Lleva sólo ocho meses como alcalde en Vallarta y en lugar de impulsar las obras sociales que le demandan diversos sectores, Ramón Guerrero Martínez continúa enemistándose y multiplicando los problemas con el síndico y algunos regidores. Enrique Alfaro, el presidente del partido Movimiento Ciudadano que lo impulsó, tuvo que viajar al puerto el mes pasado para atemperar los ánimos. Días después Guerrero organizó una rueda de prensa con sus colaboradores y les pidió trabajar unidos por los vallartenses. El síndico le respondió: juntos, pero no revueltos.
PUERTO VALLARTA.– Aun cuando Enrique Alfaro Ramírez, dirigente del partido Movimiento Ciudadano e impulsor de Ramón Guerrero Martínez, trató de subsanar las diferencias que el alcalde tiene con el síndico Roberto Ascencio Castillo y algunos regidores que señalan actos de corrupción en el ayuntamiento, las diferencias se exacerbaron.
A mediados de mayo Ascencio Castillo solicitó la presencia de Alfaro para tratar el tema. En el encuentro, realizado el 23 de mayo último a puerta cerrada, Ascencio Castillo, los regidores y el alcalde acordaron no ventilar las diferencias en público, dejar a un lado los actos de revanchismo y esforzarse por trabajar para beneficio de la población, revelaron varios de los asistentes a esa junta.
Una semana antes, el día 17, el síndico solicitó la presencia de un representante social para dar fe de la violación de las chapas de las puertas de la Dirección Jurídica y de su oficina el día previo. El síndico expuso que sustrajeron documentos de su despacho, por lo que la Fiscalía General del estado comisionó a Bertha Alicia Pablo de la Cruz para que levantara el acta correspondiente. Según Ascencio, los presuntos responsables fueron el alcalde y su asesor Gerardo Ortiz.
Esa irrupción fue una represalia del alcalde porque, dice, se negó a firmar documentos que le urgían, entre ellos el relativo a la concesión del alumbrado público a la empresa Citelum México, así como el de la creación de un fideicomiso para el manejo de la nómina de los trabajadores de la comuna.
Tampoco se prestó, dice, a rubricar un contrato de prestación de servicios profesionales por 70 mil pesos mensuales para el director de la Policía Municipal, Roberto Rodríguez Preciado, quien por cierto poco después de su nombramiento renunció a su cargo a causa de un atentado.
Con respecto al fideicomiso –en el cual aparecen como titulares Diego Franco Jiménez, Alejandro Sánchez y el secretario del ayuntamiento, José Antonio Pinto Rodríguez–, Ascencio comenta que es una forma de evadir impuestos y lesiona a los trabajadores. Y sobre la concesión por 10 años a Citelum de México, agrega, es desventajosa para los vallartenses, pues sólo beneficiará a la empresa.
“No ha sido un caso, sino muchos, los que han provocado la inconformidad (de Ramón Guerrero) hacia mí porque no me doblegué a sus caprichos. Yo prefiero caer con la frente en alto antes que arrodillarme”, sostiene. Admite tener miedo de que se le acuse de la sustracción de documentos y del acceso a los sistemas de cómputo del ayuntamiento; tampoco descarta que se le inventen actos de corrupción para inculparlo.
Luego de la denuncia de Ascencio, López Aréchiga fue separado de la Dirección Jurídica por presuntos actos de corrupción. Guerrero Martínez trató de justificarse mediante un escrito de Consuelo del Carmen Flores Meza –una empleada del Jurídico– que el secretario general del ayuntamiento, José Antonio Pinto, pretendió hacer pasar como denuncia formal, pero ésta no prosperó.
Por instrucciones del alcalde se nombró a Santiago Leal Amador como nuevo director jurídico del ayuntamiento. Leal llegó de Baja California Sur, donde, de acuerdo con un reporte, fue detenido por agredir a una mujer.
Cuando un reportero local le preguntó las razones de la remoción de López Aréchiga, el alcalde contestó tajante que no iba a permitir actos de corrupción y prometió hacer una investigación.
A su vez, los regidores Otoniel Barragán, Humberto Gómez Arévalo y Susana Judith Mendoza Carreño manifestaron su respaldo al síndico. El 19 de mayo el alcalde convocó a una “comida de unidad” en el área del tráiler park Tacho’s, a la que asistieron cerca de 60 funcionarios.
