El secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, se lanzó el viernes 2 contra quienes denuncian las irregularidades en los trasplantes de órganos que alcanzan incluso al hospital privado Puerta de Hierro. Los retó a comprobar sus dichos; de lo contrario, les dijo, serán copartícipes. El funcionario pronunció su encendido discurso semanas después de que los diputados Salvador Zamora Zamora y José Luis Munguía Cardona presentaron una iniciativa de reformas a la Ley de Salud y de que los integrantes de la Comisión de Salud vapulearon al secretario técnico de la CETOT, Raymundo Hernández.
El titular de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, aprovechó la celebración del XV Día Estatal de la Donación de Órganos y Tejidos, y el viernes 2 se lanzó contra quienes “cuestionan el tráfico de órganos sin saber” y los retó a aprender bien el significado de esa frase.
Si hablan de ese tema y de la presunta corrupción, les dijo el exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, tienen la obligación de comprobarlo. De lo contrario, añadió, son copartícipes… Y terminó por pedirles que cesen sus críticas.
González Álvarez, a quien le estalló el escándalo de los trasplantes y tráfico de órganos (Proceso Jalisco 191) precisamente cuando era titular de los nosocomios públicos donde se realizaron las operaciones, el viernes 2 no aludió al “tráfico de influencias” en las listas de espera de órganos, justo ahora que se analiza suspender la licencia para ese tipo de intervenciones quirúrgicas al hospital privado Puerta de Hierro.
El 17 de julio último, el secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos (CETOT), Raymundo Hernández Hernández, admitió ante la Comisión de Salud del Congreso local que en esa clínica se realizan intervenciones de ese tipo pasando por alto los protocolos.
Cuando los diputados de la LX Legislatura cuestionaron a Hernández sobre el caso de un paciente que se sometió a una intervención hepática, reconoció que se investiga ese hecho, e incluso habló de la posibilidad de retirar la licencia de trasplantes a ese nosocomio privado, cuyo dueño es Ramiro Acosta Castillo, expresidente de la Comisión Estatal Electoral y empresario autotransportista.
Minutos antes, la diputada Norma Angélica Cordero Prado le pidió al secretario técnico del CETOT explicar el proceso que se sigue cuando un órgano pasa de un hospital público a uno privado. Hernández se puso nervioso y ofreció una explicación que no convenció a los integrantes de la Comisión de Salud.
Un encuentro singular
Representantes de organizaciones civiles preocupadas por la necesidad de transparentar el programa de donación de órganos y trasplantes también se pronunciaron sobre el tema. Hablaron el viernes 2 sobre la necesidad de “cortar con sierra” los vicios que se detectan en el programa de trasplantes.
Roberto Olmos, de la asociación Regalo de Vida, expuso el caso de un paciente que se sometió a un trasplante de hígado: no sólo brincó la lista de espera sin que ninguna autoridad dijera nada –en clara alusión a lo ocurrido en el hospital Puerta de Hierro en 2012– y pasó por encima de los protocolos oficiales.
“El año pasado, el familiar de uno de los pacientes que esperaban un trasplante me habló –expuso Olmos–, y yo me comuniqué con el doctor García de Alba –quien estaba de titular en el hospital–. Le pregunté: ‘Doctor, ¿qué está pasando, por qué se brincaron la lista de espera?’. Me dijo: ‘Hay que hablar con quien distribuye los órganos’.
“Hablamos con el doctor y lo puse en contacto con el Consejo Nacional de Trasplantes porque se brincaron la lista de espera, e incluso ese grupo que trasplantó sin conocimiento del director.”
Dos semanas después Olmos volvió a preguntarle al médico sobre el caso y éste le respondió que hubo un mínimo error. “A los 15 días ya estaba trasplantado el paciente al que brincaron en la lista de espera. Ya habían conseguido otro hígado, afortunadamente”, expuso Olmos.
Hernández respondió que el Consejo Nacional de Trasplantes y la Comisión Nacional Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) investigan ya el caso de Puerta de Hierro.
“En estos dos meses y medio que tenemos dentro del Consejo de Trasplantes –añadió Hernández–, hemos tenido una relación directa con Cofepris y con el comisionado en la materia; también con el Consejo Nacional de Trasplantes para trabajar en conjunto.
“Incluso el Consejo Nacional de Trasplantes y Cofepris están haciendo una revisión de todos los expedientes y de todas las actas de los comités internos de trasplantes.”
Según él, ambas instancias han hecho observaciones importantes a los expedientes de los comités internos de trasplantes, así como algunas notas de los casos que no fueron documentados. En lo concerniente al nosocomio Puerta de Hierro, es posible que se le suspenda al menos temporalmente la licencia para trasplantes.
