Señor director:
Por este conducto queremos dar a conocer una serie de atropellos cometidos en contra de un grupo de 30 excustodios del Cereso de San Luis Potosí, denominado “La Pila”.
Siempre estuvimos denunciando ante los funcionarios correspondientes deficiencias del sistema penitenciario estatal, como la falta de personal de seguridad y custodia, la carencia de equipamiento, la mala alimentación a los internos y el hecho de que los Ceresos no son encabezados por los directivos idóneos.
Lejos de escuchar nuestras críticas para resolver estos problemas, a partir de 2010 las autoridades penitenciarias empezaron a aplicar represalias contra nosotros y a despedirnos, sin importar que algunos teníamos más de 20 años de servicio.
Por si fuera poco, otros fuimos incluso arrestados sin ningún sustento legal. Por ejemplo, nuestro compañero José Luis Castro Méndez fue encarcelado durante seis meses por el supuesto delito de deslealtad al empleo, al cargo o a la comisión. Víctor Arista estuvo injustamente recluido durante nueve meses bajo las mismas acusaciones. Al final ambos fueron liberados y sólo les dijeron: “disculpen ustedes”.
En contrapartida, en los cargos que nos quitaron fueron poniendo a allegados de políticos y funcionarios estatales haciendo caso omiso de los requisitos que marcan los reglamentos del sistema penitenciario, que en San Luis Potosí se aplican selectivamente.
Actualmente tememos por nuestras vidas y las de nuestras familias.
De lo que pueda pasarnos hacemos responsable al gobernador del estado de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández; a su secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, y a la directora general de Prevención y Reinserción Social, Concepción Tovar Monreal.
Al presidente Enrique Peña Nieto ya le hicimos llegar nuestras quejas mediante una carta y un expediente con la esperanza de que intervenga ante estos múltiples atropellos. Ahora acudimos a la revista Proceso, pues carecemos de espacios para que se nos escuche. (Carta resumida.)
Atentamente
David Alejandro Solís Puebla y Miguel Ángel Lucciotto Almendarez (en representación de todos los despedidos).
