Varios secretarios de juzgado y al menos un juez impugnaron en tribunales federales la designación de un juzgador en materia mercantil y de un magistrado. Dicen que el Consejo de la Judicatura estatal no tomó en cuenta los mejores perfiles ni la experiencia. Y aunque los consejeros afirman que se basaron en un listado de 34 nombres aprobados en 2011, los inconformes señalan que encabezaba esa relación Roberto Martínez Martínez, hermano del senador José María Martínez, quien por una asombrosa coincidencia palomeó a los actuales integrantes del consejo cuando fue coordinador de los diputados locales del PAN.
Empleados del Poder Judicial y abogados reprochan a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJJ) la designación de Sergio Jáuregui como magistrado suplente, pues presumen que contó con el apoyo del gobernador Aristóteles Sandoval, y la de Roberto Martínez, quien como juez especializado en materia mercantil fue impulsado por su hermano, el senador panista José María Martínez Martínez.
Asimismo, varios secretarios y un relator que aspiran ser jueces, así como un juez que busca la magistratura, recurrieron al amparo por considerar que la manera de realizar dichos nombramientos violó sus derechos.
Por un lado Alfonso Partida Caballero, miembro del CJJ y parte del Grupo Universidad de Guadalajara, afirma que en ambos casos el procedimiento se hizo conforme a lo previsto en la ley y rechaza cualquier intromisión o mano negra en la designación, tanto del titular de juzgado, en marzo pasado, como del magistrado suplente, en mayo.
El consejero declara que no se han presentado impugnaciones, salvo la del juez Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, quien se amparó contra la designación del magistrado Sergio Jáuregui. Sin embargo, dice que en este caso el CJJ únicamente ejerció su atribución de nombrar magistrado suplente al jubilarse el que fuera decano del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Gregorio Rodríguez.
De la otra parte, Luis Octavio Cotero Bernal, abogado de Cárdenas Rodríguez, señala que para suplir al magistrado Gregorio Rodríguez los consejeros debieron elegir al juez con el mejor perfil “y que, entre otras cosas, tenga trayectoria y buena imagen”.
Aclara que “Sergio Jáuregui se ha desempeñado en Chapala y ha sido un buen juez”, pero reitera que el CJJ “no hace las cosas con la probidad que manda la sociedad ni con transparencia, porque no hubo aspirantes; el consejo a su antojo designó (a Jáuregui) sin sacar a la luz que iba a ocupar la vacante”.
Para Cotero Bernal, cualquiera que se sienta con méritos puede reclamar por esa decisión, “como es el caso del juez Cárdenas, quien se inconforma por el manejo oscuro del consejo y porque se le violaron sus derechos humanos al no respetársele su trayectoria y posición”. Su juicio de amparo, en el que pide revocar la designación de Jáuregui, está en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa (expediente 1303/2013).
El nombramiento, dice el abogado Cotero, es una ofensa a la inteligencia de los jaliscienses y a quienes se han esforzado por llegar a ser jueces “pero no tienen el padrino con la suficiente fuerza para la designación”.
Influyentismo
Proceso Jalisco tiene información de que varios secretarios de juzgado y un relator del Supremo Tribunal de Justicia recurrieron a los tribunales federales para obtener su protección; de concedérseles el amparo, se anularía la lista de los 34 jueces recién aprobados. Los abogados consultados señalan que se debió ignorar dicho listado para cumplir con el precepto: el primero en tiempo es el primero en derecho.
“La lista está impugnada y debió ser ignorada”, declara un secretario que no recurrió al amparo porque confía que con los recursos de sus compañeros basta para que se declare la ilegalidad de la lista.
Entre las fuentes se le reconoce una “gran habilidad política” al senador panista José María Martínez, ya que si bien alrededor de 15 secretarios concursaron para jueces, logró imponer a su pariente. Otros señalan que Martínez lo que tiene es influencia con el jefe del Grupo Universidad, Raúl Padilla López.
