La autogestión obrera, una demanda básica de la militancia de izquierda desde hace décadas, se está haciendo realidad en Argentina. Y todo fue a raíz de la severa crisis económica que azotó al país sudamericano a fines del siglo pasado. Los trabajadores de empresas que se declaraban en quiebra (algunas, fraudulentamente) pelearon con uñas y dientes para que sus centros de trabajo se expropiaran y les permitieran conservar el empleo agrupados en cooperativas.
BUENOS AIRES.- “Yo toda la vida fui operario, me siento operario, pero el rol mío me cambió la cabeza, ya paso a ser como un patrón”, dice a Proceso Ricardo Zeballos en la nave central de una fábrica de dulces y mermeladas.
Es uno de los ocho socios de la cooperativa de trabajo Alimentaria San Pedro. Antes había sido obrero de las diferentes sociedades anónimas que explotaron esta fábrica en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros de la capital argentina. Entre una condición laboral y otra media un largo proceso de lucha y sacrificio. La empresa se declaró en quiebra en 2000. Obreros y administrativos se quedaron en la calle. Las instalaciones fueron saqueadas.
Constituida como cooperativa de trabajo en 2003, Alimentaria San Pedro es una “empresa recuperada por sus trabajadores” (ERT). En Argentina hay 205 empresas que funcionan ahora con este tipo de organización autogestionaria. Así lo consigna el tercer Relevamiento de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, publicado en 2010 por el Programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
“El proceso es complicado porque no todos lo tomamos de la misma manera. Acá se decide entre todos lo que hay que hacer. Y no todos han tomado esa conciencia de decir: ‘Yo soy dueño y a la vez trabajador’”, dice a Proceso Raúl Canabal, antiguo operario de la fábrica y actual presidente de la cooperativa. “No tenemos que perder la esencia como trabajadores”, sostiene. “Primero tenemos que cumplir esa función y después la de empresario o dueño de esto, que es la realidad que también somos”.
El 95.3% de las ERT hoy activas eligieron como figura jurídica la cooperativa de trabajo. “La formación de un sujeto de gestión colectiva es el principal y común denominador en tránsito entre una unidad empresarial bajo gestión capitalista tradicional a una empresa de autogestión”, puede leerse en el relevamiento del Programa Facultad Abierta. Si se desglosa a las empresas recuperadas por su actividad económica, se observa una clara prevalencia de las metalúrgicas (23%), seguidas por las alimenticias (12%), textiles (6%) y las de la carne (6%).
“Creo que la figura de cooperativa es muy interesante y más en un país tan depredador con el empleado”, sostiene Canabal. “Hay grandes empresas que tienen trabajadores con el salario mínimo y no reparten mejor las grandes ganancias que tienen”, dice.
Se suele asociar la formación de cooperativas o empresas autogestionarias con la crisis que atravesó Argentina entre 1998 y 2002. De hecho algunos asalariados intentaron preservar así su fuente de trabajo en medio del derrumbe.
Pero la modalidad no desapareció con la posterior recuperación de la economía y el reflujo de la movilización social. Se ha convertido en una herramienta de lucha incorporada a las posibilidades de acción de los trabajadores frente a los conflictos.
Ezequiel Fuchs es el socio más reciente de Alimentaria San Pedro. Licenciado en administración de empresas y con un posgrado en mercadotecnia, se encarga de administrar la cooperativa en esta nueva etapa. Viene del ámbito de las multinacionales pero defiende rotundamente el carácter autogestionario de la empresa.
“No te digo que sea fácil, pero es una muy linda experiencia (…), está claro que aquí se quiere continuar como cooperativa”, dice a este semanario. La toma de decisiones grupales, una especie de democracia directa permanente, es difícil de llevar a la práctica. “Desgasta”, reconoce, “pero hay que saber convivir con eso y al mismo tiempo lograr resultados”. De eso depende lo que cada uno se lleva a casa a fin de mes. También la viabilidad futura del proyecto”, sostiene Fuchs.
Parto difícil
Según datos oficiales, en Argentina 82 mil 300 empresas cerraron sus puertas entre 1990 y 2002. Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) impulsaron una política de apertura amplia a las importaciones que terminó por arrasar la red local de producción. Dieron así continuidad al proceso de desindustrialización y recorte de derechos laborales comenzado por la dictadura militar (1976-1983).