Horas antes, los policías municipales Armando Vargas Mayrén y Luis Alberto Galván Dávila confundieron a Gómez Arévalo con un presunto ladrón que había irrumpido en una vivienda en la delegación de El Pitillal. Y a pesar de que el regidor se identificó como funcionario del ayuntamiento, los uniformados lo sometieron a golpes.
Gómez Arévalo señaló públicamente a Guerrero Martínez como el autor intelectual de la agresión. Reculó porque, dijo, “no quería perjudicar a los uniformados”.
Asimismo, un funcionario del ayuntamiento filtró un video a varios medios de comunicación vallartenses en el que se observa a un hijo de Ascencio en el momento en el que presuntamente intentaba extorsionar a un empresario. El síndico respondió de inmediato que su hijo estudia derecho y que suele hacer trámites y cobrar por sus servicios.
El 27 de mayo Guerrero Martínez convocó a una conferencia de prensa para reiterar el compromiso de su gobierno de “trabajar unidos por Puerto Vallarta”. En el evento estuvieron Ascencio y los regidores del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. El síndico reiteró que trabajarán juntos, pero no revueltos.
López Aréchiga se presentó en el evento con una suspensión provisional de amparo y pidió ser reinstalado como director jurídico, toda vez que, arguyó, la justicia federal encontró agravios cometidos en su destitución; expuso que la toma de sus oficinas fue un acto arbitrario y advirtió sobre los serios problemas legales derivados del despido injustificado de 400 trabajadores del ayuntamiento que derivaron en más de 250 juicios laborales. El Congreso estatal, remató, tiene conocimiento de los hechos arbitrarios del alcalde.
Hasta el cierre de edición, sólo el secretario general del ayuntamiento, José Antonio Pinto Rodríguez, aceptó hablar con el reportero acerca de las diferencias del alcalde con el síndico y con algunos regidores, pero descartó que haya ingobernabilidad.
El de Guerrero Martínez, dijo, es un gobierno democrático donde los disidentes hablan para buscar soluciones. Y en relación con los adeudos heredados de la anterior administración, Pinto Rodríguez aseguró que el ayuntamiento “se encuentra trabajando y realizando obras pese a la precaria situación económica”.
Proceso Jalisco publicó reportajes, en sus ediciones 418 y 425, sobre los desencuentros con el alcalde, quien, según sus detractores, no cumplió con su compromiso de campaña de dar empleo a los recomendados de los regidores.
Apenas asumió el cargo Guerrero Martínez, hoteleros, restauranteros y comerciantes le pidieron resolver sus problemas internos y ponerse a trabajar en los asuntos sustantivos.
Después de la visita de Enrique Alfaro a este puerto los regidores del PRI, del PAN y del PRD optaron por mantenerse al margen; sólo el perredista Miguel Ángel Yerena Ruiz hizo un llamado a las partes en conflicto para que se sienten a dialogar y encuentren soluciones que permitan trabajar de manera armónica y atender las demandas más acuciantes.
Entre éstas destaca la recolección de la basura, concesionada a la firma Pro Activa de México, y el destino final que se le da a los desechos sólidos, que corre a cargo de Envir Eau. Esta empresa se queja de la falta de pago, por lo que decidió cerrar de manera indefinida el centro de transferencia ubicado en la colonia Magisterio. Para superar la contingencia, personal de Pro Activa se encarga de depositar la basura en el vertedero de Santa Cruz de Quelitán.
Otra de las quejas generalizadas entre los vallartenses es el de la seguridad, sobre todo por la falta de patrullas y porque los agentes municipales no tienen un esquema operativo, lo que los hace poco eficaces ante las contingencias.
En la semana del 20 al 26 de mayo hubo dos ejecuciones y se localizó una bolsa con el cuerpo de un joven levantado días antes. Y aun cuando no se reveló su nombre, trascendió que era hijo de una conocida familia dedicada a la venta de materiales para construcción. El subdirector de la Policía porteña, Ernesto Ojinaga Cruz, declaró que los homicidios y el levantón eran hechos aislados.
El día 25 desapareció el menor Alexis Daniel Rosales García, de cinco años, en la colonia Vista Hermosa. Su madre lo mandó a comprar tortillas y no regresó. Su cuerpo calcinado apareció 48 horas después. La indignación movió a la población en demanda de justicia bajo la consigna “Una luz para Alexis”; representantes de la Coparmex y la Canaco locales también expresaron su descontento por la falta de seguridad.
El cadáver de Alexis fue localizado en un baldío cercano a su domicilio, contiguo a una vivienda ocupada por Francisco Gerardo Cárdenas Straffon, de 46 años, quien confesó ser el homicida.
