La desaseada reelección de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián al frente de la CEDHJ a principios del año pasado podría revertirse, no obstante su cuestionada labor de “convencimiento” a los diputados locales y la contratación de costosos abogados para presionar a las autoridades judiciales. El jueves 15 un tribunal se declaró incompetente para resolver sobre una revisión de solicitud de amparo denegada en 2012, mediante la cual varias organizaciones civiles pretendían que se repusiera la designación del ómbudsman. No obstante, la propia instancia judicial solicitó al máximo tribunal del país que interviniera, dada la trascendencia del caso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que decidir el destino de la solicitud de amparo 18/2013, presentada por organizaciones ciudadanas para que deje su cargo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, a quien acusan de reelegirse mediante el ofrecimiento de favores y plazas.
También señalan que el funcionario comenzó su segundo periodo desde enero de 2012 en medio de un proceso desaseado y violando la ley vigente desde junio de 2011, en cuyo artículo 102 se establece que el Poder Legislativo está obligado a realizar una consulta pública y una elección abierta para designar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones locales.
Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos de Jalisco, informa que el jueves 15 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo que su organización solicitaba para obligar a Álvarez Cibrián a separarse del cargo, y exigirle al Congreso de Jalisco que reponga la elección del ómbudsman.
Aunque parecía una derrota, el rechazo del recurso de revisión de la solicitud de amparo –que denegó el año pasado el juez del Tercer Distrito en Materia Administrativa, Óscar Murguía Mesina– en realidad es un triunfo, porque el expediente se discutirá y analizará en el escenario federal a través de la SCJN, donde se exhibirán las contradicciones detectadas en el ámbito local.
Y relata: “En febrero de 2012, cerca de 20 organizaciones presentamos solicitudes de amparos en contra de la reelección del licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. En esa fecha nos opusimos a que el señor encabezara la cuarta administración de la CEDHJ ante los mediocres resultados de su primera gestión.
“Yo comparecí como presidente de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos para explicar que la reelección fue un grave retroceso en la designación de ese presidente, porque se trató de un procedimiento ilegal, que la anterior legislatura trabajó en fast track, debido a que en un plazo de dos semanas se lanzó la convocatoria casi en secreto, y así se realizó la supuesta consulta.”
La designación se llevó a cabo aprisa, y no se diga la toma de protesta, enfatiza el entrevistado.
“En 2003 –continúa– existió un plazo de 16 meses para la elección de Carlos Barba, en su calidad de tercer presidente de ese organismo, cuando en ese entonces algunos organismos apoyábamos a Carlos Morett.”
En su resolución sobre la solicitud de amparo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa establece que no puede dictaminar sobre la revisión solicitada y pide la intervención de la SCJN:
“De la investigación efectuada a ese caso se desprende que la interpretación de adiciones al artículo 102, apartado B, de la Carta Magna, en cuanto a incluir (la figura) de consulta pública para la elección tanto del presidente de la CNDH como de los presidentes de los organismos de protección de los derechos humanos en la entidad (en Jalisco), no ha sido abordada por el alto tribunal, ni por algún otro tribunal colegiado, dado que se trata de una disposición novedosa que no cuenta con precedente en el texto anterior constitucional, ni en la constitución, ni legislaciones locales.”
El documento, firmado por el magistrado presidente del Cuarto Tribunal, Juan Bonilla Pizano, y por los también magistrados Martín Ángel Rubio Padilla, Juan Ramos Salas, así como Teresa Díaz Gómez en su calidad de secretaria de acuerdos, se argumenta que “ante lo novedoso del tema y la relevancia del material abordado (…) este tribunal estima que podría satisfacerse el requisito de excepcionalidad que amerita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del asunto.
“En virtud de las anteriores consideraciones se solicita a la Suprema Corte que analice la pertinencia de conocer del recurso de revisión 18/2013, interpuesto por Óscar González Garí como representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.”
La reelección de Álvarez Cibrián fue impugnada en febrero de 2012 por cerca de 20 organizaciones civiles, que denunciaron el desvío de recursos humanos y materiales de la CEDHJ para garantizar que los diputados votaran a favor del ómbudsman para el periodo 2012-2017.
El funcionario entregó a los legisladores 224 cartas de apoyo, 10 de ellas enviadas por universidades de la entidad, señaladamente una del exrector sustituto de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado. Después se difundió que Álvarez Cibrián incluyó en la nómina de la CEDHJ a familiares y amigos de políticos pertenecientes al Grupo UdeG.
Álvarez Cibrián fue ratificado el 24 de enero de 2012 por 34 sufragios a favor, de un total de 39 diputados locales. De manera inusitada, inmediatamente después de la votación y en el mismo recinto se le tomó protesta a pesar de los cuestionamientos (Proceso Jalisco 378).
González Garí recuerda que el titular de la CEDHJ fue electo por primera vez en agosto de 2007 y que la siguiente elección debió realizarse en el mismo mes de 2012, pero se adelantó por motivos políticos: “Por desgracia, muchos diputados tenían prisa por separarse de la legislatura local; era año de elecciones y algunos querían irse a sus campañas. Álvarez maniobró para quedarse en el cargo, sin importarle las violaciones a la nueva ley en materia de derechos humanos”.
Afirma que la resolución del tribunal administrativo para negarse a conocer del caso de la solicitud de amparo y la petición de intervención de la SCJN, lejos de aplastar las demandas de las organizaciones civiles, abre la posibilidad de sentar un precedente nacional.
Además de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos y de una exconsejera de la CEDHJ, suscriben la petición de revisión de la solicitud de amparo organizaciones como el Congreso Ciudadano de Jalisco, encabezado por Margarita Sierra; la Coordinadora 28 de Mayo, que dirige Jaime Hernández, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Jalisco), coordinado por Guadalupe Ramos Ponce.