La recuperación que los trabajadores hicieron de empresas abandonadas o vaciadas por sus dueños se enmarca en este proceso. La primera experiencia registrada data de mayo de 1998. Tuvo lugar en Industria Metalúrgica y Plástica Argentina, en Buenos Aires. Entonces 140 trabajadores se organizaron, ocuparon las instalaciones y desplazaron a la vieja conducción de la empresa. El fenómeno de las ERT tuvo su momento de apogeo inmediatamente antes y después del estallido de la crisis en diciembre de 2001.
Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia (mayo de 2003), Argentina estaba en cesación de pagos de la deuda externa, con 24.7% de desocupación y 52.3% de pobres. Había 11 millones de indigentes.
Una de las primeras decisiones de Kirchner fue imponer criterios para reactivar la capacidad instalada que estaba ociosa. En junio de ese año Ricardo Zeballos y Raúl Canabal comenzaron a evaluar la forma de recuperar la empresa para la que habían trabajado desde finales de los ochenta y que se había declarado en quiebra en 2000.
Durante la peor crisis de la historia argentina la mayoría de los trabajadores dispuestos a recuperar sus fábricas optó por formar cooperativas de trabajo. Los motivos eran ideológicos pero también prácticos.
Entre 1998 y 2002 la economía argentina atravesó una recesión profunda. El que perdía el puesto de trabajo ya no encontraba otro. La posibilidad de los trabajadores de cobrar los sueldos adeudados en un eventual concurso de acreedores era casi nula. Acogerse a la Ley de Expropiaciones era la última carta para mantener viva la lucha por el trabajo y para eso tenían que asociarse bajo la figura legal de la cooperativa. Eso hicieron los antiguos empleados de la fábrica de dulces.
“Nos metimos dentro de la fábrica el jueves 27 de octubre de 2003, a las cuatro de la tarde, con una escribana pública”, cuenta Canabal. “Hicimos un inventario que figura como anexo 1 de la Ley de Expropiación”, explica.
El panorama que encontraron fue desolador: Faltaban máquinas, no había techo ni herramientas, no había electricidad ni servicios de agua y gas. En los años ochenta la fábrica pertenecía a la multinacional holandesa Unilever y tenía 80 empleados. La plantilla se redujo en la década siguiente y Unilever decidió vender. Los dueños locales quebraron en 2000 y desecharon la propuesta de los antiguos obreros para relanzar la fábrica.
“Hay gente que recuperó fábricas pero lo único que hizo fue bajar la llave de la luz y arrancar”, dice Zeballos. “Nosotros no. Nosotros tuvimos que hacerlo desde abajo. Está bien que nos ayudó mucho el gobierno.”
La lucha de las ERT en Argentina consiguió que se modificara la Ley de Concursos y Quiebras. La nueva normativa, sancionada en junio de 2011, da prioridad a la participación de los trabajadores en la recuperación de los medios de producción y la fuente laboral en caso de que se vaya a un proceso concursal. Los trabajadores pueden comprar los activos de la fábrica utilizando sus indemnizaciones impagas.
En octubre de 2003 estaba vigente la normativa sancionada en 1995 por el gobierno de Menem. En la práctica muchas empresas que iban a la quiebra podían abrir otra vez sus puertas reciclando las deudas: Cambiaba el nombre de la sociedad anónima, los dueños eran los mismos y los inmuebles eran vueltos a comprar a precios ventajosos gracias a mafias que controlan la oferta en los remates judiciales.
La subasta de la fábrica de dulces se había fijado para el 14 de noviembre de 2003. Eso significaba que los obreros devenidos cooperativistas tenían sólo 17 días para conseguir que el Congreso local aprobara la expropiación de la empresa.
Lo consiguieron. Contaron para eso con la ayuda del kirchnerismo y de otros bloques y con la representación de abogados que trabajaban para el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. La media sanción de la Cámara de Diputados se logró el 7 de noviembre, y la media sanción de la Cámara de Senadores, en la madrugada del mismo 14 de noviembre.
