Los integrantes de la LX Legislatura aún no resuelven el pleito heredado por sus antecesores relacionado con el seguro de vida y las prestaciones laborales que, por ley, le corresponden a Flora Lizet Carrillo García, viuda del diputado José Luis Ocampo de la Torre –fallecido el 21 de mayo de 2011– y a los dos hijos que ambos procrearon. Aun cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón determinó que se entregaran esos emolumentos a los beneficiarios, lo cierto es que quienes los están cobrando son Lucía Reynoso, pareja de Ocampo cuando éste murió, y su hija Miroslava.
Flora Lizet Carrillo García, viuda del diputado priista José Luis Ocampo de la Torre (quien fuera integrante de la LIX Legislatura), lleva más de dos años peleando las prestaciones laborales que por ley que le corresponden a ella y a los dos hijos que procreó con él. Desde el 21 de mayo de 2011, cuando falleció su marido, se ha enfrentado a innumerables irregularidades por parte de las autoridades laborales y legislativas, entre ellas, la simulación de actos, la sustracción de documentos y el desvío de recursos públicos.
Se queja también de la manera contradictoria de los representantes populares, quienes en público pregonan su quehacer en pro del bienestar de la familia, pero en la práctica sólo protegen sus intereses personales.
Durante su matrimonio Carrillo García y Ocampo de la Torre procrearon a Carlos Saúl y Lizzette, quienes, según declaró el Tribunal de Arbitraje y Escalafón son, junto con ella, los beneficiarios únicos (expediente 678/2011). No obstante, la ayuda económica la recibió Lucía Reynoso Castellanos, una empleada del Congreso que era “la pareja” de Ocampo de la Torre cuando éste falleció.
“Yo sólo pido lo que nos corresponde –expone la viuda–. Me duele la arbitrariedad y siento mucha impotencia”. Flora Lizet exige justicia y pide se castigue a quienes “se han burlado de la ley”.
Con base en la declaratoria del tribunal a su favor, en febrero de 2012 ella presentó una demanda ante esa misma instancia (expediente 95/2012) en la cual reclama la indemnización que le corresponde por concepto de “prestaciones laborales” de Ocampo de la Torre. Hasta ahora su petición no ha sido atendida.
Según los abogados Óscar Rubén Pérez Camarena y José Luis Villanueva, quienes llevan el caso, Flora Lizet y sus dos hijos deberán recibir una indemnización superior a los 3 millones de pesos, incluso preparan una denuncia penal contra algunos integrantes de la LIX Legislatura implicados en el caso.
Entre los denunciados incluyen al priista Roberto Marrufo, quien coordinó a los diputados de esa fracción; al perredista Raúl Vargas López, quien era presidente de la Comisión de Administración; a José Manuel Correa Ceseña, quien se desempeñó como secretario del Congreso, así como a quienes resulten responsables de falsificación de firmas, alteración de documentos oficiales, abuso de autoridad, desvío de recursos y otros delitos.
Pérez y Villanueva entregaron a Proceso Jalisco copia de un escrito fechado el 16 de agosto de 2011 (DARH-O-/3016/2011) enviado por Enrique Carlos Trejo Orozco, director de Administración y Recursos Humanos del Congreso, a Diana Karina Fernández Arellano, secretaria general del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en el cual le informa que el diputado Ocampo de la Torre “no contaba con beneficiarios designados en caso de muerte para recibir sus prestaciones laborales (entre éstas la parte proporcional del aguinaldo y las vacaciones)”.
Sin embargo, hasta ahora, Reynoso Castellanos y su hija Miroslava han recibido 1.5 millones de pesos por concepto del seguro de vida contratado por el Poder Legislativo con Seguros Banorte-Generali, mientras Carlos Saúl Ocampo Carrillo –uno de los hijos procreados en su matrimonio– obtuvo 500 mil pesos.
“Es increíble que mi hija Lizzette haya quedado fuera”, expone Carrillo García. Según ella, la firma de Ocampo fue falsificada; es probable, insiste, que hayan incluido a su hijo Carlos Saúl sólo con 25% de la prima porque era menor de edad cuando murió su padre; quizá “para evitar suspicacias”.
Por eso insiste en realizar el cotejo de firmas y la compulsa de todos los documentos suscritos por Ocampo cuando fue diputado; también exigirá que se exhiba el original de la póliza de seguro de vida No.1701 contratada con el grupo financiero Banorte.
El millón que derramó el vaso
Flora Lizet Carrillo y sus abogados se sorprendieron cuando las autoridades les comentaron que en febrero de 2011, meses antes la su muerte, el diputado José Luis Ocampo recibió un préstamo de un millón de pesos del Congreso.