Contra el cuestionario del examen se ampararon Edgar Salvador Castro, Miguel Ángel Corona Limón, Verónica Contreras Durán, Judith Covarrubias Robles, Carlos Alberto Fregoso Reyes, Horacio López González, María Olivia Núñez González, Karla Eugenia Pulido Peña, Juan Antonio Reynoso Nava, Jaime Reynoso Ramos, Ramón Torres Martínez y Carlos Alberto Vera Cruz.
En tanto, Ricardo Baeza, relator de la Quinta Sala, se amparó contra la convocatoria, mientras que Héctor Manuel Núñez Alfaro lo hizo contra el examen oral público.
Tanto los litigantes consultados como funcionarios judiciales afirman que los consejeros actuaron indebidamente para favorecer a José María Martínez, quien fue diputado local y encabezó la Comisión de Justicia, desde donde palomeó a los actuales integrantes del CJJ, encargado de administrar, vigilar y disciplinar al personal propio y al de los juzgados.
Por ejemplo, en los poderes Judicial y Legislativo es sabido que el actual consejero juez Jaime Gómez es incondicional del senador “porque le debe el cargo”. Incluso, esto ha generado pugnas entre los panistas, que consideran que a Gómez le debe quedar claro que llegó por la cuota del partido y, en consecuencia, su compromiso es con el PAN, no con Martínez.
“Que el hermano del senador se convierta en juez especializado pese a carecer de los méritos, por falta de experiencia y capacidad, y frente a otros que tenemos años de experiencia y trayectoria en el Poder Judicial es lo que más molesta”, expresa un secretario, quien apela al anonimato para no sufrir represalias de sus superiores.
Recuerda que “los consejeros nos pueden promover o mantener estancados, y más vale no echártelos encima ni a los políticos que los pusieron”, de allí su interés en evitar represalias.
En tanto, el consejero Partida Caballero insiste en que desde 2011 ya existía una lista de aspirantes a jueces aprobados según su especialidad, y que con base en ella se nombró al ahora juez Martínez Martínez: “Somos una institución de buena fe; supongo que todos reunieron los requisitos de elegibilidad (…). Obramos con base en la ley, respetamos el derecho de prelación y –el hermano del senador– era el primero de la lista”.
Partida Caballero se refiere a que el 25 de agosto de 2011 el CJJ publicó en el Boletín Judicial una relación de 34 aspirantes a jueces, aprobados para desempeñarse como juzgadores especializados en el primer partido judicial (zona metropolitana) en varias materias.
Los consejeros designaron siete aspirantes a jueces en materia de delitos contra la salud, particularmente en el tema de narcomenudeo, otros siete para extinción de dominio, cinco para lo familiar, cinco para asuntos de carácter penal, cinco para la materia civil y otros tantos para el ramo de mercantil.
En efecto, Roberto Martínez Martínez es el primero de los cinco aspirantes para la materia mercantil. Le siguen Jorge Alfredo Hidalgo González, Juan Pablo González Magaña, Roberto de la Torre González y Carlos Gerardo Herrera Orozco.
Partida Caballero considera que los consejeros no tienen razones para dudar de la selección que realiza la Comisión de Carrera Judicial ni para ignorar sus acuerdos, como la elaboración del listado. “Debíamos dar adscripción al primero de la lista y fue el caso del hermano de Chema Martínez”, reitera.
También niega que ese nombramiento sea producto de alguna alianza entre el senador y Raúl Padilla López, si bien su propio nombramiento como consejero se le atribuye al líder del Grupo Universidad, cuyo respaldo tiene desde que fue abogado de la casa de estudios.
A su vez, Chema Martínez ha aprovechado sus cargos como diputado y regidor tapatío para mostrar su lealtad a Padilla López y tejer una fructífera relación con él, fundamental para alcanzar acuerdos e impulsar a aspirantes a altos puestos en la esfera judicial (Proceso Jalisco 279).