En una jornada vertiginosa y tensa, a primera hora del 14 de noviembre se le alcanzaron al juez actuante las copias taquigráficas de la Ley de Expropiación de la fábrica. La subasta estaba prevista para ese mediodía. Dos horas antes se dejó sin efecto.
Desde cero
“Ahí comenzó el trajín de ir a golpear puertas de los ministerios de la provincia de Buenos Aires y de la nación”, cuenta Canabal. La cooperativa consiguió un subsidio del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires para refaccionar la parte edilicia. Recibieron también subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Ministerio de Trabajo de la Nación. Se trató en todos los casos de subsidios no retornables, sujetos a rendición de gastos a través de auditorías. El problema es que cada uno de ellos demoró uno o dos años en hacerse efectivo.
“85% de las ERT encuestadas manifestó haber recibido algún tipo de ayuda estatal”, puede leerse en el relevamiento realizado por el Programa Facultad Abierta. Se refiere al apoyo recibido en el momento del conflicto y a la ayuda posterior con subsidios. “En ambos terrenos la intervención pública o gubernamental aparece dispersa, repartida entre los diferentes niveles de la administración (nacional, provincial o municipal) e incluso desde organismos públicos con relativa autonomía, como las universidades”.
“Recibimos los subsidios y con eso pudimos techar y comprar un montón de maquinaria nueva”, cuenta Canabal. “Apenas en mayo de 2008 tuvimos todo en condiciones para empezar a producir”.
Fueron cuatro años y medio en los que los hombres reconstruyeron la fábrica y sus mujeres aseguraron el sustento. “Más de una vez pensé en decir: ‘Hasta acá llegué’, porque no salían las cosas, se demoraban mucho y llegaba a mi casa, charlaba con mi señora, veía que el dinero no alcanzaba”, dice Canabal.
“Pero había algo que me empujaba a seguir golpeando puertas, la buena predisposición que tuve de la mayoría de la gente de los ministerios, inclusive con funcionarios públicos de grandes cargos”, recuerda.
Canabal se entrevistó tres veces con el entonces gobernador de la provincia, Felipe Solá, para solicitarle que no vetara la Ley de Expropiación de la planta.
“Lo que hicimos fue una locura”, describe Zeballos. “No teníamos máquinas. Hacíamos el dulce a mano, a 180 grados de calor. Si te pones a pensar, somos unos locos, unos kamikazes”.
La Cooperativa Alimentaria San Pedro fue inaugurada oficialmente el 3 de noviembre de 2008. La cinta fue cortada por la actual ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, quien entonces tenía el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires. “Fue un momento muy emotivo para nosotros, estando todas nuestras familias acá juntas”, recuerda Canabal. “Entonces pudo uno decir que valió la pena el esfuerzo de haber luchado y seguir luchando”.
El festejo terminó junto con el acto. A la cooperativa le faltaba capital de trabajo. Se vio obligada a producir para terceros. Apenas a finales de 2010 empezó a comercializar sus productos con la marca propia: Blasón. De esa época datan también los cheques sin fondos con que algunos clientes se aprovecharon de la inexperiencia de los cooperativistas.
“El primer año era tanto el vértigo que yo tenía, la locura, que no me di cuenta”, recuerda Zeballos. “Un día estoy haciendo cola en el supermercado y oigo a una señora que dice: ‘¿No tienen dulce Blasón?’. ‘Sí’, dice la empleada. Ahí caí yo. Ah, esto es mío. Lo hago yo con mi sacrificio”.
Zeballos tiene más de 20 años de experiencia en las fórmulas de cocción de cada dulce. “Lo que siempre les digo a ellos es que yo tengo mis días. Si me molesta ese ruido, no te lo hago. Tengo mis días, me encierro y lo hago. Es por lo que pasé en esta fábrica. Tuve un gran desgaste mental”, confiesa.
Cada socio de la cooperativa es responsable de una tarea específica. A la vez, hay algunas tareas que comparte todo el grupo. “Hay roles específicos, básicamente los que se venían haciendo antes de ser socios”, sostiene Fuchs. “Algunos sí cambiaron, pero son los menos. Hay gente que pasó de armar cajas a llamar a proveedores”.
