Con tal de quedar bien con la gente del dinero, el ayuntamiento tapatío sigue autorizando la construcción de imponentes complejos comerciales y habitacionales. Lo último que les importa es su impacto en la calidad de vida de los vecinos ya establecidos y la afectación del ciclo hidrológico que ya denuncian organizaciones civiles y científicos.
La construcción de dos, o hasta tres torres, en la confluencia de las avenidas Américas y Patria, en el límite de Guadalajara con Zapopan, dañará la cuenca hidrológica que corre del bosque de La Primavera y El Bajío a Los Colomos y sigue por el arroyo Atemajac hasta la barranca de Huentitán, alertan agrupaciones vecinales y habitantes de edificios aledaños, quienes estiman que se afectará la movilidad y su patrimonio.
Por tal motivo, la Asociación de Colonos de las Torres Encinos I y II, del fraccionamiento Country Club, promoverá un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) y un amparo indirecto para que se cancelen dos licencias de construcción, una extrañamente expedida por panistas minutos antes de terminar su gestión municipal en Guadalajara el 31 de diciembre de 2009; y la otra entregada por el gobierno priista el 1 de marzo de 2012, a instancias del propio TAE.
El proyecto inmobiliario prevé la construcción de 253 departamentos por cada torre habitacional, oficinas comerciales y de servicios; de entre 45 y 48 niveles, la primera; de 35 pisos la segunda y una tercera de 20 pisos, sobre una superficie de 11 mil 133 metros cuadrados, informa Carlos Aldana Ortiz, abogado de los colonos.
En la red circula información (www.urbipedia.org/index.php) en que se destaca que “las Torres Infiniti son un conjunto de dos edificios, autoría del afamado arquitecto uruguayo Carlos Ott, que constan de un rascacielos de 45 pisos con una altura de 190 metros, y otro de 35, elevándose hasta los 160 metros”, por lo que el complejo contará con el edificio más alto en Guadalajara.
En una de las tantas páginas electrónicas que maneja Torres Infiniti se confirma que el proyecto incluye un tercer edificio de uso comercial y un hotel.
Abuso de la “afirmativa ficta”
Aldana Ortiz es también asesor jurídico del Parlamento de Colonias y en entrevista con este semanario se queja de la falta de información puntual y del “abuso” y mal uso de la figura jurídica afirmativa ficta, con base en la cual se han erigido casinos, gasolineras, edificios, moteles y giros no deseados en zonas donde las normas urbanas y los reglamentos en la materia no lo permiten. La afirmativa ficta aplica cuando la autoridad no responde a una petición o solicitud, ya que, jurídicamente su silencio se toma como aceptación.
Según el abogado, la autoridad en ocasiones es negligente, pero hay casos en que es dolosa y no responde a un trámite “para lavarse las manos y escudarse en la afirmativa ficta”.
Señala que “las autoridades han sido sorprendidas y doblegadas por artimañas jurídicas vía afirmativa ficta”, y aclara que le parece que la falla no es del tribunal, “sino de la ley, que debe ser modificada, ya que así se logran obtener autorizaciones fuera de norma. Tenemos casos como éste, en que el trámite no pasa por la ventanilla correspondiente, sino sólo se da constancia de que no se quiso recibir. Probablemente ni siquiera visitaron la ventanilla y estamos partiendo de una acción dolosa de quienes lo hicieron, los desarrolladores”.
Se le pregunta si en caso de que las autoridades no respondan, técnicamente estarían regalando el permiso. “Habrá que revisar el desempeño de algunas autoridades”, afirma, porque cree que los ayudaron.
Aldana Ortiz señala que el ayuntamiento de Guadalajara tiene la gran oportunidad de hacer equipo con los ciudadanos para frenar las ilegalidades que se derivan de una licencia mayor de construcción otorgada por el exalcalde interino Juan Pablo de la Torre (del PAN) el 31 de diciembre de 2009 (licencia M-0444/2009) y el dictamen favorable a la edificación de hasta 253 viviendas en una superficie no menor a 70 metros por departamento (Dictamen de Trazos Usos y Destinos 039/Z/E-2009/5575, del 31 de diciembre de 2009).
“Mi idea es hacer equipo con la autoridad y no estar en una situación de enfrentamiento, porque el municipio tuvo que expedir una nueva licencia por orden del TAE (expediente 126/2011)”, indica Aldana.
El desarrollador presentó su demanda de nulidad el 7 de marzo de 2011. Fue admitida y turnada a la Sexta Sala del TAE el día 11 de abril de ese año. Luego, en agosto se emitió la sentencia.