Marcelo Castillero Manzano, del Centro Médico Nacional de Occidente, aclaró que la única instancia para suspender la licencia es la Cofepris. En la reunión del 17 de julio los asistentes se enteraron de que ya se investiga a varios hospitales por presuntas irregularidades, aunque no se precisó cuáles son.
Los cuestionamientos sobre la actuación de los médicos del nosocomio privado y la omisión de la norma legal pusieron nervioso al secretario técnico del CETOT, quien evadió varias preguntas. No obstante, admitió que se está realizando una investigación del hospital Puerta de Hierro y que se discutía por parte de las autoridades el posible retiro de la licencia a esa institución privada para la realización de trasplantes.
Cuando se le preguntó sobre el paciente intervenido en 2012, qué trasplantólogo realizó la operación, quién fue el donador del hígado, como le hizo el paciente para “ignorar” la lista de espera y de dónde procedía ese órgano, el funcionario no contestó.
Consultados por Proceso Jalisco, algunos expertos insisten en que deben aclararse los casos de corrupción en trasplantes de órganos para lograr una verdadera confianza entre la ciudadanía e impulsar la cultura de la donación de órganos.
La iniciativa de Zamora y Munguía
En su discurso del viernes 2, Jaime Agustín González Álvarez pidió hacer el mejor esfuerzo para recobrar la confianza de los ciudadanos en el programa institucional, pero se olvidó de las denuncias por corrupción que datan de 2008.
Según los diputados Salvador Zamora Zamora y José Luis Munguía Cardona, del Movimiento Ciudadano y del PAN, respectivamente, los problemas se agudizaron en 2011. De ahí que en la iniciativa de reforma a la Ley de Salud estatal, presentada el pasado 11 de julio, los legisladores propongan poner un alto a la corrupción en el sector salud.
No obstante, el titular del ramo insistió en olvidar “los malos momentos” y pidió recobrar la confianza en la donación de órganos; de ahí su exhorto a dar vuelta a la página en materia de trasplantes:
“Hay que hacer una evaluación de lo que ha pasado en Jalisco; agarrar lo bueno y eliminar lo no tan bueno. Lo que pasó es historia… El día de hoy hay que hacer una suma de voluntades y tratar de invitar a la población a que confíe en materia de donación de órganos.”
Y aunque en su alocución González Álvarez se lanzó contra quienes critican el programa de trasplantes, en el fondo es una respuesta a la iniciativa de reforma a la Ley de Salud impulsada por los diputados Zamora y Munguía.
En su exposición de motivos ambos legisladores argumentan: desde finales de 2011 a la Unidad de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara y a su titular, Luis Carlos Rodríguez Sancho, se les acusó de vender entre 800 mil y 1 millón de pesos privilegios en la lista de espera para acceder rápidamente a órganos en donación.
Esa misma situación se ha presentado en otras partes del país, incluida la Ciudad de México, donde, dicen Zamora y Munguía, una doctora internista denunció haber sido testigo en la alteración de la lista de trasplantes de órganos, principalmente de riñón, en el ISSSTE.
Resulta “deplorable e injustificable que se lucre con la esperanza y vida de la gente de la lista de espera, pues su futuro depende de su inalterabilidad (de la lista). La mala distribución puede ser causa de tráfico de órganos”, indica la iniciativa.
“Por esa vía –explican sus impulsores– se puede configurar el delito de tráfico de órganos, que consiste en la extracción, venta y compra clandestina de partes del cuerpo humano, mismo que en la legislación nacional se encuentra tipificado en el artículo 461 de la Ley General de Salud.”
En otro apartado los integrantes de la LX Legislatura admiten que en Jalisco se han enfrentado diversas variantes del tráfico de órganos, desde la institucional hasta la clandestina; aunque existe también una red dedicada a la comercialización de órganos y tejidos, incluso en internet se ofertan órganos.
En Jalisco, según el Centro Nacional de Trasplantes, más de 85% de estas intervenciones se realizan en clínicas del sector público. En cuanto a costos de cirugías y gastos de hospitalización –dicen los legisladores, apoyados en cifras del mismo organismo–, “el trasplante de médula se cotiza entre 1 millón y medio y 2 millones de pesos; el de riñón oscila entre 35 mil y 200 mil, y el de córnea, en 15 mil pesos. El precio de obtención de órganos en el caso de donadores cadavéricos oscila entre 60 mil y 100 mil pesos, e incluye la cobertura del precio de soluciones preservadoras, traslados aéreos y cirugías para extracción”.
En este escenario, advierten Zamora y Munguía, “obtener un órgano para trasplante pareciera limitarse sólo a personas con recursos suficientes para poder pagar”. Eso contraviene el artículo 21 de la Ley Estatal de Salud, según el cual se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables.
