Las inundaciones en la ZMG son recurrentes y ello se debe, según especialistas consultados por Proceso Jalisco, a la añeja red de infraestructura hidráulica y al anárquico crecimiento urbano. A ello se suma el que, dijo uno de los entrevistados, ninguno de los ayuntamientos se ciñe al Atlas estatal de riesgos, y menos aún se atreven a emprender obras para ayudar a la comunidad, pues eso no les reditúa capital político. Mientras, la ciudadanía sigue padeciendo los estragos.
Desde hace lustros, cada temporada de lluvias la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se inunda a causa de la obsoleta infraestructura hidráulica –herencia de las administraciones municipales que se negaron a invertir en ese rubro– y la falta de programas preventivos de desazolve.
Los aguaceros causan estragos, incluso llegan a hacer prácticamente intransitables algunas calles, por lo que automovilistas y peatones deben extremar precauciones. Los habitantes aún recuerdan 2007 cuando, según la Unidad Estatal de Protección Civil, fallecieron 25 personas en túneles vehiculares donde quedaron atrapados sus vehículos o al intentar atravesar alguna calle.
Ese año fue “el más mortífero”, sostiene el académico Enrique García, del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Y aun cuando vecinos y especialistas en urbanismo propusieron un sistema de alerta para prevenir accidentes, dice, las autoridades se negaron a invertir en ese proyecto.
“Teníamos ya un diseño de un equipo que te permitía medir la altura y velocidad y que marcara mediante un tablero a los vehículos y a la población cuando ya era peligroso cruzar la calle. Las autoridades no invierten en estudios o en medidas de prevención porque no les trae beneficios políticos y lo ven como un gasto infructuoso”, explica.
Según la Unidad Estatal de Protección Civil, en lo que va del año han muerto otras cinco personas, entre ellas un trabajador de una empresa contratista de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al desbarrancarse en la presa Colinillas, en Tonalá.
De persistir el abandono de colectores y drenajes pluviales, aumentará cada año el volumen de las inundaciones, comenta el académico a Proceso Jalisco. En 2010 había 250 “zonas de inundación” en la ZMG; ahora son poco más de 300 a causa del crecimiento anárquico y la complacencia de las autoridades que permiten las edificaciones sobre cauces de ríos y arroyos, dice.
Y expone: “Se han reducido los canales de cauces naturales como el de (avenida) Patria, San Juan de Dios, del río que hoy es la avenida Plutarco Elías Calles, la zona de Barranquitas. Entonces es un proceso que se sigue dando, incluso lo vemos en la zona poniente, en la zona rica como Puerta de Hierro y otros fraccionamientos en barrancas que se han rellenado”.
García, quien participó en la elaboración del Atlas estatal de riesgos, se queja porque, dice, ningún municipio se ciñe a las medidas contenidas de ese documento; ni siquiera lo consultan los cabildos de cada ayuntamiento, pues no consideran el Atlas como una ley, por lo cual no se sujetan a las recomendaciones.
Y en lo concerniente al crecimiento urbano –son ya decenas los fraccionamientos anárquicos en municipios como Tlajomulco de Zúñiga–, el investigador critica a los constructores porque sólo construyen sin analizar las condiciones del suelo.
Hace seis años, relata, investigadores de la UdeG realizaron un peritaje en el fraccionamiento Lomas del Sur, construido por la firma Dynámica, y encontraron que más de 40% de las viviendas tenían fallas estructurales.
Y aunque aconsejaron a los residentes solicitar a la constructora viviendas de calidad o el reembolso de su dinero, sólo unos cuantos lo hicieron. Los vecinos enviaron cartas a la Procuraduría Estatal de Desarrollo Urbano (Prodeur) pero el organismo se desentendió de las quejas.
García asevera que también hay responsabilidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por liberar los créditos en zonas de riesgo.
