Señor director:
Permítame denunciar que, el pasado 13 de abril, el alcalde de Tizayuca, Hidalgo, Juan Núñez Perea, mediante un golpe de poder me despojó ilegalmente de mi cargo como presidente y representante legal de la Agrupación de Tianguistas en Pequeño no Asalariados Rancho San Antonio Tizayuca, A.C.
En esa fecha, utilizó la fuerza pública para desalojarme de mi centro de trabajo en el tianguis, que se instala los sábados y domingos dentro del fraccionamiento Rancho Don Antonio, afectando además mi subsistencia y la economía de mi familia.
El alcalde cuestionó mi probidad llamándome “ratero” y acusándome de ser un líder represor y agresivo, sin que nada de ello le conste, pues se trató de una idea que le vendieron tres disidentes de nuestra agrupación, con quienes se alió: María Lilia Mora González, Pedro Ruiz Rodríguez y Ruperto Rangel Suárez, además de Ramón Balderas Hernández, de Gobernación de Hidalgo.
Las agresiones de la presidencia municipal no han sido solamente contra mí, sino también contra mi esposa, la señora Ana Silvia López Amador, quien en varias ocasiones ha sido golpeada en la calle por los disidentes mencionados, quienes son enviados por el alcalde, sin importarles que ella padece una discapacidad neurológica.
Por cierto, sobre las agresiones físicas a mi esposa, en su momento intenté hacer la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Tizayuca, pero ésta no la aceptó argumentando que ella no puede declarar por estar discapacitada.
El alcalde Núñez Perea –quien por cierto en tres ocasiones ha ocupado la presidencia municipal– está cometiendo muchos abusos de poder, debido a que –se dice entre la población– cuenta con la protección de Jesús Murillo Karam, actual procurador general de la República.
Entre estos abusos está el hecho de que él condiciona el diálogo y los servicios municipales a cambio de que los habitantes practiquen su religión, pues él pertenece a un grupo cristiano-bautista.
Por todos estos hechos me he quejado ante distintas autoridades civiles y federales. Por ejemplo, el pasado 8 de enero interpuse una denuncia ante la PGR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por abuso de poder. En fechas anteriores yo ya había acudido a las mismas autoridades municipales y estatales, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. De igual forma, mi caso es ya del conocimiento del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Mis problemas con el alcalde se los hice saber a los senadores Isidro Pedraza Chávez (PRD) y Omar Fayad Meneses (PRI). Ambos legisladores, en un intento por contribuir en la solución del problema, hablaron con el alcalde de Tizayuca, pero no tuvieron éxito.
También he acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en donde denuncié por abuso de poder a la Dirección Jurídica y de Reglamentos Municipal. Y seis meses después me contestaron de manera incierta que no hubo ninguna violación a mis derechos.
Incluso tuve que solicitar ayuda a autoridades eclesiásticas, como la Diócesis de Tulancingo y la Arquidiócesis Primada de México, las cuales me contestaron que el asunto no era de su competencia y jurisdicción.
Así pues, además de que todas mis gestiones han sido en balde, pues no he obtenido justicia, temo que en cualquier momento pueda sufrir un “levantón” o incluso ser asesinado, ya que mi esposa y yo estamos amenazados de muerte. De cualquier cosa que nos pueda ocurrir, hago responsable al alcalde de Tizayuca, Juan Núñez Perea.
Atentamente
Jorge Mercado Máximo
