Cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se disponía a dar un fallo a favor de un hombre que demandó al Grupo Aeroportuario del Pacífico y a una subcontratista por despido injustificado, la instancia laboral pretextó que no tenía certeza en el domicilio de la empresa señalada y se declaró incompetente tras dos años de litigio. El trabajador que se vio privado así de sus salarios caídos y de la parte del sueldo que se le escamoteó tendrá que reiniciar su reclamo legal en la Junta Federal…
A través de contratistas, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) consigue mano de obra barata proveniente del sureste pero aun así no les pagan a los trabajadores, acusa Bernardo Ramos Peregrino, un tabasqueño de 62 años que trabajó como plomero para el emporio y desde hace tres semanas permanece en plantón a las afueras de las oficinas corporativas.
Afirma que el GAP le debe 400 mil pesos por despido injustificado y salarios caídos.
Explica que el 18 de abril de 2011 fue contratado por la empresa Construcciones y Supervisión CGH, S.A. de C.V., con domicilio en la Ciudad de México y cuyo director general es el ingeniero Héctor Gómez Cueto.
El contrato estipula que Ramos Peregrino le daría mantenimiento a los conductos y las estructuras metálicas en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, de 8:00 a 18:00 horas, con un salario de 3 mil 500 pesos semanales.
No obstante, en la semana del 2 al 8 de mayo de ese año sólo le pagaron 2 mil 100 pesos; del 16 al 22 de mayo cobró 2 mil 300; del 30 de mayo al 5 de junio, 2 mil 100; del 6 al 12 de junio, mil 100; y del 13 al 19 de junio sólo 2 mil 200. Cuando Ramos Peregrino reclamó la parte faltante del salario, fue despedido.
En la demanda laboral con número de expediente 2361/2011/1-F se asienta que el 20 de junio el empleado llegó como de costumbre a su lugar de trabajo, pero no se le permitió entrar. El director general de la compañía subcontratista, Héctor Cueto, se apersonó y le dijo: “Ya no vamos a ocupar tus servicios, estás despedido”.
El despacho de abogados García Betancourt y Asociados asumió la defensa de Ramos Peregrino, pero cuando estaban a punto de ganar el litigio la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se declaró incompetente para conocer el caso y lo turnó a la Junta Federal.
El director del bufete, Martín García Betancourt, lamenta que de esta forma el proceso legal para reclamar la indemnización y el pago de los salarios caídos tendrá que empezar desde cero. Calcula que si en la Junta Local tardaron casi dos años para emitir una sentencia, en la federal se demorarán al menos cuatro: “Un caracol en reversa va más rápido que la Junta Federal”.
Resalta García Betancourt que durante este tiempo la empresa demandada nunca se presentó a las audiencias y promovió un amparo para nulificar el juicio. El pasado 4 de julio la JLCA se declaró incompetente, pero hizo la notificación al abogado defensor hasta el 17 de ese mes.
El abogado relata que, como la empresa aparentemente tiene su sede en la avenida Insurgentes Sur 1855, interior 502, Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, el bufete emplazó a la subcontratista y al GAP en Avenida Solidaridad Americana, kilómetro 17.5 de la carretera Guadalajara-Chapala, donde estaba una caseta móvil de la subcontratista.
El trabajador afectado recuerda que los actuarios de la Junta Local tuvieron dificultades para notificar al GAP, y llegado el momento de resolver a su favor, no pudieron hacerlo porque supuestamente no encontraron a quien “condenar”, ya que –dice– la empresa ostenta dos domicilios ficticios en la carretera Guadalajara-Chapala: uno en el kilómetro 17.5 y otro en el 16.
Como “Ninguna de las dos coincide con el aeropuerto y para notificarles una demanda no hay dirección a donde ir, los actuarios se dan vuelta. El juicio lleva dos años y no avanzó nada”, expone el afectado.
Así, la JLCA determinó que la visita efectuada por el actuario notificador es deficiente porque se citó y emplazó a diversos demandados en el mismo domicilio y con la misma persona sin tener el “cercioramiento” de que se trataba de una fuente de trabajo.
Junta cooptada
Al demorarse la posibilidad de obtener justicia, Ramos Peregrino localizó las oficinas del GAP en la Avenida Mariano Otero 1249-B, en el sexto piso de la Torre Pacífico, colonia Rinconada del Bosque, en Guadalajara.