De acuerdo con el entrevistado, la infraestructura hidráulica de la ZMG es obsoleta, lo que se agrava con la planeación urbana anárquica de las últimas décadas. Durante sus tres administraciones, insiste, los panistas trataron de controlar las inundaciones en la Plaza del Sol, incluso colocaron pavimento ecológico y tuberías. Fracasaron.
Desastres y damnificados
La tromba del pasado 20 de julio en Tonalá no sólo causó daños por alrededor de 20 millones de pesos sin que puso en evidencia la obsolescencia de la red de ductos de drenaje en el municipio.
Fernando Reynaga Patiño captó con su celular el momento en que Francisco Centeno Ramírez, de 58 años, se aferraba a la defensa de una camioneta para evitar ser arrastrado por la corriente de agua en la calle de Emiliano Zapata, en pleno centro de Tonalá.
Ese día la vialidad, que tiene declive, fue inundada por un torrente de agua que levantó el pavimento, alcanzó un metro de altura e incluso arrastró varios vehículos estacionados.
Don Francisco narró a los medios locales que su hijo se asomó a la puerta de su casa al escuchar un grito; en ese momento se lo llevó la corriente. Dos adolescentes lo rescataron metros antes de llegar a un canal de desagüe. Tenía sus piernas dañadas.
Según vecinos de la misma calle, dos semanas antes la corriente arrastró un taxi con su conductor adentro. Al día siguiente el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval acudió al sitió y aseguró que el desastre ocurrió por un colector mal hecho en la calle Zapata. A su vez Jorge Arana, presidente municipal de Tonalá por segunda ocasión, agregó que esa obra se hizo entre 2007 y 2008, durante la administración del panista Jorge Vizcarra.
El pasado 26 de julio, el diario Mural informó que tanto Arana como su antecesor, Antonio Mateos Nuño, conocían el estado crítico del colector de la calle que propició la inundación, pues ambos tuvieron acceso a un reporte técnico de daños elaborado por un ingeniero llamado Sergio Mejorada el 9 de marzo de 2012.
Según los reportes de la Unidad de Protección Civil, la corriente arrastró al menos 18 vehículos y afectó 100 viviendas, sus habitantes fueron trasladadas a un albergue. El municipio invirtió 5 millones de pesos para arreglos provisionales. Según el alcalde Arana, la obra definitiva se iniciará en octubre.
El 7 de junio, otra tromba provocó daños en 90 viviendas del municipio de Teuchitlán, 20 de las cuales presentaron pérdida total. También se arruinaron cultivos y se perdieron animales.
El gobierno de Aristóteles Sandoval entró al rescate y comenzó a repartir víveres y despensas como parte del Fondo Estatal para Desastres Naturales (Foedem). El académico Enrique García reitera: “La única manera de acabar con las inundaciones es invertir en infraestructura hidráulica y hacer que las autoridades cumplan las leyes y reglamentos urbanos”.
Según el Inventario Nacional de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Estadística (Inegi), 84% de las calles de Tonalá carece de drenaje pluvial, mientras que en Guadalajara la cifra es de 39% y en Tlaquepaque de 69%. Eso explicaría las inundaciones.
José Antonio Gómez Reyna, especialista en recursos hidráulicos, opina que es urgente construir el drenaje profundo; también recomienda la implementación de un sistema de gaviones para desviar las corrientes más rápidas y caudalosas.
La Guadalajara de principios del siglo XX, dice, llegó a tener un sistema de drenaje diferenciado que separaba las descargas industriales, domiciliarias, así como las de lluvia.
Y añade: “Cuando arribó el PAN, el militar Luis C. Curiel echó a perder el modelo con la imposición de un sistema combinado que mezcla todas las descargas, y que aún prevalece”.
Al igual que su colega, Enrique García, Reyna piensa que los políticos no invierten en infraestructura hidráulica porque es “dinero enterrado”, y ellos lo que quieren es cortar listones para lucirse, aunque se trate sólo de obras de relumbrón.
“Si no se nota (su trabajo) –dice–, no hay negocio; y si no hay negocio político, simplemente dejan el trabajo al que viene”.
