Uruguay está a un paso de aprobar una ley que otorga al Estado amplias facultades para regular el uso de la mariguana. Se trata de un “experimento” –reconoció el presidente José Mujica– con el cual se intenta abatir el consumo de la droga y minimizar los impactos negativos del combate al narcotráfico. La medida ya ha sido condenada casi unánimemente fuera del país, pero la nación sudamericana sigue adelante con la iniciativa.
BUENOS AIRES.- Como parte de la apuesta de Uruguay por la regulación integral de la mariguana, el Estado asumirá el control de la importación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la cannabis y sus derivados.
La Ley de Regulación de la Mariguana fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 5 de agosto por 50 votos contra 49 y el oficialista Frente Amplio (FA) tiene en el Senado los votos necesarios para su ratificación. Uruguay se convertiría así en el primer país del mundo en sancionar una iniciativa de esta naturaleza. Su artífice es el presidente José Mujica.
El proyecto establece tres vías legales para la adquisición de mariguana: El autocultivo, los clubes y la venta en farmacias. El primer caso permite el cultivo particular de hasta seis plantas hembras, con un máximo de 480 gramos de cosecha anual. Los clubes reunirán grupos de entre 15 y 45 personas que compartirán las flores de 99 plantas. Y en las farmacias un consumidor podrá comprar hasta un máximo de 40 gramos al mes.
En los tres casos los consumidores deberán inscribirse en el Registro Nacional de Usuarios, “que va a estar amparado por la Ley de Hábeas Data, la Ley de Protección de Datos Personales; es un registro de datos sensibles que no va a ser público”, dice a Proceso Nicolás Núñez, diputado del FA y uno de los redactores del proyecto de ley.
“El registro va a ser exclusivamente de manejo de la unidad reguladora y sólo para garantizar, por ejemplo, que si una persona tiene seis plantas en su casa y la policía hace un procedimiento, la persona pueda demostrar que es un usuario legal y que esas plantas figuran en el registro”, explica.
“Este registro sin duda es parte fundamental de lo que va a ser la ley y la regulación”, puntualiza Núñez, secretario general de la Juventud Socialista de Uruguay.
El gobierno de Mujica no planea endurecer las penas de prisión para quienes cultiven mariguana sin estar registrados. Por lo demás, el proyecto de ley no deroga ninguna de las normas preexistentes, que prevén penas altas para los delitos vinculados con el narcotráfico, pero sí modifica la posibilidad de acceso legal a la planta.
“Si a una persona que no está en el registro se le encuentra vendiendo mariguana, aunque sea en cantidades pequeñas, se le va a aplicar la ley y va a ser tratada como narcotraficante”, advierte Núñez y añade: “Si una persona tiene una plantación ilegal, así sean seis plantas, entonces se va a presumir que esas plantas son para la venta ilegal”.
A partir de la iniciativa el consumo recreativo de la mariguana dejará de estar estigmatizado. No se libera el uso medicinal de la sustancia como atajo para permitir su compra con fines recreativos y tampoco se descriminaliza al consumidor de cannabis para convertirlo en un enfermo o un adicto.
–¿Para el espíritu de la ley qué sería el consumidor recreativo? –se le pregunta a Núñez.
–La idea es descriminalizar a los consumidores. La situación en la que estamos en Uruguay, donde es legal fumar pero es ilegal comprar, sin duda ha aportado a criminalizarlos. Y lo que los consumidores recreativos van a ser es lo que ya son. Muchos de ellos son médicos, profesionales, profesores, obreros, trabajadores, estudiantes que llevan su vida normalmente.
Los equipos de toxicólogos y psiquiatras que asesoran a los legisladores fijaron en 40 gramos mensuales el tope a partir del cual puede hablarse de un “consumo problemático”.
“Si alguien tiene un problema con su consumo, se le tratará como un asunto sanitario, un asunto de salud pública”, sostiene Núñez. “Vamos a activar una serie de políticas, que también están implícitas en la ley, para evitar que los consumidores recreativos se conviertan en consumidores problemáticos”.
