Contra los discursos oficiales sobre sus avances en la protección y difusión de la riqueza cultural del país, los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia revelan que realizan su trabajo con alfileres y un trapito. Su dirigente, José Enrique Vidal Dzul, señala que 40 mil sitios están bajo la responsabilidad de 2 mil 800 empleados, escasamente pagados y mal equipados, lo que provoca situaciones como el impune intento de robo del mes pasado en el Museo Regional de Guadalajara.
El pasado 15 de junio tres sujetos trataron de robarse unas láminas de repujado en oro procedentes del municipio Casimiro Castillo y que se exhiben en la sala de arqueología del Museo Regional de Guadalajara, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Por medio de una carta manuscrita, los empleados le informaron al director del museo que alrededor de las 14:20 horas los sujetos tomaron fotografías con flash a los objetos mencionados, por lo que se les amonestó verbalmente y se les pidió que se retiraran. No obstante, los “visitantes” regresaron a las 16:30 horas y quisieron abrir la vitrina con un cutter, por lo que los empleados llamaron de inmediato al encargado de seguridad en turno, Víctor Gómez, y al coordinador de custodia, Santiago González, pero ninguno de ellos acudió.
Adolfo Domínguez, secretario general de la Sección II del Sindicato General de Trabajadores del INAH, señala que el Museo Regional recibe a casi 2 mil 500 visitantes los domingos, y el 15 de junio había más gente porque se inauguraron los talleres de verano para niños.
Lamenta que ninguno de los responsables de seguridad acudiera en auxilio del personal que frustró el robo y con ello pusieran en riesgo su integridad.
Precisa que si bien el recinto cuenta con cámaras de vigilancia, el área donde los sujetos intentaron el robo forma una curva que la deja fuera del alcance de los aparatos. Domínguez menciona que es la primera tentativa de despojo desde 1992, cuando un empleado del propio INAH Jalisco se llevaba una pintura a las oficinas.
Para él, los nombramientos de seguridad se han desvirtuado al grado de que el jefe de esa área, Raynerio Vázquez Zepeda, no vigila el patrimonio de la ciudad porque hace tareas de “escritorio”. Y aunque el recinto tiene 25 custodios, se dividen en tres turnos y el domingo sólo trabajan 10, insuficientes para las 14 salas. A esto le agrega la escasa preparación de los vigilantes para manejar situaciones de riesgo, ya que no se les envía a capacitación.
“No hay sistemas de control sofisticados como cámaras modernas, detectores de metales, policías que cuiden el orden; el museo está expuesto. Nos tocó un intento de asalto, pero un día puede consumarse”, advierte.
Y relata que, después de la tentativa de robo, los sujetos salieron caminando sin temor de ser detenidos, por lo cual espera que el director del museo interponga una denuncia penal y sancione administrativamente a los custodios que se negaron a atender el llamado de auxilio. “Creemos que el jefe de seguridad también debe salir porque mostró que no está trabajando”, agrega Domínguez.
Precariedad
La falta de presupuesto ahoga a las delegaciones estatales del INAH, denuncia el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del organismo federal, José Enrique Vidal Dzul Tuyub.
El dirigente vino a Guadalajara en la primera semana de este mes en un intento de mediar en el conflicto que mantiene un grupo de trabajadores con la dirección del Museo Regional de Guadalajara, pues exigen la destitución de su titular, Ricardo Ortega González (Proceso Jalisco 420).
En su visita constató el mal estado del sitio y el cierre de al menos cinco de sus salas sin motivo aparente.
En entrevista, señala que los empleados realizan el mantenimiento del patrimonio cultural “con lo que pueden”, a veces se trasladan a pie y trabajan colgados en cuerdas, sin equipo de protección.
“Tenemos más de 40 mil sitios y zonas arqueológicas bajo nuestra responsabilidad para custodiarlos, conservarlos y difundirlos, pero con el personal y el presupuesto que tenemos es muy complejo. Creemos que es un desmantelamiento tácito de la institución para generar expectativas sobre su inviabilidad”, confía.
A decir de Vidal Dzul, los 3 mil 400 millones de pesos anuales que recibe el INAH son insuficientes para cumplir las labores que por ley le corresponden. A ello se suma la falta de un proyecto educativo que fomente el conocimiento del patrimonio histórico y arqueológico.
