¿Quién y cómo se eligió a quienes vigilan las elecciones a cargos públicos? Pese a las millonarias cantidades destinadas a realizar procesos transparentes y a garantizar que los profesionales seleccionados no deban nada a los partidos que contenderán, los aspirantes a consejeros del IEPC son los primeros que impugnan el procedimiento.
La elección de consejeros y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que se realizó en la madrugada del 31 de mayo volvió a ser presa de intereses políticos. El reparto de cuotas entre las fracciones parlamentarias de PRI, PAN y PRD tiene molestos a los aspirantes que obtuvieron altas calificaciones en el examen que les aplicó un Comité de Evaluación ciudadano, pero que al final no fue tomado en cuenta por los legisladores.
Señalan que escogieron los perfiles que ya tenían amarrados mucho antes de que se lanzara la convocatoria para la renovación del órgano electoral e hicieron creer que se realizaría una elección transparente mediante el Comité de Evaluación. Por cierto, éste como tal no ha hecho ningún pronunciamiento público, sólo algunos de sus integrantes han manifestado su opinión personal.
La situación motivó a Carlos Navarrete Ulloa, uno de los 118 aspirantes a consejeros, a impugnar la elección ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El inconforme, quien obtuvo 35 puntos de 40 posibles, es uno de los que empataron en segundo lugar de calificación, por lo que considera violentados sus derechos.
En la exposición de motivos que presentó al TEPJF, Navarrete argumenta que existe incongruencia entre los resultados de la evaluación y la elección de consejeros. Añade que en la sesión plenaria de carácter extraordinario en la que se eligió al nuevo órgano del IEPC no se estableció en el orden del día su designación, pero sí se recibieron y se dio cuenta de comunicaciones no incluidas en el mismo.
Precisa que esto viola el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual estipula que “las sesiones extraordinarias no pueden tener otro objeto que el propio para el que fueron convocadas”. No obstante, Navarrete Ulloa exige que los magistrados del TEPJF entren al fondo del tema porque, dice, el Congreso local quebrantó los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad que rigen al IEPC.
“El hecho de que se saque una convocatoria en donde se habla que se hará una evaluación que no es vinculante, deja en entredicho la cuestión de la certeza jurídica. ¿En qué medida entonces esa evaluación va a ser correspondiente con la decisión final?”, argumenta.
De los siete consejeros que lograron ingresar al IEPC, sólo uno, Jorge Alberto Alatorre, académico de la Universidad de Guadalajara, obtuvo la calificación más alta de entre los siete primeros lugares al conseguir 38 puntos. Sin embargo, su máxima calificación no fue el motivo por el que los diputados lo designaron. Desde el principio el PRD lo impulsó a él y a Mario Alberto Ramos González. Alatorre pertenece al grupo del rector Tonatiuh Bravo Padilla.
Por su parte, el PRI optó por ratificar al presidente del organismo, Tomás Figueroa Padilla, quien consiguió 32 puntos, así como a los consejeros Juan Alcalá Dueñas (30 puntos) y Everardo Vargas (33). A este último se le ubica como cercano al exdiputado del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Aubry de Castro Palomino.
El PAN eligió a Rubén Hernández Cabrera, quien ya era consejero y obtuvo 27 puntos; Olga Patricia Vergara Guzmán (29 puntos) y María Virginia Gutiérrez Villalvazo (25). La segunda ya trabajaba como directora de Participación Ciudadana del IEPC y Gutiérrez Villalvazo fue abogada del diputado panista Alberto Esquer cuando éste interpuso una demanda contra una resolución del organismo electoral que casi lo deja fuera de la presente legislatura: una cláusula de género presuntamente exigía que él dejara su posición para dársela a Fabiola Martínez, hermana del senador panista José María Martínez.
En opinión de Navarrete Ulloa, el rechazo de los diputados al resultado del examen quebranta el principio de certeza jurídica que rige al IEPC: “Los consejeros deben conducirse con autonomía e independencia; esto queda en cuestión. Luego entonces todo el edificio de la función electoral, desde sus cimientos, queda sumamente endeble. Se debe salvaguardar cierto grado de objetividad e imparcialidad, lo cual no está ocurriendo”.
