Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y activistas sociales critican al diputado priista Jaime Prieto Pérez, quien a principios de mayo presentó una iniciativa de Ley estatal de Atención a Víctimas del Delito calcada de Wikipedia y de un artículo publicado el año pasado; algunos lo llaman “el diputado copy paste”. Y aunque él asegura haber consultado a cerca de 200 organismos defensores de los derechos humanos y que en las mesas de discusión de septiembre y octubre invitará a la sociedad, sus detractores insisten: eso es mentira.
Los integrantes de la LX Legislatura local no sólo trabajan en la elaboración de una Ley de Atención a Víctimas del Delito de Jalisco, sino que lo hacen a partir de una propuesta alejada de la Ley General de Víctimas, sostiene el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), tras hacer una revisión del anteproyecto de ley presentado por el priista Jaime Prieto Pérez el pasado 9 de mayo.
Silvano Cantú, de la comisión técnica del movimiento, y Julio Hernández Barrón y Elena García –quienes participaron en la redacción de la Ley General de Víctimas– revisaron el borrador y encontraron varias anomalías que desvirtúan su propósito fundamental: reparar el daño; asimismo excluye a las víctimas indirectas y potenciales, y descarta a las que han sufrido violaciones a sus derechos humanos.
En el documento los diputados no sólo descartan a los potenciales beneficiarios, también intentan sustituir a la comisión ejecutiva que discutirá la propuesta de ley por un consejo ciudadano en el cual estarán representados organismos empresariales como Coparmex, Canaco y Cesjal –que siempre son convocados para planchar sus iniciativas–, así como algunas universidades.
María del Mar Álvarez, la abogada del MPJD que junto con Cantú trabaja en los aspectos técnicos y jurídicos de la ley, habla del encuentro del martes 13 con los coordinadores parlamentarios. El priista Jaime Prieto, dice, le aseguró que había consultado al menos a 200 organizaciones civiles. La cifra está inflada, comenta, pues son contadas las asociaciones especializadas en atención a víctimas.
Según Cantú, el método propuesto por los diputados para discutir el anteproyecto de ley no es el más apropiado –“se presta a la inducción y a la partidización”, sostiene–, de ahí que ellos insistan que incluir a todas las fuerzas políticas del Poder Legislativo y a las organizaciones civiles involucradas con la defensa de los derechos humanos y la atención a víctimas.
Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas en el Congreso de la Unión, sólo el estado de Morelos cuenta con una ley en la materia, aun cuando las estatales debieron aprobarse a más tardar el 8 de junio pasado con una prórroga de 180 días para incorporar las reformas, que vence el 8 de noviembre.
En Morelos el Congreso local reunió todos los requisitos que pedía el MPJD y no hubo más aspavientos para la elaboración de la ley. En Nuevo León, Baja California y Jalisco aún trabajan en su iniciativa; y es en esta entidad donde se están topando con un proceso dirigido, dice Cantú, e insiste: si la iniciativa de ley no cubre el mínimo requisito de integrar a colectivos y organismos civiles, será ilusoria.
El proyecto de Prieto Pérez, reitera, es excluyente; sólo reconoce a las víctimas directas y colectivas cuando están sujetas a un proceso penal, dejando fuera las violaciones de derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada y los derechos ambientales y laborales que sí incluye la Ley General de Víctimas.
La legislación federal prevé además la integración de un fondo económico como medida compensatoria para reparar daños. Según Cantú, el gobierno del estado deberá destinar .014% de su presupuesto anual en este aspecto, aunque el fondo también puede contar con aportaciones privadas y el dinero recabado en las subastas de los bienes incautados a la delincuencia organizada.
Sin embargo, puntualiza Cantú, la compensación económica no es la única manera de reparar el daño: “Hay una serie de medidas de restitución; pensemos que se le borren los antecedentes penales a una persona que fuera víctima de error judicial o el hecho de se le restituya en un empleo que fue despojado de manera arbitraria, o el hecho de que se le devuelva un bien que le ha sido retirado o que se le restituya la libertad.
“En otros casos proceden las medidas de satisfacción que consisten en un pedido de disculpas públicas, que para muchas víctimas es muy importante, que implique castigo a los responsables y se investigue, que se hagan informes públicos, por citar algún ejemplo.”
Expone que la ley también prevé medidas de rehabilitación para la víctima como la atención médica, psicológica y social para que la persona vuelva a reinsertarse al tejido social, incluso si llegara a necesitarlas de por vida.
Las presiones
Otro de los propósitos de la ley, dice Silvano Cantú, es crear un registro estadístico de víctimas para conocer las cifras reales que permitan dimensionar el fenómeno de violencia, si bien se tiene un aproximado de 2 mil 700 desapariciones en Jalisco.
A Cantú, coautor de la ley federal, y al MCJD les preocupa el incremento de las desapariciones con respecto al año pasado. Hoy, dice el activista Jalisco, ocupa el tercer lugar en ese rubro en el ámbito nacional, el segundo con relación a las mujeres desaparecidas y el primero en estudiantes desaparecidos.
“Es un rasgo impactante de la realidad de Jalisco que ya no puede ocultarse. Las víctimas están saliendo a la calle a hacerse visibles, están exponiendo sus casos en asambleas para evitar que se les eche en un laberinto de soledad y desatención.”
El aterrizaje de la ley en Jalisco no tiene por qué generar más burocracia ni mecanismos dóciles con fines diferentes al de la reparación de daños. Por ello insiste que las autoridades deben involucrar a las víctimas para elaborar los protocolos de atención; recuerda incluso que en su momento la Ley de Víctimas fue vetada por Felipe Calderón. De alguna manera, se le decía que su guerra contra el narcotráfico era un fracaso:
“Era una forma de poner en el reflector el fracaso total de su política de seguridad. Además se le estaba haciendo responsable de lo que estaba pasando. Es algo que él no quería asumir; estaba en una cruzada, en una guerra y había daños colaterales. Nosotros dijimos: el Estado es responsable y usted es el más responsable. Era una forma de decirle: su guerra es un sinsentido.”
