, el hoy fallecido Miguel Ángel Granados Chapa, de encabezar una campaña pública para que el exdirector de la DFS regresara a la cárcel. La pena se cumple dentro de cinco años, el 29 de octubre de 2018.
Granados Chapa combatió la decisión del entonces director de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, José Manuel Casaopriego, de liberar a Zorrilla luego de un amparo que le dio el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal del DF y que fue ratificado por el Segundo Tribunal Colegiado.
El autor de la columna Plaza Pública sostuvo que el amparo sólo era para que el Gobierno del DF fundara y motivara su negativa a concederle la libertad anticipada, pero Casaopriego decidió su liberación el 18 de febrero de 2009. El gusto le duró poco al exjefe policial. En la segunda semana de junio siguiente fue reaprehendido por violar las condiciones de esa libertad.
Zorrilla se había beneficiado del recurso de libertad anticipada promovido por Juan Rafael Moro Ávila, sobrino nieto del expresidente de la República Manuel Ávila Camacho y exagente de la DFS implicado asimismo en el asesinato de Buendía. Como cómplices, también habían sido condenados los comandantes Juventino Prado Hurtado y Raúl Pérez Carmona.
La justicia federal acumuló los cuatro casos y les concedió el amparo que para el Gobierno del DF significó la liberación anticipada. Los cómplices de Zorrilla Pérez, quienes adelantaron su salida con actividades escolares y culturales en prisión, gozan aún de ese beneficio. Moro, quien era roquero, organizó conciertos y estudió idiomas para anticipar su salida.
Zorrilla, quien había acreditado su “buen comportamiento” con la participación en juegos de ajedrez, nunca quiso ir a firmar a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, en donde estaba la Dirección de Ejecución de Sanciones, que dependía del entonces secretario de Gobierno de Marcelo Ebrard y ahora diputado federal José Ángel Ávila. El área de Ejecución de Sanciones salió ya de la esfera del gobierno y ahora forma parte del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país.
Cuando Zorrilla abandonó la prisión fue a celebrar a un restaurante de mariscos, en la colonia Roma. Reunido con sus excompañeros de celda, decía que iba a regresar a la vida pública como policía, pero cuatro meses después reingresó a prisión.
Ahí estuvo hasta la noche del pasado 10 de septiembre, cuando fue trasladado a su domicilio, en un final similar al que tuvo su antecesor en la DFS, Miguel Nazar Haro, quien murió en enero de 2012 luego de haber pasado varios años en prisión domiciliaria.
Nazar, quien fue calificado por Manuel Buendía como “el mejor policía de México”, según refiere Rafael Rodríguez Castañeda en su libro El policía, fue acusado de la desaparición forzada, en 1975, de Jesús Piedra Ibarra, hijo de la activista y exsenadora Rosario Ibarra de Piedra. En el último año del gobierno de José López Portillo, Zorrilla Pérez reemplazó en la DFS a Nazar Haro cuando éste fue acusado de tráfico de coches robados entre México y Estados Unidos.
El actual secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, anunció el pasado miércoles que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal va a apelar la decisión de la juez de Ejecución de Sentencias, pero por la edad y las condiciones de salud de Zorrilla, la justicia federal podría confirmar la prisión domiciliaria. La medida implica que no puede salir de su domicilio y debe estar bajo vigilancia policial permanente para que no escape.
En la investigación del asesinato de Buendía, que Miguel de la Madrid había dejado originalmente en manos del propio Zorrilla, no se abundó en la línea periodística, a pesar de que el expolicía también fue condenado a 11 años de cárcel por el homicidio de su amigo cercano desde la juventud José Luis Esqueda, supuesta fuente informativa de Manuel Buendía sobre la corrupción y descomposición de la DFS. Además, la entonces Comisión Nacional Bancaria se negó a aportar información sobre las cuentas bancarias del expresidente.
Zorrilla fue director de la DFS entre enero de 1982 y febrero de 1985. Llegó de la mano del capitán del Ejército Fernando Gutiérrez Barrios, de quien fue secretario particular. Muerto en octubre de 2000, Gutiérrez Barrios pasó a la historia como el principal jefe de la policía política del viejo régimen del PRI.
De 1952 a 1958 fue jefe de Control Político de la DFS; de 1958 a 1964, subdirector; y de 1964 a 1970, titular. Luego, por 12 años, entre 1970 y 1982 fue subsecretario de Gobernación, con la responsabilidad directa sobre la DFS. En la subsecretaría, además de Zorrilla Pérez, tenía como secretarios auxiliares a Jorge Galindo y a Manlio Fabio Beltrones, actual coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.
Manuel Bartlett Díaz, quien fue el secretario de Gobernación durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) cuando Zorrilla Pérez estuvo al frente de la DFS, se deslinda de éste y asegura que el autor intelectual del homicidio del columnista dependía directamente del subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea.
La versión del ahora senador del PT es que fue él quien propuso a Miguel de la Madrid designar como subsecretario de Gobernación al coronel Jorge Carrillo Olea, no sólo porque había sido subsecretario del gabinete económico, sino por su condición castrense. “Es un militar y se necesita orden”, refiere Bartlett que le dijo al entonces presidente electo, quien asumió el gobierno con el país prácticamente en quiebra.
Añade que Miguel de la Madrid le preguntó si no necesitaba a Fernando Gutiérrez Barrios. “No, lo que necesito es que se vaya. Ha tenido el control de todo por mucho tiempo”, respondió. En el caso de José Antonio Zorrilla, recuerda que fue nombrado director de la DFS al final del sexenio de López Portillo.
