La abogada María de la Luz Casillas conoce los vericuetos de los sistemas de justicia federal y estatal, pero se dice desesperada porque las autoridades se niegan a actuar contra los asesinos de su hijo. Para justificar su crimen, los agentes y sus compañeros difundieron que la víctima y dos supuestos acompañantes los balearon y que ellos sólo repelieron la agresión. La madre afirma que cuenta con videos que los desmienten.
Un año con tres meses después de que unos policías mataran al abogado Fausto Gerardo Rodríguez Casillas, de 34 años, su madre María de la Luz Casillas Carrillo denuncia que las autoridades jaliscienses le han puesto muchas trabas para que los señalados como asesinos no sean castigados.
Recuerda que la madrugada del 4 de febrero de 2012, cuando ella se encontraba trabajando en su domicilio particular, en la avenida Patria y Paseo de los Robles, en el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, escuchó ruidos en la calle. La policía de Zapopan perseguía a un supuesto fugitivo. Ella no sabía que el objetivo era su hijo, quien, dice, “terminó fusilado en el interior de su camioneta con tres impactos de bala, cuando ya se había detenido para ser revisado por los uniformados”.
Según la abogada y exagente del Ministerio Público federal, “el asesino, y a quien le resultó la prueba positiva la prueba de absorción atómica, es el agente en activo Carlos Ernesto Navarro Domínguez; a pesar de que en las pruebas daba positivo, nunca se le arraigó y menos se le declaró detenido. Es obvio que lo encubrieron y hubo una total impunidad en su favor”.
Afirma que su hijo recibió impactos de bala en cuello, tórax y abdomen, y que en el coche de Gerardo se contaron al menos 23 tiros, pero otros disparos alcanzaron las fachadas y los cristales de negocios sobre la avenida Patria, como las agencias Mercedes Benz y Smart.
Otro de los que participaron en ese hecho, a decir de la abogada, es José Asunción García Ildefonso, quien iba con Navarro Domínguez en la patrulla P-0581.
Los periódicos reportaron que el ataque a Rodríguez Casillas fue producto de una persecución que comenzó en el Bosque de la Primavera, sobre la carretera Nogales-Guadalajara.
Según esas primeras versiones, Rodríguez Casillas no hizo caso cuando efectivos de la Policía Federal Preventiva le marcaron el alto para una inspección de rutina. Cuando huyó con dirección a Guadalajara, los federales lo reportaron por la radio y describieron su camioneta Chevrolet Tahoe con placas de circulación 408-EXF del Distrito Federal.
Cuando llegó a la zona metropolitana, al abogado ya lo esperaban decenas de patrullas de Zapopan. Lo detuvieron en la avenida Patria, junto al fraccionamiento Villa Universidad, donde fue muerto a tiros por los uniformados (El Informador, 5 de febrero de 2012).
La madre de la víctima reconoce que su hijo eludió el retén de los federales y que venía algo tomado de Tequila o Amatitán, adonde asistió a un palenque, pero aclara que jamás portó armas ni trabajaba fuera de la ley, como pretendió hacer creer la autoridad:
“Sí se había escapado, pero si no respetó la orden y ya lo tenían ubicado, ¿por qué no lo detuvieron? Incluso lo hubiera golpeado, pero no tenían por qué acabar con su vida. Cuando le dispararon él ya estaba debidamente estacionado y con el pie en el freno de la camioneta”.
En su edición de aquel 5 de febrero, el periódico Metro pulicó que la persecución inició a la altura de Venta del Astillero y se prolongó hasta Periférico y 5 de Mayo, en San Juan de Ocotán.
“Posteriormente, en el cruce de Callejón del Conde y Paseo de los Robles en la colonia San Wenceslao, la unidad P-0581 (federal) fue baleada en la salpicadera, en el parabrisas y en la puerta del copiloto, por lo que los gendarmes repelieron la agresión”, dice la nota.
El periódico señala que el tiroteo continuó hasta Patria y Paseo de los Robles, donde Rodríguez Casillas fue abatido, al tiempo que dos presuntos acompañantes lograron bajar de su camioneta y escapar.
La abogada Casillas Carrillo tacha de falsa esta información, pues tiene videos de algunos de los negocios frente a los cuales se realizó la persecución y que en ellos se comprueba que su hijo lleva el vidrio abajo y no se ve a ningún pasajero.
