Molestos por las prácticas mañosas de los directivos de la Secretaría de Salud de hacer sólo subcontrataciones temporales a través de la outsourcing Mafemar, los trabajadores del Seguro Popular comienzan a organizarse y anuncian que este lunes 22 pedirán la cabeza de su director, Antonio Cruces Mada. Según ellos, esa empresa no existe, aunque les preocupa saber quién está detrás de toda esta trama que pone en riesgo las plazas de alrededor de 300 trabajadores.
Israel González Ramírez, asesor jurídico de los trabajadores del Seguro Popular inconformes porque se les pretende contratar de manera temporal a través de la outsourcing Mafemar, sostiene que el millón de pesos invertido por el gobierno con esa empresa es “dinero dilapidado”. Y adelanta: el lunes 22 los afectados pedirán por escrito la cabeza del director del Seguro Popular, Antonio Cruces Mada.
El también vocero de los trabajadores puntualiza: de los aproximadamente 5 mil empleados de la Secretaría de Salud, 95% rechazó firmar el contrato con la outsourcing, como lo admitió el propio titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez.
También advierte sobre la amenaza que aún pende sobre los supernumerarios del estado de Jalisco, pues el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí, declaró que todos serán contratados bajo esta modalidad.
Los trabajadores del Seguro Popular decidieron conformar la asociación civil Empleados del Sector Salud de Occidente (ESSO) para tener más representación política, dice González Ramírez. E insiste: la primera demanda de la organización es pedir la destitución de Cruces Mada.
Comenta también que Mafemar se creó el 20 de diciembre de 2012 y, según el padrón de proveedores del gobierno del estado, tiene su domicilio en la calle Aguascalientes 28 interior 2-B, en el sur de la Ciudad de México. No obstante, en ese domicilio hay un edificio de cinco apartamentos.
Sin embargo, Noé Hernández Reyes, quien trabaja en un local adjunto de accesorios para computadoras, asegura que los integrantes de Mafemar son sus vecinos. Según él, trabajan de 9 a 19 horas y su giro comercial es el manejo de nóminas.
Vecinos de la calle Aguascalientes y los propietarios de dos tiendas de abarrotes ubicadas frente al edificio donde se encuentran las supuestas oficinas de Mafemar no saben nada de la mencionada empresa.
Según González Ramírez y algunos trabajadores, Mafemar carece de razón social y en Jalisco no tiene oficinas, aun cuando proporcionó como domicilio avenida Vallarta 1540 interior 204, en Guadalajara. Nadie aporta información de quiénes son los dueños ni cuándo se constituyó como sociedad empresarial; tampoco tiene correo electrónico ni teléfonos.
Su página en internet, www.manopco.com, es deficiente. Al parecer, dicen, es una “empresa fantasma”. Cuando los reporteros llamaron al (0155) 52451651, número proporcionado por una de las fuentes allegadas al despacho, respondió una mujer. Preguntó cuál era el motivo de la llamada, pero se negó a facilitar la dirección de las oficinas de Mafemar en el Distrito Federal.
En el domicilio de avenida Vallarta 1540 interior 204, el personal también se negó a proporcionar la dirección de las oficinas de la Ciudad de México. Mauricio Herrejón Sada, el supuesto gerente, prometió una entrevista para responder a los señalamientos de los trabajadores del Seguro Popular. Sin embargo comentó que entre su compañía y Managment Options Company (Manopco) existe una relación jurídica.
Los representantes
Según el padrón de proveedores del gobierno estatal, el representante legal de Mafemar es Jokin Urquiola Herrejón, pero quien atiende los asuntos es Herrejón Sada. En entrevista concedida al portal de noticias Proyecto Diez, Herrejón aceptó que Urquiola labora con ellos como “tramitador”. Según él, el verdadero representante legal “aparece en el contrato” con el nombre de Luis Antonio Quezada Román.
En esa entrevista Herrejón Sada juró que los trabajadores que firmen con Mafemar no perderán sus derechos laborales; incluso habló de beneficios porque, dijo, recibirán un seguro de vida y otro de gastos médicos, que antes no tenían. Expuso también que las protestas de los cientos de empleados se deben la mala información y a la falta de asesoría laboral.
