Los argumentos jurídicos de los campesinos afectados por la invasión de sus terrenos pudo más que la voluntad de las autoridades estatales y federales de proteger a la minera china Gan-Bo. Si bien 18 instituciones hicieron caso omiso de las denuncias contra la trasnacional por invadir y contaminar propiedades ejidales, un amparo obligó a la empresa a salir del poblado de Tequesquitlán. Sin embargo, el representante de la Red Mexicana de Afectados por las Minas, Óscar González Garí, advierte que Gan-Bo es como una plaga que sigue asolando el estado.
Al menos cinco municipios y varias comunidades de la Costa Alegre y de la región Sur del estado padecen el embate de empresas mineras que cuentan con 16 concesiones para la explotación de oro, plata, cobre, hierro y otros metales, para cuya extracción se utilizan procesos industriales muy contaminantes que perjudican en forma directa e indirecta a casi 62 mil jaliscienses.
Óscar González Garí, integrante de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos y representante en Jalisco de la Red Mexicana de Afectados por las Minas (Rema), cita el caso de la mina de oro en Tequesquitlán, localidad de 4 mil habitantes del municipio de Cuautitlán, donde la empresa china Gan-Bo abrió una zona de explotación a menos de 300 metros de la zona residencial y en una superficie de 180 hectáreas, pero hace días fue obligada por la autoridad judicial a suspender actividades ante los reclamos de los más de 200 ejidatarios de Tequesquitlán.
El entrevistado considera que dicha suspensión es un avance para los afectados y un ejemplo para otros grupos ciudadanos inconformes por la “fiebre del oro” y de otros minerales bien cotizados en el mercado internacional, como plata, cobre, hierro y zinc. En contraparte, los representantes de Gan-Bo argumentan que se cerró la fuente de trabajo de 140 personas de la región.
El juicio de amparo promovido por los abogados del ejido de Tequesquitlán y registrado ante el Juzgado Tercero en Materia Administrativa de Zapopan (expediente 12/13) fue concedido el pasado 6 de junio y en el proceso quedó en evidencia la protección de autoridades mexicanas a la firma china.
Además de ganar el amparo contra los irregulares permisos de Gan-Bo, que decretó la invalidez de la Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa china, los magistrados dictaron sendas sentencias en los recursos de revisión 385/12 y 438/12, promovidos por los abogados de los campesinos a raíz de que el juez federal Óscar Murguía Mesina, titular del Juzgado Tercero de Distrito, se negó el 5 de septiembre de 2012 a conceder a los ejidatarios de Tequesquitlán la suspensión de los actos reclamados en la demanda y en su ampliación de demanda.
González Garí destaca que la suspensión de actividades se ordenó después de que los ejidatarios protestaron contra la invasión del predio El Ratón, en el kilómetro 2 de la carretera Tequesquitlán-Cihuatlán, y tras el fracaso de los trámites y denuncias por esa arbitrariedad ante 25 instituciones estatales y federales, 18 de las cuales ni siquiera respondieron.
Recuerda que, antes de explotar las tierras de Tequesquitlán, entre 2007 y 2008 Gan-Bo invadió un predio del ejido de Ayotitlán que pertenecía al indígena nahua Lino Roblada, donde sus exploradores descubrieron un yacimiento de oro, pero la movilización de comuneros y otro amparo lograron detener las actividades de la minera.
Según el abogado, las principales responsables de la depredación en Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, Villa Purificación y Tonaya –donde viven más de 62 mil personas– son Peña Colorada, Minera del Norte, Minera de la Rosa, Gan-Bo y Minera Metalúrgica Tapalpa, pero dice que seis firmas más operan en otras demarcaciones de la entidad.
Para dimensionar el problema, señala que Peña Colorada es la segunda minera más importante del país y se especializa en la extracción de material ferroso, del cual se concentra en Cuautitlán 55% de las reservas probadas.
Indica que el 3 de junio pasado la representación de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos y cerca de 150 comuneros de Ayotitlán detuvieron los trabajos de otras dos empresas que se preparaban para explotar dos yacimientos, uno en Piedra Imán y otro en Cañada Verde, Cuautitlán, es decir, en la zona del conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima.
En esa ocasión los campesinos de Ayotitlán recibieron apoyo de activistas del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, A.C. (Fremmar), pero el actual comisariado ejidal, encabezado por Abraham Isaac Chávez, se ha mantenido al margen.
Municipios asolados
Los vecinos agraviados consideran a las mineras mencionadas como las responsables de la contaminación de mantos freáticos, de ríos y canales, así como de la pérdida de los cultivos de tamarindo, limón y mango.
