Una bomba política –pospuesta porque estaba en el poder el panista Emilio González Márquez– estalló la semana pasada: cayó preso el exdirector del SIAPA, Rodolfo Ocampo, insistentemente señalado como responsable del desvío de parte de un préstamo del BID que debía utilizarse para dotar de agua potable a decenas de colonias metropolitanas. Ejemplo clásico del ascenso y la caída de un político, Ocampo es sólo uno de los muchos colaboradores del último gobernador panista acusados de saquear el erario.
A penas en unas cuantas horas le cambió la suerte al exdirtector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) Jesús Rodolfo Ocampo Velázquez, el primer miembro de alto nivel de la administración del panista Emilio González Márquez que cae por malos manejos del erario.
El jueves 13, Ricardo Santana y Mario Maldonado, empleados de Banorte, ratificaron ante el Ministerio Público del estado que Ocampo tiene una cuenta de 280 millones de pesos en esa institución de crédito.
El Juzgado Quinto Penal dictó la orden de aprehensión en su contra con base en la averiguación previa 270/2013-C y el exfuncionario cayó preso el viernes 7, bajo los cargos de peculado y desvío de un crédito de mil 200 millones de pesos otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa Todos con Agua, que beneficiaría a 300 mil personas de 205 colonias populares. Finalmente sólo 25 de éstas alcanzaron el recurso.
Tras la detención de Ocampo, académicos, líderes sindicales, abogados y hasta miembros del PAN piden que se castigue con todo el peso de la ley a los “pillos” que desde el gobierno saquearon al estado.
El dirigente de la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Fgtem), Cuauhtémoc Peña Cortés, exige que el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval llame a cuentas a González Márquez, al que considera el principal responsable de estos presuntos delitos.
Añade que Ocampo es sólo un ejemplo de la impunidad y la corrupción que dejó González Márquez y que provocaron el abandono de amplias regiones de Jalisco, como el descuido histórico de la red estatal de carreteras para promover obras de relumbrón, como los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
Asegura el sindicalista que “la joya de la corona” en cuanto a corrupción y desviación de recursos se encuentra en el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome), cuyo exdirector Lázaro Salas tiene 18 denuncias penales en su contra.
El sábado 8 el fiscal regional para la zona centro, Jorge Villaseñor, indicó en rueda de prensa que la administración de Ocampo gastó 280 millones de pesos en inversiones especulativas que pararon en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), operación ilegal y ajena a las cláusulas del convenio firmado entre el BID y el gobierno de Jalisco.
En la primera semana de reclusión, el exdirector del SIAPA guardó silencio mientras que su partido, el PAN, adoptó una posición pragmática ante los medios. En el boletín que distribuyó el sábado 8, dice:
“Invitamos al gobernador del estado (Aristóteles Sandoval), a su equipo de trabajo y a su partido a que esta investigación no sea una estrategia política, mediática, selectiva y oportunista, que pretenda suplir la ausencia de compromisos en los primeros 100 días de gobierno”.
Por esta actitud, Cuauhtémoc Peña les reprocha a los panistas su falta de calidad moral para condenar la corrupción. En su opinión, no se atrevieron a cuestionar la administración de González Márquez y ahora les resulta difícil dar la cara ante la opinión pública.
Por su parte, la titular del Juzgado Quinto de lo Penal, Elizabeth Álvarez Lagos, quien será la encargada de dictaminar sobre el proceso que se sigue a Ocampo, afirmó que el exfuncionario no tiene derecho a fianza y puede hacerse acreedor de una pena de hasta 12 años de prisión.
En mayo de 2011 Ocampo Velázquez reconoció en entrevista con este semanario que sí se desviaron fondos del préstamo otorgado por el BID para el programa Todos con Agua, pero negó que se haya incurrido en peculado e invertido y perdido parte del dinero en la BMV.
Ocampo, quien al salir del SIAPA se convirtió en asesor de González Márquez, dijo que el organismo arrojaba ya números rojos y que para garantizar su operación se desviaron alrededor de 120 millones de pesos al gasto corriente, pero negó que hubiera robo. De hecho, expresó, esperaba la llegada de fondos federales para reponer la parte del préstamo del BID que se desvió.
