Cuando el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz está a unas semanas de cumplir el primero de los 12 semestres pactados para el cargo, el balance es claramente deficitario, pues no sólo es muy poco lo que ha hecho –como poco casi nada–, sino que no se ve cómo vaya a cumplir las promesa que hizo durante su campaña y en su largo periodo como gobernador electo.
La realización de algunos de esos “compromisos” sólo depende de la voluntad política y de la destreza ídem de quien se encuentra al frente del Ejecutivo estatal (transporte gratuito para estudiantes de la entidad, incremento al doble en el presupuesto de la Secretaría de Cultura, Casa Jalisco dedicada a un proyecto de beneficio social…), pero para otros se requiere de la participación o el aval del gobierno federal: construir la tercera línea del Tren Eléctrico Urbano; salvar el pueblo de Temacapulín (para lo que habría que modificar radicalmente el ya muy avanzado proyecto de la presa de El Zapotillo) y poner en marcha la cacareada Ciudad Creativa Digital, ya sea en los ruinosos alrededores del parque Morelos o en otro sitio.
Lo más grave del asunto es que Sandoval Díaz no ha dado trazas de poder o de querer cumplir con los compromisos que él mismo se impuso ante la sociedad jalisciense. Alguien podría decir que hay una excepción, aunque habría que corregir de inmediato a ese alguien, pues en el mejor de los casos no ha pasado de ser una excepción a medias: el prometido transporte gratuito para estudiantes, pues de manera por demás precaria, parchada e incompleta, esa gratuidad universal para todos los escolares de Jalisco va a quedar reducida al reparto de un par de trasvales por cada alumno de educación media y superior que lo solicite.
Y en lo demás, puras habas o peor que eso, pues lo más probable es que este año, cuyo octavo mes ya corre, la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) ejercerá un presupuesto inferior al de 2012, con lo que tanto la titular de esa dependencia, Myriam Vachez, como su jefe, el gobernador, acabarán por consagrarse como demagogos supremos. En el primer caso, porque de lo único que podrá presumir la administradora estatal de las musas es de su inane “reingeniería” en el organigrama de la SCJ y del subsidio que la dependencia a su cargo entrega anualmente a las empresas “culturales” que el exrector Raúl Padilla regentea a nombre de la Universidad de Guadalajara. Y en el caso de Sandoval, por haberse comprometido a que presupuestalmente la SCJ agarraría vuelo y resulta que ha terminado gateando.
Por lo que hace a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador que iba a ser convertida en institución de beneficio colectivo, el jefe del Ejecutivo estatal no ha vuelto a decir esta boca es mía.
Pero donde más se advierten las limitaciones del gobierno de Sandoval Díaz es en el caso de aquellos “compromisos” que vendrían a responder a algunos de los grandes rezagos y de las necesidades de la sociedad jalisciense. Aun cuando la realización de proyectos de gran calado (por ejemplo, la prometida nueva línea del Tren Ligero) no depende sólo de la buena voluntad del sucesor de Emilio González Márquez, lo cierto es que no se ha visto por ningún lado, ni de parte del gobernador ni de sus allegados, la astucia política y la capacidad negociadora requeridas para convencer a la administración federal, que encabeza su correligionario Enrique Peña Nieto, de la urgencia social –e incluso de la conveniencia política para el partido que de nuevo está en el poder– de sacar adelante tales proyectos.
Es desalentador, qué duda cabe, un Ejecutivo estatal que se ha caracterizado por ejecutar poco o mal. Quizá a ello, a esa evidente impotencia política y a las limitaciones de Sandoval Díaz y su equipo, se deba que los susodichos busquen justificar su decepcionante desempeño culpando a quienes los precedieron en el cargo. Nadie niega, por supuesto, que el gobierno del panista Emilio González Márquez haya dejado la casa patas pa’ arriba y, sobre todo, con una situación bastante comprometida para las finanzas estatales. El problema es que esas dagas e irregularidades de la pasada administración no han sido denunciadas formalmente ante la autoridad judicial a fin de que se juzgue y castigue a los responsables, sino que se ha optado por el camino fácil de hacer ruido, con el amago informal ante los medios y la opinión pública, de dar a conocer presuntas transas del gobierno anterior.
Un ejemplo de estos estériles fuegos de artificio es lo que hizo en días pasados el funcionario responsable de revisar el uso correcto de los recursos estatales, el contralor de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, quien fue invitado por la dirigencia local de su alma mater (el PRI) para dictar la conferencia “Ética en la gestión pública”. En esa ocasión el también exalcalde de Zapopan dijo que aun cuando “la revisión a los gastos hechos por (el gobierno de) Emilio González Márquez no llega ni al 50 %”, ya se han detectado “irregularidades calculadas hasta ahora en 5 mil 300 millones de pesos” (La Jornada Jalisco, 27 de julio). En este caso, la pregunta sería: si esas “irregularidades” están documentadas, ¿por qué no las denuncia ante la autoridad judicial y, para colmo, por qué se alerta a los presuntos responsables de esas anomalías? La respuesta parece muy simple: el propósito real de esa “denuncia” no es que se persiga y se sancione el supuesto mal uso que el gobierno de González Márquez habría hecho del dinero de los jaliscienses, sino trasladar la atención de la opinión pública del presente (de lo que Aristóteles Sandoval y colaboradores, entre ellos el señor Bañuelos Guardado, han dejado de hacer) al pasado.
Porque si de dagas pretéritas se trata, tanto al actual gobernador (cuyo cargo anterior fue el de presidente municipal de Guadalajara) como varios de sus colaboradores (que igualmente lo fueron en el Ayuntamiento tapatío) no tienen que ir muy lejos, pues también tienen sus podridas. Por principio de cuentas, a Aristóteles Sandoval Díaz y a su interino Francisco Ayón López les cabe el “honor” de haber sido los alcaldes que más han endeudado las finanzas de la capital de Jalisco, hasta el punto de haber convertido a Guadalajara en el municipio más endeudado del país. Y si no, que le pregunten al actual alcalde tapatío, Ramiro Hernández, que dice no tener dinero ni siquiera para pagarle la indemnización debida a una persona que resultó lesionada por un agente de la muy rezagada Policía de Guadalajara.
A partir de hechos como el anterior, habría que ver si el gobierno de Sandoval Díaz es capaz de denunciar de veras (léase ante la autoridad judicial competente y no ante los chicos de la prensa) a su predecesor o si todo habrá de quedar en puro jarabe de pico, y no porque González Márquez y colaboradores no hayan dejado cuentas pendientes –y eventualmente hasta hayan hecho un mal uso del erario–, sino porque el actual gobernador y buena parte de su gabinete parecieran ser conscientes que ellos también tienen el techo de vidrio y no parece una buena estrategia lanzar piedras a la casa del vecino.
Por lo pronto, hasta ahora no se ha visto una mejoría notoria con el regreso del PRI al gobierno de Jalisco ni a la mayor parte de los municipios metropolitanos. Y dado que no es muy distinta la competencia gubernamental entre panistas y priistas, lo más seguro es que seguirán las disputas verbales y las denuncias ídem entre unos y otros, denuncias que difícilmente serán algo más que una nueva versión de un viejo adagio popular: el comal le dijo a la olla.
