El Poder Judicial se debate en una serie de problemas que tiene en el banquillo a por lo menos cuatro jueces, quienes acusan de intromisión indebida al gobierno que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval. En este desaguisado que enfrenta a los dos poderes, el dirigente del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial, Arturo Anaya Peña, avala al Ejecutivo y dice que debe encuerarse a quienes viven como reyes y solapan la corrupción.
Los trabajadores están encabronados con los jueces, funcionarios de primer nivel y hasta contra el presidente de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), Juan José Rodríguez López, por las corruptelas y tráfico de influencias con las que se conducen, dice el líder del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial (NSIPJ), Arturo Anaya Peña.
Según el dirigente, mientras los sindicalizados laboran con equipo precario, los altos funcionarios del Poder Judicial viven como faraones. No sólo pelean las plazas y acomodan a sus familiares y amigos, sino que se oponen a la instauración de un sistema de escalafón sustentado en el profesionalismo y la capacidad de quienes laboran en la institución.
“Usted me pregunta que cómo estamos los trabajadores y yo le digo que estamos encabronados, enojados por todas las situaciones que se está dando (en el Poder Judicial) –dice al reportero–. Aquí no hay cambios de nada; no hay posibilidades de desarrollo de los sindicalizados ni alternativas para su desarrollo.”
El manejo del escalafón o las plazas se las están peleando a muerte los altos funcionarios. Todo lo quieren para ellos, insiste.
La maraña
Sin embargo los magistrados también se quejan por lo que consideran una embestida del Poder Ejecutivo contra el Judicial que, arguyen, es una intromisión indebida.
El mes pasado, el gobierno que encabeza el priista Jorge Aristóteles Sandoval pidió el retiro de cuatro jueces: Miguel Valenzuela González, expresidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, Juan José Rodríguez López a quien critican los sindicalistas–, Efraín López Ramírez y Alberto Ramírez Pérez, secretario del juzgado, y demandó iniciar los procedimientos penales contra los servidores presuntamente ligados la delincuencia.
A Valenzuela, titular del Juzgado Penal de Ocotlán desde junio pasado, la Fiscalía General lo acusa por dejar en libertad a dos sujetos acusado de secuestro. Pero él rechaza en forma tajante los señalamientos en su contra; se queja de “sistema de terror” promovido desde la fiscalía contra los juzgadores que, dice, se niegan a plegarse a las directrices del Ejecutivo estatal.
Habla también del riesgo de un posible quebranto al estado de derecho y de la inminente intromisión del Poder Ejecutivo en las labores del Judicial.
Para Jaime Gómez, integrante del Consejo de la Judicatura (CJ) y presidente de la Comisión de Disciplina de ese órgano, se trata de un lamentable error que, dice, fue rectificado en tiempo y forma por el órgano colegiado, la XI Sala y que corresponde a una resolución del 17 de septiembre de 2012, pues los implicados fueron procesados y condenados a 25 años de prisión.
Valenzuela insiste: “No existe ninguna denuncia penal en mi contra y nunca se me dio la posibilidad de ser escuchado”. El agente del Ministerio Público (MP) que reactivó el caso integró una averiguación previa (oficiosa) contra Valenzuela debido a un error que, admite, cometió “de manera involuntaria”.
La averiguación se inició sin citarlo a declarar, lo cual es una irregularidad, dice. Aun así, se integró y consignó el caso ante el CJ al cual le piden activar la “declaración de procedencia a juicio penal” contra Valenzuela.
El inculpado aclara que antes de dar entrada a ese procedimiento, el CJ debe investigar si hay elementos para separarlo del cargo y actuar en consecuencia: “La integración de la averiguación que hace la fiscalía está mal elaborada porque no me dan el derecho a la garantía de audiencia”.
En lugar de citarlo a declarar, alega Valenzuela, el fiscal se dedica a hacerle señalamientos graves que ponen en riesgo su estabilidad laboral, la condición emocional de él y su familia bajo acusaciones falsas, alega Valenzuela:
“Llevo siete años como juez y no tengo una sola queja, mi expediente está limpio. Y si ahora pude haber tenido un error ligado a la impresión (de la sentencia, el asunto), se ha maximizado como si estuviera coludido o hubiera recibido remuneración económica. Eso es incorrecto por parte del fiscal.”
Gómez admite que se pretende instaurar contra Valenzuela un delito presuntamente cometido por él “en contra de la administración de la justicia” y sólo esperan que se le separe del cargo para girar orden de aprehensión. “En la judicatura –dice– iniciamos el procedimiento para ver si procede separarlo del cargo o no”.
