Afuera del Reclusorio Preventivo de Guadalajara diariamente se ve una larga fila, sobre todo de mujeres. Como si fueran a un día de campo, cargan bolsas con comida, a sus hijos o ambos. Al poco tiempo los chamacos corretean por el pasillo y sus mamás tratan de contenerlos.
A pesar del calor de mayo y junio, que traspasa el techo de acrílico, las mujeres no desesperan, permanecen atentas a escuchar su nombre para que el personal del penal les entregue el tarjetón que requieren para visitar a su familiar preso.
Las custodias recorren la larga fila recogiendo las identificaciones y revisan que el color de la vestimenta sea adecuado. En caso de que no, le indican a la visitante que se cambien de ropa o no la dejarán entrar.
Cuando la reportera pregunta a varias visitantes si su familiar o amigo ya recibió sentencia por el delito que lo tiene encerrado, suelen responder sin dudas que no. Y explican que el defensor de oficio asignado “no hace nada” y la mayoría de ellas no pueden pagar a un abogado particular.
“Julia” es morena, con su bebé en brazos explica que hace 13 meses su esposo fue detenido por tentativa de homicidio y no ha sido sentenciado. Se queja de que no fue defendido “como debe de ser” por el defensor de oficio o agente social –como es reconocido en la estructura de la Procuraduría Social del estado– del Juzgado Sexto de lo Penal.
“Vamos con él, pero te tarda hasta cuatro o cinco horas, te tiene ahí sentada y a la hora de la hora no te dice nada, nomás está tomando café con galletas… He ido como 10 u 11 veces con el defensor de oficio, pero nada más me dice venga mañana, pasado o la siguiente semana, o el mes que entra porque todavía no tiene nada. Y así me trae”, se lamenta.
Afirma que su esposo es inocente. Relata que hace más de un año regresaban a su casa, en Santa Ana Tepetitlán, a las 11 de la noche, pero los sorprendió un hombre armado:
“Veníamos de con mi mamá. Yo estaba embarazada y mi esposo me dijo que me retirara, forcejeó con el asaltante y un policía venía corriendo. Él no detonó la pistola, sino que el delincuente le tiró dos balazos al policía, y como él no corrió, se quedó parado con la pistola, lo agarraron a él y lo metieron aquí. El asaltante anda libre en la calle.”
Dice que a su marido le hicieron la prueba del rodizonato de sodio para ver si había disparado el arma y salió negativo, “pero el juez rechazó la prueba. Fuimos con los magistrados y nos dijeron que todavía faltaba para juzgarlo, pero que era más culpable que inocente. Se basan en que él traía la pistola”.
Durante la entrevista permanece cerca de “Julia” un abogado privado, que interviene: “La ley establece que se debe dictar sentencia en un periodo de seis meses a un año, pero muchas veces por la carga de trabajo de los juzgados se atrasan los procedimientos. Uno como abogado tiene que estar al pendiente del procedimiento para que le den agilidad al trámite. Si uno es defensor de oficio, no le da trámite y el caso se va olvidando”.
El litigante, quien prefiere omitir su nombre, agrega: “Yo no he visto que presenten promociones para presentar pruebas o desahogarlas, no lo hacen como lo puede hacer un defensor particular. Sólo dan trámite a lo que les piden. Es necesario tener dinero para poderse defender y hacer todo más rápido”.
Por su parte, Javier acudió al Reclusorio Preventivo a visitar a un amigo, y para él “le hacen mucho al tonto en los juzgados; mi amigo es acusado de homicidio; está aquí hace tres años y no ha recibido sentencia. En varias ocasiones cambiaron las fechas de audiencia, yo iba en calidad de testigo; nos decían que no iba el agente del Ministerio Público y lo cambiaban ‘para la próxima semana’, pero en realidad pasaban hasta dos meses”.
Narra que su amigo, de 21 años, cometió un homicidio pero en defensa propia. Ambos caminaban con otros jóvenes por el centro de Guadalajara cuando fueron provocados por un grupo y pelearon. “A mi amigo lo comenzaron a golpear entre varios, para defenderse agarró una botella y con ella le dio a uno, que falleció”.