Fiasco
Annel Alejandra Vázquez Anderson, con un puntaje de 35, es la mujer mejor calificada en el examen, muy por encima de las consejeras que eligió la fracción parlamentaria del PAN. Se especializó en ciencias políticas por la Universidad New School de Nueva York, becada por la fundación Fullbright-García Robles.
Actualmente es secretaria técnica de la Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales del Senado, que encabeza el senador panista por Jalisco, José María Martínez Martínez, y que también integran Manuel Camacho Solís y Patricio Martínez. Vázquez Anderson es académica del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG y fue secretaria de apoyo a la investigación del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno.
Dice que ella se animó a participar en la convocatoria porque creyó que la publicación de los resultados del examen redundaría en una elección transparente:
“Pensé que a lo mejor la opinión pública y el que estuvieran publicados los resultados iban a presionar a los diputados. Tampoco me parece que estén mal todos. Está el caso de Alatorre, que fue el mejor evaluado, eso habla de cierta apertura de los legisladores. Pero me quedó claro que la evaluación no es lo más importante, que son otros criterios los que siguen utilizando los diputados para tomar la decisión.”
Otro aspirante, Harold Sidney Dutton Treviño, es maestro en Administración Pública por la Daniel J. Evans School of Public Affairs de la Universidad de Washington y doctor en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo. Es además expresidente del Consejo Ciudadano de Transparencia de Zapopan y concursó en 2010 para el mismo cargo.
En esta ocasión Dutton obtuvo 32 puntos, y comenta que el IEPC lleva ya al menos una década como botín de los partidos políticos.
La madrugada del 31 de mayo, cuando los diputados estaban por designar a los consejeros, Dutton fue propuesto por el Movimiento Ciudadano (MC) pero las otras fracciones parlamentarias lo rechazaron de plano. El aspirante admitió que se entrevistó con miembros del MC, pero dijo que hizo lo mismo con todos los partidos porque después del examen sintió que el procedimiento quedaba suelto y a discreción de los legisladores.
“Es un desgaste terrible. Como si les prometieran a todos: ‘Sí te vamos a considerar’, pero sin ningún parámetro. Fue realmente muy desaseada esta última parte del proceso”, enfatiza.
El expresidente de la Coparmex y actual conductor del noticiero radiofónico Zona 3, Pablo Lemus Navarro, le puso pimienta al proceso cuando denunció en las redes sociales que los diputados ya tenían “planchada” la elección y que al menos Tomás Figueroa sería reelegido.
El comentario desató una reyerta en Twitter con el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, quien aseguró que el MC le ofreció a Lemus una candidatura en los comicios del año pasado y que no duda que en 2015 será su candidato. En respuesta, el empresario le recordó a Torres sus traiciones a algunos actores de la vida académica, en clara alusión al ex-rector de la UdeG Carlos Briseño Torres.
Lemus Navarro sostiene: “Ya estaban de acuerdo en la ratificación de Tomás, simple y sencillamente estaban negociando las posiciones al interior del instituto para privilegiar los compromisos que ellos mismos habían establecido con otras personas que les fueran fieles a su casa”.
Por eso es urgente la Reforma Política que se discute en el Pacto por México, porque los partidos se han adueñado de los organismos electorales.
“Caímos en la trampa”
Para guardar las formas de la elección de consejeros y presidente del IEPC, los diputados convocaron un Comité Evaluador integrado por representantes de universidades, organismos empresariales y medios de comunicación. Participaron el ITESO, la UdeG, el Tec de Monterrey, la Coparmex, la Canaco, el Cesjal, la Rato y el Fondo de Apoyo a Trabajadores de los Medios de Comunicación (Extra), además del TEPJF y el IFE.
Los diputados no permitieron que se incluyera en el Comité al Colectivo Red Guadalajara para Todos porque, según el priista Rafael González Pimienta, “haríamos un comité poco manejable”.
El presidente de la Coparmex, Óscar Benavides, y el representante del Cesjal, Arturo Uribe Avín, expresaron por separado su insatisfacción por los resultados. El primero reconoció que descubrieron signos de alerta cuando la Comisión de Asuntos Electorales excluyó a otros organismos ciudadanos.
