Lejos quedaron los tiempos en que la Universidad de Guadalajara concentraba en la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las etnias de Jalisco. Ahora esa instancia es, como cualquier otra, una fuente de cargos para los burócratas cercanos a la nueva administración. Un grupo de trabajadores inconformes explica cómo un simple cambio de gobierno puede trastocar una labor de casi 20 años.
Los gobiernos estatal y municipal no han reaccionado a la amenaza que un comando armado le hizo al líder nahua del ejido de Ayotitlán, Gaudencio Mancilla Roblada, para que no impida la extracción de mineral en aquella zona. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ignoró el tema.
Sólo desde el Congreso del estado el coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Clemente Castañeda, exigió a la fiscalía general que exista mayor vigilancia.
El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Tonatiuh Bravo Padilla reaccionó 13 días después, y eso porque Mancilla solicitó la ayuda de la casa de estudios el 22 de junio, en el programa sabatino Territorios, de la radio universitaria: “No nos abandonen en estos momentos, por favor. El licenciado Raúl Padilla le ha echado muchas ganas a esta tierra, por eso me acuerdo de él”, dijo el dirigente indígena.
El rector Bravo Padilla informó a La Jornada Jalisco que la universidad prepara una estrategia de investigación de la actividad minera y que, si lo considera pertinente, hará un pronunciamiento. Para algunos trabajadores de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI), organismo de la casa de estudios, el mensaje del rector llega tarde y denota una falta de compromiso y visión de los problemas que aquejan al ejido de Ayotitlán.
Renuentes a que se publique sus nombres por temor a represalias, comentan que el 24 de mayo la administración de Bravo Padilla nombró a Gabriel Pacheco Salvador al frente de la UACI en lugar de César Díaz, quien la encabezó de 2007 a 2013. Sin embargo, su nuevo jefe instauró un “terrorismo laboral” que ya motivó una queja por escrito dirigida al Coordinador de Vinculación y Servicio Social, Mario Alberto Orozco Abundis.
En su carta advierten que la UdeG está en riesgo de perder su prestigio en la comunidad por los obstáculos que la dirección le pone a los trabajadores, como la cancelación oficial de las actividades del organismo los sábados y domingos, así como la imposición de un horario de oficina de 9:00 a 17:00 horas sin considerar que el personal se desplaza a las comunidades y no puede presentarse a firmar su ingreso todos los días.
De hecho, dicen que tales medidas ya hacen peligrar las plazas de Rafael de la Torre y María de Jesús Patricio, de origen wixárika y quienes colaboran en la UACI desde hace 19 años. El primero realiza trabajos para fortalecer la cultura en los pueblos indígenas y María es una médica tradicional que apoya a la casa de salud Calli Tecolhuacateca Tochan en la comunidad de Tuxpan.
Los inconformes añaden que se prohibió hacer reuniones en la sala de juntas y que el equipo de Pacheco Salvador trata de manera déspota a los trabajadores. Como ejemplo, relatan que a pesar de que Gerardo Valenzuela se ha liado a golpes en las oficinas, fue nombrado jefe de Finanzas, mientras que Josimar Díaz, quien presuntamente no tiene estudios ni experiencia profesional, recibió el cargo de jefe de Recursos Humanos, Servicio Social e Inventarios.
A Díaz le atribuyen la sustracción de un equipo de cómputo de la oficina de Tania Flores, responsable del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas. Asimismo se quejan de agresiones verbales a Arturo Espinoza, Armando Abreu y Michelle Pérez, quienes colaboran en la difusión de las actividades de la UACI en Radio Universidad de Guadalajara y la publicación Tukari; a ellos les advirtieron “que su línea editorial era incompatible con la nueva dirección y que si no se modificaba se les separaría de sus cargos”.
En el último punto de la misiva denuncian la falta de interés de Pacheco por la situación del asesor del Consejo de Mayores Nahuas de Ayotitlán, Jaime Hernández Lamas, quien fue amenazado varias veces por su labor de acompañamiento legal y se acogió al Protocolo de Protección de Defensores de Derechos Humanos. Resaltan que el 20 de junio acudió a la comunidad sin el apoyo institucional, por lo que tuvo que respaldarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
Hernández Lamas considera que la nueva dirección de la UACI llegó con la intención de apoderarse de las plazas: “Lo están viendo como un espacio cualquiera de la universidad en el que hay cambio de directivos, el que llega trae su gente y la acomoda en algún lugar. ‘¿No hay dónde acomodarlos? Entonces fastidio a los demás para que se vayan y me dejen ahí el espacio para poner a mis amigos’. La UACI no es un espacio idóneo para actuar de esa manera.”
El personal entrevistado detalla que Pacheco es indígena wixárika, pero lo acusan de olvidar sus tradiciones y renegar de su cultura por la burocracia universitaria, ya que antes de llegar a la UACI dirigió la División de Cultura y Sociedad del Centro Universitario Norte, en el municipio de Colotlán.
Afirman que, acostumbrado al trabajo de escritorio, pocas veces se le ha visto en la sierra, hasta el punto que tomó partido contra los defensores de la zona sagrada de Wirikuta al afirmar que eran unos cuantos quienes los “jalan” (Tukari, 11 de noviembre de 2011).
