Se fue Emilio González Márquez (EGM) y, por fortuna, terminaron los millonarios apoyos económicos desparpajados a diestra y siniestra; manirrotos, despilfarradores con dinero que no era suyo. La primera en resentirlo es la golfista Lorena Ochoa, quien no recibirá del gobierno estatal el millón de dólares que anualmente le entregaba para patrocinar su torneo Lorena Ochoa Invitational. Los organizadores –ella y su hermano Alejandro– lamentan que 380 millones de personas en el mundo no verán el evento por televisión y que no llegará una derrama de 180 millones de pesos. ¿Será cierto? Increíble que haya tantos espectadores para un torneo de una golfista retirada… aunque vengan algunas competidoras consagradas o que lo fueron alguna vez. Tampoco creo que haya tantos ingresos, al menos para la sociedad. Si la actual administración estatal sigue por el mismo camino, deberá cerrar la otrora llave bondadosa de las dádivas a quienes menos las necesitan –cual era la tendencia emilista– en el camino quedarán eventos que a nada conducen como las presentaciones públicas de un Checo Pérez o los desfiles navideños de Televisa con sus “estrellas”. Bajo la tónica de EGM, el presidente del Club Deportivo Atlas, Eugenio Ruiz Orozco –primer priista en perder la gubernatura jalisciense contra el PAN –se atrevió a solicitar recientemente al erario un multimillonario financiamiento que, por ventura, le fue negado.
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Un buen día, un joven de nombre Luis tocó a las puertas de un pequeño taller de carpintería y tapicería para pedir trabajo. Dijo saber del ramo de la madera y tener necesidad del empleo. Por suerte, para él, encontró ocupación. Apenas pasaron unas semanas fue despedido porque lo sorprendieron robando herramientas y cuanto podía. Días después llegó el gemelo suyo de nombre Leonel. Iba para que le entregaran un viejo compresor que, sin que se lo pidieran, había llevado el hermano. En realidad quería conocer el lugar y a los dueños, quienes días después recibieron la notificación de una demanda por el despido, pero no de Luis, sino de Leonel, quien nunca había trabajado ahí. El individuo exigía una indemnización. Después de amenazas y un estire y afloje, le entregaron la cantidad solicitada. Lo hicimos “para evitarnos un largo pleito laboral en el que siempre pierde el patrón”, dicen los dueños del taller familiar. Después supieron que atrás de ellos estaban abogados a quienes hoy se conoce como Los Talibanes. Estos sujetos –que según la Secretaría del Trabajo pasan de 60– se dedican a cazar empresas o negocios para extorsionarlos. Incluso llegan a demandar cuantiosas liquidaciones a instituciones de asistencia social. Su mecánica consiste en enviar a personas que tienen a su disposición para solicitar trabajo. Luego inventan o realizan acciones contrarias a las de su labor, son corridos o se van y regresan con sendas demandas para que se les liquide tras largos juicios, a los que en ocasiones se han prestado las autoridades laborales, así sea en contra de las mismas dependencias gubernamentales. Sin embargo, cuando la lumbre llegó a los aparejos del gobierno estatal mediante millonarias demandas, particularmente en contra del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la denuncia de esta plaga de defensores no se hizo esperar por parte del titular de la Secretaría del Trabajo, Eduardo Almaguer Ramírez.
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De acuerdo con las revelaciones que hizo Almaguer, el ya famoso cártel lo comandan los licenciados Gildardo y Víctor González Pérez, seguidos de Luis Fernando y Jorge González Esparza, Adriana Wendolín Fletes, Salvador Acosta González, Jesús Sánchez Montero, Juan Pablo Esparza Montes, Ricardo M. Montero, Juan Omar González Pineda, José Antonio Pérez Vázquez y Christian Ruesga González. Todos –algunos de ellos emparentados entre sí–, han sido un dolor de cabeza para muchas empresas e instituciones oficiales –incluidos el Infonavit y el Seguro Social– o de asistencia social, así sea inventando salarios estratosféricos o falsificando documentos. Ellos, dicen las autoridades, agarran parejo y no tienen miramientos de ninguna especie. Ahora, tras los señalamientos públicos, empiezan a caer denuncias de toda índole, incluso penales, contra los ya famosos Talibanes por supuestas extorsiones que han realizado durante muchos años, a ciencia y paciencia de funcionarios corruptos. Si realmente existe la intención del nuevo gobierno de acabar con ellos o, al menos, meterlos en cintura, es el momento. Quienes los engendraron, que en mucho fueron los anteriores gobiernos priístas y crecieron sorprendentemente en los tres gobiernos panistas deberán de terminar con esa plaga antes de que se haga más tarde.
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