Señor director:
Le pido publicar la presente carta, dirigida en primera instancia al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
En diciembre de 2011 fui acusado de violación y prácticamente secuestrado por el policía Enrique de la Cruz Aparicio y un civil familiar suyo y de la denunciante; fui consignado inmediatamente, sin asistencia de un defensor y de manera ilegal por el licenciado José Soto Landa, agente del Ministerio Público de la Fiscalía FDS4, quien encubrió las falsas declaraciones de la policía y la denunciante.
El juez 51 de lo Penal del DF me sentenció a 10 años de prisión por el solo dicho de la denunciante, sin que se hubiera comprobado la cópula, pues nunca se presentaron las periciales de laboratorio de las muestras mías y de la denunciante.
En la apelación, la Sexta Sala del TSJDF confirma la sentencia de primera instancia afirmando: “La única prueba para acreditar la imputación de la ofendida lo es su propia declaración, puesto que en primer lugar debe decirse que no es indispensable para su acreditación algún hallazgo físico, bastando la aportación de la persona que resiente directamente el hecho”.
A pesar de que en mi amparo 198/2013 se evidenciaron diversas violaciones a mis garantías (detención ilegal, consignación sin asistencia de defensor, ausencia de periciales, descalificación de testigos de descargo, sentencia basada en machotes, etcétera), el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito únicamente consideró el primer concepto de violación y, alegando un criterio de mayor beneficio, ordenó a la Sexta Sala anular su sentencia y dictar una nueva.
¿“Mayor beneficio?”. ¿Para quién? La sala no sólo confirmó su sentencia, sino que además corrigió los errores de su primera sentencia derivados de usar un machote de un delito similar.
¿No se supone que el objeto del amparo es proteger a los ciudadanos ante los actos de cualquier autoridad? ¿Por qué los tribunales, en vez de impartir justicia y resolver sobre las violaciones planteadas en un amparo, regresan los casos a las mismas instancias que los juzgaron?
He llegado a la triste conclusión de que la justicia en este país es una farsa, como bien lo recrea Gerardo Laveaga en su novela Justicia.
Estoy convencido de que los conceptos de violación presentados en mi amparo demuestran mi inocencia y que las investigaciones realizadas por la CDHDF lo corroboran, por lo que hago un llamado al Séptimo Tribunal para que analice mi amparo en su integridad y acepte como pruebas las investigaciones de la CDHDF. ¡Es de justicia!
Atentamente
Argenis Alejandro de León Alarcón