La pistola con la que supuestamente tiroteó a los federales es una 3.80 oxidada que seguramente le sembraron para incriminarlo, dice la madre de la víctima. De hecho, comenta, cuando le aplicaron a Fausto Gerardo la prueba del radizonato de sodio el examen dio positivo, pero no se descubrieron evidencias de pólvora en su vestimenta. “Eso no puede ser, porque siempre que alguien dispara sus ropas quedan impregnadas”, señala.
Según Metro, Rodríguez Casillas fue abogado de José Luis Rodríguez Trejo, el subdirector de la policía de Amatitán que en 2006 asesinó a su exesposa tras firmar el divorcio. Sin embargo, no señala si esto tiene relación con el asesinato del litigante.
Encubrimiento
María de la Luz Casillas Carrillo se ha dedicado a investigar el caso a fin de que se les aplique la justicia a los policías que asesinaron a su hijo, pero lo único que ha obtenido de las autoridades son obstáculos.
Incluso buscó la intervención del presidente Felipe Calderón y que la PGR atrajera la investigación. Intentó llamar la atención del entonces gobernador Emilio González Márquez y de su procurador, Tomás Coronado Olmos, pero topó con la misma pared.
En un breve recuento, dice que el agente del Ministerio Público al que le tocó atender el caso, Pablo de la Cruz Sandoval, primero le presumió que él había trabajado en casos muy delicados como la consignación de varios sujetos relacionados con el abandono de decenas de cuerpos en los Arcos del Milenio (noviembre de 2005) pero terminó diciéndole que no estaba dispuesto a recibir indicaciones para hacer su trabajo.
Ante ese funcionario “los presuntos asesinos reconocen ser policías de Zapopan, exhiben el documento donde justifican la portación de armas y curiosamente el documento viene firmado por Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, que estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el pasado sexenio, pero con todo y ese permiso entiendo que Nájera no firmó ninguna licencia para matar”.
Añade que el arma supuestamente utilizada por su hijo fue presentada por los policías hasta el día siguiente sin que el MP cuestionara ese hecho, cuando se supone que se debe resguardar todo tipo de evidencias y que los agentes tienen prohibido alterar la escena del crimen.
Además, dice, “el acta de defunción tuve que conseguirla; del expediente, que se supone es de más de 200 fojas, a mí y al juez de Distrito sólo nos dan una parte; no hay fotos de ese hecho y tenemos varios meses sin ningún fiscal…”.
Aclara que su objetivo no es meter a la cárcel a personas inocentes: “Lo único que quiero es que se aplique justicia. Desde el principio se pudo haber consignado a los responsables porque cometieron un crimen atroz. Y recalca que cuando pidió que la PGR ejerciera su facultad de atracción todo marchaba bien hasta que la entonces delegada de esa dependencia en Jalisco, Benilde Castro, comenzó a obstruir el proceso y pidió que el MP se declarara incompetente para que el expediente volviera al fuero común.
De esa forma, la autoridad y los policías responsables del asesinato dejaron a la viuda de Fausto Gerardo y a sus cuatro hijos sin posibilidades de salir adelante: “Mi hijo rentaba casa y no tenía dónde vivir; ahora su familia vive las consecuencias de ese exceso” policiaco, dice Casillas Carrillo.
Por eso, insiste, además de castigar a los asesinos, “las autoridades deberán indemnizar a la familia de mi hijo. No es sólo ‘ya lo matamos y ya’, fue un crimen directo, un operativo inusual en donde participaron más de 37 patrullas que acordonaron avenida Patria, cuando el día de los narcobloqueos no veíamos a más de 10 patrullas para tratar de detener a los responsables de esas acciones ilegales”.
A pesar de que Rodríguez Casillas era un abogado reconocido y llevaba sus identificaciones, ninguna autoridad le notificó a su madre de su fallecimiento. Ella se enteró cuando un familiar la llamó a su celular cuando se trasladaba a Nayarit para atender una diligencia.
La averiguación previa 65/2012, derivada a la Dirección de Asuntos Especiales y Homicidios Intencionales, permanece estancada. Los asesinos nunca fueron llamados a juicio. “Me lo asesinaron, me lo difamaron y aparte lo robaron, porque se llevaron una tarjeta de débito y de ella estuvieron sacando montos de 3 mil pesos, hasta que se la acabaron”, acusa la denunciante.