Fuchs comenzó asesorando la cooperativa desde afuera e ingresó como socio pleno en abril de 2011. Para eso tuvo que renunciar a su cargo en las oficinas de la petrolera Shell en Buenos Aires. En Alimentaria San Pedro se hizo cargo de la comercialización, la administración y la planificación general.
Se encontró con las dificultades típicas de una pequeña empresa: “Poca gente, pocos recursos financieros, materiales, maquinarias, poca infraestructura, una sola computadora en toda la fábrica”, enumera. Y con las dificultades típicas de una cooperativa: “Al ser algo horizontal se hace más difícil la toma de decisiones”, sostiene.
Perspectivas
El proyecto de las ERT ha tenido siempre enemigos poderosos. Varias cooperativas tuvieron que enfrentar la embestida de bancos y despachos jurídicos que ganan mucho liquidando las empresas quebradas.
Desde sectores y medios conservadores “se acusó al movimiento de violar el derecho de propiedad o de atentar contra los derechos constitucionales o incluso, siendo más vulgares y agresivos, proclamando en forma irrespetuosa a las empresas autogestionadas como ‘paraíso de los vagos’ o productos de un ‘robo’”, escribió el economista Roberto Hilson Foot en la revista El Emilio el pasado 13 de marzo.
Y puntualiza: “Los trabajadores responden con su autorregulación, mostrando una autonomía que asusta a las clases dominantes, pues ejemplifican situaciones productivas autogestionadas donde no es ya indispensable la presencia de los capitalistas”.
La mayoría de las expropiaciones están aún en un limbo judicial de difícil resolución. Para que se hagan efectivas de manera definitiva se requieren dos condiciones ineludibles: Que el Estado pague previamente por el inmueble y que ese inmueble sea declarado de utilidad pública para toda la sociedad. De acuerdo con el informe del Programa Facultad Abierta, 53% de las ERT goza de una expropiación temporaria; sólo 19%, de una expropiación definitiva; en 13% de los casos el proyecto de ley está en trámite; en otro 14% no fue presentado el pedido; en 1% de los casos la expropiación fue rechazada.
Las cooperativas suelen tener mala imagen. “No están bien vistas porque se deshacen, se pelean”, dice Zeballos. “Los proveedores te obligan a pagar una semana antes”.
“La mala imagen se debe a algunos fracasos que hubo”, sostiene Fuchs. “Se está mejorando el tema gerencial en todas las cooperativas del país. Yo me he propuesto que esta cooperativa sea confiable”. A tal fin se han introducido modificaciones. Por primera vez se adquirió un software de gestión: “Acá no había registro de ventas: todo se hacía, hasta hace dos años, en un cuaderno”, cuenta Fuchs.
Al principio la cooperativa se manejó dentro de la economía informal. Pero a partir de 2013 los dulces Blasón se venden en Walmart y también en Cooperativa Obrera, una cadena con 300 puntos de venta en toda Argentina. Fuchs se encargó del nuevo diseño, del branding para imponer la marca, la introducción del código de barras.
“Lo bueno de estar con las grandes es que elevan tu nivel”, sostiene Fuchs. “La autoexigencia hace que empieces a trabajar bien y eso se derrama para todo el negocio. Eres más eficiente y mejor proveedor para todo el mundo. Mejora la calidad, mejora la imagen y así el negocio crece”.
La cooperativa ha aumentado su volumen de producción y su facturación. La idea es convertirla en una empresa mediana en un plazo de tres o cuatro años. Llegar a 20 socios. El número de socios no debería ser un impedimento. FaSinPat (Fábrica Sin Patrones), que produce baldosas de cerámica en Neuquén, es la ERT más grande de Argentina. Tiene unos 450 socios. Al momento de tomar el control de la fábrica, en 2002, los empleados eran 240.
“Una fábrica recuperada es algo paradójico. Representa el máximo exponente de todo por lo que los más extremistas partidos de la izquierda argentina luchan hace decenas de años, con escasos logros, y al mismo tiempo nace en las antípodas de la militancia académica de esos movimientos”, escribió el año pasado Florencia Pessarini en politicaargentina.com.
