Trato inhumano a los presos, alto costo de su manutención y la posibilidad de que empeoren sus tendencias delictivas en la escuela del crimen, son algunas de las consecuencias de un sistema judicial que tiene en la cárcel preventiva a miles de personas en espera de una sentencia, muchas veces por delitos menores. El problema es que ahora el estado tiene la facultad de perseguir el narcomenudeo y esto incrementará aún más la población de los reclusorios.
Ante el hacinamiento de las prisiones de Jalisco, especialmente en el Reclusorio Preventivo, a donde llegan muchas personas que no representan peligro para la sociedad o de plano son inocentes, académicos, abogados y funcionarios señalan que urge una reforma al Código Penal.
La procuradora social del estado, Felícitas Velázquez, recuerda: “En 2003 se modificó el artículo 236 apartado D, que habla de dos modalidades: quien actúa con dos calificativas ya no tiene derecho a fianza, se hace grave. Eso está mal”.
“En la exposición de motivos de aquella reforma –agrega– describimos que las cárceles se llenan porque, por ejemplo, antiguamente si un muchacho de 20 años le robaba a un niño su bicicleta, a lo mejor podía tener un beneficio de dos terceras partes de su pena, que en 2003 era de ocho a 13 años de prisión. Pero en 2006 el Congreso subió esta pena de nueve a 20 años de prisión; entonces, si el muchacho de 20 años roba una bicicleta a un niño, es una modalidad calificativa; si lo avienta, usa la violencia para arrebatar la bicicleta se hacen dos modalidades, que no deberían recalificarse. Si la intención del infractor era robar la bicicleta, los medios no son agravantes.”
En resumen, dice, “creemos que esa figura delictiva (recalificación) ha causado mucho daño y tenemos mucha gente dentro de los reclusorios porque están recalificando el delito”.
La funcionaria informa que actualmente el Reclusorio Preventivo aloja a más de 7 mil personas en proceso y Puente Grande a más de 5 mil sentenciados, lo que significa que ambos están a más del 200% de la capacidad para la que fueron construidos.
Al respecto Miguel Ángel Lomelí, perito del Poder Judicial y académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, atribuye la saturación a la falta de sentencias:
“Las personas están en espera de una sentencia porque no tienen un defensor particular. Como no tienen un abogado que esté vigilando constantemente el expediente, insistiendo con el actuario, el notificador, que le agilicen esas etapas, deben esperar mucho tiempo.”
Sin embargo, dice, es peor cuando los señalados deben defenderse a través de un agente social, quien está lleno de trabajo y no tiene tiempo de atender tantos asuntos.
–¿Entonces las cárceles están llenas de gente pobre?
–Lamentablemente sí. Es contraproducente que no reciban su sentencia, porque implica un alto costo para la sociedad y entran a la escuela del delito, sobre todo los primodelincuentes (quienes incurren por primera vez en un delito).
–¿Qué solución jurídica pueden tener los primodelincuentes que no han sido sentenciados?
–Sería que un cuerpo de pasantes en derecho fuera con la encomienda a los 16 juzgados penales de este primer partido judicial e hiciera una búsqueda de expedientes. Si hay un procesado que necesite depositar su fianza de mil o 2 mil pesos, detectar esos problemas y ver la solución más rápida. Pero sería necesaria la participación de unos siete u ocho muchachos por juzgado, que se avocaran a ello nada más. Estaríamos hablando de aproximadamente 112 muchachos para los 16 juzgados. Para lograrlo sería necesaria la ayuda del Consejo General Universitario, del Comité de la Sociedad de Alumnos y del Cuerpo Académico.
Sistema incosteable
Guillermo Zepeda Lecuona, profesor de la maestría en Política y Gestión Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), precisa que 7 mil 141 personas permanecen en prisión preventiva en espera de sentencia. Calcula que tendrán que aguardar al menos 170 días para conocerla.
El también especialista en el sistema de justicia mexicano recalca que 70% de esas personas son acusadas de robo. También él considera que el Código Penal y el de Procedimientos Penales están mal diseñados porque “casi ya no hay robo simple, hay 26 formas de agravar el delito de robo y, si se reúnen dos de éstas, ya se considera robo grave y por lo tanto (los acusados) no tienen derecho a fianza”.
–¿Por qué tardan tanto tiempo en juzgarlos?
– Se suman factores como la mala legislación, la saturación de los tribunales y la falta de un modelo de gestión más moderno. Esperemos que si se van a establecer los juicios orales se haga rápido, porque se ha demostrado en el país que los estados con este sistema disminuyen notoriamente su prisión preventiva.
El investigador del ITESO detalla que en los 16 juzgados penales se atienden “alrededor de 18 mil asuntos; tienen alrededor de 800 casos de nuevo ingreso cada juzgado, más los 600 o 700 que tengan de rezago, les da una carga de trabajo muy alta, de casi mil 500 casos en promedio por cada juzgado penal… Y más que ahora, desde agosto del año pasado, ven también las cuestiones del narcomenudeo, así que a los 10 mil casos anuales que recibían ya se van agregar 2 mil 800 más, es decir que habrá aproximadamente 13 mil asuntos nuevos al año en Jalisco. Esto satura los juzgados”.
A esto se le suma que, según la cifra a la que llegó en un estudio hace ya cinco años, 60% de las personas procesadas “tienen un defensor público”. Por ello, dice, “urge un sistema de estímulos de incentivos y de sanciones, en el caso de que por negligencia de los defensores los casos se prolonguen más allá de lo deseable”.
–¿Qué más sucede por la falta de sentencias?
