Nadie es “monedita de oro”, dice el refrán. Pero en el tema de la cultura, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 –presentado el pasado 20 de mayo por Enrique Peña Nieto– difícilmente dejará satisfecha a buena parte de la comunidad cultural del país.
En sendas entrevistas telefónicas, los investigadores Ana María Salazar Peralta, Eduardo Cruz Vázquez y Carlos Lara, si bien se congratulan de ciertos avances, muestran los puntos que no quedaron plasmados en el documento que, se supone, regirá la política pública del actual gobierno. Podrían incluirse más adelante, sin embargo, en el Programa Especial de Cultura y Arte que habrá de presentar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
Mientras, Salazar Peralta, etnóloga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, deplora que las políticas de protección al patrimonio nacional estén supeditadas a los tratados de libre comercio, Cruz Vázquez, periodista y gestor cultural, celebra la recuperación en el plan de algunas propuestas para fortalecer la relación entre cultura y economía, y Lara, especialista en difusión de la cultura, de plano cuestiona dónde quedaron aspectos como la transversalidad y el reordenamiento institucional ofrecidos inicialmente.
En diciembre pasado, cuando Proceso entrevistó a Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Conaculta, y a María Cristina García Cepeda, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), quien fue además responsable del área de cultura del equipo de transición de Peña Nieto, ambos pusieron énfasis en la transversalidad, en lograr un proyecto cultural con visión integral, ligado sobre todo al desarrollo social.
Tovar anticipó entonces que no se crearía una secretaría de cultura, pero sí fortalecería al Conaculta. Por ello Lara recuerda que uno de los compromisos del PRI en su plataforma, anunciados por su entonces presidente Humberto Moreira, fue en sentido contrario: sí hacerla, para subrayar que fue el ofrecimiento del partido que finalmente llegó al poder.
El divulgador cultural evoca asimismo las promesas de campaña de Peña Nieto, pero no en cultura, porque de ella ni siquiera habló, por lo cual, dice, la plataforma priista es su compromiso. En ésta se habla de transversalidad y “en un orden lógico” de lo que se debe hacer dentro y fuera del país en materia cultural. El punto se recupera en el PND, pero a decir suyo no se dice cómo, no obstante que sí lo hace para otros ámbitos de la administración pública:
“No hay una estrategia que vaya a coordinar, orientar, nutrir la peregrina idea que traen en todas partes de la transversalidad. Y es un asunto muy importante, pues coincido con Néstor García Canclini en que la política cultural está en otra parte, no sólo en el ámbito de la cultura.”
Lamenta la “miopía cultural”: Los antropólogos están pendientes sólo de la ley de monumentos, los gestores culturales de la ley de cultura y los editores y autores de la ley del libro, cuando es fundamental una política transversal donde participen instancias como el Instituto del Emprendedor, la Secretaría de Turismo y la de Desarrollo Social, entre otras.
Lo más preocupante para Lara es que sigan estas discusiones “bizantinas” de si los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) e INBA están por encima o debajo del Conaculta y “haciendo pactos de palabra para que nadie se sienta”, cuando es momento de definir si se hará o no una secretaría y si se creará o no una ley de cultura. “Dejarlo claro”, pide, en tanto el subsector cultural depende económica, administrativa y jurídicamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), si bien “requiere otro nivel”.
Hasta le parece irrisorio que quien creó “el galimatías que tenemos como Conaculta está nuevamente en el poder”. Y el ejecutivo, que ha hecho todo (leyes, reglamentos, modificaciones como el artículo 226), no ha querido rectificar con dicha institución:
“Me parece grave que vengan con bombo y platillo con ese PND. Con un titular que por tercera vez está ahí, lo que menos se espera es claridad: Sí a esto o no. Con ustedes en el semanario dijo: No a la secretaria, sí a reorganizar. Que explique qué es eso, si no lo hace se presta a la crítica, al señalamiento, fundamentado además. Y lo más grave, ese gran valor –así veo el concepto de transversalidad– queda en el discurso.”