En cuanto a la desastrosa inversión de 280 millones de pesos en la bolsa, que arrojó pérdidas por casi 20 millones, también la negó. No obstante reveló que no era el único con atribuciones para manejar los fondos. Sostuvo que invirtió en la compra de papel no gubernamental y dijo desconocer la adquisición de acciones de sociedades mercantiles. Esto se hizo, pero a decir de Ocampo las decisiones acerca de cómo y dónde invertir “no necesariamente pasaban por mí” (Proceso Jalisco 341 y 342).
Denuncia postergada
El SIAPA obtuvo del BID un préstamo de mil 200 millones de pesos, con la intermediación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que iba a invertir en la introducción del servicio de agua potable en decenas de colonias marginadas: 75 de Tonalá, 37 de Zapopan y 23 de Tlaquepaque en la primera etapa.
Fue el exalcalde zapopano Héctor Vielma Ordóñez, como presidente del consejo de administración del SIAPA, quien presentó ante la PGR la denuncia penal por peculado y otros delitos contra Ocampo, así como el gerente de finanzas, Mario Alberto Juárez, y la tesorera de su administración, Diana Julieta Rodríguez.
Aunque dijo a este semanario que también los denunciaría ante la entonces procuraduría estatal, no lo hizo. Se sabe que los alcaldes de la zona metropolitana, de extracción priista, no se decidieron a acusar a Ocampo previendo que el entonces procurador, el panista Tomás Coronado, iba a congelar la averiguación.
Sólo tras el arranque de la actual administración priista se presentaron los hechos constitutivos de delito y el caudal de pruebas minuciosamente recopiladas ante el Ministerio Público del estado. Se anexaron en éstas documentos que acreditan la compra de acciones de sociedades mercantiles y peritajes concluyentes sobre un quebranto del orden de los 20 millones de pesos en perjuicio del SIAPA. La Ley de Contabilidad y Gasto Público prohíbe la inversión en instrumentos de riesgo.
De acuerdo con la información entregada a las autoridades ministeriales, los movimientos del dinero se hacían en la banca electrónica y solamente tenían acceso a ella Rodolfo Ocampo, en calidad de director del organismo, así como su tesorera y el gerente de finanzas.
Los señalados deben responder por el desvío de 348 millones de pesos al gasto corriente del organismo, en que se incluyen los 260 que quedaron de los 280 invertidos en la bolsa.
Los responsables de los departamentos Jurídico y de Finanzas que documentaron los malos manejos de Ocampo explicaron a Proceso Jalisco que obtener las pruebas fue complejo, ya que se mezclaron los recursos del BID con los de las aportaciones de la federación. Y una vez vendidas las acciones que generaron las pérdidas, se dispuso del dinero para solventar el gasto operativo.
También se contrató a tres intermediarios financieros sin que, para sorpresa de los conocedores del mercado bursátil, ninguno de ellos absorbiera pérdidas por la desatinada inversión.
Los responsables de la compra de acciones fueron Inverlat y Fintegra, pero el Grupo Interacciones se hizo cargo de vender las acciones perdedoras porque Fintegra no fue localizable para ese momento.
Entre otras anomalías, los auditores hicieron observaciones a 17 empresas contratadas para la ejecución de obra pagada y no concluida, cuatro de las cuales al parecer son fantasmas.
Además, se adjudicaron directamente contratos de prestación de servicios cuando la ley estipulaba que se concursaran, como fue el caso de la empresa encargada de socializar el programa Todos con Agua entre la población de las colonias.
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco recomienda fincar responsabilidades de carácter civil y penal a los miembros titulares y suplentes del consejo de administración del SIAPA en 2008, entre ellos César Coll Carabias, expresidente municipal de Guadalajara, extitular de la Comisión Estatal del Agua y representante del gobernador González Márquez ante el organismo, y el exalcalde panista de Zapopan y expresidente del consejo Juan Sánchez Aldana.
El consejo de administración tiene 11 integrantes, entre titulares y suplentes. Cada presidente municipal tiene dos asientos y el gobernador tres. Se espera que sean llamados a cuentas.
En su momento, Rodolfo Ocampo dijo a este semanario que en su actuación siempre contó con el respaldo del consejo, así como del sindicato en lo relativo a la contratación de personal y las basificaciones.
A los trabajadores no les fue mejor. El dirigente del sindicato del SIAPA, José Ángel Rodríguez Valdez, señala que antes de la llegada de Ocampo el organismo tenía cerca de 500 trabajadores y al final de su gestión ya había 800. Muchas de las plazas nuevas, dice, se crearon para pagar favores solicitados desde la campaña de González Márquez.