Frente al edificio, en el camellón, instaló su campamento con unas lonas negras que se agitan al paso raudo de los vehículos. También amarró un cordel a dos árboles para colgar pancartas escritas a mano. “Grupo Aeroportuario del Pacífico, ladrones de derecho laboral”, dice una de ellas. Y en el extremo sur del campamento clavó en el suelo un muñeco de trapo, parecido a un espantapájaros, al que llama “Juan Pueblo, el velador de los derechos humanos”.
Sigue ahí porque los guardias privados le advirtieron que no se instalara en la plazoleta del inmueble o se lo llevarán arrestado. Por eso tiene que pernoctar en la vía pública y pasar penurias. “Me da miedo, pero al mismo tiempo siento la obligación y la necesidad de cobrar lo que ya trabajé”, dice.
Comenta que primero dormía en una casa de campaña, pero le pidió a un excompañero que la cuidara mientras iba a su casa por pintura y cartón para escribir más pancartas. Los dos planeaban imprimir volantes y convocar a la prensa para exponer el caso, pero cuando Ramos Peregrino regresó al lugar del plantón, el otro sujeto ya se había llevado la casa de campaña.
Ramos Peregrino nació en Tabasco, pero desde 1970 vive en Jalisco y actualmente radica en la colonia San José del Quince, municipio de El Salto, cerca del aeropuerto. Si le dan ganas de ir al baño camina un kilómetro hasta el Mercado de Abastos y regresa a continuar su protesta. Su esposa le lleva de comer todas las mañanas y raciona los recursos.
El extrabajador lleva una bitácora de sus actividades y acostumbra tomarse fotografías en los lugares donde ha trabajado, en cuyo reverso escribe la fecha y los detalles de su labor. El día que lo despidieron le quitaron su gafete pero él ya le había tomado una foto que demuestra el hecho de que Construcciones y Supervisión CGH lo contrató como fontanero comisionado al área de salas y plataforma.
Su abogado defensor dice que no hay vuelta de hoja: el GAP debe hacerse responsable de la indemnización puesto que se benefició del trabajo provisto por la subcontratista. Añade: “No cualquier trabajador se anima a hacer lo que Bernardo, que es decirle a la sociedad: ‘El aeropuerto contrata empresas patitos para lavarse las manos como Poncio Pilatos’”.
A decir de García Betancourt, es un caso idéntico al que ocurrió con el Seguro Popular de Jalisco, cuando éste intentó que todos sus trabajadores se desprendieran de sus derechos laborales y firmaran un contrato con la empresa Mafemar (Proceso Jalisco 454).
El abogado señala que es muy común que este tipo de empresas traigan trabajadores del sureste a quienes les pagan poco. Ramos Peregrino afirma que en las plataformas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara laboraban personas oriundas de Veracruz, Chiapas y Tabasco, 14 de las cuales también fueron despedidas.
En vista del desempeño de la JLCA, el litigante denuncia que ésta se ha convertido prácticamente en una agencia de colocaciones para dar trabajo a los amigos y conocidos, lo que se confirma por el perfil de sus últimos presidentes:
“En el sexenio pasado vino un policía en toda la extensión de la palabra a dirigir la JLCA”, dice en clara alusión a Alfonso Gutiérrez Santillán, quien fuera secretario de Seguridad Pública en la administración del panista Francisco Ramírez Acuña.
Sobre la actual presidenta de la JLCA, Elke Tepper García, García Betancourt opina que no tiene experiencia en el tema laboral, además de que no le gusta atender personalmente las solicitudes de entrevista que se le plantean. Añade que Ramos Peregrino concertó una cita con ella y el día que supuestamente iba a verla, lo remitió con otro burócrata.
Desde que se difundió el nombramiento de Tepper García, los medios de comunicación locales destacaron su nula experiencia y le atribuyeron como único mérito para presidir la JLCA su pertenencia al grupo político del expresidente municipal de Zapopan Héctor Vielma Ordóñez, en cuyo periodo (2010-2012) fungió como síndico.
El 14 de marzo Tepper García fue presentada por el secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, y en el boletín oficial se resaltó que es egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Panamericana y que trabajó en la Fundación Teletón México como subdirectora Jurídica y Relaciones Laborales de 2001 a 2004.
En una entrevista para el diario El Informador, el director de Relaciones Públicas del GAP, Miguel Aliaga, intentó desacreditar a Ramos Peregrino negando que haya trabajado para la compañía. En su opinión se trata de un sujeto que busca extorsionarlos “porque es su modus vivendi”.