Alberto Barba Gómez, presidente de la Sexta Sala del TAE, ordenó al ayuntamiento de Guadalajara que expidiera la licencia mayor de construcción en favor de Héctor Cárdenas Curiel, administrador único de la empresa C&C Capital SA de CV, para la construcción de los condominios Country Club Torre I y Torre II (Infiniti), “solicitud que fue presentada el 20 de enero de 2011”, dice la sentencia, de la que este semanario tiene copia.
El ayuntamiento de Guadalajara libró la licencia mayor de construcción (M-0019-2012) hasta e1 1 de marzo de 2012 “y fue por requerimiento del tribunal”, acota el asesor legal del Parlamento de Colonias.
Aldana Ortiz acusa que el proyecto urbanístico se basa en ilegalidades y sospechosas omisiones, además de que no cuenta con los estudios necesarios para su aprobación y construcción y evidencia notorias discrepancias.
En marzo de 2009, el cabildo tapatío aprobó modificaciones al plan parcial de urbanización en la zona y dio factibilidad a la creación de edificios de mayor densidad, condicionados a estudios técnicos y al cumplimiento de las normas.
El abogado de los vecinos de las Torres Encinos se queja de que no se ha dado información completa y puntual sobre el proyecto y que la obtención de los estudios de impacto ambiental, vial e hidrológico, ha sido una tarea compleja.
De acuerdo con los estudios de mecánica de suelos disponibles, se harán excavaciones a 50 metros, lo que provocará un fuerte daño a los mantos freáticos, anticipa Aldana Ortiz.
La cuenca hidrológica
José Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consultor con especialidad en urbanismo, diseño y construcción de infraestructura hidrosanitaria y sistemas de captación de agua, confirma que el proyecto no debió ser autorizado y que modificará el ciclo hidrológico.
Precisa que los estudios de mecánica de suelos indican que el nivel freático en el área está muy alto, “y esto no es sorprendente porque tenemos un arroyo próximo, en Montevideo, que está abajito”.
“Nos preocupa este tipo de intervenciones porque surgen sin estudios de profundidad y bajo supuestos que no tienen fundamento, sin conciencia del daño que se va a provocar. Hay dos aspectos que afectan en materia de agua, que es la parte natural y artificial o de infraestructura (…) Se van afectar los escurrimientos. Hay unos muy importantes que van a dar a uno más pequeño que está allí en el Country y que va hacia lo que ahora conocemos como el parque Ávila Camacho. Esos escurrimientos no se infiltran y luego tenemos la acumulación de las aguas, y por otro lado, provocan inundaciones que en su momento representan un problema para poderla desalojar”, explica Gleason Espíndola.
Refiere que la zona ha sido urbanizada irresponsablemente: “Allí está Plaza Patria. Yo no sé por qué a los desarrolladores se les ocurrió hacerla en un río que, aunque es intermitente, no debió ser afectado. El mismo parque Ávila Camacho es otro problema grave. Una masa de concreto definitivamente lo va a afectar y queremos conocer el nivel del daño. Hasta ahorita no hay estudios hidrológicos importantes”, subraya el también experto en planificación y gestión de recursos públicos.
Gleason recomienda que se modifique la ley para que las construcciones mayores estén condicionadas a la realización de estudios serios y profundos en materia de agua.
La legislación urbana vigente está débil, estima el también consultor internacional, tras recordar que un terreno no se comporta igual con urbanización que sin urbanizar y apunta por último que se debe medir la afectación a los vecinos de las torres ya existentes y prevenir la saturación del colector.
Interés público
Como una ilegalidad más, califica Eduardo Morfín López, vocero del Núcleo de Colonias, la autorización para desarrollar las Torres Infiniti.
El Núcleo de Colonias está conformado por varias asociaciones vecinales tapatías que han visto seriamente afectada su calidad de vida por las violaciones a las leyes urbanas y ambientales en zonas como Arcos Vallarta, Lafayette y Americana.
Para Morfín, la construcción de las Torres Infiniti es muestra del abuso de las autoridades anteriores y actuales que en contubernio contradicen y violan la Constitución, además de ir en contra del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población vigente.
El líder vecinal habla de la posible comisión de delitos, que están siendo solapados y perpetrados por las mismas autoridades y el riesgo de que, en aras del interés especulativo de los desarrolladores, surjan otros proyectos similares: “Por el mal entendido y mal aplicado ‘principio de equidad’, cualquier otro ciudadano se sentirá en pleno derecho de exigir cualquier licencia similar para construir torres alrededor de éstas”, concluye el vocero del Núcleo de Colonias.