Se le menciona que en la parte de política exterior sí se habla de la transversalidad y las instituciones que promoverán la cultura de México en el exterior, pero cree que quedará en planes si no se profesionaliza el campo y continúa enviándose al extranjero a agregados culturales improvisados, “freelanceros”.
Lara subraya avances en materia cultural como la reforma al 4º Constitucional, la ley de planeación que contempla la factibilidad cultural para el desarrollo, pero falta definir cómo funcionará el Conaculta. En su opinión podría seguir siendo Consejo pero debe tener capacidad para sentarse en la mesa de las grandes negociaciones y no bajo el mandato de la SEP.
Ahí es donde cobra sentido la transversalidad, dice, pero no hay claridad al respecto en el PND pese a que, según él, junto con la reorganización institucional (un marco jurídico, una secretaría, organismo autónomo o el mismo Conaculta con su ley reglamentaria) integra los dos ejes fundamentales para creer que –ahora sí– se harán las cosas estructuralmente, no de manera coyuntural.
Al especialista le parece también preocupante que el PND no toque el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y le evaluación del impacto social de las acciones y programas culturales, sobre todo porque el Conaculta ha sido objeto de muchos señalamientos por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
El gran reto para Tovar y de Teresa, concluye, es demostrar que no llega a administrar sino a gobernar y que su equipo (que lo acompañó hace más de doce años) no está desactualizado. Requerirá un esfuerzo serio para hacer un programa cultural y definir a quién está dirigido, a usuarios (ya que se habla de proyectos digitales), consumidores de cultura o ciudadanos:
“En mi opinión debe ser para ciudadanos.”
Patrimonio desprotegido
Salazar Peralta fue ponente en el foro de consulta Cultura y Arte realizado el pasado 12 de abril para integrar el PND, con la presencia del titular de la SEP, Emilio Chuayffet y el presidente del Conaculta. Ahí expresó su preocupación por el patrimonio cultural ante los “embates de sistemas neoliberales globales”.
Ahora opina que si bien el titular de la SEP tuvo la voluntad de atender, el plan no profundiza en la necesidad de proteger el patrimonio porque se han implementado “políticas supranacionales” que se imponen al gobierno nacional y dejan vulnerable al patrimonio, sea natural o cultural material e inmaterial.
Pone como ejemplo la propuesta de reforma constitucional al artículo 27 que permitirá a extranjeros adquirir bienes en territorio nacional, particularmente en las franjas costeras y fronterizas. Advierte los mismos planes y programas “desarrollistas”. En las propias declaraciones de Peña Nieto no ve “un cambio cualitativo, esa es mi preocupación”.
Y mientras se dan “cheques en blanco” a los inversionistas, cuando a veces “vienen con la falacia de crear desarrollo”, hay una carencia de investigaciones en esos lugares de orden patrimonial. Menciona el caso de Litibú y Capomo, en Nayarit, donde Fonatur invirtió asociado con capitales españoles “de alto riesgo” sin considerar el patrimonio cultural material e inmaterial. Ahí hay culturas ancestrales de los pueblos huichol o wixáricas que tienen una relación con la madre tierra de orden cosmogónico:
“Eso es patrimonio cultural y se destruye cuando vienen los inversionistas y compran masivamente los terrenos en cantidades ridículas para hacer campos de golf, para generar comunidades resort.”
No juzga mal que vengan, sino la falta de un sentido nacionalista para reglamentar y establecer candados. Eso haría un buen gobierno, dice, responsabilizarse de la normatividad y cuidar el patrimonio cultural y natural. Los destrozos han sido en ambos y se extienden a las comunidades pesqueras, indígenas, campesinas.
Asume que la comunidad académica y los trabajadores de la cultura tienen una responsabilidad social, “pero somos muy pocos los proactivos. Debemos construir ciudadanía, informar a la gente, así como lo hace Proceso, para que sea proactiva… Exigir buenos gobiernos y exigir nuestros derechos”.
En su ponencia pugnó también por estrechar el vínculo entre cultura y educación. Considera a esta última esencial para el fortalecimiento de las conciencias y la conservación del patrimonio; y para que la ciudadanía coadyuve con los institutos INAH e INBA, y no sea sólo receptiva de las políticas públicas.
