A principios de año fue detenida la profesora Elba Esther Gordillo, acusada de atraco al fondo de las cuotas del sindicato de los maestros. Se mentaron cantidades enormes, como intenso fue también el ruido mediático. Y a pesar de tal parafernalia, ya nadie se ocupa del caso. Ella está quietecita a la sombra, sin hacer ruido, esperando que amaine la tormenta en su entorno. Será que, como el dinero rueda y circula, pronto encontró nuevo nido. ¿Irá a ser elíxir suficiente para que los cargos en su contra se esfumen? Puede ser.
Hace una semana trascendió aquí la pérdida o mal manejo de 80 mil millones de pesos; dinero de los recursos que atesoran los trabajadores en sus fondos de ahorro para el retiro, las afores. Sólo ellos deberían poder moverlo, pero manos ajenas lo insacularon y ahora se habla de un serio quebranto de tales fondos. Es estratosférica la suma. Decuplica al menos el monto máximo señalado en los malos manejos de la Gordillo.
Pero a diferencia del caso de la maestra caída en desgracia, aquí no se ha tipificado todavía como atropello o desfalco a los trabajadores. Mucho menos se habla de castigos o medidas correctivas. Aparece el dato en los medios cual si se tratara de un simple reporte bursátil. ¿Será que el dinero circula y en sus giros encuentra aquí un dueño y más adelante otro y con hallar poseedor se acaban los litigios? Como dijimos acerca de la Gordillo, también puede ser.
Ojalá fueran casos excepcionales los que vamos registrando a cada paso de quienes trepan a las arcas en el país para administrar los recursos públicos. Sin embargo, donde rasquemos supura pus. No hay semana en la que no nos enteremos de un caso particular de malos manejos, de peculado, de atraco en despoblado con recursos del erario. Se siente la descomposición al grado que ni nos extraña.
Y aun cuando se dan nombres y apellidos de los responsables, se señalan cantidades y lugares del bandidaje y del saqueo, se indican las cajas fuertes donde residen los depósitos, nada o muy poco ocurre. Tenemos leyes para tipificar y castigar estos ilícitos, pero tampoco se aplica lo estatuido. Hemos caído en el pozo sin fondo de la desvergüenza y el cinismo.
Ahora están bajo las candilejas del escándalo, por los mismos motivos de rapiña, dos casos sonados: uno en el estado de Tabasco; el otro aquí en Jalisco. Ambos latrocinios tienen en común haberse columpiado en las arcas de los recursos públicos. No vale el hecho de que su bandería de gobierno fuera distinta. En Jalisco estuvo gobernando Acción Nacional, la derecha, la misma que nos estuvo prometiendo por décadas honestidad, honradez y decencia; en Tabasco el PRI hizo hasta lo imposible por mantener el gobierno.
Aquí, Emilio; allá, Andrés Granier. Ni a cuál irle. En Tabasco querían montar el espectáculo sólo con el extesorero José Manuel Saiz Pineda. Hasta le hallaron 80 millones de pesos en efectivo, resguardados en casita. Pero las indiscreciones del propio Granier imposibilitaron la maniobra de mantenerlo oculto. Va a comparecer a rendir cuentas. Aquí, al exdirector del SIAPA, Rodolfo Ocampo, se le incriminó y encarceló, sin darle tiempo a esconderse. Ya cayó al laberinto de los vericuetos judiciales. Pero a Emilio, el monaguillo por antonomasia, no se le ha tocado un pelo por este caso. Ya se verá si más adelante aparecen sus huellas quirografarias en este dinero o en otro, que es la andancia.
La suma que Ocampo manejó a su arbitrio es de mil 200 millones de pesos. Comparado con el desfalco a las afores es monto insignificante. Lo mismo puede decirse de las cantidades por las que va a tener que comparecer Granier. Se habla de 2 mil 400 millones. Pero la cifra de estas exacciones ya parece ser irrelevante. Lo que realmente pinta a grave es que la opinión pública no se conmueva más con estas revelaciones. Se nos han convertido en moneda corriente. A poco andar, con sólo patear la piedra del camino brotan cifras millonarias extraídas o desviadas de su destino.
Una semana antes de que los medios indiciaran a Ocampo y que fuera detenido se habló con insistencia de un fraude más, escenificado en el Congreso estatal. Carlos Corona fue nombrado secretario en ese órgano la Legislatura anterior. Duró poco, pues fue señalado por malos manejos, aunque no se le hicieron cargos ni compareció ante barandilla; sólo dejó el puesto en medio del escándalo.
Y aun cuando José Manuel Correa Ceseña lo suplió y calmó las aguas, ahora apareció un contrato fantasma con una compañía que le iba a hacer cálculos y buenas cuentas a los diputados ante el Servicio de Administración Tributaria para ahorrarle fondos. La tal compañía se cobró 30 millones de pesos. Y aunque no existe, supuestamente firmó un contrato que quizá esté perdido; lo cierto es que el dinero sí salió de las arcas. Se señala como responsables indistintamente a Correa y a Corona. Alguno de los dos, o ambos, tendrán que dar la cara y explicar el fondo del asunto.
Pero no anda a la vista el poder humano que les vaya a inducir a Puente Grande, como sí lo hubo para poner a Ocampo a buen recaudo. Lo más probable es que no les apliquen medida punitiva alguna. Pero tampoco regresará el dinero a las arcas del erario, para ser destinado a otras obras en beneficio del público que lo apoquina. La base objetiva para afirmarlo es el hecho de que ya se ha actuado de esta manera anómala en ocasiones anteriores y a nadie se le ha castigado ni se ha corregido el rumbo. Va un caso conocido.
En diciembre de 2010, el sindicato de maestros de la UdeG le prestó al Congreso 70 millones de pesos de su Fideicomiso del Fondo de Retiro de sus trabajadores. Apoyo solidario. ¿De qué? Quién sabe. Pero se lo prestaron. Los angelitos del Congreso se vieron en la penosa situación de que no tenían recursos para terminar de pagar los emolumentos correspondientes a salarios y aguinaldos de ese año. El sindicato universitario salió de ofrecido y les alivió la carga.
Las últimas páginas de este capítulo aparecen borrosas. Al principio, el Congreso estuvo pagando lo acordado. Pero al final el Legislativo suspendió el pago, sin que se hayan cubierto los últimos 21 millones de pesos del adeudo. No contentos con eso, los señores del Congreso, desde la dirección de Control Presupuestal, emitieron un oficio, que a su vez remitió a la Unidad de Transparencia del Legislativo, en donde negaron que haya existido un convenio con este sindicato.
El Legislativo no ha vuelto a tocar el tema. En el sindicato de académicos también escabullen el bulto. Ni Roberto López González, ni Martín Vargas Magaña, en su calidad de secretarios generales de esta agrupación, han informado a su gremio del destino final de este dinero. ¿Será porque cuando el dinero “perdido” encuentra nuevo dueño concluyen los litigios? Puede ser. Al menos así pinta con el dinero que administra y hace suyo nuestra inefable casta política mexicana. ¿Hasta cuándo?
