Legisladores, funcionarios y dirigentes de colonos sostienen que la justicia debe aplicarse a todos aquellos funcionarios y exfuncionarios implicados en ilícitos que dañen el patrimonio, sean del partido que sean. Y puntualizan: la detención del extitular del SIAPA, Rodolfo Ocampo –“el pillo panista”– no debe ser sólo un distractor del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval.
Desde la década de los noventa, cuando se acercó a Acción Nacional, los militantes del partido vieron a Rodolfo Ocampo como un intruso, sostiene Santiago Baeza, quien fue director de Cultura en el ayuntamiento de Guadalajara en el trienio 2004-2006.
Entrevistado en la casa de su padre, Manuel Baeza González, el exfuncionario hace un juicio lapidario del extitular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), quien, dice, estuvo ligado a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); también alude a sus nexos con el líder moral de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, lo que fue mal visto por los panistas de cepa.
Don Manuel, el connotado médico que en 1982 buscó, sin éxito, la presidencia municipal de Guadalajara arropado por los panistas, también interviene en la charla, aunque a diferencia de su hijo se muestra reservado.
Santiago habla de la crisis por la que atraviesa el panismo en el estado. Por un lado menciona la pérdida de dos liderazgos notables: el de Felipe Vicencio y el de Gildardo Gómez Verónica, éste fallecido apenas el pasado jueves 6; por el otro, el encarcelamiento de Ocampo, un panista que, insiste, llegó a las posiciones más altas en el partido a base de chantajes.
–¿Quién fue su padrino, por decirlo de alguna manera?
–Pareciera que llegó solo y tocó la puerta. Desde entonces lo calificábamos de feuista; no nos gustaba su origen. Se dice que incluso en esos tiempos secuestró camiones. Y aunque no tenemos la información comprobada sobre ese episodio, desde los noventa ya criticábamos a Ocampo en el PAN.
Su éxito, continúa el entrevistado, lo debe a que provenía del Distrito 13, donde creó estructuras masivas de apoyo que a la postre lo llevaron a dirigir el Comité Municipal del PAN en Guadalajara.
“Manipuló las estructuras a tal grado que llegó a presionar al propio gobernador (Emilio González Márquez) para llegar al SIAPA y posteriomente ser su asesor; ese fue su mérito político. Y aun cuando nadie lo quería ni respetaba, Ocampo tenía los suficientes votos para que se le incluyera en los proyectos políticos. Era un chantajista”, dice Santiago.
Y agrega: “Es grave que un pillo como él haya terminado como dirigente del Comité Municipal”.
Para Santiago, la captura del exdirector del SIAPA puede equipararse con la de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. Lamenta, sin embargo, que no se le haya detenido en una administración panista, aun cuando desde hace años había elementos para apresarlo.
El investigador universitario Bernardo Jaén declara que cuando Ocampo asumió la dirección del SIAPA, el entonces gobernador utilizó la dependencia como una agencia de colocaciones y puso ahí a dos de sus hermanos: Samuel y Carmen González Márquez. El primero fue nombrado gerente de saneamiento; la segunda como titular de desarrollo de la cultura.
A su vez, Abraham Cisneros y Paulo Colunga fueron designados en las gerencias comercial y administrativa del SIAPA. El reparto alcanzó también al entonces dirigente estatal del PAN, Eduardo Rosales, quien posicionó a su gente en las demás gerencias: la administrativa, para Octavio Esqueda; la de finanzas, para Mario Alberto Juárez Bravo, contra quien también hay una orden de aprehensión.
En la tesorería quedó Diana Julieta Rodríguez García, a quien se le implica en los malos manejos durante la gestión de Ocampo, mientras en la gerencia técnica Rosales colocó a Manuel de la Cerda, quien luego pasó a la de saneamiento. Diana Julieta también fue contadora en la empresa del exsecretario del diputado panista Guillermo Martínez Mora y posteriormente fue tesorera de la campaña de González Márquez.
