Activistas alertan sobre lo que consideran un ecocidio por parte de la minera Peña Colorada en las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán. También llaman la atención de autoridades federales y de Jalisco y Colima por hacer caso omiso a los reclamos de los afectados, quienes desde septiembre de 2012 enfrentan los acosos de la empresa que ahora pretende expulsarlos de sus tierras.
En medio de la lucha que enfrenta a las autoridades de Jalisco y Colima por una franja de terreno desde hace 30 años y ha dejado 80 víctimas en la Sierra de Manantlán, la minera Peña Colorada lleva años explotando el segundo yacimiento de material ferroso más importante de México, precisamente en ese espacio, y desde hace meses intenta sacar de sus tierras a los nahuas que habitan en las comunidades de ese entorno.
La minera explota una superficie de 801 hectáreas arrendadas bajo contratos que pisotean los derechos humanos de más de 500 familias indígenas distribuidas en 17 poblaciones de un polígono de la que antaño se llamó “República India de Ayotitlán”, asentada en una extensión de 43 mil hectáreas e incluía Minatitlán y parte de Manzanillo.
Según los pobladores, el 12 de septiembre del año pasado la compañía comenzó a diversificar sus actividades. Desde esa fecha, dicen, personal de 12 pequeñas empresas entraron a los ejidos y con engaños o por la fuerza comenzaron a explotar los recursos mineros sin importar los daños al medio ambiente y a las personas.
Esas actividades coinciden con el desbordamiento de tres cortinas de la presa de jales de Peña Colorada que servían de muros de contención. El líquido derramado es altamente peligroso por su carga de aguas contaminadas con metales pesados y sustancias tóxicas.
Las aguas de desecho inundaron los poblados de El Mameyito o Mameicito, San Antonio, Maderas, Rancho Quemado, La Piedra y Changavilán, Las Peñitas, El Aserradero y La Coconal, entre otros.
Las casas, cultivos, ríos, barrancas, ojos de agua y zonas de hábitat de especies silvestres fueron afectadas por la descarga de lodo y piedras de esas aguas que se mezclaron con el afluente del río Marabasco, en los límites de ambos estados.
Fue tal el nivel de daños, comentan los lugareños, que desde entonces decenas de niños y adultos de Manantlán tienen dermatitis y problemas gástricos. Algunos aún tienen huellas de las ulceras y necrosis en su piel a causa de la exposición a sustancias químicas como mercurio o arsénico, sostiene Jonathan Fernando Ochoa Hernández, integrante de la agrupación civil Bios Iguana, con sede en la Ciudad de Colima.
El activista pone como ejemplo a Esteban Guzmán, un indígena que tiene psoriasis (inflamación crónica) en su brazo izquierdo a causa del contacto con sustancias químicas tras 13 años de trabajo en Peña Colorada.
Acoso sistemático
El 3 de junio último, dice Ochoa al reportero, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), junto con el Frente Regional Pro Manantlán y Bios Iguana, presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima por lo que los organismos consideran actos de exterminio contra los indígenas de Manantlán y por la omisión de las instituciones locales y federales ante las denuncias de los indígenas afectados.
Según Ochoa, dirigente de Bios Iguana, el pleito por las tierras de Ayotitlán ha provocado 35 muertes y la desaparición de 45 indígenas ligados a la defensa de su territorio entre 2008 y 2013. Uno de ellos es Celedonio Monroy, secuestrado el 23 octubre de 2012.
En Manantlán, añade, los abusos son similares a los que ocurren en Michoacán contra las comunidades originarias, como en Aquila, cuyos habitantes optaron por conformar su propia policía comunitaria y se lanzaron contra la filial de la minera que opera en Cuautitlán.
La presencia de Peña Colorada puede dividirse en tres momentos, dice: “El primero se desarrolló entre 1982 y 1984 y fue precisamente cuando comenzó el hostigamiento contra la población indígena de Rancho Nuevo y de Las Pesadas”.
Entonces nadie defendió los derechos humanos de las familias Guzmán Pulgarín y Pulgarín Martínez, cuyos integrantes vivían bajo el acoso y las agresiones de los elementos de Seguridad Pública del municipio de Minatitlán, Colima.
El segundo va de 1986 a 1995. En ese lapso se presentó la primera queja por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y aunque el ómbudsman nacional emitió varias recomendaciones, sólo se cumplieron algunas, pero de manera parcial; otras simplemente fueron ignoradas por las representaciones de los gobiernos de Colima y Jalisco, así como por las autoridades federales.