En la iniciativa aluden al derecho de preferencia para recibir una donación de órgano, independientemente de si el solicitante tiene o no los recursos económicos; también piden respetar el orden cronológico de la lista de espera de los candidatos a un trasplante y las condiciones médicas de urgencia, así como de la necesidad de tomar en cuenta la gravedad del enfermo y la capacidad del receptor para recibir el órgano.
Asimismo, exigen normar la vigilancia de los órganos o tejidos donados en establecimientos públicos “para que no sean trasplantados indiscriminadamente en hospitales privados”. Demandan que de manera permanente se vigile el actuar de la secretaría técnica del CETOT.
El secretario de Salud se lanzó contra los críticos del programa estatal en el momento en que el nosocomio Puerta de Hierro –uno de hospitales emblemáticos del servicio privado de salud en la entidad– está a punto de perder la licencia para la realización de ese tipo de cirugías.
Al Día Estatal de la Donación de Órganos y Tejidos acudieron decenas de pacientes hepáticos. Y tras escuchar los discursos adornados de González Álvarez, de los representantes del Centro Médico de Occidente y del Congreso local, los enfermos renales presentaron sus testimonios y exigieron sus derechos, entre ellos la dotación de más medicamentos en el programa de seguridad social y pidieron no ser discriminados.
Además del secretario de Salud, en ese acto estuvieron el secretario técnico del CETOT, Raymundo Hernández; el director del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, Marcelo Castillero Manzano; el primer paciente que recibió un trasplante en Jalisco en 1976, José Pantoja; el presidente de la asociación Regalo de Vida, Roberto Olmos, el diputado José Luis Murguía, quien recientemente donó uno de sus riñones a su hermana, y el diputado Jaime Prieto.
El hospital Puerta de Hierro
El hospital Puerta de Hierro, al que suelen acudir los sectores pudientes del Centro y Occidente del país, está ubicado en el fraccionamiento Puerta de Hierro y es el sexto edificio más alto de la zona metropolitana de Guadalajara.
La construcción vertical tiene 26 pisos y sus instalaciones ocupan 24 mil metros cuadrados; incluso se observan desde cualquier ángulo desde Periférico norte y avenida Acueducto, en el municipio de Zapopan.
Tiene 110 metros de altura y se construyó en tiempo récord entre 2004 y 2005 junto al exclusivo centro comercial Plaza Andares, cerca de Colinas de San Javier y del fraccionamiento Valle Real, conjuntos habitacionales donde viven políticos, empresarios y gente ligada al crimen organizado; ahí, en Colinas de San Javier, por ejemplo, fue ultimado el capo Ignacio Coronel en julio de 2010.
Hoy, el nosocomio cuenta con otras instalaciones de 12 niveles en la zona sur del área conurbada que, a decir de algunos facultativos consultados por este semanario, forma parte del llamado circuito médico de Jalisco, considerado uno de los más importantes de América Latina.
Además del Puerta de Hierro, Jalisco cuenta, entre otros, con los hospitales privados San Javier, Real San José, Country 2000, el México-Americano, Bernardette, preferidos por pacientes adinerados de Jalisco y de otras entidades.
Según los entrevistados, el problema de los trasplantes de órganos inicia en los nosocomios públicos y cierra su pinza en los hospitales privados. No obstante, dicen, también participan particulares que sirven de enganchadores o personas que ofrecen sus órganos a cambio de dinero; las tarifas oscilan entre 150 mil y 500 mil pesos. También hay sitios en internet donde se ofertan riñones (Proceso Jalisco 374).
De acuerdo con el CETOT, 70% de las donaciones en Jalisco proceden de personas de otras entidades. En lo que va del año, de las 58 donaciones registradas, 41 llegaron de otras entidades. El organismo asegura que cada 24 horas fallecen 100 personas que reclaman algún trasplante.
En la lista de espera para la recepción de un órgano hay cerca de 4 mil 500 pacientes. De ellos 2 mil 646 necesitan un riñón, mil 800 demandan una cornea, 30 necesitan un hígado, dos pacientes más un corazón y otro un páncreas.
Para los representantes de instituciones de salud y organizaciones civiles hace falta motivar a la sociedad jalisciense sobre la importancia de la donación de órganos.
En España, por ejemplo, hay 35 donadores por cada millón de habitantes y en Estados Unidos son 25. En los países de América Latina el promedio es de 10 donantes por millón de personas, mientras en México sólo hay siete, mientras la población demandante es de 17 mil 759.
Lo que no explican las autoridades es que la desconfianza que prevalece en los programas oficiales y la corrupción detectada merma la credibilidad de las instituciones ante la sociedad.
Tampoco aclaran que el fenómeno del tráfico de órganos en Jalisco y en el país responde a una dinámica de libre mercado internacional, según indican algunos representantes de organizaciones ciudadanas.