Esto le valió una dura crítica de las autoridades agrarias del pueblo wixárika que se reunieron en noviembre de 2011 en Huejuquilla El Alto para darle seguimiento a los compromisos para defender sus sitios sagrados. La prensa reprodujo el mensaje a Pacheco:
“Aunque seas ‘wixárika legítimo’, tú puedes y tienes la libertad para seguir haciendo declaraciones amargas contra nuestro intento de defender Wirikuta. Tantos años de estudio y un sueldo seguro dentro de la Universidad de Guadalajara para que pienses así, no nos parece buena inversión, pero eres libre para pensar como quieras. Lo que no aceptamos es que nos difames y a la decisión de nuestras asambleas acusándolas de ser unos cuantos y de ser ‘jalados’ manipulados.”
El personal inconforme con su nombramiento menciona que en vez de cumplir la misión de la UACI, que es reivindicar la justicia y la autonomía de los pueblos indígenas, Pacheco prefiere promover el Festival Anual de Lenguas Maternas y el 14 de junio dio a conocer en rueda de prensa los pormenores del premio de Literaturas Indígenas de América, que se entregará este año en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL).
“Mi impresión es que le interesa más el paternalismo, el folclor, que la autonomía, la defensa de las tierras. Percibo que quieren plazas, correr a la gente que empezó el proyecto y meter a otra que no se oponga”, comenta una trabajadora.
Para ella, la declaración de Tonatiuh Bravo sobre la investigación de la actividad minera y la probable pertinencia de un pronunciamiento revela su ignorancia sobre el trabajo que durante casi 20 años ha realizado el equipo fundador de la UACI, así como de sus avances en materia de derechos humanos.
La trabajadora dice que la UACI jugó un papel central en el proyecto de crear una policía comunitaria en Ayotitlán, para lo cual ya se habían amarrado acuerdos con la región militar y el gobierno estatal: “Se iban a llamar topiles, policías comunitarios armados con un garrote y una cuerda para someter a los comuneros que no quisieran obedecer a la asamblea. Era sólo para mantener el control interno”.
Otro de los empleados inconformes señala que la presencia de la UACI en Ayotitlán nunca había sido tan importante como ahora, y alerta que una mala decisión burocrática podría dejar en el abandono a Gaudencio Mancilla.
Enemigo en casa
Al personal inconforme con la nueva dirección de la UACI le parece incoherente que el rector diga públicamente que se apoyará a la comunidad de Ayotitlán, cuando en la UdeG tiene al principal defensor de la industria minera en la región: Esteban Arias Soto, coordinador de la preparatoria regional de Cuautitlán de García de Barragán y secretario general de ese ayuntamiento.
Las fuentes consultadas afirman que Arias Soto controla el PRI local y se da el gusto de poner a los presidentes municipales, y que por eso, cuando se le pregunta por las amenazas contra civiles, responde con parsimonia: “El municipio está tranquilo”.
En forma parecida, a principios de mayo pasado Arias Soto le restó importancia al desalojo de 300 personas del pueblo de Tequesquitlán –en el mismo municipio– que se oponen a la contaminación que genera la minera china Gan-Bo al extraer miles de toneladas de material ferroso y en su búsqueda de plata y oro, sin proteger las cuencas acuíferas y los cultivos (Proceso Jalisco 444)
El grupo disidente dice que el nombramiento de Pacheco al frente de la UACI refleja el desdén del rector por la soberanía indígena, pero es complaciente con el indigenismo oficialista, que da premios sin mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
“Creo que con Tonatiuh Bravo se afianza la educación neoliberal; no creo que le interese mucho el Congreso Nacional Indígena o las asambleas, sino el indigenismo oficialista”, dice uno de los trabajadores.
Desde su punto de vista, esa línea de trabajo traiciona los principios con los que se fundó la UACI en 1994, un año de efervescencia para el indigenismo con la aparición del movimiento zapatista en Chiapas. Relata que por aquella fecha la UdeG ya tenía presencia en las comunidades indígenas pero su trabajo estaba disperso, así que surgió la idea de coordinar todas sus actividades en una instancia.
Precisa que entonces el rector era Raúl Padilla López y corría el rumor de que tenía un romance con la actriz Ofelia Medina, abierta simpatizante del movimiento zapatista, por lo que no se opuso a la creación del organismo. Resalta que la UACI ha conseguido fortalecer el Consejo de Mayores, empoderar a las comunidades y favorecer la integración de procesos productivos. Pero también, afirma, ha cometido errores porque algunos estudiantes que reciben ayuda del Programa de Apoyo a Comunidades Indígenas se olvidan de sus raíces y se vuelven institucionales.
“Creo que la UACI es muy importante para los pueblos, no indispensable. No es un centro de investigación, sino más de acción y apoyo”, agrega.
Este semanario solicitó dos veces a Gabriel Pacheco una entrevista, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Su secretaria informó que tenía la agenda llena por el cambio de administración.
El 30 de junio el líder del Consejo de Mayores Nahuas, Gaudencio Mancilla, convocó a una asamblea con el propósito de destituir al comisariado ejidal por el cargo de estar coludido con las empresas mineras, pero ésta no pudo llevarse a cabo. Uno de los asistentes confirmó que el comisariado “reventó” la reunión, de modo que los inconformes insistirán ante el Consejo de Vigilancia para que sea removido.