Impactos positivos
Por lo pronto la regulación pretende evitar que el consumidor acuda –como lo hace en la actualidad– a un punto ilegal de venta. Según datos oficiales 80% de quienes compran drogas en los puntos ilegales en Uruguay se inclina por la mariguana.
La nación sudamericana gasta cerca de 80 millones de dólares anuales en combatir el narcotráfico y mantener a los mil 700 presos por delitos vinculados con la droga: unos mil 500 por consumo y 200 por cultivo. De tener éxito la aplicación de la Ley de Regulación de la Mariguana el impacto para las arcas del Estado y contra el negocio del narcotráfico podría ser notable.
–La Ley prevé que el Estado otorgue licencias a algunas empresas para que distribuyan y produzcan. ¿Se corre el riesgo de que el negocio termine en manos de las multinacionales farmacéuticas?
–Tenemos que distinguir aquí los diferentes usos que se van a dar. Hay un uso medicinal y farmacéutico, que evidentemente el Estado va a regular fuertemente, al igual que el consumo recreativo, pero que va a implicar tecnología, mano de obra, inversión y sin duda va a correr por parte de las empresas farmacéuticas que están interesadas en desarrollar medicamentos a partir de canabinoides, que se extraen de la mariguana.
“Lo que el Estado va a hacer en el caso del uso recreativo, más que otorgar licencias a privados se podría definir como tercerizar. El Estado no se va a poner a producir, va a tercerizar el servicio de la producción. El Estado no se va a poner a vender, va a tercerizar la venta a través de las farmacias. Además la ley prevé que se limite totalmente la publicidad que incita al consumo.
–El presidente Mujica habló de “un experimento”, de “un laboratorio vivo para que la comunidad internacional aprenda”. ¿Cuáles son los riesgos de este experimento?
–El principal es que estamos solos, como país, en esta experiencia. No tenemos un punto de comparación: Hemos estudiado los diferentes modelos de regulación en el mundo y el que planteamos hoy en Uruguay es único por su integralidad.
El diputado del FA cree que la realidad le impondrá a la Ley alguna modificación: “Esperemos que no crezcan los consumidores de uso problemático y esperemos que disminuyan los consumidores de drogas más duras, como la cocaína o la pasta base”, dice. “Estos son riesgos que estamos dispuestos a asumir”.
Reacciones extranjeras
Para el diputado hay también un riesgo político ligado a la posible incomprensión que la iniciativa pueda despertar en algunos sectores internacionales. La ONU, por ejemplo, reaccionó de manera negativa ante la Ley y sostuvo que viola tratados internacionales sobre drogas que Uruguay firmó. El propio Mujica irá este mes a la sede de las Naciones Unidas para defender el proyecto.
“La comunidad internacional tiene que entender que las razones de salud pública amparan a Uruguay frente a los tratados internacionales que se hayan firmado en su momento”, sostiene Núñez. “Para nosotros está siendo insostenible esta guerra contra el narcotráfico, así planteada, y estamos, como dijo también el presidente Mujica, gastando pólvora en chimangos (un pequeño pájaro sudamericano), no estamos logrando objetivos.”
–Según algunas encuestas 63% de los uruguayos se opone a la Ley. Algo parecido está pasando en la capital mexicana, donde la oposición a un ordenamiento de estas características es de 70%. ¿Por qué cree usted que esto es así?
–Esto tiene una explicación muy clara: Fuimos criados en nuestras poblaciones bajo un paradigma prohibicionista y hoy el miedo a cambiar nos paraliza. Después de 60 años de lavado de cabeza por parte de los organismos internacionales y de los gobiernos, que han impuesto este tipo de política de guerra contra las drogas, cambiar la idea de la gente es un trabajo que vamos a tener que ir haciendo poco a poco.
“Aquí en Uruguay creo que estas cifras pueden mejorar de forma sustantiva porque la gente está muy confundida en torno a cuál es esta política. Mucha gente piensa que esto es la liberación de la mariguana y no su regulación. Cuando le preguntamos a la gente ‘¿Está de acuerdo con que siga todo igual o está de acuerdo con regular?’ Entonces la gente dice: ‘No, yo estoy de acuerdo con regular. No quiero que siga todo como está.’