“Sabíamos nosotros que podía ser una trampa, que podía ser un espejismo para dar una imagen de ciudadanía, sin embargo no quisimos rechazar esta oportunidad. Y a pesar de que había un alto riesgo de que no fuera efectivo el mecanismo, quisimos adentrarnos en él para generar una conciencia ante propios y extraños de que cuando se abren los espacios hay gente dispuesta voluntariamente a hacer un buen trabajo”, explica.
La Coparmex envió como representante a Julio García Briseño, empresario de la fotografía, a quien Benavides le reconoce un gran esfuerzo. Dice que el equipo que integró el organismo empresarial trabajó a marchas forzadas porque tuvo que adaptarse a los tiempos que marcaron los diputados. Le parece que el Poder Legislativo dilapidó esa labor:
“Fue un desperdicio de más de 200 horas-hombre que desinteresadamente aportó un mecanismo de evaluación profesional que abonaba a una mejor elección”, señala el dirigente empresarial.
Consultado aparte, Uribe Avín dice que le hubiera gustado ver un IEPC compuesto por los primeros siete lugares del examen y asevera que lo importante de esta convocatoria es que el Comité Evaluador sentó las bases para que los diputados escogieran los mejores perfiles. Dice que si no cumplieron es porque hace falta un marco jurídico para que la sociedad participe y le reste peso a los partidos.
Quienes de plano no contestaron a las insistentes solicitudes de entrevista de este semanario fueron los integrantes de la Rato y la Canaco. Televisa es miembro de las dos, y a través de Francisco Cabañas Soria encabeza la Rato. Esta cámara recibió en el sexenio pasado recursos estatales y federales del orden de los 230 millones de pesos para construir el Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco), proyecto privado que impulsa José Pérez Ramírez, presidente del Grupo Promomedios.
Y la Canaco la preside Francisco Beckmann González, empresario señalado de influyentismo y corrupción en la apertura de una gasolinera junto con David Preciado Martínez, sobrino de Salvador Martínez Garza, dueño de Mexicana de Lubricantes (Proceso Jalisco 446).
“Que desaparezca”
A ocho años de su separación del cargo de presidente del Consejo Electoral del Estado de Jalisco (CEEJ, como anteriormente se le llamaba el IEPC), el actual regidor panista del ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Elizondo Gómez, relata que en 2001 la nómina era de 45 trabajadores pero ahora ah crecido tanto que fue necesario rentar otro edificio.
Sobre todo, comenta, el sueldo de los consejeros y del presidente subieron de manera exorbitante, al grado de que ya ni siquiera se toma en cuenta la opinión del Comité Técnico de Valoración Salarial (CTVS).
De acuerdo con el portal de transparencia del IEPC, la tercera parte de su presupuesto se va en salarios. El pasado año electoral el organismo gastó 129 millones de pesos en la nómina y 278 millones en la organización de los comicios federales, estatales y municipales.
Este año, que no será electoral, el IEPC tendrá un presupuesto de 355 millones de pesos. Actualmente el salario de Tomás Figueroa asciende a 184 mil pesos brutos cada mes, en tanto que un consejero percibe 167 mil. La suma de ellos es de 19 millones de pesos anuales, con prestaciones como prima vacacional, día del servidor público, así como ayudas de despensa y de transporte.
Elizondo Gómez resalta que, tomando en cuenta el desmedido incremento en el costo de las elecciones locales, es preferible que el IEPC desaparezca y que el IFE se haga cargo de los comicios.
Reconoce que cuando lo nombraron presidente del CEEJ no tenía el conocimiento necesario en materia electoral porque su formación era empresarial. A pesar de esto, afirma, el examen que realizaron los aspirantes sale sobrando porque la cualidad más importante que debe valorarse es la probidad.
“Yo lo comenté con don José Woldenberg, que es un hombre muy respetable, y me dijo que es lo peor que puede hacer una institución, privilegiar el conocimiento electoral. Y no porque sea una materia muy difícil, no tiene mayor dificultad porque hay una agenda que usted tiene que seguir. Nosotros lo hicimos extraordinariamente y fuimos el mejor PREP del país”, recuerda Elizondo sobre la elección de 2003, que le tocó organizar.