Sin embargo, confiesa que en el actual estado de las cosas tampoco lo ve viable, pues “este gobierno viene con muchos bríos pero sigue teniendo políticas clientelares, asistencialistas, y no va a hacer los cambios necesarios para la nación mexicana”.
–El plan no menciona al INAH e INBA y habla del patrimonio más bien por su vínculo con el turismo.
–Es subsumir a la cultura a un paradigma de desarrollo que nada tiene que ver con nosotros. Es un modelo español de sol y playa o de construir condominios para turistas internacionales que vienen a causar muchísimos estragos. Todavía no podemos medir los efectos negativos de lo que ya tenemos, y estamos promoviendo un avance masivo sobre todo nuestro territorio que, de suyo, es un patrimonio cultural.
Está convencida de que ante las diversas crisis del país (alimentaria, ambiental, de pobreza, falta de desarrollo) la salida no es continuar con las políticas públicas impuestas por la firma del Tratado de Libre Comercio, que sólo ha generado una masa más grande de pobres. Tampoco lo es el turismo, pues no incentiva la producción, que es lo que realmente hace falta:
“¿Quién es responsable de políticas públicas que permiten cualquier cosa? Como dicen los estadunidenses, ‘todo pasa por un dólar’. Somos cómplices de un sistema que nos está acabando, con una noción de cultura muy empobrecida, los medios se han encargado de empobrecer también nuestra posibilidad de recuperar lo propio, nuestra cultura, nuestra educación.”
Visión economicista
Participante también del foro, Cruz Vázquez opina que esta forma de consulta, realizada igual en sexenios anteriores, ha cumplido y “difícilmente podría haber otro mecanismo para reunir a actores sociales de diferentes nichos”. Los resultados en materia cultural del PND le dejan satisfecho “porque tiene un fuerte aliento economicista”. Falta ver cómo se traducen “de manera operativa” en el Programa Especial de Cultura y Arte.
Disiente con Lara respecto a la transversalidad, pues no le parece ausente sino más bien “desdibujada”, y piensa que tanto en el ámbito de la cultura como de la política exterior se habla de actividad intersecretarial, pero finalmente habrá de recomponerse en el programa especial.
Las ausencias que ve son: Un llamado a la sociedad civil y las instituciones de educación superior a formar parte de una estrategia de desarrollo; otra es lo relativo a la factibilidad, no sólo cultural, pues ésta “va para todo el plan”. No aparece formalmente el tema de educación artística, ni en cultura ni en el plan educativo, en cambio, y lo celebra, está el de educación financiera y formación de emprendedores.
No hay “guiño ni señal” al tema de las reformas al marco jurídico, “no sé si debe o no venir, estimo que debería haber un compromiso en ese sentido, atender lo que está pendiente, si no se quiere un marco nuevo por lo menos subsanar lo derivado de las reformas al 4º Constitucional”.
E insiste en que la fortaleza del plan es su aliento economicista. Y si por cuestiones de tiempo el PND no trae todos los elementos “casi idealizados” de la ley de planeación, los planes sectoriales habrán de subsanarlo. Confía en que hay un “enorme compromiso tanto de la SEP como del Conaculta de hacer un plan especial muy incluyente, muy transversal, muy sectorial, y de entender que lo que realizan estas dos instituciones está relacionado con todo, no sólo lo que es consustancial al aparato institucional, tiene que haber una visión integral”.
Espera también que la SEP y el Conaculta “pinten su raya” de los indicadores macros del Fondo Monetario Internacional y creen sus propios indicadores, sobre todo porque fue un señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación en 2012 para el Consejo.
Así pues, concluye, tienen la oportunidad ahora de generar un plan que sea también un instrumento de estudio y de aliento para su vigilancia y seguimiento (menciona el que se hizo para Oaxaca como ejemplo), poner en claro todo lo medible, el impacto cuantitativo, cuánto se gasta y sus beneficios en la ciudadanía.