El litigante González Garí añade que la exploración y la explotación de recursos mineros a cielo abierto, como los que se realizan en la región, forman parte de un sistema cuestionado desde hace varios años por la UNESCO debido a los altos niveles de contaminación que provoca, por lo que ese organismo internacional sugiere dejar de utilizarlo.
Y si bien la actividad minera afecta al menos 25% del territorio nacional y dicho porcentaje se refleja en Jalisco, las demarcaciones mencionadas padecen una invasión más intensa, dice el entrevistado: “Algunos de esos municipios tienen comprometidas entre 30 y 40% de sus tierras por los trabajos de la minería”.
Pero en otros lugares, además, “el arrastre de sustancias tóxicas a través de ríos y cañadas se prolonga por decenas de kilómetros, y las aguas contaminadas suelen cruzar territorio de Jalisco y Colima antes de desembocar en el mar”.
Advierte que las autoridades estatales y federales han permitido la afectación a los cultivos y el impacto de la contaminación minera sobre la flora, la fauna y la población: “Tiene que ver con la forma en que se ofreció México ante el extranjero por parte de la administración de Felipe Calderón, que les pedía a empresarios y gobiernos que vinieran a invertir en México, y ahora aquí vemos los resultados”.
Sobre los trabajos de Peña Colorada en Cuautitlán, afirma que los miembros de la Rema interpusieron el 6 de mayo otra demanda de amparo por la falta de respuesta de 18 autoridades asentadas en Jalisco y las cuales se negaron a responder a una “denuncia popular” que la organización presentó la última semana de octubre de 2012.
Desde entonces, dice González Garí, pedimos investigar y sancionar al consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, S.A., filial de las trasnacionales Ternium-Ispat-Mittal Steele, que ocasionó –al parecer deliberadamente– la caída de tres cortinas de retención de desechos minerales tóxicos sobre chozas, tierras, árboles frutales y brechas de Puertecito de Las Parotas, Mameycito y Los Potros, rancherías nahuas cercanas a Ayotitlán.
Según el abogado y activista, la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara también ha sido objeto de denuncias por promover los acuerdos con la empresa minera, sin tomar en consideración el punto de vista del Consejo de Mayores del ejido de Ayotitlán. Por eso la autoridad tradicional está molesta por la actuación de la UACI, cuya dirección asumió recientemente Gabriel Pacheco Salvador.
Particularmente en Tapalpa, activistas preocupados por el medio ambiente han denunciado desde hace más de dos años la grave contaminación que se desprende de una mina de tajo y en el predio Piedra Bola, afectado por la destrucción de una amplia zona del bosque.
En Tonaya, la Minera Metalúrgica Tapalpa es objeto de los reclamos de los habitantes de Santa Gertrudis, San Isidro y El Alpizahue, quienes desde 2011 han protestado porque la empresa contamina el río Ayuquila y sus tierras con sustancias tóxicas que usa para la depuración del oro, la plata y el zinc que extrae de los predios El Venado y Los Gavilanes.
Los inconformes con esos trabajos de exploración llegaron al extremo de manifestarse en una de las competencias de canotaje durante los XVI Juegos Panamericanos, que se desarrollaron en la laguna de Zapotlán.
En cuanto a la salida de Tequesquitlán de Gan-Bo, los campesinos de Cuautitlán indican que la empresa salió de ese municipio y se fue a menos de 15 minutos de Tequesquitlán, a un lugar conocido como Cerro Prieto, en Cihuatlán, y que desde ahí pretende continuar con la extracción de minerales.
Para González Garí, la persistencia de los chinos obedece a que ya conocen la riqueza de la zona: “No es como hace siglos, que llegaban a explorar. Ahora, gracias a los estudios geológicos que se hacen desde el espacio, ya tienen el antecedente de lo que buscan y de los yacimientos; ellos no llegan a ver si le atinan”.
Por su parte, la población de Tequesquitlán se indignó porque el poblado es reconocido por la excelente calidad de su tamarindo, y el año pasado decenas de hectáreas de ese cultivo se arruinaron porque la flor se contaminó con polvo de la mina. “Es trágico porque el movimiento económico derivado de ese producto se afectó en forma severa”, dice el abogado.
Por eso, aunque en Tequesquitlán los ejidatarios lograron sacar a Gan-Bo, González Garí compara a la minera china con una plaga que al encontrar gente que le da entrada de buena fe, se instala y comienza a arruinar su forma de vida.