El supuesto empréstito es irregular, pues los legisladores cuentan con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que les hace préstamos con tasas de interés muy bajas. Además, es difícil que la LIX Legislatura haya concedido ese apoyo a Ocampo, pues la caracterizó la falta de recursos financieros y la prohibición de préstamos personales.
Para el laboralista Villanueva, el supuesto préstamo es una de las irregularidades más graves; habla incluso de desviación de fondos públicos porque “supuestamente” se le entregó al diputado un dinero “sin aprobación del pleno” que originalmente estaba destinado a otro concepto de gasto.
Los integrantes de la Comisión de Administración del Congreso durante la pasada Legislatura informaron por escrito del supuesto préstamo y del adelanto de aguinaldo durante las diligencias del juicio laboral iniciado por Carrillo García, según la copia del documento obtenido por Proceso Jalisco. Los integrantes de la comisión, encabezada por el perredista Raúl Vargas, solicitaron desechar la demanda “por falta de acción y derecho”.
Además de Vargas, los legisladores Omar Hernández, Abelardo Lara y Enrique Aubry estamparon su firma en el escrito en el cual responden al Tribunal de Arbitraje y Escalafón sobre el préstamo del millón de pesos y precisan que fue autorizado el 2 de febrero de 2011 por el secretario general Correa Ceseña y el director de control presupuestal. Según los diputados de la LIX Legislatura, ese mismo día el fallecido Ocampo recibió el cheque 0000418 del banco HSBC por la cantidad solicitada.
De acuerdo con esa versión, entre la primera quincena de febrero de 2011 y el 15 de mayo siguiente, Ocampo había abonado 325 mil 270 pesos con 55 centavos. Por lo tanto, le restaría por pagar la cantidad de 674 mil 729 mil pesos con 45 centavos, “cantidad que en vía de reconvención solicitamos se cobre a la actora (Lizet Carrillo García)”, asientan los legisladores en el documento que obra en el expediente del tribunal laboral.
En abril de 2011 –un mes antes de la muerte de Ocampo–, “se generó el pago por adelanto de aguinaldo”. El informe detalla que la cifra por ese concepto –89 mil 362 pesos con 85 centavos– fue abonada al adeudo de Ocampo.
“Es una especie de confesión de parte”, afirma el abogado Villanueva: “El Congreso pretendió cobrarse a lo chino, al no entregar lo que corresponde a aguinaldo y vacaciones (a los beneficiarios de Ocampo) bajo el argumento de que tenía pendiente por cubrir el importe del supuesto préstamo”.
El 21 de junio de 2013, en el desahogo de una audiencia, Francisco Saucedo Pérez, director de Control Presupuestal de la actual Legislatura admitió que –desde el cargo que ocupa– carece de facultades para otorgar préstamos a los integrantes del Poder Legislativo. Los abogados sostienen que de acuerdo con la ley del Poder Legislativo, ni un funcionario tiene facultades para otorgar el préstamo.
Según Pérez Camarena, cinco días después de la muerte de Ocampo, el 26 de mayo de 2011, el Congreso expidió varios cheques para cubrir el pago de algunas quincenas. A causa de su enfermedad el legislador no acudió a cobrarlas; lo hizo de manera indebida Lucía Reynoso.
Correa Ceseña debió comparecer el viernes 19 para responder sobre la autorización del préstamo del millón de pesos, que según los ex diputados le otorgó a Ocampo en 2011; pero no hubo diligencia.
Los abogados Pérez Camarena y Villanueva tuvieron la precaución de fotografiar el expediente –el día 17 de julio– y cuentan con la imagen de la notificación que se le hizo al secretario del Congreso durante la pasada legislatura que comparezca.
Sin embargo, “misteriosamente” la notificación desapareció y así Correa evadió declarar sobre el millón de pesos.
Los litigantes procederán penalmente contra el personal del tribunal por tan grave anomalía.
Además de los proporcionales de vacaciones, aguinaldo y las quincenas pendientes de pago, los abogados de la viuda reclaman los fondos de ahorro para el retiro y pensiones de Ocampo.
En el Jurídico del Congreso se conoce el caso de Ocampo, se comenta la “forma indebida” con la que actuaron los diputados de la pasada Legislatura implicados, pero se lavan las manos y responsabilizan a Correa Ceseña.