“A ver cuántos quedamos”
En su cuenta de Facebook, Santiago Baeza escribió: “Todo indica que la justicia irá decantando al panismo en Jalisco. A ver cuantos quedamos…”.
Cuando se le pregunta si habrá más arrestos, Santiago responde: El panismo es más que una membresía, más que una dirigencia, la que por cierto ha guardado silencio. Alude incluso al “penoso” comunicado que envió el día siguiente de la detención de Ocampo.
–Se esperaría que por lo menos Miguel Ángel Monraz Ibarra saliera a dar la cara, ¿no?
–¿Quién es Miguel Ángel?
–Pues el presidente del partido.
–Me suena, me suena. Como líder, no lo ubico.
También habla de la cancelación de la rueda de prensa el martes 11 convocada por el propio Monraz para evaluar los primeros 100 días del gobierno de Aristóteles Sandoval. El tema pasó inadvertido para los medios de comunicación, que prefirieron preguntar al dirigente panista si respaldará a Ocampo.
Santiago confía en que los panistas tradicionales rescaten el buen nombre del partido, pero no con la toma de sus instalaciones, sino con una estrategia de análisis y retorno a los principios e ideales que le dieron origen.
Académicos, políticos y organismos sociales consultados por Proceso Jalisco insisten: el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval debe sancionar a los exfuncionarios panistas implicados en ilícitos, incluido el propio González Márquez.
El 20 de marzo último, dicen, el propio Sandoval anunció que antes de concluir ese mes se presentarían denuncias penales contra exfuncionarios implicados en el desvío de fondos durante la pasada administración.
Poco antes, el contralor del estado, Juan José Bañuelos Guardado adelantó a este semanario sobre la probabilidad de auditar a las dependencias más cuestionadas en el gobierno anterior, entre ellas, las secretarías de Desarrollo Humano, Salud, Desarrollo Rural y el Consejo Estatal de Fomento Deportivo (Proceso Jalisco 437).
El miércoles 12 Bañuelos declaró a Milenio Jalisco que hasta ahora se han hecho 387 observaciones a 16 secretarías y dependencias del Ejecutivo sobre su actuación durante el sexenio de González Márquez, así como a 11 organismos descentralizados. La Contraloría, dijo, encontró irregularidades por 5 mil 384 millones de pesos
Enrique Ibarra Pedroza, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano en Jalisco, insiste: cualquier funcionario que haga uso indebido de sus funciones debe ser sancionado. “Tú no puedes aplicar la justicia de manera selectiva. Entonces, si hay otros servidores públicos que cuadran en esa hipótesis, se les debe de aplicar el mismo procedimiento”.
Con relación a Ocampo, “espero que no sea un distractor por los 100 días de gobierno de Aristóteles (en los cuales se ha visto) ineficacia e incumplimiento de promesas de campaña”; descarta también que su antiguo partido, el PRI, presente denuncias por desvío de recursos contra exfuncionarios panistas, asegura Ibarra Pedroza.
“No los veo muy decididos, no los veo resueltos. Me da la impresión que esto (el arresto de Ocampo) fue sólo para salir al paso de los 100 días de gobierno. No veo un gobierno en búsqueda de justicia, sino de cuestiones propagandísticas y mediáticas, de levantar el raiting”, puntualiza el legislador del Movimiento Ciudadano.
Su correligionario, José Clemente Castañeda Hoeflich, lo secunda: “Espero que con la vara que están midiendo el caso del SIAPA, midan el resto de la administración pública, independientemente del partido que sea. Está el tema de los presuntos desvíos en el Congreso del estado; una acusación muy seria contra dos expriistas: Carlos Corona y José Manuel Correa Ceseña. Espero que no les tiemble la mano para actuar en consecuencia y perseguir los actos de corrupción”.
El diputado Guillermo Martínez Mora, del PAN, exige una aplicación de la justicia “pareja”, pues, dice, los legisladores presentaron varias demandas: una en diciembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General); otra ante la Procuraduría General de la República, por los delitos de evasión del pago de los impuestos, daños patrimoniales, exceso de abuso de autoridad y malversación de fondos.