En 2012, según el activista de Bios Iguana, se desató una nueva fase de violación a las garantías individuales. El detonante fue el secuestro de Celedonio Monroy en octubre de ese año. Luego vino el hostigamiento contra los habitantes de Los Potros, donde vive Félix Monroy Rutilo, pariente de Celedonio, indica Ochoa.
Entre los 45 desaparecidos, dice, destacan Agustín y Úrsula de la Cruz Elías, así como los hermanos Basilio, Alberto y Liberato Cobián. Esa persecución contra los nahuas demuestra una actitud de exterminio, y la urgencia de la minera por tratar de sacar de sus tierras a los indígenas, muchos de los cuales optaron por desplazarse a Cuautitlán, Minatitlán, Cihuatlán, Manzanillo o Colima.
Por lo que atañe los muertos, el integrante de Bios Iguana menciona a Nazario Aldama Villa, Aristeo Flores Rolón –del Consejo de Mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán– y a Raúl Delgado, expresidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, ejecutado en 2006 por defender las tierras. Las autoridades pretendieron ligar su asesinato con el narcotráfico.
Recomendaciones incumplidas
Rodolfo Reyes Velasco, egresado de la Universidad de Guadalajara, denunció ante los medios de Colima la destrucción y daños al entorno ecológico en la zona por parte de la minera, lo que pone en riesgo, dijo, el hábitat de 37 especies, algunas de ellas en peligro extinción, como la víbora de cascabel de cola larga de Autlán.
Lejos de atender los reclamos de los indígenas, las autoridades estatales y federales protegen a la minera Peña Colorada, asegura el representante de Bios Iguana.
Con respecto a la queja presentada el 3 de junio pasado ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), presidida por Roberto Chapula de la Mora (expediente CDHEC /417/13), la institución respondió dos días después. Dijo que conocía las medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, en las cuales se le exigía garantizar la seguridad y el patrimonio de los habitantes de Manantlán que se encuentren en territorio colimense.
Asimismo, pidió a Protección Civil analizar las condiciones de riesgo de los pobladores a raíz de los derrumbes de los muros de contención de la presa de jales de la minera Peña Colorada.
Con relación a su actuación ante la autoridades federales, la comisión se declaró incompetente para solicitarles medidas cautelares dado que, arguyó, se trata de un orden de gobierno ajeno a su jurisdicción. No obstante, prometió canalizar el expediente a la CNDH.
A la Secretaría de Minería, por medio de la Dirección de Desarrollo Minero, la comisión de Colima le pidió emprender acciones para evitar más perjuicios a la población; a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le solicitó apoyo para proteger el entorno ecológico en los poblados nahuas de Ayotitlán.
También se dijo a favor de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hiciera cumplir las leyes para el resguardo del entorno ecológico; y a la Comisión Nacional de Agua le recomendó administrar y preservar las aguas del río Marabasco y sus afluentes.
“De no atender esas demandas –expuso la CDHEC– se estaría atentando contra el derecho a la vida y la salud de los agraviados”. El propio Chapula de la Mora se comprometió a mandar todos los documentos a la CNDH.
Ante la falta de respuesta, Jonathan Ochoa insiste: “Por nuestra parte enviamos a la CNDH otro paquete con los escritos de la queja presentada en Colima, así como un disco compacto con fotografías y una grabación del Ministerio Público (MP) de Cuautitlán en la cual se acusa a indígenas nahuas de meterse en las presuntas tierras de la minera Peña Colorada, cuando ellos han estado ahí toda su vida”.
Entre los mencionados están Jesús, José Luis y Antonio Ramos Gerardo, así como Federico Denis Eduardo, quienes incluso fueron citados por el MP de Cuautitlán el 22 de mayo último por negarse a dejar la tierra arrendada a Peña Colorada. Hasta ahora, dicen los afectados, la CNDH no ha respondido a sus peticiones, mientras ellos siguen acusados de despojo y daños en perjuicio de la minera.
Solapamientos
Jonathan Ochoa argumenta que cuando su organización se puso en contacto con la CNDH detectó que el expediente de la CEDHC no aparecía por ninguna parte, por lo que presentó una queja que quedó registrada con el folio 76414 en la Sexta Visitaduría de la CNDH (expediente 2012/9578).
Isabel Buenrostro Rueda recibió la queja que se integró a otra presentada en 2008: “Ella nos dijo –asegura Ochoa– que no se iban a decretar medidas cautelares porque a juicio de esa comisión no existía riesgo de daño irreparable.
