Al considerar en su último Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas la legalización y la prevención del consumo de estupefacientes como opción viable de política pública, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio un viraje a su postura tradicionalmente favorable a la militarización del combate al narcotráfico, la cual promueve Estados Unidos en la región.
“La despenalización del consumo de las drogas debe ser considerado en la base de cualquier estrategia de salud pública”, sentencia el documento publicado el pasado 17 de mayo, y critica abiertamente las políticas prohibicionistas.
Concluye que prohibir las drogas genera oportunidades de lucro ilícito, aísla y provoca el encarcelamiento de los consumidores e implica un gasto oneroso en la guerra contra el narcotráfico, cuyos resultados quedan por comprobarse.
“Una importante alternativa –aunque de ninguna manera la única– a las políticas actuales hacia las drogas controladas, tales como la cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas, incluiría legalizar una o más de ellas para su venta en algún tipo de forma que no sea para uso médico”, asevera.
El informe prevé que si bien una política de legalización aumentaría el número de consumidores y adictos, podría disminuir la mortalidad ligada al consumo de droga, gracias a productos de mayor pureza. También permitiría contener la epidemia de VIH entre los adictos.
Agrega que ayudaría en “reducir la violencia en los mercados y la corrupción en el sistema de justicia penal y de las autoridades políticas en general”.
No obstante la OEA duda que en el momento de legalizar las drogas disminuyera la violencia ligada con otros delitos del crimen organizado, como el tráfico y la trata de personas, el secuestro, la extorsión o el tráfico de armas.
El organismo continental considera que las tendencias existentes en los países del continente se limitan a despenalizar o legalizar la producción, venta y consumo de la mariguana.
Sin embargo, precisa, “no encontramos ningún apoyo significativo, en ningún país, para la despenalización o legalización del tráfico de las demás drogas ilegales”.
Al presentar el documento en la capital colombiana, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, señaló: “Que quede claro, aquí nadie está defendiendo ninguna postura, ni la legalización, ni la regulación, ni la guerra a cualquier precio. Hemos procurado no callar ni ocultar nada”.
Según Insulza tan sólo en los mercados de venta al menudeo, el negocio de las drogas alcanza alrededor de 150 mil millones de dólares anuales en el hemisferio americano.
El reporte explica por su parte que los “empresarios” criminales “no deben someter la calidad de sus productos al control de alguna autoridad, no pagan impuestos, conquistan sus cuotas de mercado mediante la violencia e imponen sus precios por el mismo expediente”.
Asimismo la inseguridad afecta más a las sociedades con Estados débiles. En éstos, detalla el reporte, las facciones criminales tienen una relación “simbiótica” con los sectores políticos y económicos a escala nacional lo que a su vez genera un bajo nivel de confianza en las instituciones.
El informe destaca el débil presupuesto para los programas de control de drogas en el continente en cuanto a prevención y tratamiento del consumo, subraya los efectos nefastos de las drogas sobre la salud y apunta que el alcohol causa más de 2.5 millones de muertes al año.
“A los individuos que padecen algún trastorno relacionado con el consumo de sustancias se les dificulta o se les niega la posibilidad de obtener atención médica general y acceso a los servicios”, advierte.
Además apunta al elevado costo del tratamiento, generalmente a cargo del propio paciente que es además víctima del estigma social vinculado con el consumo.
El consumo de drogas, sentencia el informe, es “tanto una consecuencia como una causa de la exclusión social” y “la exclusión dificulta las perspectivas de resiliencia y reintegración social”.
“Si se acepta la noción fundamental de que el uso de drogas no es un acto criminal, los consumidores no deberían ser objeto de castigo sino de atención y la rehabilitación”, señaló Insulza.
El documento de la OEA sirvió de base para un debate que se realizó durante la última asamblea general del organismo, del 4 al 6 junio pasados en Antigua, Guatemala. Insulza declaró el carácter “histórico” de la asamblea.
“La fuerza de la convocatoria y del informe de drogas de la OEA acaban con un tabú de numerosas décadas”, dijo en su discurso. Avisó que los debates debían enfocarse en la salud pública y la reducción de la violencia ligada al narcotráfico.
La representante de Estados Unidos, Carmen Lomellin, advirtió antes de la reunión que Washington no era favorable a reorientar la política antidrogas en el continente.
Ninguno de los 21 puntos de la Declaración de Antigua: Hacia una política integral ante el problema mundial de las drogas en las Américas –publicada el 6 de junio, al concluir la asamblea general– contiene la palabra “despenalización”. De “legalización”, ni hablar.