Asegura que Zorrilla y Carrillo “estaban en pleito todo el tiempo, pero el subsecretario tenía trato directo con el presidente, como se acostumbraba entonces”.
El asesinato de Manuel Buendía en mayo de 1984 fue la puntilla para la DFS. Bartlett dice que fue él quien decidió la desaparición de la DFS, infiltrada como estaba por el narcotráfico, en particular por el Cártel de Guadalajara, encabezado por el ahora liberado Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo (Don Neto) y Miguel Ángel Félix Gallardo, acusados de haber planeado la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena.
El senador de oposición cuenta que fue él quien promovió ante De la Madrid la salida de Zorrilla de la DFS y que, a propuesta del entonces presidente del PRI, Adolfo Lugo Verduzco, Miguel de la Madrid lo hizo candidato para regresar a la Cámara de Diputados por el estado de Hidalgo, de donde también era originario Lugo Verduzco. Emilio Gamboa Patrón, ahora senador del PRI y entonces secretario particular de Miguel de Madrid, estuvo en la reunión en la que se decidió la candidatura de Zorrilla, señala Bartlett.
Manuel Bartlett se atribuye la propuesta de quitarle la diputación a Zorrilla para evitar un proceso de desafuero como el ocurrido con el senador Jorge Díaz Serrano, acusado de fraude durante su gestión en Pemex.
También afirma que él diseñó el servicio de seguridad e inteligencia que sustituyó a la DFS y añade que fue Jorge Carillo Olea quien “lo montó”, como subsecretario de Gobernación encargado de los asuntos de seguridad.
La DFS desapareció oficialmente el 29 de noviembre de 1985, cuando la encabezaba Pablo González Ruelas. Fue sustituida por la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), en donde se nombró titular al exgobernador de Oaxaca Pedro Vázquez Colmenares.
En 1989, ya con Carlos Salinas como presidente y con Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, el Disen se convirtió en el actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), bajo la dirección de Jorge Carrillo Olea.
En términos similares, Manuel Bartlett se deslindó de Zorrilla Pérez cuando le contestó por escrito un cuestionario a Miguel Ángel Granados Chapa que se publicó en forma póstuma en el libro Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México.
En una de sus respuestas, dice que a pesar de coincidir con Zorrilla en la Secretaría de Gobernación cuando éste era secretario particular de Gutiérrez Barrios y él director de Gobierno, sólo “nos encontrábamos en las áreas comunes, durante las entradas y salidas de trabajo”. Refiere que, más allá de circunstancias ocasionales, una vez se encontró con Zorrilla y Manuel Buendía en el campo de tiro del Colegio Militar, ubicado entonces en Popotla.
A su juicio, si Carrillo Olea, como subsecretario, tenía información de actos ilegales graves de uno de sus directores, debió haberlo denunciado. En caso contrario, “habría resultado un encubridor”, respondió ante los señalamientos de que él como secretario de Gobernación protegió al director de la DFS.
Cuando detonó el caso Zorrilla, “casualmente nunca se mencionó… responsabilidad alguna de su inmediato superior, Carrillo, ni siquiera la paternidad de Gutiérrez Barrios…”.
La versión de Carrillo Olea
La versión de Carrillo Olea es muy distinta a la de Bartlett, a quien el primero identifica no sólo como protector, sino como promotor de Zorrilla ante Miguel de la Madrid, primero durante la campaña presidencial y luego ya en el gobierno, aunque el presidente sólo recibió al director de la DFS una sola vez. De acuerdo con el coronel en retiro, Bartlett decía que el director de la DFS era “el potencial salvador del país y que la seguridad del gobierno estaba en sus manos”.
En entrevista telefónica, Carrillo Olea cuenta que el día de la toma de posesión de Miguel de la Madrid, el 1 de diciembre de 1982, hacia las 19:00 horas, Bartlett lo mandó llamar a su despacho. “Que quede muy claro, la DFS depende de mí”, le habría dicho.
Añade que cuanto ocurría con Zorrilla se lo informaba a Bartlett, como la venta de plazas en la DFS, pero según Carrillo el secretario de Gobernación le decía: “No es así. Lo que pasa es que tú oyes muchos chismes. Eres muy ingenuo. Es gente que no quiere a Toño”.
“Mi relación con Zorrilla fue totalmente superficial. En cambio, era intensa con Bartlett. Yo me reunía con el director de la DFS los lunes al mediodía. No pasaban de encuentros cordiales porque nunca me informaba nada”, enfatiza el exsubsecretario.
Incluso expone que, por la amistad que tenían, Bartlett se opuso a sustituir a Zorrilla, y que fue él mismo quien le advirtió a Miguel de la Madrid sobre la inconveniencia de darle fuero de diputado al exdirector de la DFS. “Eso lo hablamos durante un vuelo de México a Oaxaca, en una gira presidencial”.
Autor de México en riesgo, un libro sobre la inseguridad en el país, plantea que cuando Zorrilla salió de la DFS, Bartlett le pidió que buscara a un interino mientras reorganizaban el aparato de seguridad mexicano. “Ahora sí, búscate a un director”, cuenta que le ordenó.
Según Carrillo, fue Miguel de la Madrid y no Bartlett quien le encomendó elaborar un programa de seguridad, pero Manuel Bartlett “paró todo. En tres años no permitió avanzar un solo milímetro y se dedicó a bloquear a Ignacio Morales Lechuga, el primer director de un programa de seguridad pública en México”, cuya autoría se adjudica el propio Carrillo Olea.