En tanto, “Sandra” relata que a su hijastro lo representa el defensor de oficio del Juzgado Quinto de lo Penal; sin embargo, “no ha hace nada, nos dice que nosotros traigamos las pruebas y sí lo hicimos, pero de todas maneras no pasa nada”.
Su hijastro “ya tiene un año detenido, lo agarraron en la calle con su novia y lo están acusando de secuestro. Los que estaban secuestrados no lo reconocen, no lo señalan directamente y hasta dicen que él no estaba ahí”.
La señora dice tener pruebas de que su hijastro estaba trabajando en Tijuana el día de los hechos. “No coinciden las fechas, no hay pruebas contundentes en contra de él, pero se está aplazando su juicio”, señala.
Se queja de que tras detener al muchacho y trasladarlo a una casa de arraigo, lo torturaron: “Nos platicó que le pusieron una bolsa en la cabeza para ahogarlo, y cuando lo pasaron para acá venía bien golpeado que porque querían que se echara la culpa de unos homicidios que ocurrieron los Arcos del Milenio (…) Está desesperado”.
Otras personas entrevistadas coincidieron en que el defensor de oficio del Juzgado Décimo Quinto “se la pasa tomando café –como dice una de ellas–; vaya a darse una vuelta y lo verá”.
Por su parte, un abogado particular se queja de que “hay defensores de oficio que tienen una prueba, y pasa casi año y medio sin que la desahoguen, a veces ni siquiera se han presentado testigos”.
El defensor particular se refiere al caso de su defendido, acusado de negligencia médica. Relata que su cliente recomendó a un paciente que se sometiera a una intervención quirúrgica, en la cual él no participó. La operación falló y ahora los familiares que autorizaron la intervención quirúrgica “dicen que esas firmas no son de ellos”.
Indica que al médico “nunca lo citaron a declarar y sólo le giraron la orden de aprehensión. Afortunadamente el doctor se amparó, ya declaró en el juzgado y está sujeto al proceso penal hasta que no se desahogue esa prueba pericial grafoscópica. Ya son cinco ocasiones en que no se ha podido desahogar la diligencia de estampamiento de firmas ante la autoridad judicial; de antemano sabemos que las personas sí autorizaron y se va acreditar que son sus firmas”.
Abogado ejemplar
El defensor de oficio Jaime Serrano Álvarez no es como la mayoría de sus colegas; sus clientes y otros abogados reconocen que se distingue por “sacar su trabajo de manera rápida y eficaz”.
Él empezó a trabajar en ese puesto el 1 de noviembre de 2007. Dice que le “gusta la administración pública y servir a las personas”.
El día de la entrevista con Serrano, la reportera conversó brevemente con una señora que salió del despacho del agente social del Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal. Contó que su hijo fue acusado de robo calificado, pero la defensoría de Serrano logró que se convirtiera en robo simple y alcanzó libertad bajo fianza. “Mi hijo sólo estuvo detenido seis días, ya me voy a pagar para que salga”, comenta con alivio.
A decir de Serrano Álvarez, cada defensor de oficio lleva un promedio de “entre 160 a 200 expedientes continuamente; por día se ven 12 asuntos diferentes, pero cada 16 días que tienen turno en todos los juzgados, se acumulan casos nuevos”, que serían alrededor de 60.
La mayoría de los casos que defienden los agentes sociales están relacionados con el robo, pero a raíz de la reforma que permite a los juzgados del fuero común darles vista a los delitos de narcomenudeo, la carga de los agentes sociales aumentó en 30%.
Uno de los casos que recuerda de sus casi seis años de experiencia es el de una persona que tenía que pagar 650 pesos de multa, pero no tenía dinero, “llegó con dos cambios de ropa y nos dijo que se quería internar (…) En los cinco años y medio que tengo aquí, es la primera persona que se quiere poner a disposición por la falta de dinero. Y como no quería incumplir, se presentó”.
Conmovidos por esta actitud, Serrano y un compañero de trabajo pagaron la multa y aquella persona no tuvo que ser detenida.
Entre sus éxitos cuenta el caso con el número de expediente 140/12-C, en el que unas personas fueron condenadas a tres años y medio de prisión, “pero con nuestra intervención y a la ley de Justicia Alternativa hubo una reposición de procedimiento y salieron libres” porque eran inocentes.