–En primer lugar, afecta el tema humanitario. Jalisco es el estado con el sistema penitenciario más saturado del país. Cuando se eche a andar el reclusorio metropolitano, que no ha entrado en funciones por falta de recursos, bajará un poco la presión, pero aun así en Jalisco los penales están al 190% de su capacidad: donde debía haber 10 personas hay 19. Y en el Reclusorio Preventivo es más aguda porque está al 230% de ocupación.
Precisa que la Organización de las Naciones Unidas considera que se impone a los reos un trato cruel e inhumano cuando una cárcel rebasa 120% de su capacidad.
Zepeda Lecuona opina que aproximadamente 45% de las personas que están en prisión preventiva “podrían estar esperando su sentencia en libertad, pues no son un riesgo para la sociedad. Son procesados por delitos menores como robos sin violencia. El que estén privados de su libertad no aporta en nada a la seguridad y sí los expone a los efectos criminógenos que sabemos que tienen la prisión y las penas cortas”.
Además, llama la atención sobre el alto costo de mantener en prisión preventiva a tantas personas: “En Jalisco, 58% de los recursos de la Fiscalía General y del Poder Judicial se destinan a la persecución, encarcelamiento y sanción de los responsables de delitos menores.
“Todavía nos damos el lujo, como sociedad, de llevar a sentencia mil 800 casos al año de personas que son acusadas de daño a las cosas, generalmente derivadas de acciones de tránsito y por el delito de robo. Un 40% de personas tienen penas de menos de dos años, que se conmutan por multa de 700 u 800 pesos, cuando estando en prisión preventiva costaron 14 mil pesos de averiguación previa, 18 mil pesos de proceso penal y 170 pesos diarios por estar en prisión.”
Pone más ejemplos de lo incosteable que resulta el sistema actual: “Hay casos de delitos de robos de menos de mil pesos, sin violencia, y de daño a las cosas que le cuestan al presupuesto de los jaliscienses 60 mil pesos, sin aportar nada a la seguridad. Todos los días el estado se da el lujo de gastar más de 3 millones de pesos en la manutención de los internos de las prisiones. Es dinero que se distrae de la prevención y del combate a los delitos de alto impacto”.
Recuerda que en 2007 él mismo hizo un muestreo de casos en Jalisco y encontró que 12% de las personas que tenían derecho a la libertad bajo fianza no podía pagarla y “pasaban varios meses detenidos, e incluso uno de cada seis no llegaba a reunir el dinero y se quedaba en prisión preventiva durante todo su proceso”.
Por esos motivos, apunta que además de una reforma penal es necesario impulsar el sistema de juicios orales, conocida como justicia alternativa, ya que “es un buen mecanismo para descongestionar las prisiones y en ocasiones sirve para que los casos no lleguen a juicio”.
Versión oficial
La titular del área de Reclusorios de la Fiscalía General del estado, Marisela Gómez Cobos, ofrece una versión menor del problema. Dice que las personas en espera de una sentencia son 5 mil y que el Reclusorio Preventivo, con capacidad para 3 mil 200 presos, presenta una sobrepoblación de menos del 80%.
–¿Qué problemas ocasiona la saturación de las cárceles?
–El primer problema está en los espacios. En las celdas, que miden cuatro por cuatro metros, tenemos 12, 15 y hasta 20 personas, cuando la capacidad es para tres. Se han hecho camas de madera, los mismos internos van trabajando sus áreas para no dormir en el suelo.
“Tenemos mucha gente que aún no tiene un espacio. Incluso se amarran y duermen en el suelo como cigarros. Familiares de reclusos indican que los de nuevo ingreso son obligados a dormir de pie; después de cierto periodo, se les permite dormir sentados en el retrete, luego pasan al área de ‘la ultratumba’, que es colocarse bajo las camas de material, donde habitan cucarachas y toda clase de insectos. Posteriormente, pueden dormir como cigarros en el centro de la celda y finalmente tendrán el privilegio de dormir sobre una cama.”
Gómez Cobos informa que, para disminuir un poco la sobrepoblación en las celdas, “una compañía nos instaló dos, que serán equipadas con un material diferente, con el que cuentan los Ceferesos, que es el acero inoxidable. Y estamos viendo alternativas para tener más camas. Las nuevas celdas se equiparon con 15 camas, con espacios más dignos para los internos”.
Aun así, admite, para los internos es “muy difícil la convivencia dentro de las celdas. Imaginemos, pues 15 gentes en una celda con un baño”. Otro problema es la falta de trabajo y de áreas recreativas: “Tienen espacios deportivos, un gimnasio, (pero) no es suficiente, es mucha gente” señala.
Lo peor es que la población carcelaria se incrementa aún más a raíz de que el estado puede castigar el narcomenudeo. Gómez Cobos calcula que por este motivo el número de internos se elevó hasta 300%.
En cuanto a la posibilidad de implantar una reforma legal que alivie la saturación, sobre todo del Reclusorio Preventivo, Gómez Cobos comenta que se debe tomar en cuenta la reparación del daño:
“De hecho, tenemos internos que tienen una reparación alta; ya están en posibilidades del beneficio, pero la reparación los tiene detenidos, ese es un punto que también se debe de tomar en cuenta. Deben esperar los cinco años para que prescriba, porque no alcanzan a cubrirlo.”
Por otro lado, comenta que aún no se tiene una fecha para abrir el Reclusorio Metropolitano, pues aún se está seleccionando y capacitando al personal.
El sistema carcelario de Jalisco tiene 13 centros penitenciarios: el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, el Reclusorio Preventivo de Guadalajara y el Reclusorio Femenil, los centros preventivos de justicia regionales en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Chapala, Ameca y Tequila; así como el Centro de Observación de Menores Infractores (“el Tutelar”) y La Granja.