Martínez, el cómplice
En la Séptima Sala Penal del STJ hay una oficina donde se toman decisiones propias del Ejecutivo. Diariamente unas 20 personas hacen fila para plantear sus problemas y necesidades al magistrado Leonel Sandoval Godoy, papá del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, afirma Juan Manuel Lepe González, presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco Tomás López Linares.
El litigante lamenta la falta de pulcritud en el Poder Judicial y señala que las recientes designaciones del consejo ocurren cuando los tribunales están en el abandono, con notables carencias de recursos humanos y materiales. Pone como ejemplo el de Tlajomulco, donde falta personal, o el de Autlán de la Grana, en el cual “faltan seis empleados, así como herramientas elementales para trabajar, como papel”.
En relación con Roberto Martínez y su nombramiento de lo mercantil, Juan Manuel Lepe dice que “con toda seguridad el senador Martínez le ha de haber hablado a Raúl Padilla para que lo hicieran juez y le hicieran el favor, con todo y que no tiene carrera judicial (…) pero se entiende el resultado porque Alfonso Partida es hijo putativo de Raúl.”
Indica que los últimos 18 años de gobiernos de extracción panista han sido desastrosos para el Poder Judicial porque se ha envilecido y corrompido escandalosamente al punto de ocupar los últimos lugares en el ranking nacional.
Estima que por miedo a perder su posición, los funcionarios judiciales callan lo que ocurre y permiten que siga el abuso a la sociedad.
Lepe González tiene maestría en derecho privado y litiga desde los años sesenta. Es conocedor y crítico del Poder Judicial. Obtuvo su cédula profesional en 1966 y afirma que la diferencia entre los controles bajo el predominio priista, con Jorge Humberto Chavira Martínez, y con los gobiernos de Acción Nacional, es que los abogados podían inconformarse por la corrupción en juzgados y los confrontaba con los jueces y encaraba para enmendar los errores. Chavira, aparte de que tiene algunas influencias todavía por ahí, controla todo lo que tiene que ver con copiadoras en juzgados.
En su análisis sobre la situación del Poder Judicial, Lepe González concluye que en Jalisco la justicia está a la venta, “aunque no podemos señalar a alguien en forma directa, porque no son tontos: tiran la piedra y esconden la mano”.
Ante tal escenario, los litigantes “deben recurrir a la justicia federal para ampararse, a fin de que los magistrados y ministros les enmienden la plana a los juzgadores locales”.
Desde el punto de vista de Luis Octavio Cotero Bernal, presidente del Colegio de Abogados, “en varios juzgados hay jueces que llegaron al cargo por influencia del ahora senador Martínez Martínez y, aparte de lo que produce la venta de asuntos, se reportan con el senador… Nadie me lo va a negar, aunque no tengo las pruebas; es un secreto a voces que recibe dividendos de dos o tres jueces que están sometidos, sobre todo en materia penal, que es donde se da el manejo de los asuntos desde que estaba el exconsejero Miguel Gutiérrez, que junto con el senador Martínez, ponían jueces y los cambiaban de lugar”.
Explica que antes, cuando llegaban los asuntos en materia penal, el juez de turno se quedaba con los detenidos y el resto de asuntos se iba al sistema para la distribución a los juzgados, “pero ahora los manipula una persona que manda los asuntos de cuantía a los juzgados que controlan, donde puede haber manejo económico, como el Juzgado Cuarto Penal, el Octavo y el Décimo Sexto”, sostiene el líder de los abogados.
Finalmente critica la actuación de José María Martínez en la LVIII Legislatura, cuando toleró las “raterías” de los legisladores y “que se echaran a la bolsa millones de pesos. (Los panistas) se hicieron sordos, incurrieron en lo propio y junto con las demás fracciones solaparon las irregularidades del Congreso”.