“Pero nosotros le dijimos que sí hay daños. Basta ver a los indígenas que presentan alergia en la piel por el contacto con el agua contaminada con sustancias tóxicas procedente de la presa de jales de la minera Peña Colorada.
“¿Cómo que no ven que la empresa tira sus desechos en los ojos de agua de las comunidades afectadas, lo que pone en riesgo la salud y la vida de los indígenas?; eso, le insistimos, es un etnocidio.”
Y aunque Buenrostro pidió un número telefónico de la organización para realizar una visita a la zona, hasta la fecha no se ha comunicado.
En breve diálogo por teléfono, Buenrostro comenta al reportero que cualquier información debe solicitarse en la oficina de Comunicación Social de la CNDH. Sin embargo, en esa instancia tampoco saben qué ha pasado con la queja.
Ochoa concluye: “Hay protección institucional a favor del consorcio minero Peña Colorada, una empresa que opera con capital argentino, italiano e hindú. La compañía que más pesa en la firma es la poderosa Mittal Steel”.
La delegación de Profepa en Colima, por su parte, señala Ochoa, ignora la queja presentada por los indígenas y las agrupaciones sociales. Sus argumentos son idénticos a los que esgrime ante las inconformidades presentadas desde Jalisco a través de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos.
En el punto cuatro de su respuesta, enviado hace unas semanas, Profepa expone: “Llegando al final del camino se encuentra el lugar conocido como Puerta de las Parotas, habitado por José Luis Ramos Denis… Ahí (localizamos) unos niños, unos pollos, una camioneta Nissan blanca, propiedad de José Luis Ramos (a quien) le explicamos el motivo de la visita y le preguntamos si conoce algún punto donde Peña Colorada esté contaminada.
“Él manifestó que todo lo que hace esa empresa contamina, que en el lugar donde se depositan desechos había un ojo de agua, pero que ese manantial se acabó y que el arroyo que pasa cerca de ahí estaba muy contaminado y que teóricamente sirve para que tomen agua los animales.
“Le pedimos que nos acompañara a hacer un recorrido a lo largo de ese arroyo y accedió; en él se observó que corre agua cristalina y no se ve ninguna sedimentación o arrastre; hay vegetación a las orillas del arroyo y el mismo José Luis Ramos nos informó que hay chacales en el lugar.”
Sobre este sitio –indica el documento de la Profepa, aunque nunca aclara si se realizaron análisis en laboratorio–, “se le pedirá a Peña Colorada que realice un análisis para ver la calidad del agua, pero aclara que si el líquido estuviera contaminado, entonces no se podría tomar agua ni por los animales o las vacas. En el reporte se manifiesta que personal de Profepa escuchó en el recorrido el ‘canto’ de muchas aves en el lugar”.
Cuando personal de la Profepa preguntó al indígena sobre el derribamiento de árboles en la zona, él les respondió que no sabía nada, aunque en su vehículo había una motosierra y en su casa tenía mucha leña.
Además, según la procuraduría, cerca de la vivienda había una “limpia de monte”, lo cual afecta al medio ambiente pues ahí se siembra maíz. De esa manera, dice Ochoa, Profepa intenta convertir a los denunciantes en presuntos depredadores de la naturaleza.
Quieren acusarlos de derribo de encinos y tepeguajes, así como de un incendio forestal y de querer apropiarse de los terrenos y predios que presuntamente son propiedad de Peña Colorada.
“Eso es el colmo del cinismo en Profepa, dice Ochoa. Sin tener ninguna jurisdicción para determinar de quién es el predio en disputa, la institución termina por reconocer a Peña Colorada como la dueña legal, aunque eso corresponde decirlo al Registro Agrario Nacional o al Tribunal Agrario.”
Y concluye la Profepa: “No hay ninguna contaminación en los ríos ni arroyos; tampoco se ven arrastres de sedimentos o sustancias peligrosas. (Aunque) insisten en que hay vegetación y chacales, y que escuchan el canto de los pájaros. También piden a la empresa señalada hacer el estudio sobre contaminación de aguas”.
¡Que nos digan de qué se trata o en qué consiste su trabajo, exclama Ochoa, mientras sus compañeros Gabriel Martínez Campos y Esperanza Salazar sostienen que el despojo de tierras a los indígenas de Manantlán por parte de la minera Peña Colorada constituye un etnocidio.