Resalta la labor de los empleados, pues se han dado casos como el de la zona arqueológica de Uxmal, donde sólo 17 trabajadores tienen el césped tan bien cortado como si fuera un campo de golf.
Además de ser escasos, los recursos del INAH se administran mal, como en el caso de la ropa de trabajo y uniformes defectuosos que se les entregaron.
“Si contamos 40 mil sitios registrados y asignáramos a un trabajador por sitio, necesitaríamos 40 mil empleados. Pero somos 2 mil 800. Ponemos de nuestros propios recursos: material de oficina o combustible, por ejemplo, para podar las zonas arqueológicas. Hay mucha voluntad de la comunidad del INAH.”
No obstante ese esfuerzo, la falta de presupuesto ha impedido la apertura al público de otros sitios arqueológicos, como Chichén-Viejo, en Chichén-Itzá. Y agrega que en Yucatán sólo tres custodios protegen 80 sitios arqueológicos, y lo hacen en bicicleta, en motocicleta o a pie.
El dirigente indica que el problema surgió en el periodo de la desconcentración del instituto, que propició cacicazgos locales como el de Eduardo López Calzada en Yucatán, quien anteriormente estuvo al frente del INAH Oaxaca y fue despedido por autorizar el levantamiento del piso de cantera del centro histórico.
“Esa desconcentración, desde mi punto de vista, no ha sido bien cubierta por el momento, porque (los titulares de las delegaciones) no cumplen los perfiles y su nombramiento obedece más bien a favores políticos”, comenta.
Para dar una idea de la magnitud del problema, abunda: “Los intereses que tienen los delegados en ocasiones se tornan perversos. Hemos señalado la permisividad jurídica que tiene Teotihuacán hacia los intereses que genera el perímetro: los comerciantes están alrededor de la zona arqueológica y van construyendo sus hoteles, sus restaurantes, sus estacionamientos… cuando el jurídico se encuentra a cinco cuadras de ahí y no les pone un alto”.
Entre otros problemas que enfrenta el personal para proteger el patrimonio cultural, menciona el creciente ambulantaje en las zonas arqueológicas y los conflictos por la posesión de la tierra donde se encuentran éstas. En este aspecto, opina que le ha faltado fuerza a la coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos y titular de la Unidad de Enlace, María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega.
“En Zacatecas hubo una destrucción de monumentos históricos y no hay nadie sancionado. Vemos muchos casos en los que no se actúa con firmeza. Nos gustaría que el jurídico nos diga: ya hice la denuncia y no está en mis manos meter a la cárcel a las personas que cometieron un ilícito”, pero no sucede así.
Y aunque no le corresponde pronunciarse sobre los problemas del área, señala que por la falta de presupuesto se han detenido los trabajos de exploración y los proyectos de varios investigadores.
Criterio mercantil
Vidal Dzul sostiene que si bien la política sexenal en torno al patrimonio histórico de la nación no es muy clara, sí es evidente que busca obtener un rendimiento económico de los sitios arqueológicos.
Recuerda que hace dos años el entonces presidente Felipe Calderón impulsó la construcción del Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, y para integrar su acervo el Museo Regional Palacio Cantón le cedió algunas piezas, con el resultado de que los visitantes –incluidos los trabajadores del INAH– tienen que pagar más por ver los mismos objetos que se exhibían en el anterior claustro.
En su opinión, “se hace ya un patrimonio caro. No lo he visitado por dignidad, porque hasta nosotros tendríamos que pagar”.
Además, enfatiza, el nuevo museo dejó endeudado al gobierno de Yucatán, que debe pagar alrededor de 100 millones de pesos anuales por un crédito multinanual que adquirió para financiarlo, mientras que los beneficiarios reales e inmediatos fueron los dueños de la Constructora Hermes: Jorge y Carlos Hank Rhon.
“Nosotros hemos insistido, en diferentes foros, en la gratuidad porque ya es un punto constitucional el derecho al acceso a la cultura. Desde mi punto de vista la Ley Federal de Derechos está divorciada de esta intención, porque como mexicanos, si una familia de cuatro va a Chichén- Itzá, estamos obligados a pagar casi 600 pesos para entrar a la zona arqueológica.”