Álvarez “no da el perfil”
Según el abogado González Garí, el principal problema de Álvarez Cibrián es que “ni siquiera cubre el perfil para estar al frente de la CEDHJ”.
Señala que con tal de permanecer en el cargo compró voluntades y logró el apoyo de autoridades como el juez de Tercer Distrito en Materia Administrativa, Óscar Murguía Mesina:
“El señor juez no sabe del tema (de derechos humanos) y Felipe de Jesús tampoco tiene la especialidad; él estudió en la UdeG, pero nunca se especializó. Curiosamente cuando nosotros presentamos el primer amparo, nuestro reclamo fue desechado por el licenciado Óscar Murguía Mesina, pero ese juez no está actualizado sobre las reformas a la Ley de Derechos Humanos, registradas desde junio de 2011.”
No obstante, dice, “el señor se atreve a citar jurisprudencias ya superadas para desconocer la solicitud de amparo que presentan las organizaciones sociales e ignora las reformas (…) Siempre hemos remado contra corriente porque ese juez es implacable contra organizaciones sociales”.
Para colmo, señala, Álvarez Cibrián contrató uno de los despachos más renombrados y caros de Jalisco, “que se jacta de influir en el Poder Judicial federal: el bufete Rincón Salas y Asociados. Seis abogados de esa firma estuvieron hostigando a la autoridad judicial y levantando todo tipo de incidentes en nuestra contra”.
A su vez Murguía Mesina tumbó las solicitudes de amparo presentadas por siete organizaciones ciudadanas de derechos humanos; lo hizo con un documento a manera de machote, acusa González Garí.
Por eso, enfatiza, “nosotros ganamos con el hecho de que el caso y la solicitud de amparo sean estudiados por la SCJN. Álvarez Cibrián quería que el tema se desechara y, lejos de eso, se reconoce la incapacidad del Tribunal Administrativo de pronunciarse en asuntos de derechos humanos después de la reforma de junio de 2011, en la cual se establece que para la designación de los presidentes de esos organismos es necesario llevar a cabo una consulta a la ciudadanía”.
Desde su punto de vista, si la SCJN le concede el amparo a la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Álvarez Cibrián tendrá que separarse inmediatamente del cargo y se estarían reconociendo violaciones al procedimiento legítimo de designación de nuevo presidente de la CEDHJ y al proceso de consulta ciudadana que ahora establece la constitución.
Entre los activistas inconformes con la gestión de Álvarez Cibrián está la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y candidata ciudadana a la presidencia de la CEDHJ, quien en febrero de 2012 dijo que el funcionario demostró su capacidad de “juntar a los principales promotores de derechos humanos en Jalisco, pero en su contra”.
También cuestionó: “Su trabajo es frívolo. Por ejemplo, el señor decide presentar su informe (de la administración en 2011) en el hotel Hilton, en uno de los más caros de la ciudad, cuando de antemano se exhibe una pobreza absoluta en la defensa los derechos humanos; no entiende que la comisión debe ser la institución más humilde y accesible al pueblo”.
Aquella vez, Francisco Macías, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), cercano al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), dijo que Álvarez Cibrián se embolsaba cada mes 124 mil pesos, un sueldo mayor que el de su similar del Distrito Federal.
Recordó que en 2007, cuando Álvarez Cibrián asumió la presidencia de la CEDHJ, percibía 85 mil pesos mensuales, pero tan sólo en 2011 aumentó en 46%.
En la misma circunstancia, el abogado Luis Octavio Cotero Bernal se quejó de la actitud tibia del ómbudsman para defender los derechos humanos de los jaliscienses, incluido él mismo: “Hace seis años, cuando le pusieron una madriza (a Álvarez Cibrián) en las instalaciones de Secretaría de Seguridad Pública los policías estatales, varios litigantes levantamos un movimiento nacional para defenderlo.
“Él era presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Barras de Abogados (delegación Jalisco) y vinieron litigantes de Nuevo León, de Colima y de otros estados a solidarizarse y a defenderlo (…) Hicimos una protesta afuera de Palacio de Gobierno (…) pero el sujeto no se defendió, no ratificó la denuncia que había interpuesto ante el Ministerio Público. Felipe es un hombre cobarde, tibio, dúctil, maleable y sin ninguna dignidad para representar a su gremio, y menos a la sociedad, en el agravio a sus derechos. Además carece de legitimidad para el cargo”.
Ahora, varios defensores de los derechos humanos tienen más argumentos contra el titular de la CEDHJ, a quien critican por su inacción ante la desaparición de más de 2 mil personas en la entidad.
Asimismo, ha sido cuestionado por callar ante la forma en que las autoridades estatales criminalizaron a algunos de los seis jóvenes que fueron levantados en Lagos de Moreno, cuatro de ellos asesinados presuntamente por el crimen organizado.
La comisión ni siquiera hizo observaciones ante el malestar que generó el trato poco digno del gobierno de Aristóteles Sandoval a las familias de las víctimas, pues les entregó las cenizas de los jóvenes en urnas con el logotipo oficial, como denunció la diputada panista Norma Angélica Cordero Prado, representante del segundo distrito con sede en Lagos de Moreno.
Asimismo, el organismo no se atrevió a solicitar la emisión de la alerta de género ante el aumento de los asesinatos de mujeres en la entidad, como destaca Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM.
Y llama la atención el silencio de la CEDHJ ante las denuncias de que los indígenas que venden sus artesanías en el centro de Guadalajara son tratados como delincuentes por la administración del priista Ramiro Hernández.
El abogado González Garí estima que en un plazo de tres meses puede darse una resolución definitiva sobre la petición de amparo y la posible reposición de la elección del ómbudsman estatal.