El 14 de noviembre de 2011, Carrillo García informó por escrito a Correa Ceseña acerca de su derecho y el de sus hijos Lizzette y Carlos Saúl reconocido con la declaratoria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón como beneficiarios, así como de sus gestiones para recibir la indemnización. Correa no respondió.
Un mes después, el 14 de diciembre, la viuda del diputado Ocampo puso al tanto de la situación a los entonces diputados Raúl Vargas y Roberto Marrufo Torres, del PRD y el PRI, respectivamente. Les dijo que Correa turnó su escrito a Antonio Rocha, director del Jurídico, quien el 9 de diciembre de ese año, “después de un supuesto análisis jurídico”, le manifestó: el único adeudo a Ocampo son “seis días de salario”.
Carrillo García relata que en mayo de 2012 –un año después de la muerte de Ocampo– Correa declaró en una entrevista televisiva que había en caja 4 millones de pesos para finiquitar a los beneficiarios del diputado fallecido.
El abogado Pérez Camarena insiste: “El Congreso no ha sido institucional y el caso está con candados debido a que la amante del diputado (Lucía Reynoso) recibió el dinero que corresponde a la viuda”.
Pensión regateada
Flora Lizet Carrillo García y José Luis Ocampo de la Torre se casaron el 11 de febrero de 1989. Se separaron lustros después, aunque el vínculo matrimonial no fue disuelto. El 8 de septiembre de 2004 Ocampo de la Torre tramitó el divorcio ante la juez segundo de lo Familiar, Eduwiges González, quien se lo negó el 23 de septiembre de 2005, por no acreditar la causal de la separación.
Y como el solicitante no tenía un ingreso comprobable en esas fechas, lo sentenciaron a pagar una pensión de mil 500 pesos mensuales a sus dos hijos procreados con Carrillo García.
“Como (Ocampo) trabajaba con su madre en una clínica de su familia, no había forma de obligarlo a que nos diera el dinero (…) Yo y mi familia los sacamos adelante (a los niños)”, relata la madre de Lizzette y Carlos Saúl.
En 2010, cuando Ocampo llegó al Congreso local, la institución se negaba a descontarle los mil 500 pesos que ordenó la juez González. En esa época las percepciones mensuales del diputado superaban los 100 mil pesos.
Flora Lizet tramitó un “incidente de incremento de pensión” para sus hijos en el Congreso y a la par que se le cubriera el acumulado –de 22 mil 500 pesos– que no le habían entregado: “No me hicieron caso ni a mí ni a lo que ordenó el juzgado, tengo el escrito del 24 de marzo de 2010, firmado y sellado por el Congreso”, insiste.
Dice que a regañadientes, Ocampo comenzó a depositar la cantidad –mil 500 pesos cada mes– en el juzgado, pero contrató al abogado Gumaro Rivera Rivera para evitar un incremento en la pensión.
“El 8 de marzo de 2010 el abogado Gumaro Rivera informó al juzgado que el dinero que ganaba (Ocampo) en realidad iba a parar al pueblo. ¡Es de risa! Según él, la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que el diputado debe representar a los ciudadanos del distrito (que) lo eligieron y ‘bajo esta óptica, la totalidad de los ingresos que percibe se destinan al desempeño de esta labor’”, comenta Flora Lizet.
Ocampo de la Torre falleció el 21 de mayo de 2011 de cirrosis hepática, en el hospital San Javier de esta ciudad. Tenía 47 años y era médico cirujano de profesión, por lo que en la LIX Legislatura presidió las comisiones de Higiene y Salud Pública; además, era vocal de Justicia y Hacienda y Presupuesto.
Tras su muerte, el Congreso emitió un comunicado en el cual afirmaba que el legislador priista nacido en Guadalajara dejaba tres hijos: Lizzette, Carlos Saúl –procreados con Flora Lizet Carrillo– y Miroslava, cuya madre es Lucía Reynoso.
Varios diarios locales informaron que Lucía Reynoso era la esposa de Ocampo; incluso algunas crónicas destacaban que fue ella quien recibió las condolencias de la clase política, sobre todo de los priistas. El gobernador Emilio González montó guardia ante el féretro durante el funeral, en tanto los coordinadores de los diputados de la LIX Legislatura destacaron el perfil “humanista” de Ocampo.
El coordinador de la bancada priista en esa LIX Legislatura, Roberto Marrufo –uno de los más consternados por la muerte de Ocampo–, protegió a Lucía Reynoso hasta el punto de incluirla en el selecto grupo de los 22 empleados supernumerarios adscritos a sus oficinas con un sueldo quincenal bruto de 18 mil 835 pesos, según informó el diario Mural el 9 de octubre de 2012.