“Cuando se aprueben este tipo de leyes y los uruguayos, los mexicanos, los argentinos, veamos que no se viene el mundo abajo sino que se están haciendo bien las cosas, que estas políticas empiezan a caminar, entonces la gente va a empezar a cambiar su concepto.”
–En México, por ejemplo, a pesar de los pésimos resultados de la política represiva, el involucramiento estadunidense en términos de presencia, asesoría, equipos, entrenamiento y recursos es cada vez mayor. ¿Ha proporcionado la guerra contra las drogas un pretexto para la intervención militar y política en Latinoamérica?
–Si nos fijamos en los resultados de lo que ha sido esta política impulsada por Estados Unidos en nuestros países vemos que en los últimos 10 años hemos aumentado sostenidamente el gasto en represión, en armas, en accesorios, en logística, en recursos humanos. Tanto hemos aumentado el gasto como ha aumentado el consumo. A pesar de que aumentamos el gasto en represión, sigue aumentando el consumo y por lo tanto la producción.
“¿Realmente los gobiernos que impulsan estas políticas son ingenuos? ¿No se dan cuenta de que están tirando plata en un agujero sin fondo? Por supuesto que se dan cuenta. El problema radica en que la salud de la población no está en el interés de estos gobiernos. Hay sin duda intereses económicos, militares y geopolíticos de diferentes países.
“Por ejemplo los intereses económicos: ¿Dónde va toda esa plata? Pensamos que ese dinero está en los bancos, en la economía real, el negocio inmobiliario, en un circuito que se beneficia de las regalías que produce el narcotráfico. Evidentemente se está manteniendo una industria militar con esta guerra. Hay muchos que ya están viviendo de la teta de la represión. Y por supuesto no quieren que eso cambie. Aquí hay intereses geopolíticos también: Allí están las diferentes bases que Estados Unidos ha plantado en América Latina, fundamentalmente en Colombia.”
–Algunos analistas ven en esta acción del gobierno de Mujica una señal de la creciente independencia de la región frente a Washington, al descontinuar políticas en línea con la guerra contra las drogas.
–Lo que queremos hacer en Uruguay no es contra nadie. Queremos marcar nuestro propio camino, hacer nuestra propia experiencia. No queremos comprar estrategias desde afuera. Yo creo que ahí Estados Unidos tiene una actitud muy hipócrita frente al tema. Casi 20 de sus estados tienen regulada la mariguana de alguna forma.
“Los casos más notorios son California, que lo hace de manera medicinal pero con un acceso masivo. Washington y Colorado aprobaron su regulación de forma más integral y recreativa. Estados Unidos predica una política fuera de sus fronteras, pero dentro está llevando adelante otra. Creo que hasta Washington se está dando cuenta de que es insostenible la mentira del prohibicionismo.”
–Roberto Campa, subsecretario de Gobernación de México, afirmó que su país debe mantenerse en la ruta de la despenalización de la mariguana y no ir a la “legalización”, pues se corre el riesgo de que el consumo se incremente. ¿Qué piensa usted de esta diferenciación?
–Con la despenalización tampoco se alcanza el objetivo. Es mi humilde opinión. Creo que no es ni la liberación de la mariguana ni la despenalización: es la regulación. El Estado, quien cuida los intereses generales de la nación, debe asegurarse de que esta sustancia tenga una regulación eficaz, como la que se está llevando a cabo en diferentes países de América Latina en relación con el tabaco, limitando su publicidad y los lugares donde se puede consumir y adquirir.
“La regulación es el camino. En Uruguay estaba despenalizado el consumo de mariguana, pero estaba penalizado adquirir la sustancia. Estas contradicciones desde el punto de vista jurídico beneficiaban a los delincuentes y perjudicaban a los ciudadanos comunes, que no tenían garantías para poder ir a adquirir una sustancia que tenían el derecho de consumir. Si ese es el modelo de despenalización, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con regular fuertemente la sustancia.