El legislador panista Víctor Manuel Sánchez Orozco también presentó una querella relacionada con el asunto de la Consultora López y Castro, que no cumplió con recuperar impuestos para el Congreso local.
Los otros implicados
El presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, espera que la detención de Ocampo “no sea una cuestión política y que se aplique el peso de la ley”.
Cárdenas y los residentes de Rancho Contento nunca quitaron el dedo del renglón para impedir que se construyera la Villa Panamericana en la zona de El Bajío. Este complejo se hizo con dinero de los burócratas a través de un préstamo que dio el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) por 670 millones de pesos a la empresa Corey Integra.
El dirigente vecinal recuerda que el gobierno del estado desvío partidas “como la de apoyos a los municipios en proyectos sociales para la Villa Panamericana. Ojalá se castigue a todos esos funcionarios que utilizaron recursos públicos para objetivos que no estaban dentro de su función.
“El Iprovipe no puede construir viviendas de ese nivel, sino sólo de interés social y no tenía por qué haber prestado el dinero para eso; Pensiones tampoco tenía la facultad jurídica de estar comprando vivienda de esta categoría por poco más de 300 millones de pesos.”
Para Cárdenas es claro el desvío de recursos porque no se destinaron para los fines que fueron etiquetados. En suma, dice, se trata de un caso de peculado.
–¿Qué funcionarios autorizaron?
–¿Del Iprovipe?, su director, Jorge Sánchez Martínez; su tesorero, Roberto Valle, y el secretario de actas y acuerdos, Alejandro Delgadillo. De Ipejal, Eduardo Mar de la Paz, presidente del consejo directivo, y Salvador Sánchez Guerrero, director del instituto.
Otro presunto implicado en el desvío de fondos es Alonso Godoy Pelayo, titular de la Auditoría Superior. “Me gustaría –sostiene el entrevistado– que el auditor fuera al bote, pues con los recursos desviados compró, entre otras cosas, un terreno; también debe castigarse a funcionarios de las anteriores administraciones de Guadalajara y Zapopan que endeudaron a los ayuntamientos”.
Apunta que una y otra administración pidieron un crédito de mil 100 millones de pesos y no se sabe dónde está ese dinero. “Al menos, en Guadalajara se supone que se destinó a la pavimentación de calles, pero ¿en Zapopan?”, cuestiona.
Salvador Cosío Gaona, del organismo Conciencia Cívica recuerda que el 17 de mayo de 2011 presentó una denuncia ante la PGR (AP2473/2011) por el desvío de mil 200 millones de pesos procedentes del crédito que otorgó el BID al SIAPA; en ese mismo expediente se incluyeron casi “100 señalamientos de una auditoría que hizo el propio contralor del organismo del agua, Pedro Humberto Garza”.
Entre esas irregularidades están el asignar obras a empresas que no eran constructoras, obras sin licitar o que no tenían nada que ver con cuestiones de agua potable y alcantarillado, y descuentos ilegales a contribuyentes mayores.
El integrante de Conciencia Cívica considera que por el desvío de recursos en el SIAPA también se debería de actuar en contra de los entonces integrantes del consejo de administración: Alfonso Petersen, Hernán Cortés Berumen, Juan Sánchez Aldana, así como los representantes de González Márquez: su secretario de Finanzas, Óscar García Manzano y Martín Mendoza, así como el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona, quienes conocieron la decisión de utilizar el crédito para otros fines.
“Se debe analizar su participación en el evento, o al menos deslindarlos de responsabilidad, pero no debe quedarse todo en un solo personaje”, subraya Cosío Gaona.
Añade que Rodolfo Ocampo debería de indicar quiénes están realmente involucrados. “Sabemos que el acuerdo, más allá del consejo, lo tenía el propio González Márquez. Todos sabemos que esa institución fue usada como una caja chica del gobierno. Aunque el exgobernador no haya estado presente en el consejo es legalmente integrante. Sus representantes debieron informarle.”