De los colectivos dedicados a la atención de víctimas de la violencia, quizá el más visible es Bordamos por la Paz. Sus promotoras Teresa Sordo y Margarita Sierra reúnen todos los domingos a decenas de mujeres en el Parque Revolución para fijar en pañuelos los nombres sus familiares muertos de manera violenta. Hasta ahora no han recibido ninguna invitación de los diputados para que se unan a las mesas de discusión sobre la ley local.
Sierra adelanta que le enviarán una carta al diputado Prieto Pérez para señalarle las inconsistencias de la propuesta que él impulsa. De paso, dice la activista, se le invitará a un convivio dominical con familiares de las víctimas para que conozca la labor que realizan.
“Queremos sensibilizarlo, que trate de entender un poco nuestro movimiento y qué es lo que está sucediendo”, asegura.
Al igual que Cantú, se muestra preocupada por la escalada de violencia en la entidad; más aun por la revictimización de las personas que han sufrido algún tipo de violencia. Pone como ejemplo a los familiares de los seis adolescentes laguenses privados de su libertad el 7 de julio y posteriormente asesinados.
La Fiscalía General del Estado entregó los restos de cuatro de ellos a sus padres en unas urnas con el escudo del gobierno de Jalisco. En un principio, ellos enviaron un escrito al MPJD que se publicó en los medios locales el viernes 16.
Al día siguiente se retractaron en otro comunicado en el cual desmintieron haber autorizado esa carta porque nunca han tenido acercamiento con el movimiento. Pidieron que se les permita “encontrar consuelo y resignación de la mano de Dios y en silencio”.
Sierra sospecha que hubo presión de parte de la fiscalía para que firmaran una nueva carta, porque el MPJD hizo un acompañamiento legal a los familiares y el rector de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, Roberto Castelán Rueda, fungió como su vocero.
El mismo día en que los familiares enviaron un nuevo comunicado, detalla, la fiscalía reprodujo el mensaje en su cuenta de twitter @FiscaliaJal con el siguiente texto: Familiares de desaparecidos de Lagos inician con esto duelo en silencio. Piden ya no ser buscados.
“Veo como una escalda distinta, pasamos de la indiferencia al amedrentamiento, y yo diría hasta la represión”, señala.
En el primer comunicado, cuya copia tiene este semanario, los familiares advertían de la omisión de la fiscalía en el cumplimiento del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que entre otras cosas, les da derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad, estar presentes en las exhumaciones, ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y a designar peritos independientes.
Asimismo, exigían acceso al expediente, la opinión independiente de un experto para la determinación de los perfiles genéticos de los restos encontrados y su coincidencia con los de los suscritos. También, la diligencia en las investigaciones, fortalecimiento de las declaraciones testimoniales y confesionales con otros medios de prueba que las validen, así como la garantía a su seguridad e integridad física y la de sus defensores y acompañantes.
Las trampas de Prieto Pérez
A Jaime Prieto Pérez se le recuerda por el escándalo que originó cuando el diario Mural ventiló que su iniciativa para tipificar la desaparición forzada en Jalisco como delito era copia de un artículo de Wikipedia, de ahí su mote del “diputado copy paste”.
Prieto Pérez copió de manera textual por lo menos siete de las páginas de su propuesta de la enciclopedia virtual y, según el mismo diario, también plagió un artículo de Paris Martínez publicado en el portal de noticias Animal político el 14 de marzo de 2012, pero no le dio crédito al autor.
El legislador rechaza que su iniciativa esté plagada de errores. Niega también que la consulta pública programada para septiembre y octubre próximos esté dirigida o manipulada; se organizarán mesas de trabajo con especialistas, así como foros abiertos dirigidos a la sociedad y en el portal del Congreso se abrirá una pestaña para quienes deseen participar en el proceso de elaboración de la ley, dice.
En su opinión, las críticas del MPJD obedecen a un desconocimiento de la propuesta y a un desmedido protagonismo de sus integrantes. E insiste que todo se realiza en el marco de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El documento, dice, “es un machote para todo el país, incluso se entrega encorchetado para signar o escribirle el nombre de Jalisco, pero es el mismo que se elaboró para todo el país. No podemos aceptar eso –que cada estado sólo anote su nombre–; eso no es legislar”.
Prieto insiste en que el proceso para la dictaminación de la Ley de Atención de Víctimas del Delito está en curso y el paso siguiente es que el pleno del Congreso turne la iniciativa a comisiones para que sus integrantes la estudien y hagan las modificaciones pertinentes.
Asegura incluso que varias propuestas de los miembros del MPJD no alcanzan para integrarlas en la ley; en todo caso formarían parte de su reglamento:
“No hemos querido que en un momento dado sea la bandera de algún movimiento o de algunos miembros del movimiento –aclara–, porque yo no sé si Javier Sicilia, quien encabeza el movimiento, esté enterado o no de las declaraciones y acciones de estas personas, dado que están contra una iniciativa que viene a legitimar parte de su lucha.”
El legislador agrega que todas las organizaciones civiles están invitadas a la consulta, y no tomarán decisiones sólo a partir de lo que diga el MPJD.
“A mí me interesa consultar a los jaliscienses, hay cerca de 200 organizaciones registradas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a las cuales les voy a girar invitación para que participen. Aunque sean importantes las recomendaciones provenientes de otros estados, pues cada uno tiene sus propias características, y más Jalisco, tierra de juristas. Aquí hay excelentes abogados que no podemos desestimar”, dice el diputado.