Pero Valenzuela reitera: “Veo dolo y terrorismo hacia mi persona. Tratan de dañar mi imagen y mis derechos como persona; no me escuchan y ahora exigen mi separación ante la judicatura”.
De continuar con esa línea política en Jalisco, expone, se podría dar un quebranto al estado de derecho.
En los casos de López Ramírez y Ramírez Pérez, ambos fueron suspendidos de sus funciones por el CJ a causa de sus errores en la aplicación de la justicia, declaró el presidente del STJ, Luis Carlos Vega Pámanes a los medios locales. Según Jaime Gómez, quien encabeza la Comisión de Disciplina en la judicatura, la fiscalía puede detenerlos en cualquier momento.
Los dilemas de la judicatura
Por lo que concierne al magistrado Rodríguez López, presidente de la Segunda Sala Penal, se le acusa de dejar en libertad a José Alfredo Cuevas León, un presunto violador, en 2012 (AP 2142/2012). La Segunda Sala le concedió una apelación aun cuando se le acusaba de la presunta violación de su hijastra de año medio de nacida y de causarle severos daños en el cuerpo.
Hace más de tres años, cuando Rodríguez López compitió por la presidencia del STJ contra Celso Humberto González Rodríguez, denunció el rezago que prevalece en el Poder Judicial y habló de vicios detectados en esa institución.
Rodríguez López declinó hablar sobre los señalamientos en su contra, sólo mandó decir al reportero que el asunto en el cual está presuntamente implicado se resolvió de manera colegiada por los integrantes de la sala que encabeza.
El consejero Jaime Gómez señala que al CJ sólo ha llegado la solicitud de separación del cargo de Miguel Valenzuela González, que será analizada con detalle antes de determinar si procede o no.
Con respecto a los otros magistrados, será el Poder Legislativo el que determine si procede su desafuero, aclara Gómez. Su compañero Alfonso Partida Caballero comenta que las solicitudes para actuar contra jueces o representantes del Poder Judicial serán atendidas con oportunidad.
Por desgracia, puntualiza, los mayores problemas se presentan en la integración de las averiguaciones. El juez debe actuar con estricto apego a derecho; si no se demuestra el delito, el juez “difícilmente podrá condenar a un presunto delincuente, aun cuando se trate de un caso de alto impacto.
Y pone un caso reciente: la liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien abandonó el penal preventivo de Puente Grande el mes pasado. “Y aun cuando la sociedad puede condenar esa decisión, desde el punto de vista de la legalidad actuó conforme lo marca la norma jurídica”, dice.
Partida Caballero asegura que en los últimos meses la judicatura ha sancionado a cinco jueces y a varios secretarios acusados de diversas irregularidades. E insiste: muchos de los asuntos que llegan a la fiscalía, están mal integrados; en el peor de los casos (no hay pruebas inculpatorias). Así no se puede sancionar o castigar a los presuntos.
En ese ríspido escenario, el líder sindical Arturo Anaya exige que las investigaciones contra los magistrados tienen como propósito “encuerar” la corrupción en el Poder Judicial. Confía, dice, en que lleguen a fondo y las autoridades actúen sin miramientos cuando se compruebe algún ilícito.
El gremio que encabeza está integrado por más de 200 trabajadores y, dice, avalan completamente el trabajo del gobierno de Jalisco en este caso. Si se llega a fondo, insiste, probablemente habrá más de cuatro jueces en el banquillo.
Hasta ahora, dice, “el Poder Judicial ha estado libre o suelto, igual que la Secretaría del Trabajo. Es necesario investigar a fondo para saber qué pasa en este poder para ver cómo dictan sus resoluciones los juzgadores.
“Yo sólo te digo que cuando estaba a punto de salir un presidente ya se contaba con el recurso para montar una guardería y apoyar a los empleados, pero llegó la nueva presidencia y ese dinero que ya se tenía desapareció.”
Anaya se lanza también contra los magistrados que se quejan de la intromisión del Legislativo. Se trata, comenta, de contener las denuncias sobre las irregularidades que afloran, pues “es la sociedad la que está pidiendo ese tipo de acciones”.
Para el consejero Partida Caballero, el asunto es más de fondo. El origen tiene que ver con los altos índices de impunidad con que operan los delincuentes quienes, dice, rebasa 98% de los casos que llegan ante el juez. Hoy, sólo se detiene a 2% de los delincuentes y es a ellos a quienes quiere acusárseles por consigna.
“Creo que esa no es la solución. Lo que debe hacerse es dar mayor capacitación a los policías, agentes del MP y a los propios jueces”, sentencia Partida Caballero.