De acuerdo al portal Linkedin en internet, Herrejón fue director de MVS Televisión, encargado de la operación de TV Azteca en el estado y director de ventas nacionales en Televisa. Hoy es director asociado de Manopco, supuesta filial de Mafemar.
En su página web Manopco se anuncia como una empresa de consultoría diseñada para la reducción de carga fiscal, administrativa, legal y laboral con presencia en 14 ciudades de la República. Su cartera de clientes incluye empresas textileras, así como agencias de publicidad, escuelas, restaurantes, empacadoras, agencias de decoraciones, procesadoras de alimentos y comercializadoras. Sin embargo, en ningún momento señala tener experiencia con instituciones públicas.
Asimismo, se presenta como una compañía influida por los valores de la honestidad, integridad, innovación, calidad y mejora continua. Lo extraño es que no pone a disposición del público ningún teléfono ni dirección electrónica.
Los trabajadores agrupados en la asociación ESSO insisten: la contratación de Mafemar se realizó el pasado 18 de junio en un proceso de adjudicación poco transparente bajo el concepto de “prestación de servicios técnicos y administrativos de apoyo a tareas que desarrolla el Poder Ejecutivo del gobierno del estado”.
En ese concurso, además de Mafemar, participaron las empresas Avah Legal GDL, Consultoría Global de Occidente, Integroup, Smart Business Consulting Sima, Vilmorts y Anwar Consulting Group. El gobierno estatal nunca dijo que era para subcontratar a los trabajadores del Seguro Popular y concedió el contrato 85/13 a Mafemar, creada apenas el 20 de diciembre de 2012.
El portal de transparencia del gobierno estatal destaca que entregó a Mafemar en dos cheques en un mismo día: el número 422804 –factura empresarial número 1– por 1 millón 26 mil 442 pesos, y el número 422805 –factura número 3– por el pago de la comisión de 2% de “la prestación de servicios técnicos y administrativos a través de la empresa de servicios humanos”.
Ante la falta de información, González Ramírez y sus representados han mandado oficios a las instancias correspondientes para saber quién está detrás de todo. “A mí se me hace que algún político corrupto se quería beneficiar de esta subcontratación de tantos empleados en Jalisco”, apunta.
La asociación ESSO pedirá a la empresa copias de los contratos firmados por algunos de los trabajadores para invalidarlos. “No confiamos en el doctor Cruces Mada ni en el secretario de Salud (…) Todos esos contratos fueron firmados bajo presión, así lo reconoció el propio secretario. Fue un acto de terrorismo laboral”, dice González Ramírez.
Hoy, comenta, son cerca de 300 los administrativos y médicos del Seguro Popular cuyo futuro laboral es incierto. Una de las primeras encomiendas de la asociación es levantar un padrón de los empleados del Seguro Popular que no fueron recontratados ni con la outsourcing ni con la Secretaría de Salud.
“Ese listado se le presentará al secretario (Jaime Agustín González Álvarez) para obligarlo a que les dé contrato. No se vale que los servicios de salud sean afectados por intereses político-partidistas. Muchos de los trabajadores tienen hasta 12 años de experiencia”, comenta.
Se queja porque, dice, algunos funcionarios “quieren pagar favores de campaña del gobernador electo (Aristóteles Sandoval) a costa del empleo de los trabajadores del sector salud. Hay terrorismo por parte de algunos directores que quieren abrir arriba de 300 espacios para sacar a la gente y colocar a sus recomendados”.
González Ramírez recuerda: el secretario González Álvarez se comprometió a que ningún trabajador sería cesado; también menciona que algunos trabajadores del Seguro Popular han recibido copia de su contrato –que no está relacionado con la oursourcing– junto con su renuncia.
–¿Perderían en automático sus derechos laborales si firman la renuncia? –se le pregunta.
–Fíjate que es una práctica común de la secretaría. Hay compañeros con 12 años de antigüedad a quienes les han dado a firmar el contrato con todo y la renuncia. No es que pierdan los derechos, simplemente se suspende la relación laboral.
“Pero para efecto de una demanda laboral, independientemente de la renuncia, yo puedo corroborar que han venido trabajando consecutivamente en razón de que los pagos de nómina expedidos por la Secretaría de Salud son ininterrumpidos.”
El entrevistado aclara también que a quienes hayan laborado más de un año y tres meses, el gobierno del estado deberá otorgarles su base, como lo marca la ley.