Los sueldos del personal de confianza crecieron desproporcionadamente y muchos empleados administrativos, que no enfrentaban ningún tipo de riesgo, ganaban de 30 mil a 40 mil pesos mensuales, mientras que los sindicalizados siguieron recibiendo de 8 mil a 10 mil pesos.
La cúpula administrativa que llegó con Ocampo compró seguros de gastos médicos mayores, adquirió camionetas de lujo y contrató choferes para los jefes, mientras se congelaron cerca de 180 plazas del sindicato.
A decir de Rodríguez Valdez, los trabajadores del SIAPA operaban con equipos viejos y constantemente les faltaba herramienta. Incluso fue durante la administración de Ocampo cuando se armaron los litigios laborales más escandalosos para liquidar a extrabajadores y ese problema resurgió a la llegada del gobierno de Aristóteles Sandoval.
El secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, reconoció en entrevista con este semanario que tan sólo tres empleados despedidos exigían el pago de 30 millones de pesos por su liquidación y que uno de ellos cobró 16 millones. Después el gobierno de Jalisco levantó una demanda penal por simulación de actos y fraude, y de súbito los inconformes se desistieron.
Nace un político gris
En menos de 20 años, Rodolfo Ocampo, conocido como El Fofo por sus compañeros de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Guadalajara, pasó de la escabrosa política estudiantil a ocupar una diputación local y otra federal bajo el cobijo del PAN, y de su modesta vivienda en Jardines del Nilo, Tonalá, a una residencia en el selecto fraccionamiento Bugambilias, adonde fue detenido el viernes 7.
El exlíder de la FEU y actual director de la escuela regional de San Martín Hidalgo, Lorenzo Ángel González Ruiz, relata que Ocampo fue un estudiante de bajo perfil, incapaz de ganar elecciones. En 1993 compitió por la dirigencia de la sociedad de alumnos de la Facultad de Contaduría pero perdió frente a Alberto Castellanos, quien después llegó a la dirigencia feuista. En 1989 Ocampo se enfrentó al candidato oficial de la FEG, Joel Cortés Serrano, El Naja, y perdió a pesar de que el día de la elección el aspirante de la FEG estaba preso, acusado de robo de vehículos.
González Ruiz recuerda que si bien participaba en actividades políticas, Ocampo cumplía con sus labores escolares y además trabajaba en el departamento técnico de Televisa Guadalajara. En 1993 El Fofo entró al PAN sin abandonar a su tutor político, Alfredo Peña, uno de los hombres clave del grupo UdeG, encabezado por el entonces rector Raúl Padilla López.
“Tenía pinta de querer ser dirigente –detalla González Ruiz–. No se le vio ganar. Encabezó un grupo interesante de personas inconformes contra las candidaturas únicas de la FEG. Era un chavo dedicado y, como decíamos nosotros, le invirtió muchas horas-nalga al movimiento estudiantil, pero no se le veía traza de gran dirigente. Yo nunca pensé que le fuera a ir tan bien, como a la larga le fue.”
Ya en el PAN, Ocampo se acercó a Fernando Garza, el líder del grupo Zapopan, y a Alfredo Argüelles, otro panista marcado por los escándalos y señalamientos de corrupción. Su relación con Emilio González inició cuando éste dirigía el PAN jalisciense y El Fofo quería ser dirigente.
Sobre su situación actual, González Ruiz aclara: “No deja de ser un amigo de la época estudiantil de la corriente que yo formé parte. Yo espero, por el bien de Rodolfo, que se aclare todo y que logre salir, pero las autoridades tendrán que deslindar responsabilidades sobre las acusaciones”.
Pero no respalda su actuación: “Hay cosas que quizá no se puedan defender, como los recursos etiquetados producto del crédito del BID para obras de dotación de agua (…) quizá no tuvo el mejor manejo para esos recursos. Imagínate: ese dinero procedente del BID para obras totalmente determinadas y lo agarras y lo metes a inversiones a la Bolsa Mexicana de Valores… Creo que no se justifica, y menos cuando hablas de un organismo con representación internacional como el BID”.
También Fernando Garza, el exalcalde panista de Guadalajara que abandonó el PAN y el año pasado compitió por la gubernatura de Jalisco bajo las siglas del PRD, conoció a Ocampo. “Yo lo consideraba mi amigo, después él decidió separarse de mí y buscar su propio camino”, sintetiza.
