La histeria colectiva se apoderó de la otrora tranquila Perla de Occidente, que vuelve a su condición nunca perdida de rancho grande. Los atracos que se infligen unos a otros los ciudadanos de esta noble y leal ciudad son cada vez más frecuentes. En los medios se reproducen videos sobre el despojo de bolsas, arrebatadas al pasón, de celulares, o de plano de asaltos a mano armada y en la vía pública sin que aparezca el freno salvador. Un factor común en todos estos casos es el empleo que los cacos hacen de motocicletas, para facilitarse la huida. Los medios han calificado esta modalidad de robo con el nombre de motorratones. Es lo que anda a la brega por estos días.
El asalto más reciente ocurrió el 25 de julio pasado entre la avenida Américas y Colomos, punto cercano de uno de los corazones financieros de la ciudad. Abundan por ahí los negocios. La zona habitacional está compuesta de lo que aún queda de clase media alta. El flujo mercantil hace que se presuma de seguridad, no garantizada en los barrios populares como Medrano, San Juan de Dios, Oblatos, Postes Cuates o el Sáuz. En el video se ve más de dos minutos a un ladrón, pistola en mano, que tiene todo el tiempo del mundo para someter a su víctima. Acababa éste de sacar del banco una suma superior a los 100 mil pesos y los perdió en este desafortunado trance. Por suerte no perdió también la vida. Tras su fechoría, el asaltante se desplaza tranquilo a donde lo espera un cómplice con la moto encendida. Se dan a la fuga sin que aparezca autoridad alguna. ¿Nadie sabe, nadie supo?
La mayoría de los comentarios populares evitan pronunciarse por la irresponsabilidad de los cuerpos de seguridad. La ciudadanía se encuentra en completa indefensión, ante la ineficiencia de la policía, que actúa como si no existiera. Asaltos, violaciones, robos a casa habitación, robo y desmantelamiento de autos, reventa de las partes robadas y un largo etcétera, sin que aparezca el tan temido y mentado brazo de la ley para que ponga orden y sosiego en el vecindario. Si la población ya se acostumbró a la ausencia de garantías, ya no reclama. Como si viviéramos en un limbo necesariamente peligroso, rodeados por una minoría de vecinos malosos dispuestos a abusar de la inocencia de la otra ingenua mayoría.
Tenemos lustros experimentando este transcurso de vida de mala calidad, en cuestión de seguridad en la propiedad de las cosas. Puesto a hablar el gran público sobre tales penurias, no se le ocurre otra cosa que incriminar a los mirones, “que no hacen nada” por impedir los atracos. Ya no se espera la llegada de escuadrones justicieros para realizar dicha tarea. Se espera que surja, de manera supletoria y milagrosa, una voluntad ciudadana de héroes anónimos, sanos y bien dispuestos, para deshacer los entuertos. Una ciudadanía bien educada, con sentido solidario a la alta escuela, que haga las veces de vengador solitario y cubra la ausencia dolosa de una policía siempre ausente. Pero el acto de magia no se realiza, porque el heroico ciudadano medio tampoco llega ni pone sosiego. ¿Será tal vez porque no existe?
La autoridad municipal pasea entrampada por calles de amargura. Cuestionado sobre la situación el comisario de Seguridad Ciudadana, Carlos Mercado Casillas, dijo que ordenó “rotar” comandantes, pues no encontró en ellos fallas intencionales. Muy tranquilizadora su respuesta, no cabe duda. El propio alcalde tapatío, Ramiro Hernández, cercado por los reporteros, ávidos por sacarle alguna pista de acción inteligente, salió con otro domingo siete: “Que no hablen por celulares en la calle”, dijo. ¿A qué se debe tal inopia de los titulares de la seguridad citadina? Lo que pasa es que ellos traen su guerra propia.
En abril pasado el ayuntamiento despidió a 105 inspectores del área de Espacios Abiertos por presuntos actos de corrupción. La bala hizo diana justo en la dirección de Inspección y Vigilancia, encabezada por Salvador Orozco Santillán. El cargo central fue que los despedidos dieron positivo en una prueba de antidoping (La Jornada Jalisco 3 de abril de 2013). Pero el fondo es otro. El alcalde Hernández ordenó a su secretario de Inspección y Vigilancia resolver el viejo problema del ambulantaje callejero. Orozco montó al menos cinco operativos con dicho fin, pero los cinco le tronaron. Cuestionado sobre tamaña ineficacia, Orozco denunció al secretario general, Tomás Vázquez Vigil, de filtrar información a los comerciantes ambulantes. Dijo que éste mantenía acuerdos con los informales, para no ser molestados por la autoridad municipal.
No halló mejor solución el alcalde que renunciar a Orozco Santillán. Pero el caso se complicó. El afectado, aparte de ser hijo de Salvador Orozco Loreto, pertenece a la CROC. Como el estilo priista de acomodos de personeros se hace pagando cuotas corporativas, pegarle a los Orozco significa pegarle a la CROC misma, bastión de votos para el PRI. ¿Quién osaría meterse a lo sembrado con tal desparpajo? Por fuerza tiene que ser un retador confiado en poseer tanta o mayor fuerza electorera. Tomás Vázquez Vigil pertenece a la sección 16 del SNTE. Fue personaje muy ligado a Elba Esther y despliega la fuerza corporativa de este gremio, aunque la doña se encuentre por lo pronto en la sombrita. ¿El SNTE local está por lanzarse al abordaje y despojar de sus huestes a la CROC? ¿No es esto una herejía en el modus operandi priista?
A Ramiro no le quedó otra que despedir también a su secretario general. Vázquez Vigil sale en tono más sutil de la cartelera, pues sólo pide licencia para separarse de su cargo. Pero de todos modos sale. Los regidores panistas piden que no sea licencia, sino renuncia. En esas andan. Los rijosos salen de escena, para que haya visos de calma chicha, tras la tormenta desatada por su propia inmadurez, incompetencia y ambición. No pueden quejarse a nadie más. Orozco le deja el lugar a Ignacio Mestas Gallardo y a Tomás lo suple Jesús Lomelí, actual director del Registro Civil.
Pero la nave trae más orificios de naufragio. Nancy Paola Flores Ramírez, titular de la oficina de Acceso a la Información Pública, fue denunciada penalmente por realizar proselitismo a favor del PRI con recursos del erario tapatío. Y ¿qué decir de Juvenal Esparza Vázquez, extitular de la Secretaría de Educación? Enfrenta una orden de aprehensión por delitos patrimoniales. El cargo fue por extorsión y fraude en una operación de bienes raíces, según lo señaló en su momento la regidora del Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa. Otras fuentes afirman que está coludido con la banda de ladrones de autopartes que opera en la calle 5 de Febrero. Pidió licencia por un mes el 23 de mayo último. Tras vencer la licencia, no se presentó a reanudar labores y desapareció, por lo que fue nombrada en su lugar Érika Loyo. A la fecha, nadie sabe nada de su paradero. Como dice el viejo refrán ranchero, aplicado al buen alcalde tapatío: “Con estos amigos, ¿para qué quiere enemigos?”.
